Tema central

Cuba versus Estados Unidos y la cuestión de la democracia

Aunque el fin de la Guerría Fría acabó con muchos de sus argumentos, la política unilateral de Estados Unidos hacia Cuba no ha variado. Se ha avanzado, es cierto, en la cooperación para el rescate de los balseros, la mejora en el trato a los migrantes e incluso el control del narcotráfico, pero el eje sigue siendo el bloqueo y la hostilidad. El artículo argumenta que esta política no es consistente con su supuesta base democrática y produce el paradójico efecto de debilitar, dentro de Cuba, a aquellos que reclaman un sistema menos estadocéntrico y políticamente más abierto. Sin embargo, en los últimos años se ha operado un cambio silencioso en la relación bilateral: un reacercamiento entre ambas sociedades que, al margen de los gobiernos, ha sido posible por el nuevo lobby de empresarios estadounidenses deseosos de comerciar con Cuba, junto con organizaciones de la sociedad civil, legisladores y artistas, y que ya ha producido las primeras grietas en el muro del bloqueo.

Cuba versus Estados Unidos y la cuestión de la democracia

Tenemos pocos clientes mejores que Cuba, que compró el último año más productos que cualquier otro país de este hemisferio, excepto Canadá.

Lynn W. Meekins (1918)Si se levantaran las estrictas sanciones comerciales (...) el mercado para el arroz estadounidense podría alcanzar las 800.000 toneladas, y la participación de Louisiana llegaría a 480.000 toneladas. Eso representa 14 veces más arroz de lo que Louisiana vende en la actualidad; imagínense el impacto que esto podría tener para nuestro estado.

Diputado estadounidense Rodney Alexander (2007)

Hace unos 15 años, un compañero de entonces me pidió que escribiera una ponencia para un taller que él organizaba sobre la forma en que las relaciones con Estados Unidos afectaban la democracia en Cuba. Releyendo hoy aquel texto –titulado «1999. La lógica democrática y el futuro de las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba»– descubro que el conflicto bilateral y sus efectos sobre la política interna cubana están casi en el mismo lugar. Más allá de su aparente causa de origen –la Guerra Fría–, las raíces de ese conflicto perduran. De ahí que una parte de mis razonamientos y argumentos no serán –para mi propia sorpresa retrospectiva– sino reiteraciones de los de 1994. Otros, en cambio, aluden a fenómenos emergentes en las relaciones entre los dos países, así como a las dinámicas de cada uno. Finalmente, discutiré la cuestión de la estructura del conflicto, la normalización y sus límites, y las oportunidades para un diálogo.

La política de EEUU hacia Cuba

Los contenidos de la política de EEUU hacia Cuba y su falta de consistencia con la lógica democrática son prácticamente los mismos que hace 15 años, cuando no resultan, en algunos aspectos, todavía más flagrantes.

En primer lugar, esta política no está avalada por el consenso popular. Según las últimas encuestas, la opinión pública de EEUU –independientemente de sus posiciones sobre el régimen cubano– se manifiesta mayoritariamente a favor de una relación más normal con la isla. Esto incluye a los cubano-americanos. La política estadounidense es también excluyente ante sus propios ciudadanos. Los norteamericanos tienen prohibido visitar Cuba, no importa si viven en territorio de EEUU o en otro país. Desde 2004, incluso los emigrados cubanos son sometidos, por el solo hecho de residir en EEUU, a limitaciones estrictas en sus visitas a la isla (que pueden realizar solo una vez cada tres años). El envío de remesas está supeditado al grado de parentesco (no pueden, por ejemplo, enviar dinero a tíos y primos) y el máximo permitido es de 100 dólares mensuales.

En este marco, el asunto de Cuba sigue en manos de una elite insertada en los aparatos de seguridad nacional de la Guerra Fría, que mantiene su control sobre el tema a pesar de que la «amenaza cubana» ha perdido credibilidad desde 1991. Por otra parte, en el sistema político estadounidense, el tema de Cuba ha sido rehén de grupos de interés especial, compromisos políticos, transacciones y presiones, todos ellos ajenos al interés de la mayoría de los norteamericanos y de los cubanos. Por ejemplo, la Ley Helms-Burton, que en 1996 codificó todas las regulaciones del embargo en una única legislación, respondió a un cabildeo impulsado por la corporación Bacardi en alianza con los diputados cubano-americanos y la derecha de los dos partidos. A lo largo de los años, las posiciones del gobierno estadounidense se han legitimado en el sector más conservador de los emigrados a EEUU, el más excluyente y elitista, representante de la clase alta y de las corrientes anexionistas, cuyo buque insignia es la Cuban-American National Foundation. Esta no responde al interés de la gran mayoría de los emigrados, quienes carecen de lobbies u organizaciones democráticas que los representen.

