Coyuntura

Centroamérica: escenario de riesgo múltiple. Ciclos electorales y desafíos nacionales

Entre noviembre de 2013 y mayo de 2014 se llevaron a cabo comicios presidenciales en Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá. El ciclo continuará en Guatemala (2015) y Nicaragua (2016). Centroamérica sigue celebrando elecciones; sin embargo, la gestión política muestra incapacidad para frenar la corrupción, ampliación de las brechas y penetración de grupos ilícitos. