Coyuntura

Cuba: las desigualdades se tornan visibles. Consecuencias de la economía de escasez y reformas

Después de que en 2006 Raúl Castro reemplazara a su hermano e iniciara su política de reformas, al menos una cosa es clara: la transición ordenada cubana produce ganadores y perdedores. La vieja narrativa del pacto revolucionario entre el Estado y el pueblo, que suponía el intercambio de la lealtad política por la independencia nacional, la protección social y la erradicación de la pobreza, se ha agotado. La generación joven está alienada de la política. La etnicidad ha vuelto a marcar líneas de desigualdades. ¿Quiénes se benefician con las reformas? ¿Hay una propuesta del gobierno para establecer un nuevo pacto social con la población? La clave del éxito se encuentra exclusivamente en Cuba. No obstante, los cambios en las relaciones con Estados Unidos abren nuevos escenarios.

Cuba: las desigualdades se tornan visibles. Consecuencias de la economía de escasez y reformas

Contrariamente a lo que muchos esperaban, el socialismo tropical no se derrumbó tras la caída de la Unión Soviética. Y el bloqueo estadounidense de 50 años tampoco ha logrado poner a Cuba de rodillas, lo que explica el cambio de política de Washington y los anuncios de1 17 de diciembre sobre la normalización de las relaciones bilaterales. No cabe duda de que la isla viene de atravesar tiempos difíciles, pero ha logrado conservar la soberanía nacional y sigue teniendo la chance de dirigir su propio proceso de transición. En la actualidad, ese es el mayor imperativo político en La Habana.

En la Cuba de hoy, es posible crear una pequeña empresa con empleados o arrendar tierras a largo plazo para la producción agrícola, y los individuos están autorizados a comprar o vender vehículos y también inmuebles. Los productores pueden vender al Estado o al sector del turismo de manera directa (es decir, sin que intervenga el organismo estatal de comercialización, que hasta ahora ejercía un monopolio). Durante mucho tiempo, todo esto era impensable.

Sin embargo, la liberalización impulsada por los exponentes del pragmatismo pertenecientes al entorno del presidente Raúl Castro genera profundas contradicciones sociales. Por ejemplo, desde hace aproximadamente dos años el gobierno otorga a sus ciudadanos el permiso para viajar, pero solo unas pocas personas tienen el dinero necesario para obtener el pasaporte y comprar un pasaje al extranjero. Tras la liberalización del mercado de automóviles, cualquier individuo puede adquirir un vehículo nuevo importado. No obstante, de acuerdo con datos de la prensa cubana, un Peugeot de gama media cuesta entre 100.000 y un cuarto de millón de dólares estadounidenses. Dado que el salario promedio de un trabajador ronda los 20 dólares por mes, resulta difícil imaginar quiénes pueden ser los compradores. El tan alabado sistema cubano de educación –eje central de los logros del socialismo– también se abre a los agentes privados: con servicio propio de recolección y diferentes menúes para los niños, hoy florecen en La Habana los jardines de infantes privados. Su costo mensual es cercano a los 100 dólares y equivale así a cinco sueldos promedio en Cuba.

La lista de estas contradicciones podría ampliarse a voluntad. El problema cada vez mayor es que la dirigencia comunista cubana sigue aferrándose a sus «viejas» prácticas y finge que apunta a una mera «actualización» del modelo socialista. Se promete que «nadie quedará abandonado a su suerte» y que el proceso de modernización continuará «sin prisa, pero sin pausa». Mientras los medios occidentales alaban las reformas económicas y señalan que eran necesarias desde hacía tiempo, las medidas introducidas han generado desequilibrios sociales considerables. Bajo la superficie de la estabilidad política, la otrora igualitaria sociedad cubana ha cambiado radicalmente en los últimos 25 años. Sin embargo, el discurso oficial ignora ampliamente estas consecuencias de las reformas.

En busca de un modelo de desarrollo sostenible

La diferenciación social no se inició con las reformas de Raúl Castro, sino bajo la conducción de su hermano Fidel ya a comienzos de los años 90, cuando de la noche a la mañana, una vez desaparecidas las subvenciones soviéticas, Cuba debió afrontar la situación por sí sola. Desde entonces quedaron en evidencia las flaquezas de la economía centralmente planificada. No obstante, Fidel pospuso una y otra vez las reformas estructurales necesarias e incluso, desde finales de los años 90 –con las nuevas subvenciones provenientes de la Venezuela de Hugo Chávez– revirtió en parte los cambios realizados. Mientras Fidel atribuía la crisis iniciada en esa década a la disolución del bloque socialista y, por ende, a factores externos, la prolongada agonía de la economía cubana es vista hoy por Raúl como una consecuencia de la ineficiencia del propio modelo. Nadie expresa esto de manera más drástica que el mismo presidente; por ejemplo, cuando en diciembre de 2010 advirtió ante la Asamblea Nacional cubana: «O rectificamos o nos hundimos». Se admiten errores propios y se busca subsanarlos.

En el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), celebrado en abril de 2011, la dirigencia obtuvo la legitimación política para reestructurar la economía. Tras un largo debate público en las líneas internas del Partido, en las empresas y entre la población, se elaboraron los «Lineamientos de la política económica y social». Este documento representa una suerte de «hoja de ruta» en la búsqueda de un modelo de desarrollo más sostenible. El debate se centra en un nuevo equilibrio entre el Estado, las cooperativas y el sector privado. Cuba se encamina hacia una economía mixta. En este marco, no quedan dudas de que las reformas van dirigidas a salvar el socialismo, no a debilitarlo ni suprimirlo. Los cambios están vinculados a una privatización, por un lado, en el sector artesanal y las pequeñas empresas y, por el otro, en la producción y comercialización de alimentos (en tierras entregadas en usufructo a largo plazo por el Estado). Paralelamente, el debate propone descentralizar las decisiones y los componentes presupuestarios hacia las provincias y los municipios. De acuerdo con estos lineamientos, las grandes empresas estatales obtendrían una mayor autonomía en todos los aspectos de la gestión.

La distribución de las tierras ya está en marcha desde hace algunos años. El proceso se ve acompañado por el fortalecimiento del sector cooperativo y la reducción de las amplias subvenciones sociales (libreta de abastecimiento, comedores en empresas estatales, etc.). La mayor parte de la estructura seguirá organizada en el futuro como una economía planificada: los principales medios de producción permanecerán en manos del Estado. El eje central de las reformas consiste en abandonar las concepciones paternalistas. El plan del programa es el siguiente: la «liberación» de fuerza de trabajo en el sector estatal disminuirá los costos salariales; la bajísima productividad de las empresas estatales aumentará; el nuevo sector privado y las cooperativas absorberán la fuerza de trabajo y mejorarán la oferta de bienes y servicios; mediante el pago de impuestos, los nuevos trabajadores autónomos ayudarán a mejorar las finanzas del Estado; las medidas llevarán a incrementar rápidamente la producción agrícola para sustituir con igual velocidad las importaciones en ese rubro (la proporción de importación de Cuba ronda el 80%) y dar así al Estado un cierto margen financiero.