El bloqueo, la hostilidad, las amenazas y la extrema ideologización no se compadecen con el carácter ni el propósito de la democracia, ni con temas como los derechos humanos. Lejos de seguir las pautas democráticas de diálogo, cooperación y negociación, se apoyan en acciones unilaterales. El argumento para justificar esta posición –la idea de que Cuba es un Estado «retrógrado» comparable a Irán, Libia o Corea del Norte– es poco consistente con la percepción prevaleciente sobre la isla en el sistema internacional y con sus relaciones diplomáticas y comerciales con 181 países. De hecho, EEUU tiene un vínculo más normal con la Libia de Khadafi y un diálogo más productivo con la Corea de Kim Jong Il que con el gobierno cubano. Este doble rasero se reitera en las relaciones de EEUU con otros Estados con sistemas políticos similares al de Cuba, como China o Vietnam, o con países usualmente criticados por sus prácticas judiciales y discriminatorias hacia ciertos grupos sociales, como Kuwait y Arabia Saudita.

Por otra parte, esta política ignora los cambios en Cuba, aunque impliquen una ampliación de las libertades o un paso en el camino de las reformas, como lo fueron la reforma constitucional de 1992, las medidas económicas que se implementaron entre 1993 y 1996 y las iniciadas en febrero de 2008, en la medida en que estos cambios no encajan con los mandamientos establecidos a priori en los documentos que preconizan «la transición cubana».

Finalmente, la política de EEUU impide el libre flujo de información y de contactos y dificulta el intercambio de ideas. Por ejemplo, en el campo cultural, la política de negación de visas a intelectuales y artistas cubanos dio lugar a que, entre 2002 y 2003, se redujeran a la tercera parte los proyectos de intercambio existentes y se bloqueara la asistencia de músicos cubanos a la entrega de los Premios Grammy Latinos. En resumen, la lógica de la política norteamericana hacia Cuba, la forma en que se implementa, la naturaleza del proceso político que la determina, sus principales actores, su apelación constante a la coacción y la unilateralidad, su doble rasero internacional y su rigidez, constituyen un paradigma ajeno al espíritu y los elementos propios de la democracia. Este aserto no debe verse simplemente en sus implicaciones éticas ni apenas en función de un discurso principista. En términos prácticos, esta política tiene dos consecuencias fundamentales: la primera es que, como ejercicio dirigido a educar en la democracia, la libertad y los derechos humanos al gobierno de Cuba y a los cubanos, contiene fallas de origen que la tornan ilegítima a los ojos de estos y le impiden ejercer una crítica que pueda ser asimilada favorablemente. La segunda, corolario de la primera, es que cualquier actor nacional o internacional al que se perciba alineado con esa política, que la reproduzca, se apoye en ella o se deje apoyar por ella, sufre una seria limitación para legitimarse dentro de la isla.

La política de Cuba hacia EEUU

La política de Cuba ha estado condicionada por una predisposición defensiva. El fin de la Guerra Fría no la atenuó, sino más bien al contrario, pues su efecto inmediato fue dejar a Cuba, como dijo Kiva Maidánik, a solas con el imperialismo. La percepción de inseguridad nacional se agudizó con la crisis económica, que se convirtió en tema central del discurso de la defensa. Cualquier cosa que pudiera afectar la estabilidad del país sufrió en aquellos años una sobrecarga política.

Ahora bien, 15 años después del estallido de la crisis, el conflicto con EEUU sigue dejando una huella contradictoria sobre la sociedad y la política cubanas. Los intereses de la mayoría de los cubanos (no solo del gobierno y del Partido Comunista) se ven afectados por las medidas unilaterales impuestas por EEUU. Las repercusiones multilaterales del bloqueo económico y sus costos directos e inducidos, las dificultades de contacto con los cubanos residentes en territorio estadounidense, los gastos económicos y sociales que requiere Cuba para su defensa y seguridad, constituyen factores que gravitan no solo sobre la conducción política, sino sobre el ciudadano común, a quien no le motivan precisamente gratitud hacia EEUU.

