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Colombia: sorpresas y sobresaltos de la paz

El «No» en el plebiscito colombiano puso en crisis las primeras negociaciones de paz exitosas entre un gobierno y las farc tras medio siglo de conflicto armado. Las razones del «No» hay que buscarlas en el rechazo de parte de la elite –especialmente la vinculada a intereses agrarios y la ideología conservadora–, pero también en la forma como se llevó adelante el plebiscito. No obstante, los acuerdos revivieron el 12 de noviembre y el ex-presidente Álvaro Uribe sigue intentando convertirse en el «gran árbitro» de la situación.

Colombia: sorpresas y sobresaltos de la paz

Después de los numerosos sobresaltos de una volátil coyuntura, el acuerdo de paz en Colombia revivió, mejorado, el 12 de noviembre, apenas 41 días después de haber sido rechazado en las urnas. El pasado 26 de septiembre, el presidente Juan Manuel Santos y el jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (farc-ep), Rodrigo Londoño, firmaron en Cartagena el «Acuerdo final para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera» ante un destacado público nacional e internacional. Seis días después, el 2 de octubre, los colombianos debían aprobar o rechazar esos arreglos marcando simplemente un «Sí» o un «No» en la papeleta electoral. El gobierno se sentía tan seguro de obtener un masivo respaldo como la oposición lo estaba de sufrir una derrota. Pero esa misma noche, el escrutinio sorprendió a todos: las pantallas anunciaban la victoria del «No». Los partidarios del «Sí», los abstencionistas y hasta los mismos electores del «No» quedaron desconcertados. El país se sumió en la incertidumbre.

Desde antes de su toma de posesión, Santos había emprendido conversaciones secretas con las farc con miras a conseguir una solución negociada del conflicto armado. Por ese entonces, el ahora presidente cargaba con su imagen de «duro» como ministro de Defensa de Álvaro Uribe. Probablemente llegó a esa decisión basado en dos evidencias: por una parte, los fuertes golpes que las farc habían recibido por parte del Estado las convencieron, con seguridad, de la imposibilidad de llegar al poder por la vía armada; por otra, sus eventuales aliados internacionales –los hermanos Castro en Cuba y Hugo Chávez en Venezuela– expresaron su convencimiento de que la lucha armada no tenía ya cabida en América Latina y de que más bien se había convertido en un obstáculo para el avance de las izquierdas. Y, en efecto, la influencia de estos aliados fue decisiva para que las farc aceptaran entrar en la negociación.

Santos no podía ignorar que su decisión provocaría la oposición del ex-presidente Uribe y la resistencia de las fuerzas militares y de poderosos sectores vinculados al sector agrario. Algunos afirman ahora que el presidente habría debido comenzar su proyecto por un acuerdo con las principales fuerzas del establishment (el uribismo, los militares, los terratenientes, los empresarios y los partidos) antes de dialogar con las farc. Sin embargo, es muy probable que si hubiera buscado un acuerdo previo entre las elites, no habría podido siquiera iniciar el proceso. Fuerzas militares, dirigentes políticos, terratenientes, empresarios y hasta obispos católicos habían bloqueado ya los intentos emprendidos por el ex-presidente Belisario Betancur y los militares habían torpedeado los intentos del ex-presidente César Gaviria.

Aunque Uribe había intentado diálogos con las farc y les había ofrecido en declaraciones públicas –que constan en videos– más de lo que hoy rechaza1, desde su segundo gobierno optó por una posición dura. Así, sostuvo que lo que existe en Colombia no es un conflicto armado sino el asedio a la democracia de un grupo narcoterrorista, y que con terroristas no se negocia, según el principio establecido después del 11-s. En los recientes diálogos con el gobierno reiteró la misma tesis: en Colombia no hay conflicto. Sus exigencias supondrían una previa derrota militar de esa guerrilla, pero la realidad indica que las farc habrían podido conservar su poder por muchos años gracias a su experiencia, su organización y sus inagotables fuentes de recursos ilegales. Mirando ahora en retrospectiva el proceso de paz, puede presumirse que el gobierno de Santos tuvo desde el comienzo un claro planteamiento estratégico. Pero el plan, quizá perfecto en el papel, iría descubriendo inesperados flancos vulnerables.

