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Colombia: sorpresas y sobresaltos de la paz

El «No» en el plebiscito colombiano puso en crisis las primeras negociaciones de paz exitosas entre un gobierno y las farc tras medio siglo de conflicto armado. Las razones del «No» hay que buscarlas en el rechazo de parte de la elite –especialmente la vinculada a intereses agrarios y la ideología conservadora–, pero también en la forma como se llevó adelante el plebiscito. No obstante, los acuerdos revivieron el 12 de noviembre y el ex-presidente Álvaro Uribe sigue intentando convertirse en el «gran árbitro» de la situación.

Colombia: sorpresas y sobresaltos de la paz

Después de los numerosos sobresaltos de una volátil coyuntura, el acuerdo de paz en Colombia revivió, mejorado, el 12 de noviembre, apenas 41 días después de haber sido rechazado en las urnas. El pasado 26 de septiembre, el presidente Juan Manuel Santos y el jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (farc-ep), Rodrigo Londoño, firmaron en Cartagena el «Acuerdo final para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera» ante un destacado público nacional e internacional. Seis días después, el 2 de octubre, los colombianos debían aprobar o rechazar esos arreglos marcando simplemente un «Sí» o un «No» en la papeleta electoral. El gobierno se sentía tan seguro de obtener un masivo respaldo como la oposición lo estaba de sufrir una derrota. Pero esa misma noche, el escrutinio sorprendió a todos: las pantallas anunciaban la victoria del «No». Los partidarios del «Sí», los abstencionistas y hasta los mismos electores del «No» quedaron desconcertados. El país se sumió en la incertidumbre.

Desde antes de su toma de posesión, Santos había emprendido conversaciones secretas con las farc con miras a conseguir una solución negociada del conflicto armado. Por ese entonces, el ahora presidente cargaba con su imagen de «duro» como ministro de Defensa de Álvaro Uribe. Probablemente llegó a esa decisión basado en dos evidencias: por una parte, los fuertes golpes que las farc habían recibido por parte del Estado las convencieron, con seguridad, de la imposibilidad de llegar al poder por la vía armada; por otra, sus eventuales aliados internacionales –los hermanos Castro en Cuba y Hugo Chávez en Venezuela– expresaron su convencimiento de que la lucha armada no tenía ya cabida en América Latina y de que más bien se había convertido en un obstáculo para el avance de las izquierdas. Y, en efecto, la influencia de estos aliados fue decisiva para que las farc aceptaran entrar en la negociación.

Santos no podía ignorar que su decisión provocaría la oposición del ex-presidente Uribe y la resistencia de las fuerzas militares y de poderosos sectores vinculados al sector agrario. Algunos afirman ahora que el presidente habría debido comenzar su proyecto por un acuerdo con las principales fuerzas del establishment (el uribismo, los militares, los terratenientes, los empresarios y los partidos) antes de dialogar con las farc. Sin embargo, es muy probable que si hubiera buscado un acuerdo previo entre las elites, no habría podido siquiera iniciar el proceso. Fuerzas militares, dirigentes políticos, terratenientes, empresarios y hasta obispos católicos habían bloqueado ya los intentos emprendidos por el ex-presidente Belisario Betancur y los militares habían torpedeado los intentos del ex-presidente César Gaviria.

Aunque Uribe había intentado diálogos con las farc y les había ofrecido en declaraciones públicas –que constan en videos– más de lo que hoy rechaza1, desde su segundo gobierno optó por una posición dura. Así, sostuvo que lo que existe en Colombia no es un conflicto armado sino el asedio a la democracia de un grupo narcoterrorista, y que con terroristas no se negocia, según el principio establecido después del 11-s. En los recientes diálogos con el gobierno reiteró la misma tesis: en Colombia no hay conflicto. Sus exigencias supondrían una previa derrota militar de esa guerrilla, pero la realidad indica que las farc habrían podido conservar su poder por muchos años gracias a su experiencia, su organización y sus inagotables fuentes de recursos ilegales. Mirando ahora en retrospectiva el proceso de paz, puede presumirse que el gobierno de Santos tuvo desde el comienzo un claro planteamiento estratégico. Pero el plan, quizá perfecto en el papel, iría descubriendo inesperados flancos vulnerables.

Para obviar el sabotaje de «los enemigos agazapados de la paz» (expresión acuñada en los años 80 por el coordinador de la Comisión de Paz de Betancur), Santos optó por comprometer a las Fuerzas Armadas y la Policía incorporando a dos reconocidos generales en retiro a la Mesa de la Habana y a militares activos en la negociación del cese del fuego y el fin del conflicto armado. Optó, además, por sustraer las conversaciones del escrutinio público, adelantarlas fuera del país y cubrirlas con una estricta confidencialidad. Pero el secretismo oficial dejó libre un amplio espacio de opinión, que fue inundado por falsos rumores de la oposición («castrochavismo», «venezolanización», ataque a la propiedad privada, reducción de las fuerzas militares, 1.800.000 pesos –casi 600 dólares– mensuales para los ex-guerrilleros financiados con la reducción de las pensiones, «ideología de género», debilitamiento de la familia tradicional, etc.).

En su sexto año, el gobierno quiso ponerles remedio a las inquietudes de los colombianos, pero para ello no recurrió –como hubiera sido deseable– a una clara pedagogía sobre el contenido de los acuerdos, sino a una publicidad un tanto ilusoria sobre los beneficios de la paz y a hipotéticos temores frente a un triunfo del «No» (volverá de inmediato la guerra, «informes de que las farc atacarán en las ciudades», etc.). La estrategia fue contraproducente y las mentiras de los críticos ya habían echado raíces en el repudio nacional a las farc, cuyos voceros durante los primeros cinco años de la negociación mantuvieron una arrogancia que agravó la prevención pública. En 2016, comenzaron a pedir perdón y a tratar de conectarse con la opinión nacional, pero ya era tarde.

Además de la discreción, para garantizar la aprobación final del acuerdo el gobierno se propuso apuntalarlo mediante tres soportes: la comunidad internacional, los jefes políticos nacionales y locales y, sobre todo, la voluntad popular. Con ese tridente esperaba contener la previsible reacción de «los enemigos de la paz». Sin embargo, cada una de esas tres líneas fue dejando al desnudo importantes puntos débiles. Para el primer objetivo –obtener el apoyo internacional al proceso–, Santos desarrolló desde los inicios de su primer gobierno una activa diplomacia con las naciones vecinas sin descuidar el resto del mundo. Pero mientras el activismo presidencial conquistaba destacados respaldos internacionales, atraía también insidiosas críticas en el país, hábilmente estimuladas por la oposición: «Santos solo busca su prestigio personal, le encanta codearse con los grandes, busca el Nobel de la Paz» fueron algunas de ellas. Y estas interpretaciones le ganaron la aversión de muchos colombianos.

  • 1.

    Daniel Coronell: «Más pruebas» en Semana, 29/10/2016 y «Los dos Uribes» en Semana, 22/10/2016.