Bajo las condiciones de estrechamiento relativo del consenso durante el Periodo Especial, se exacerbó la percepción de amenaza a la estabilidad interna producida por las políticas de EEUU. La consecuencia de este asedio –la mentalidad de fortaleza sitiada– no contribuye al fortalecimiento de la democracia ni facilita el debate, el espacio para el disentimiento y la pluralidad en Cuba. En ese sentido, la continuidad de la injerencia norteamericana en los asuntos internos afecta a los cubanos que quieren un sistema menos estadocéntrico y más democrático. Esa política hostil sigue siendo la causa principal de la tensión entre los dos países. Y, aunque no se considera como inminente un ataque militar contra la isla, la injerencia constante contribuye a sostener esta actitud defensiva. La visión cubana acerca de la ideologización del tema de la democracia por parte de EEUU se refuerza al comparar la relación de la isla con otros países. Si bien otros gobiernos manifiestan críticas a la democracia en Cuba, estas no se traducen por lo general en un condicionamiento de sus relaciones con la isla, cuyo gobierno mantiene vínculos diplomáticos plenos con 181 países, incluidos todos los de América Latina y el Caribe a excepción de El Salvador y Costa Rica (en este último caso, solo a nivel consular). Irónicamente, las presiones norteamericanas han reforzado la posición de quienes se resisten a profundizar las reformas al modelo político y económico de Cuba. El argumento es que cualquier transformación se percibirá como una concesión ante EEUU y un signo de debilidad. El efecto contraproducente de esta política en el debate ideológico en la isla también se expresa en una especie de reacción alérgica ante «cuerpos extraños» provenientes del discurso norteamericano: conceptos como derechos humanos, pluralismo, sociedad civil, democracia, transición, connotados por la hostilidad estadounidense, tienden a contaminarse negativamente y a excluirse del discurso socialista. En buena medida, se trata de la manifestación de una lógica que se explica no solo por la inseguridad real frente al acoso de la superpotencia, sino también por el residuo psicosocial acumulado a lo largo de casi cinco décadas de conflicto.

¿De dónde viene y a dónde va el conflicto?

Desde el derrocamiento de la dictadura de Batista y a lo largo de la Guerra Fría, dos leitmotive articularon el discurso norteamericano sobre la Revolución Cubana. El primero –el más importante– era que Cuba exportaba la revolución. Esta objeción aludía a las relaciones no solo con los movimientos de izquierda, armados o no, del Tercer Mundo, sino con gobiernos legítimos y reconocidos por la comunidad internacional, desde Angola y Etiopía hasta el Chile de Salvador Allende, la Granada de Maurice Bishop y la Nicaragua sandinista. El segundo leitmotiv era la condición de «satélite soviético» del régimen cubano, pese a que la isla nunca fue miembro del Pacto de Varsovia.

En apenas tres años, entre 1988 y 1991, cesaron los conflictos armados en Centroamérica y el sudoeste africano, se desvanecieron el bloque socialista y la Unión Soviética, las Fuerzas Armadas de Cuba dejaron de prestar colaboración internacional y se redujeron a la mitad. Dos años después, en 1993, los 2.000 efectivos rusos remanentes de la Crisis de los Misiles de octubre de 1962 se retiraron de la isla. El Pentágono y las agencias de inteligencia norteamericanas certificaron en 1997 que Cuba ya no representaba una amenaza militar para EEUU. Hasta tal punto es así que, desde 1995, los militares cubanos y estadounidenses apostados a ambos lados de la zona minada que rodea la base naval de Guantánamo, así como los servicios de guardacostas y guardafronteras, empezaron a cooperar en la búsqueda, rescate y devolución de balseros indocumentados, e incluso en acciones puntuales contra el narcotráfico.

Sin embargo, nada de esto significó que el conflicto se aplacara, sino más bien lo contrario. El discurso político estadounidense recuperó su objeción primordial: la propia naturaleza del régimen político cubano. Su principal instrumento, el bloqueo económico, se acentuó mediante la Ley Torricelli, sancionada en 1992, y la Ley Helms-Burton, votada en 1996, como parte de una política que reivindicaba como condición para una normalización su derecho a inducir un cambio fundamental en la isla.

Acostumbrados a la continuidad, los cubanos se han hecho a la idea de que es mejor no forjarse ilusiones sobre la posición de EEUU en el corto ni aun en el mediano plazo, desengañados de las exhortaciones a «ofrecer señales de buena voluntad» y «adelantar cambios». No es sorprendente que la percepción de la mayoría ante los cambios posibles en esa política esté hoy teñida de escepticismo.

