Opinión

Corrupción: Un gran lastre para México

El gobierno mexicano parece no actuar firmemente para erradicar unos niveles de corrupción que crecen cada año.

Corrupción: Un gran lastre para México

El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la violencia en México (Marzo, 2016) destacaba a la corrupción y a la impunidad como dos de los factores habilitantes de la misma. Lo cierto es que ambas características, se remontan al México posrevolucionario y porfirista, al México decimonónico y hasta al del periodo colonial. Sin embargo, no se trata de una cuestión cultural, como lo han afirmado el presidente Enrique Peña Nieto y Virgilio Andrade, titular de la Secretaria de la Función Pública, encargada de auditar el desempeño de los funcionarios y los gastos de las dependencias gubernamentales. Muy por el contrario, el problema de corrupción en México es y ha sido medular por la debilidad de sus instituciones y por la impunidad de la que gozan los funcionarios corruptos.

El sistema político mexicano ha practicado por décadas la doctrina del mea culpa sin realizar una consiguiente implementación de medidas que transformen las estructuras. Ya en 1952, Adolfo Ruiz Cortines basó su campaña electoral en la idea de una moralización de la política ante el evidente derroche y corrupción que había realizado el gobierno de su antecesor Miguel Alemán (1946-1952) , algo que se reeditó treinta años después con la idea de renovación moral de Miguel de la Madrid. Otra vez, promesas de campaña que nuca trastocaron las relaciones de poder y a las estructuras políticas.

Según un estudio de Transparencia Internacional llevado a cabo en 2014, México ocupa el último lugar de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en materia de corrupción y, en relación a los miembros del G-20, México sólo está mejor calificado que Nigeria y Rusia. Si la corrupción es tan elevada es porque el andamiaje institucional no ha sido diseñado para garantizar derechos ciudadanos sino para garantizar, por el contrario, un sistema de privilegios. En tal sentido, la corrupción pública converge con la corrupción privada o empresarial. Fraudes bancarios institucionalizados (FOBAPROA), contratos con empresas nacionales y trasnacionales que pagan sobornos para obtener ciertas prebendas (como el caso de Wal-Mart que documentó el New York Times), lavado de dinero (en los que ha participado el banco HSBC de forma reiterada), son moneda corriente en la realidad mexicana. En la actualidad, tanto el presidente como sus dos secretarios más importantes (el de Gobernación y el de Hacienda) cuentan con casas de millones de dólares que están vinculadas a una empresa que tiene múltiples contratos con el gobierno. Según la Encuesta de Fraude y Corrupción (2008) de la empresa auditora KPMG, el 44% de las empresas en México realizaron pagos extraoficiales a funcionarios públicos; es decir, han sido partícipes y corresponsables de la corrupción, ya sea de forma extorsiva o colusiva. La corrupción del político va de la mano de la corrupción empresarial en aras de establecer privilegios de distinta índole que se transforman en beneficios económicos individuales.

La corrupción le cuesta a México alrededor del 9-10 % del PIB según distintas estimaciones del Banco Mundial, Forbes y el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). La Auditoría Superior de la Federación (ASF) revela que la falta de sanciones a los actos corruptos costó a México 86 mil millones de pesos, que se atribuyen a desvíos, subejercicios y despilfarros de recursos públicos, así como pagos indebidos en el gobierno. Un estudio realizado por el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) señala que el costo de la corrupción equivale a 87 veces el presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 7.7 veces el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social o tres veces el de la Secretaria de Educación Pública. Un número conservador arrojaría 890 mil millones de pesos perdidos en actos de corrupción.

En tal sentido, la corrupción representa una suerte de impuesto regresivo que se ejerce sobre la ciudadanía. Al vivir en un Estado que garantiza privilegios y no derechos, los ciudadanos gastan, en promedio, el 14% de sus ingresos en sobornos para realizar trámites y servicios que son de naturaleza gratuita (incluidos los que son relativos a la justicia) aunque en los casos de la gente más pobre puede llegar a representar hasta el 33%. En el caso de las empresas significa el 5% de las ganancias, lo que repercute principalmente en sus inversiones e inhibe su desarrollo en una proporción equivalente. En términos beisboleros: el Estado ni picha, ni cacha, ni deja batear, perjudicando a todos los sectores de la población aunque en términos porcentuales la gente más pobre es la más afectada.

Pero el costo de la corrupción no es solo económico. El Institute for Economics and Peace afirmaba, en un reporte de 2015, que en la mayoría de los países donde se incrementan los costos de la corrupción, hay una disminución en los índices de paz. No es casualidad que la ciudadanía mexicana perciba a la policía como la institución más corrupta en el gobierno. También es un secreto a voces que en la llamada «guerra contra el narcotráfico» que se libra en el país, el ejército mexicano no es un elemento confiable por cuestiones de corrupción, toda vez que las principales detenciones de narcotraficantes, especialmente las que cuentan con información o se coordinan con autoridades estadounidenses, se han delegado de forma exclusiva a la Marina. Los mandos policíacos estatales y locales se encuentran infiltrados completamente por el narco como lo demuestra el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa asesinados en Guerrero o el caso de jóvenes secuestrados y asesinados en Tierra Blanca (Veracruz), en ambos casos con participación directa de las policías municipales.

Ahora bien, si el problema es tan grave como lo muestran los números, ¿qué hace el gobierno mexicano para erradicar el problema? La respuesta es, lamentablemente, una estrategia de simulación que implica escasas acciones para resolver la situación existente. Mientras que en Hong Kong y Singapur se destinan 100 y 22 millones de dólares respectivamente, a unidades especializadas para investigar actos de corrupción de funcionarios, en México, el monto invertido es de 1.4 millones. El que es percibido como el tercer problema en importancia por los mexicanos (después de la inseguridad y el desempleo) sólo cuenta con doce personas con responsabilidades concretas para su combate, mientras que Hong Kong destina casi mil quinientos elementos a esta tarea. El gobierno mexicano parece no estar interesado en resolver el problema de corrupción pero sí en fomentar la impunidad que garantiza el statu quo. ¿Por qué será?

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