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Crimen organizado: una aproximación a la frontera boliviano-argentina

Este artículo aborda la criminalidad organizada en la frontera entre Bolivia y Argentina. Inicialmente hace referencia a la caracterización general del crimen organizado y a su identificación concreta en los códigos penales boliviano y argentino. También se detallan las particularidades de los territorios fronterizos entre los dos países, con el objetivo de entender las dinámicas que allí determinan las características del crimen organizado. Y, finalmente, se hace un relevamiento de las problemáticas de la frontera boliviano-argentina respecto del crimen organizado y las implicancias para la institucionalidad y las políticas públicas de ambos países.

Crimen organizado: una aproximación a la frontera boliviano-argentina

Crimen organizado internacional: algunas definiciones

Al abordar el crimen organizado internacional, asumimos que estamos analizando un fenómeno que, por sus características, complejidad y multidimensionalidad, no ha logrado consensos en cuanto a su conceptualización entre los académicos que lo estudian. Desde una mirada jurídica, es la Convención de Palermo (2009) la que nos da la siguiente orientación: «por Grupo Delictivo Organizado se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material». Esta definición tipifica los siguientes delitos: «narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, tráfico de órganos, tráfico de bienes culturales, falsificación de monedas, delitos ambientales, delitos cibernéticos, lavado de dinero, y muchos más»1.

Sin embargo, la realidad del accionar del crimen organizado internacional ha sobrepasado las definiciones de este tipo unidimensional, y por lo tanto se requiere una ampliación de estas que considere los distintos tipos de organizaciones criminales existentes, sus diferencias organizacionales y las múltiples actividades y mercados ilegales en los que intervienen. Desde esta perspectiva se pueden adoptar nuevas e integrales definiciones que caracterizan el crimen organizado internacional como un «sistema de relaciones sociopolíticas perdurables, caracterizadas por el establecimiento de redes clientelares de cooperación entre criminales profesionales y funcionarios públicos, y que persigue el propósito de obtener ganancias económicas mediante el desarrollo de diversas actividades ilícitas, apoyadas en última instancia por el uso de la violencia»2.

De todas formas, y más allá de la necesidad de contar con definiciones que permitan entender de manera integral lo que supone el crimen organizado internacional, se debe tener en cuenta de forma general que «la Convención [de Palermo] o cualquier otro instrumento jurídico alcanzará sus metas si está guiada por una conciencia de que la delincuencia organizada puede atacarse mejor si el foco no está tanto sobre las actividades en las que la delincuencia organizada está involucrada en un momento dado, sino sobre sus estructuras y operaciones. (…) La Convención debería atacar y buscar destruir las organizaciones delictivas, independiente de sus actividades»3.

Crimen organizado en Bolivia y Argentina: el marco legal

Las legislaciones de Argentina y Bolivia cuentan con definiciones que sirven para tipificar los delitos del crimen organizado en la misma línea unidireccional que mantiene la Convención de Palermo, la cual finalmente es también producto de las discusiones y los acuerdos entre países signatarios que reflejaron en ella sus códigos penales. Es evidente que ambas definiciones «parciales» hacen mención solo de algunas de las características de la delincuencia organizada, ya que se centran principalmente en la comisión «asociada» de delitos como concepto y, en particular en la definición boliviana, en la identificación concreta de algunos de los delitos susceptibles de sanción; también incluyen la identificación de la «corrupción» a través de la participación de funcionarios públicos. Queda claro asimismo que estas conceptualizaciones no logran contener la mayoría de las características integrales antes descritas en cuanto al crimen organizado, y que las acciones en contra de estos grupos criminales están limitadas legalmente, o reguladas por un sinnúmero de normas legales fragmentadas y dispersas, aspecto que dificulta aún más el trabajo y los resultados de las organizaciones del orden y de las instituciones públicas.

Ciudades fronterizas, ciudades «gemelas»

De los 6.834 kilómetros de frontera que tiene Bolivia con sus diversos vecinos, 773 kilómetros (11,3%) corresponden a la frontera con Argentina. Esta comienza por el oeste en la Cordillera de los Andes en el cerro Zapaleri y va en dirección noroeste hasta el cerro Panizo, de allí hasta el cerro Malpaso, sigue hacia el norte por el río San Juan del Oro, después en dirección sureste hasta el Fortín Campero, en la confluencia de los ríos Bermejo y Grande de Tarija, llamada las Juntas de San Antonio; de allí sube por el río Grande de Tarija y por el río Itaú hasta la población de Yacuiba, y desde ahí sigue el paralelo 22º S hacia el este hasta el Fortín D’Orbigny sobre el río Pilcomayo; luego sigue el curso de este río hasta Esmeralda, que es el punto limítrofe tripartito entre Argentina, Paraguay y Bolivia. En esta extensa frontera entre los dos países, se encuentran tres pasos fronterizos formales: a) Bermejo (Bolivia)-Aguas Blancas (Argentina); b) Yacuiba (Bolivia)-Salvador Mazza (Argentina); y c) Villazón (Bolivia)-La Quiaca (Argentina)4.

En el mundo contemporáneo de principios del siglo xxi, los pasos fronterizos se han convertido en un importante tema para los Estados-nación, debido a los constantes cambios y disfuncionalidades que tienen lugar en ellos. En algunos casos, incluso, las dinámicas de estos pasos fronterizos van a contramano de los intereses de los gobiernos nacionales, regionales y locales. Esta característica se debe principalmente a la dicotomía conceptual entre «límite» y «frontera», vocablos que si bien suelen equipararse equivocadamente, son distintos y se refieren a diferentes cuestiones. Pues para los Estados y sus distintos niveles de gobierno o administración, los límites territoriales se constituyen en los espacios en los cuales ejercen de forma legal y legítima su soberanía y jurisdicción; es decir que la noción de linealidad originada en el límite se basa en una connotación jurídica que se hace tangible con la suscripción de tratados internacionales de límites y/o la delimitación político-administrativa dentro de un Estado5.

Sin embargo, sobre muchos de estos límites se encuentran las fronteras, que a diferencia de los primeros, de concepción jurídica, se originan en acepciones sociales y económicas relacionadas con procesos de interacción, en una porción determinada de territorio, de unas dotaciones iniciales de población e infraestructura y servicios que actúan de un lado y el otro del límite. Mediante el constante intercambio de personas, bienes y servicios, estas interacciones terminan generando solidaridades e intereses que dibujan o perfilan lo fronterizo.

  • 1.

    Sonia Alda Mejías: «Estado y crimen organizado en América Latina: posibles relaciones y complicidades» en Revista Política y Estrategia No 124, 2014.

  • 2.

    Ibíd.

  • 3.

    Martín De Simone: Crimen organizado en Argentina: una mirada con perspectiva democrática y de derechos humanos, La Otra Trama, Buenos Aires, 2014.

  • 4.

    Rolando Mendoza: «Trata de personas en la frontera Bolivia-Argentina», Friedrich-Ebert-Stiftung, La Paz, 2012.

  • 5.

    Luis Alberto Oliveros: «El concepto de frontera en el contexto y en la perspectiva de la integración andina», Comunidad Andina, febrero de 2002.