Una consecuencia de esta inercia ha sido la perpetua carencia de estructuras bilaterales de seguridad internacional. No existen, por ejemplo, acuerdos formales que obliguen a ambos Estados a actuar contra violaciones al derecho internacional, como los secuestros de embarcaciones o las transgresiones al espacio aéreo. El clima político beligerante que se mantiene en los enclaves de la emigración cubana en EEUU dificulta la aplicación de la ley y la independencia de los tribunales norteamericanos, como demuestran los casos de Elián González y de los cinco cubanos presos, así como la impunidad con la que operan las organizaciones terroristas y sus líderes.

No obstante, sería un error afirmar que las relaciones no han sufrido cambios. Los acuerdos migratorios de septiembre de 1994 y mayo de 1995 –por los cuales EEUU se comprometió a otorgar 20.000 visas anuales a cubanos que quieran emigrar a ese país, con el fin de evitar que se repitieran otras crisis de balseros como la de 1994– han reducido el flujo directo de migrantes indocumentados. Además, se ha regulado la obligación de los servicios de guardacostas de ambos países en la cooperación para la búsqueda y el rescate de embarcaciones y su devolución al territorio cubano. De hecho, el gobierno estadounidense ha reconocido tácitamente la connotación económica y de reunificación familiar de esos emigrantes, que ya no son considerados refugiados. Ahora bien, solo si son detenidos antes de pisar tierra son llevados de vuelta a Cuba. En efecto, gracias a la Ley de Ajuste Cubano, cualquier cubano que logre llegar a territorio estadounidense –a diferencia de los inmigrantes de cualquier otro país del mundo– recibe asilo político y al tiempo de vivir allí puede reclamar la ciudadanía.

Hay, además de la migración, una segunda área en la que Cuba y EEUU han cooperado de manera contingente: el control del narcotráfico en las aguas y en el espacio aéreo de la isla. Sin embargo, no existe un acuerdo de cooperación bilateral equivalente al migratorio debido a la negativa del gobierno norteamericano a avanzar en el tema, pese a que Cuba ha reiterado su disposición a la cooperación en medidas de confianza mutua.

El epítome de las políticas norteamericanas hacia Cuba a lo largo de diez gobiernos diferentes es, por supuesto, la Ley Helms-Burton. De acuerdo con ella, a EEUU no le bastaría con que se estableciera una economía de libre mercado y un sistema multipartidista para reconocer un cambio en Cuba. También deberían devolvérseles a sus antiguos dueños todas las propiedades nacionalizadas desde 1959, incluidas las del dictador Batista y los miembros de su régimen. Sería necesario también que se aboliera la actual constitución, se desactivara el equivalente cubano del FBI, se privara de derechos políticos a Fidel y Raúl Castro y se estableciera un sistema político supervisado por EEUU. Solo cumpliendo estas condiciones se podría considerar una normalización de las relaciones.

Pese a esta política, desde el fin de la Guerra Fría ambas sociedades empezaron a comunicarse como nunca antes. Este reacercamiento ha sido protagonizado por legisladores, gobernadores, líderes eclesiásticos, rectores de universidades, hombres de negocios, fundaciones, ONG, managers de béisbol, periodistas, comerciantes de arte, artistas e incluso militares retirados y algunos ex-militantes anticastristas. A contrapelo de las regulaciones vigentes y de las que se añadieron en 2004, y a reserva de los muy distintos valores políticos en ambos países, todos estos actores comenzaron a restablecer puentes de entendimiento social y cultural. A pesar de las dificultades para conseguir visas y permisos de visita, académicos, científicos y artistas procuran cooperar. Los cubanos han seguido al tanto de la cultura popular estadounidense: consumen el pop, el hip hop, el rock, el jazz; muchos se mantienen informados sobre la liga de béisbol, en especial cuando juegan equipos con peloteros cubanos, como Orlando El Duke Hernández, así como sobre las películas y los artistas de moda. En este contexto, la imagen monocromática de EEUU que imperaba en Cuba se ha ido matizando. Aunque se ha mantenido la dureza en el discurso político hacia el imperialismo, se diferencia a los estadounidenses de su gobierno. Paradójicamente, es probable que un estadounidense se sienta más cómodo asistiendo a un juego de béisbol en Cuba, escuchando música bailable o caminando de noche por una calle de La Habana Vieja que en cualquier ciudad capital de países de Oriente Medio, Asia o África –e incluso de América Latina– con cuyos gobiernos EEUU mantiene excelentes relaciones. Pero nada de esto significa que la mentalidad de fortaleza sitiada que prevalece en Cuba se haya extinguido. Y, menos aún, que haya desaparecido el encadenamiento internacional del conflicto. Detrás de la cerca de 28 kilómetros que separa el territorio cubano de la base naval de Guantánamo, ocupada desde 1898, se sitúa una cárcel para presos de Al Qaeda. Esa base recuerda el poder militar norteamericano en el territorio de la isla. Y nada hace pensar hoy que Washington tenga la intención de retirarla en un futuro previsible.