Para obviar el sabotaje de «los enemigos agazapados de la paz» (expresión acuñada en los años 80 por el coordinador de la Comisión de Paz de Betancur), Santos optó por comprometer a las Fuerzas Armadas y la Policía incorporando a dos reconocidos generales en retiro a la Mesa de la Habana y a militares activos en la negociación del cese del fuego y el fin del conflicto armado. Optó, además, por sustraer las conversaciones del escrutinio público, adelantarlas fuera del país y cubrirlas con una estricta confidencialidad. Pero el secretismo oficial dejó libre un amplio espacio de opinión, que fue inundado por falsos rumores de la oposición («castrochavismo», «venezolanización», ataque a la propiedad privada, reducción de las fuerzas militares, 1.800.000 pesos –casi 600 dólares– mensuales para los ex-guerrilleros financiados con la reducción de las pensiones, «ideología de género», debilitamiento de la familia tradicional, etc.).

En su sexto año, el gobierno quiso ponerles remedio a las inquietudes de los colombianos, pero para ello no recurrió –como hubiera sido deseable– a una clara pedagogía sobre el contenido de los acuerdos, sino a una publicidad un tanto ilusoria sobre los beneficios de la paz y a hipotéticos temores frente a un triunfo del «No» (volverá de inmediato la guerra, «informes de que las farc atacarán en las ciudades», etc.). La estrategia fue contraproducente y las mentiras de los críticos ya habían echado raíces en el repudio nacional a las farc, cuyos voceros durante los primeros cinco años de la negociación mantuvieron una arrogancia que agravó la prevención pública. En 2016, comenzaron a pedir perdón y a tratar de conectarse con la opinión nacional, pero ya era tarde.

Además de la discreción, para garantizar la aprobación final del acuerdo el gobierno se propuso apuntalarlo mediante tres soportes: la comunidad internacional, los jefes políticos nacionales y locales y, sobre todo, la voluntad popular. Con ese tridente esperaba contener la previsible reacción de «los enemigos de la paz». Sin embargo, cada una de esas tres líneas fue dejando al desnudo importantes puntos débiles. Para el primer objetivo –obtener el apoyo internacional al proceso–, Santos desarrolló desde los inicios de su primer gobierno una activa diplomacia con las naciones vecinas sin descuidar el resto del mundo. Pero mientras el activismo presidencial conquistaba destacados respaldos internacionales, atraía también insidiosas críticas en el país, hábilmente estimuladas por la oposición: «Santos solo busca su prestigio personal, le encanta codearse con los grandes, busca el Nobel de la Paz» fueron algunas de ellas. Y estas interpretaciones le ganaron la aversión de muchos colombianos.

En el plano interno, el presidente buscó el apoyo de los jefes políticos nacionales y locales mediante el tipo de concesiones que muchos de ellos buscan en la vida política: una generosa distribución de contratos y recursos. Este respaldo era importante porque Colombia es un rompecabezas de regiones. Pero esa piñata aumentó la corrupción e incrementó la indisposición de muchos ciudadanos no solo con la Mesa de La Habana sino con el gobierno mismo. La tercera y decisiva apuesta de Santos consistía en que, una vez conseguido el acuerdo con las farc, los colombianos –movidos por el impacto emocional de una paz al alcance de la mano– lo respaldaran masivamente en una consulta popular que dejaría sin argumentos a los círculos más reaccionarios. Por ese motivo –y contra el parecer de muchos–, Santos insistió desde el comienzo de las negociaciones en la necesidad de someter el acuerdo a una refrendación popular. Sin embargo, a medida que el resultado de la consulta parecía más incierto, el gobierno fue realizando ajustes favorables a la refrendación: bajó el umbral de participación para que la consulta fuera válida de 51% a 13%, cambió el referéndum, que planteaba varias preguntas, por un plebiscito al que había que responder «Sí» o «No», la pregunta no mencionó a las farc, dedicó recursos públicos a la propaganda del «Sí», etc. Pero estos reacomodos aumentaron el rechazo de muchos potenciales electores y contribuyeron a estimular la tradicional abstención, que de 51% saltó a 63%.