2009: el camino del cambio y sus perspectivas

Muchos de los escenarios de cambio elaborados por algunos analistas de las relaciones cubano-norteamericanas no son realmente escenarios, sino apenas representaciones político-ideológicas de discursos y valores enfrentados. En este enfoque, los escenarios probables se confunden con los deseos y las prescripciones de cada bando. Las variantes son tres: el rendimiento total del gobierno y el sistema cubanos; la propuesta de desbloqueo como abrazo de la muerte; la victoria total de las posiciones cubanas. Naturalmente, esta gama de posicionamientos está lejos de abarcar las opciones reales. La crítica obvia a estos supuestos escenarios es que no solo soslayan a los actores reales, sino que no contemplan las situaciones emergentes en ambos lados y, sobre todo, ignoran los cambios que ya están teniendo lugar.

Aunque Cuba no parece haber sido una prioridad para ningún gobierno norteamericano desde el fin de la Guerra Fría, sí ha despertado el interés de sectores empresariales que se hacen sentir en el Congreso. El crecimiento de este lobby ha permitido calibrar el verdadero poder de la derecha cubano-americana, a menudo sobrestimado en el discurso predominante en ambos lados. El nuevo contrincante de las posiciones más duras encarnadas por los sectores extremistas de Miami no es, como soñaban algunos, un campeón liberal al estilo de John Kennedy o James Carter; tampoco el establishment liberal, tan ideológico como el conservador en su visión de Cuba; ni las organizaciones cubano-americanas emergentes, que no tienen la fuerza suficiente; y mucho menos los grupos disidentes en Cuba, cuyo cordón umbilical los sigue conectando con el gobierno de EEUU. Se trata de una tropa de arroceros y trigueros de Louisiana, Iowa y Texas, polleros y criadores de cerdos de Carolina del Norte y Nebraska, frijoleros y maiceros de Minnesota, operadores de cruceros, scouts del béisbol de las Grandes Ligas y vendedores de semen congelado de toros de cría de Florida; casi todos republicanos que presionan por una liberalización del comercio con Cuba para poder ampliar su ventas.

Sin embargo, el punto decisivo de este pugilato, en cuyo ring el lobby miamense pelea cada vez más contra las cuerdas, no son las licencias para exportar productos agrícolas sino la libertad de los ciudadanos norteamericanos para viajar a la isla. Aunque el entramado legal del bloqueo permanezca intacto, bastaría con que los empresarios y sus representantes en el Congreso eliminaran esta prohibición para que la política norteamericana ingresara en una fase de cambio. El libre comercio y la libertad norteamericana constituyen, a fin de cuentas, poderosas razones para que senadores, diputados o jueces decidan lo que ningún presidente quiere hacer: levantar total o parcialmente el cerco a la Cuba comunista, y dejar que el turismo sustituya a la fuerza militar, paramilitar, económica, diplomática y propagandística. La eventual llegada de un candidato como Barack Obama a la Casa Blanca en 2009 podría ser la clave de un cambio por omisión: que el presidente no vetara un acuerdo legislativo que despenalizara los viajes a Cuba. El factor decisivo, sin embargo, no sería un mero acto volitivo de este presidente, un signo de renovación del discurso ideológico o el surgimiento de un lobby antiembargo en el sur de la Florida –aunque todo ello podría concurrir–, sino la nueva situación creada, al margen de las relaciones entre los gobiernos, por la corriente de intereses bilaterales.Lo que muchos no advierten es que el muro del embargo ya ha empezado a desmoronarse, pero no gracias a una reconciliación ni al predominio de la sensatez o el sentido común de un presidente iluminado, ni mucho menos por el hecho de que el gobierno norteamericano haya advertido el tránsito definitivo a una Cuba post Castro. Nada de eso está presente en la conducta, las motivaciones y la lógica de los legisladores, gobernadores y ejecutivos de corporaciones que conversan y negocian con el gobierno de Raúl. Ese muro no se derrumbará en una noche ni a mandarriazos, ni mucho menos conducirá a una reunificación territorial, como ocurrió en Berlín, pero ya está en proceso de desintegración en virtud de las fisuras que se le han ido abriendo. A pesar del efecto negativo a corto plazo sobre los intercambios bilaterales que han tenido las regulaciones de George W. Bush, de la persecución a las visitas de simples ciudadanos que vienen a caminar por el malecón de La Habana, regalar pianos a las escuelas de arte o aprender a bailar el son –o quizás precisamente por ello–, la política del bloqueo se hace cada vez más cuesta arriba.