Al final, el presidente solo logró aplazar por seis años el choque con el sector más refractario de las elites, a cuyas proclamas se habían sumado vastos sectores de una opinión pública influenciada por numerosas iglesias «cristianas» que, buscando ganar espacio político y hasta frenar una reforma tributaria que las pudiera afectar, no vacilaron en denunciar el «enfoque de género» contenido en el acuerdo como una perversa «ideología de género» contra la familia «normal». En realidad, en las más de 1.000 iglesias cristianas de distintas denominaciones hay sectores que valoran el «enfoque de género» del acuerdo porque propicia que personas doblemente victimizadas por la guerra y por su género sean reparadas, pero hay otros que buscan revertir avances en la inclusión y definición amplia de derechos ciudadanos. Los pastores voceros del «No» presentaron 35 propuestas para reformular el acuerdo: siete no tienen relación con lo pactado en la Habana, 16 son aclaraciones o peticiones de inclusión de sus víctimas, el resto apoya a otros voceros del «No» y trata de obtener privilegios para sus iglesias.

Si se quiere, la estrategia del presidente apunta más lejos: en política, Santos es un demócrata institucionalista, y de esa posición hace parte su búsqueda de la paz con las guerrillas; pero, al mismo tiempo, es un liberal que impulsa un modelo de mercado muy poco regulado que ahonda las desigualdades. En ese punto, se identifica con Uribe, pero con una importante diferencia, inaceptable para el ex-presidente. Inspirado por su concepción política y en contravía de su visión económica, Santos pretende intervenir el campo impulsando medidas indispensables si se quiere consolidar la paz: actualizar el catastro rural, gravar las tierras, establecer un fondo con las que han sido ilegalmente adquiridas o con baldíos del Estado, devolver a los campesinos los predios que les fueron usurpados, dotar de tierra a los más pobres y apoyar la producción comunitaria. En suma, normalizar el campo colombiano, tarea obstruida repetidas veces a lo largo del siglo xx por el poder terrateniente más conservador.

Si esta era la compleja estrategia del gobierno, el ex-presidente ha mantenido un solo objetivo preciso, aunque vaya acomodando el lenguaje y sus propuestas a los vaivenes de la opinión pública: desconocer la existencia del conflicto, marcar a las farc como narcoterroristas, someter a sus jefes a confinamiento así sea en colonias agrícolas y, sobre todo, vedarles la participación política. Durante el primer gobierno de Santos, Uribe se mostró como declarado enemigo de la negociación. Estimuló el malestar entre altos mandos militares, terratenientes y empresarios y lanzó rumores sobre supuestas reformas a las fuerzas militares pactadas con las farc, filtró informaciones en contra de la seguridad nacional, espió la Mesa de La Habana, insistió en una presunta «venezolanización» de Colombia, etc. Pero cuando Santos planteó la segunda campaña presidencial como una disyuntiva entre paz y guerra y recibió el respaldo electoral del país, todos los enemigos del proceso se declararon amigos de la paz. La paz negociada se transformó así en el piso compartido por todos los colombianos. Uribe acogió pronto el lema pero le añadió una cuña: paz, sí, pero «sin impunidad», dos palabras en las que incluía todos sus reclamos. La consigna era contagiosa. A casi todos los colombianos les habrían gustado sanciones más fuertes para las farc, pero eso no ha sido posible en ningún acuerdo de paz. La frase era además falsa. En el acuerdo suscrito no hay impunidad, sino una justicia basada en la reparación a las víctimas a partir de la verdad sobre lo sucedido y en acciones en beneficio de los territorios afectados, y no en la mera venganza carcelaria en contra de los victimarios. En cualquier caso, el rechazo nacional a las farc, reforzado por esa consigna y por numerosas falacias, ganó la batalla del plebiscito.