Cuando esto se haga evidente, se abrirá un escenario insólito. En vez del «ataque quirúrgico», el «golpe aéreo masivo sorpresivo» o «la invasión» para los que nos hemos preparado siempre, los cubanos veremos el desembarco de un millón de turistas gringos, incluidos nuestros parientes. ¿Estamos preparados para esta contingencia? ¿Resistirá el socialismo esa arremetida? ¿Qué pasará cuando, además de las agencias gubernamentales conocidas, hagan su aparición los aparatos ideológicos de la sociedad norteamericana, sus ONG, instituciones, grupos de interés? ¿Hasta qué punto podrá la isla seguir manteniendo un proyecto de independencia y desarrollo propio si se ubica al borde mismo de la fuerza de succión generada por el mayor mercado capitalista del mundo que es, precisamente, nuestro mercado natural? ¿Cómo evitar los efectos nocivos de todo esto a solo 90 millas?

Estas inquietudes podrían inclinar a algunos a considerar al bloqueo como «un malo conocido» preferible al «bueno por conocer» de normalizar las relaciones. Pero este recelo ante las incertidumbres de un eventual levantamiento del bloqueo no implica que pueda considerarse seriamente, como creen algunos comentaristas, una opción política a disposición del gobierno cubano. Aunque algunos análisis se limiten a la voluntad de los líderes y los discursos ideológicos, los hechos demuestran que la dirigencia cubana ha debido encarar, en numerosas ocasiones, realidades económicas y políticas que no coinciden con sus preferencias.

Sin desconocer la magnitud de los desafíos, incertidumbres y riesgos, hay que reconocer que el proceso de acercamiento abriría oportunidades inéditas para Cuba. El beneficio más obvio, naturalmente, es el acceso al mayor mercado del mundo, a sus fuentes de financiamiento e inversión, lo que podría potenciar las enormes ventajas que ha tenido siempre la isla en términos geoeconómicos: bajos costos de transporte, facilidades de acceso marítimo y aéreo, inmediatez de los destinos turísticos y los suministros. Por otra parte, el millón de cubanos concentrados en el sur de la Florida y la costa Este podrían convertirse en un mercado para exportaciones no tradicionales, desde agua mineral hasta subproductos del azúcar.

Dada la arquitectura multilateral del bloqueo, un eventual levantamiento generaría efectos más allá de las relaciones bilaterales. La mera expectativa de que Cuba pueda dejar de ser un hoyo negro en las redes del comercio mundial trenzadas alrededor del mercado norteamericano y convertirse en una plataforma cercana de exportaciones hacia ese país contribuiría a incentivar a inversionistas de todas partes, desde Chile y Japón hasta Israel y la India. El impacto se multiplicaría en todas sus relaciones económicas externas y abriría una nueva gama de oportunidades y ofertas hasta hoy desconocida.

Pero estos ostensibles beneficios económicos no son los únicos, ni siquiera los más importantes. Las ventajas de este escenario de cambio para la renovación del capital político también serían considerables. Más allá de la fiesta de la victoria, efímera por definición, el desmoronamiento del bloqueo tendría una significación real para la independencia nacional y la autodeterminación de Cuba. En términos prácticos, las nuevas generaciones de políticos cubanos podrían disponer de medios que estaban vedados o muy restringidos para sus padres. La expansión de la superficie de contacto entre ambos países propiciaría alianzas o convergencias de intereses con sectores de la sociedad norteamericana hoy alienados, más allá de los ya mencionados círculos de negocios. Solo el bloqueo impide que agencias cubanas dedicadas a combatir el narcotráfico, proteger el medio ambiente, tratar enfermedades tropicales, prevenir el sida, dar asistencia médica a poblaciones en situación desventajosa, promover la música popular, desarrollar productos biotecnológicos, prevenir y paliar los efectos de desastres naturales, formar y adiestrar atletas de alto rendimiento o desarrollar programas de alfabetización popular puedan cooperar más ampliamente con sus contrapartes estadounidenses.