Tras el triunfo del «No», el primer intento de Uribe –al que quizás no ha renunciado– fue dilatar las discusiones con el gobierno. Pero muy pronto los jóvenes comenzaron a realizar continuas y multitudinarias movilizaciones para reclamar «¡Acuerdo ya!» entre las comisiones del gobierno, representantes del «No» y las farc. En la medida en que esas manifestaciones se mantienen activas, Uribe se unió a la consigna estudiantil añadiéndole un inciso: «con cambios profundos» (¿e inviables?) y convocó a los partidarios del «No» a marchar por separado, buscando tal vez que sus seguidores jóvenes se distancien de las marchas unitarias y que la opinión se confunda con la situación. Pero su llamamiento tuvo escaso eco.

Tanto Uribe como el mismo Santos han sostenido una dura pulseada de legitimidad ante la opinión nacional e internacional. Ninguno de los dos puede aparecer como el obstáculo a la paz o a la reconciliación nacional. Uribe se muestra como promotor de un gran Pacto Nacional, pero debe cuidarse mucho para no ser identificado como «el obstáculo a la paz»2, tan anhelada hoy por casi todos los colombianos. De hecho, tomó diversas iniciativas de diálogo, algunas bastante ambiguas y otras para usar la renegociación con otros propósitos. El ex-presidente solicitó la integración de una «mesa técnica» conformada por el gobierno, su partido (el Centro Democrático, cd) y las farc –mesa que, en cierta medida, desplazaría a la de La Habana–, y se mostró dispuesto a reunirse con el abogado español de las farc. Estas rechazaron ambas proposiciones. Y puesto que otros sectores del «No» –en particular, los vinculados al Partido Conservador– fueron precisando sus posibles fórmulas de acuerdo, Uribe los reagrupó y se convirtió en su vocero. Al mismo tiempo, recurrió a la Conferencia Episcopal para solicitarle que sirviera de intermediaria con el gobierno para lograr «cambios de fondo» al acuerdo.

Por su parte, Santos continuó promoviendo con decisión los acuerdos de paz, a lo que lo obliga su condición de presidente, flamante Premio Nobel de la Paz y Premio La Lámpara de la Paz, otorgado por la Iglesia católica desde Roma. Al mismo tiempo, el presidente busca la reconciliación nacional. Al día siguiente de la derrota plebiscitaria, Santos prorrogó el cese bilateral del fuego hasta el 31 de diciembre de 2016, e invitó al Palacio y escuchó a todas las corrientes del «No», Uribe incluido. A lo largo del mes de octubre se realizaron ocho sesiones en Bogotá, se clasificaron las propuestas recibidas y se hicieron aclaraciones y precisiones sobre algunos malentendidos, ambigüedades en la redacción o pequeñas diferencias que están siendo ajustadas. También se debatieron asuntos que apuntan al corazón del acuerdo. Finalmente, el 12 de noviembre pasado, el presidente anunció al país que se acababa de firmar un nuevo acuerdo con las farc, en el que se incluían las modificaciones contenidas en 56 de los 57 grandes temas en los que el gobierno había clasificado las numerosas propuestas recibidas.

Eran cuatro los puntos más sensibles compartidos por los opositores: la justicia transicional, la posibilidad de que líderes de las farc se presenten a cargos electivos, el problema agrario y la consideración del narcotráfico como delito conexo con la rebelión. Sobre estos y otros puntos participaron en las reuniones con el gobierno el ex-presidente Andrés Pastrana o su asesor, Camilo Gómez, la ex-candidata presidencial y ex-ministra Marta Lucía Ramírez, así como el ex-procurador conservador Alejandro Ordóñez. Si Uribe no interfiere, con Pastrana y Ramírez el gobierno tendría la posibilidad de llegar a acuerdos sobre modificaciones sustanciales pero viables y ganar a parte del «No» para la paz. En dos ocasiones, Santos envió a los negociadores a discutir las propuestas con las farc hasta lograr un acuerdo.