Esta convergencia incluiría la normalización de las relaciones con los emigrados, que no son ideológicamente monolíticos. Como ocurre con los vietnamitas, los chinos, los israelíes y el resto de las comunidades que viven en EEUU, lo lógico es que tiendan naturalmente a favorecer a su país de origen. Una mejora de las relaciones abriría la posibilidad de una política cubana hacia su emigración que no fuera rehén de la hostilidad entre los dos gobiernos. Para ello no se requiere que esta comulgue ideológicamente, sino que se identifiquen intereses legítimos mutuos y se coopere para alcanzarlos.

Finalmente, aunque su impacto en la sociedad cubana no sería despreciable, el efecto de esa probable avalancha de turistas norteamericanos debe estimarse en el contexto actual. La Cuba de hoy –y de este 2009 que se avecina– no es la de 1991, sino un país cuya principal industria, desde hace más de una década, es el turismo extranjero. A fin de cuentas, sin proponérselo, la sociedad cubana sí se ha venido entrenando para algo parecido a este escenario de cambio en la relación con EEUU, en la medida en que millones de canadienses, españoles, italianos, mexicanos, alemanes, franceses y hasta rusos han desembarcado en la isla. En términos cualitativos, no es probable que los posibles turistas estadounidenses generen efectos más nocivos que el resto de los visitantes. ¿Solución del conflicto, normalización, reconciliación? Epílogo con tango Desde el siglo XIX, el conflicto cubano-norteamericano se ha ido tejiendo como una trama compleja en el fondo de la historia nacional. Considerarlo como un diferendo reductible a una buena diplomacia, como un simple pleito cuyo ingrediente principal es el empecinamiento ideológico, terminaría en algo así como el parto de los montes. Asumir que los factores e intereses nacionales que han estructurado este conflicto a lo largo del último medio siglo podrían resolverse en las manos más o menos diestras y bien orientadas de un par de delegaciones capaces de sentarse en una mesa de negociación equivale a ver solo la punta del iceberg.

¿Cuáles han sido las causas históricas, culturales y políticas del conflicto? ¿Cuáles son hoy sus ingredientes? A pesar de que no existe ni una Unión Soviética ni guerrillas procastristas en ninguna parte, ¿por qué permanece la cruzada anticomunista, el temor a otras Cubas? Si los componentes internacionales del conflicto desaparecieron hace 15 años, ¿qué es lo que persiste? Además de los dos gobiernos, ¿qué otros actores resultan relevantes? ¿Se trata de una simple desavenencia entre cubanos, una pelea sin fin entre el Partido Comunista de Cuba y la Cuban-American National Foundation? ¿Responde la disputa a fijaciones psicológicas mutuas, a la terquedad de diez presidentes norteamericanos y el pugnaz desafío de un solo hombre, Fidel Castro? ¿Por qué la comunidad internacional no ha contribuido a solucionar esta disputa? ¿Es que han faltado mediadores? ¿Por qué han fracasado? Dada la naturaleza del conflicto y de los actores involucrados, ¿podrían tener éxito en el futuro?

Supongamos que el propósito no consiste en extirpar la raíz del conflicto, sino apenas reducirlo lo suficiente para poder sujetarlo a los términos de un diálogo, en lugar del recurso a la fuerza y la hostilidad. Si esto se consiguiera, desde luego, se habría dado un gran paso adelante. Ahora bien, ¿equivaldría este ejercicio a la normalización? Si se trata de alcanzar relaciones normales, lo primero sería definirlas: ¿podrían parecerse, por ejemplo, a las que tienen México o Canadá con EEUU? ¿O a las que estos mismos países tienen con Cuba? ¿Qué sería lo normal entre Cuba y EEUU? ¿Alguna vez en su historia ambos países han tenido relaciones normales?

Si mañana, en ese 2009, se instalaran sendas tarjas diplomáticas en las fachadas de las sedes de las actuales secciones de intereses, en el malecón de La Habana y en la calle 16 NW en Washington; si se abriera el tráfico comercial sin necesidad de licencias, se reanudaran los vuelos comerciales (en lugar de los charters que existen ahora) y se legalizara el turismo bilateral, así como los intercambios académicos, científicos, deportivos y culturales, es probable que muchos identificaran estos cambios como una normalización. Ahora bien, si se alcanzara ese estatus, ¿equivaldría a que alguno de los dos gobiernos renunciara a influir de manera determinante en el destino de Cuba? Y finalmente, ¿esa normalización plena exigiría un proceso de reconciliación? ¿Una reconciliación internacional, entre los dos gobiernos? ¿Una reconciliación nacional, entre la isla y el exilio?