De cualquier modo, es probable que el presidente termine enfrentado a un difícil dilema. Si acepta las exigencias básicas de Uribe –no elegibilidad política de los jefes de las farc ni normalización agraria–, el acuerdo se haría imposible, pero si rechaza esas condiciones –como tendrá que hacerlo–, es probable que el ex-presidente lo estigmatice como el enemigo de la reconciliación nacional, lo que allanará de paso el camino de su partido hacia las elecciones de 2018.

El «No» triunfó y ese resultado obliga a todos los colombianos. Pero esto no quiere decir que no se deba acotar el alcance político de las negociaciones. Ante todo, no significa que Santos esté obligado a acoger las más de 400 propuestas presentadas por los críticos. El presidente conserva la responsabilidad constitucional de definir cuáles deben ser acogidas para negociar. Si bien la validez de los acuerdos ya firmados quedó en cuestión, no se los podía ignorar. Para confirmarlo, basta con recordar tres puntos. En primer lugar, de una votación total de 12.808.858 colombianos, el «No» obtuvo una ventaja de solo 55.651 votos, que equivalen a 0,43% del total. Esto quiere decir que casi la mitad de los colombianos votantes se decantó por el «Sí» y esa mitad exige también el respeto del gobierno y de la oposición. De lo contrario, caeríamos en un nuevo impasse invertido. Además, y esta es la segunda razón que debilita la fuerza del «No», la promoción del voto estuvo muy basada en falacias como las que hemos recordado. Así lo confesó el mismo gerente de la campaña del cd y se ha hecho evidente en muchos rincones del país3. Finalmente, los jefes del «No» recurrieron a la tergiversación del «enfoque de género» y al interesado rechazo de numerosas iglesias cristianas, cuyo voto fue decisivo en el resultado. Así, pues, los abanderados del «No» estaban obligados a ceñir sus aspiraciones a la realidad política del país.

Las farc han enfrentado la situación con altura, han mantenido sus compromisos y han recibido a distintas iglesias y organizaciones ciudadanas. Amplios sectores de esa organización han esperado en lugares transitorios el pronto desempantanamiento del proceso para dirigirse enseguida a las zonas veredales transitorias de normalización (zvtn)4 con el fin de cumplir allí el cronograma de entrega de armas a la Organización de las Naciones Unidas (onu) y de capacitación para su paso a la vida civil. La provisionalidad no podía ser indefinida. Sectores guerrilleros desalentados y temerosos podían ir incorporándose a la ilegalidad y la criminalidad. El presidente había dicho que el nuevo acuerdo no debería pasar del mes de noviembre para considerar en diciembre el tipo de refrendación. Se logró a mediados de noviembre. Santos le pidió cita a Uribe y se desplazó a la población donde está ubicada su casa de campo para presentarle el nuevo acuerdo y dialogar con él. Más tarde, Uribe le solicitó por televisión al presidente que el nuevo texto no fuera considerado como definitivo y pudiera ser revisado por los líderes del «No» y las víctimas, con el fin hacerle las observaciones pertinentes en un corto lapso. Con ello, deja la puerta abierta para sus futuros reclamos.El nuevo acuerdo no podrá satisfacer todas las expectativas. Eso no es posible en ningún pacto de paz. Su forma jurídica podría tomar varias vías. Una riesgosa Asamblea Constituyente –que tomaría mínimo un año, aun si su competencia se limitara a debatir el acuerdo– parece descartada. Otra posibilidad la ofrece el Congreso, fórmula que tiene amplia acogida incluso por parte de Uribe, quien como senador dijo estar dispuesto a tramitar la implementación del acuerdo si en él se consignan sus «cambios profundos», pero propone hacerlo por la vía ordinaria, lo que llevaría muchos meses. Algunos congresistas quisieran el mecanismo de fast track previsto para las leyes de implementación de los acuerdos, pero esta sería una vía riesgosa porque podría ser percibida como un desconocimiento de los resultados del plebiscito. Y está la posibilidad de una nueva consulta popular, a la que el presidente dice estar abierto. En todo caso, si no se produjera una amplia legitimación política del nuevo acuerdo, su resultado se vería expuesto a un nuevo y peligroso rechazo de sectores del «No». A este panorama se suma ahora un posible inicio de conversaciones –nuevamente aplazado al escribir este artículo– con el Ejército de Liberación Nacional (eln) en Ecuador, un grupo menos orgánico que las farc y con el que resulta más difícil precisar los acuerdos, pero que, sin embargo, parece dar muestras de una mayor voluntad de paz que en el pasado.