Un alto prelado de la Iglesia católica cubana afirmó: «No hablo de reconciliación, porque, en primer lugar, [sería necesario aclarar] qué entiende cada uno por reconciliación y a quiénes habría que reconciliar». En efecto, reconciliación, igual que tolerancia, son dos conceptos equívocos, pues cada cual los usa según su propio interés, credo y escala de valores.

Para algunos, la reconciliación es posible cuando un grupo vence a otro o lo fuerza a ceder. Por ejemplo, cuando la Unión del Norte se impuso a la Confederación del Sur en la guerra civil norteamericana; o cuando el régimen del apartheid en Sudáfrica se vio obligado a negociar la transición con la mayoría negra después de una cruenta guerra civil y de las derrotas en Angola y Namibia. Estas reconciliaciones son, sin embargo, procesos problemáticos e inciertos, pues contienen no solo traumas personales, hechos atroces y memorias, sino valores e intereses completamente opuestos. Imaginemos, por ejemplo, que los sobrevivientes del estalinismo toleraran la reivindicación de Lavrenty Beria, que los activistas del holocausto se reconciliaran con los actuales grupos neonazis, que las madres y abuelas argentinas, y sus nietos sobrevivientes, hicieran las paces con Jorge Rafael Videla y los demás criminales de guerra. Posible, sí; deseable, tal vez; pero, ¿probable?

Paradójicamente, esas dificultades pueden persistir incluso cuando no medie una derrota o un desenlace equivalente en términos estratégicos, aunque no exista sangre de por medio, pero sí valores y creencias muy diferentes. Por ejemplo, imaginemos las probabilidades de que Greenpeace y las transnacionales petroleras se reconcilien, o de que la Iglesia católica no solo tolere, sino que acepte en pie de igualdad, las religiones de origen africano.Tomando en cuenta todo lo anterior, ¿en qué medida podría proyectarse una reconciliación entre EEUU y Cuba? ¿De qué reconciliación nacional se trataría? Al margen de cualquier hipotética reconciliación entre gobiernos y partidarios, en Cuba sí ha tenido lugar, desde hace más de una década, un proceso de reencuentro a escala humana e intrafamiliar. Basta observar durante un par de horas lo que ocurre en la Terminal Dos del aeropuerto de La Habana, cuando llegan y salen aviones de Miami, para acceder a un testimonio directo de esta reconciliación real. Se trata de un acercamiento que no se basa en renuncias ideológicas ni políticas sino en vínculos afectivos y de solidaridad personal. Especialmente desde la crisis de los balseros de 1994, la sociedad cubana empezó a lidiar de una manera diferente con sus emigrantes (y viceversa). Este proceso, desarrollado en el seno de la sociedad civil, se ha visto favorecido por la normalización en el trato político a los emigrantes, camino en el que todavía falta mucho, sobre todo en las regulaciones sobre el derecho al retorno. Y se ha visto empañado por la persistencia en llamar «exiliados» a todos los que han salido de Cuba, aunque no fueran perseguidos políticos, así como por la beligerancia de la derecha de Miami. Pero, al margen de todo ello, ha seguido avanzando.

La reconciliación entre las personas, inspirada en la voluntad de perdón, el amor y la paz, es posible. Pero una reconciliación política, como premisa imprescindible para conseguir la estabilidad y el equilibrio social en Cuba, según argumentan diferentes autores, resulta hoy improbable. Ahora bien, más allá de la resolución del conflicto, la normalización y la reconciliación, el diálogo sí podría ser un objetivo políticamente viable (y quizás humanamente más asequible). Trabajar por un diálogo sin condiciones previas, dobles raseros o agendas impuestas sería un enorme avance, que podría generar una nueva voluntad política, tanto de dirigentes como de ciudadanos de ambos lados. Este tema, el del diálogo, es consistente con las tendencias presentes en la transición cubana actual y en el propio debate político interno. En términos relativos, es probable que, nunca antes como ahora, tanto en Cuba como en EEUU se estén consolidando tendencias en esa dirección.

Suelen decir los estadounidenses que it takes two to tango («se necesitan dos para bailar el tango»); para Jorge Luis Borges, curiosamente, el tango era sobre todo «una expresión de valentía, de alegría, de coraje». Posiblemente ambos tengan razón. Valdría la pena probarlo.

La Habana, julio de 2008