En la próxima campaña presidencial de 2018 se librarán duras batallas. Sin posibilidades de otra reelección, Santos quedará fuera de juego y como Nobel de la Paz pasará a ser conferencista internacional. Si el hábil negociador del acuerdo de paz y miembro del Partido Liberal Humberto de la Calle repone pronto sus fuerzas y asume la candidatura, tendría buenas posibilidades de pasar a la segunda vuelta. El vicepresidente Germán Vargas Lleras probablemente pague un costo por su indefinición frente a las negociaciones, aunque ahora trata de recuperar terreno haciendo oposición desde el mismo gobierno. Los conservadores no tienen todavía candidato. A la izquierda, por su parte, el forcejeo entre el senador Jorge Enrique Robledo, la ministra de Trabajo Clara López y el ex-alcalde Gustavo Petro la debilitará aún más. Un outsider con posibilidades es el ex-alcalde de Medellín y ex-gobernador de Antioquia Sergio Fajardo, quien es visto por muchos con simpatía por su independencia, por su rechazo a toda forma de corrupción y por mantenerse a distancia de las agrias disputas políticas. Pero, sin partido, no la tiene fácil. Una fórmula en la que De la Calle lo incluyera como candidato a vicepresidente podría tener éxito. De cualquier manera, mientras el uribismo irá unido a las elecciones, los no uribistas o antiuribistas dividirán sus votos entre cinco o más candidatos, a no ser que estos establezcan oportunas alianzas. En tales circunstancias, no es imposible el triunfo de un candidato uribista. El segundo gobierno de Uribe (2006-2010) quizás nos permite prefigurar lo que podría ser el mandato de un uribista fiel a su jefe: un gobernante cercano al pueblo pero autoritario, los poderes Legislativo y Judicial sometidos al gobierno o descalificados por él, la oposición satanizada y la libertad de prensa notablemente recortada. El nuevo gobierno le concedería amnistía a toda la base guerrillera como está previsto en el acuerdo y lo ha propuesto Uribe, pero sometiendo a los jefes a la cárcel, aislándolos y quizás obligándolos a refugiarse en Venezuela o en Cuba, mientras algunos mandos medios y sectores de base volverían a la lucha y a los negocios ilegales. El cd en el poder convocaría a una nueva Asamblea Constituyente no solo para anular los acuerdos ya firmados sino para «refundar la nación» y brindarle a Uribe la posibilidad de su nueva reelección, dejando de lado la Constitución de 1991. Chavismo a la inversa.

La acción ciudadana sostenida fue fundamental en el logro de un renovado y pronto acuerdo. Los estudiantes y muchos colectivos que pugnan por la paz desplegaron una intensa actividad con marchas persistentes que se fueron extendiendo a distintos sectores sociales y regiones, en especial a las periferias donde se concentró el conflicto y a lugares muy victimizados que votaron en favor del «Sí». La paz con las guerrillas es el indispensable primer paso para una paz estable y duradera. Además, es el imperativo de los colombianos, que no queremos más guerra.

  • 1.

    Daniel Coronell: «Más pruebas» en Semana, 29/10/2016 y «Los dos Uribes» en Semana, 22/10/2016.

  • 2.

    «Álvaro Uribe, el hombre que está bloqueando la paz en Colombia», editorial en The New York Times, 14/10/2016.

  • 3.

    Luis Robayo: «Polémica en Colombia: jefe de campaña del ‘No’ renuncia tras confesar manipulación» en El Nuevo Herald, 7/10/2016.

  • 4.

    V. «Así funcionarán las 23 Zonas Veredales Transitorias de Normalización» en Noticias, 24/8/2016, www.noticiasrcn.com/videos/asi-funcionaran-las-23-zonas-veredales-transitorias-normalizacion.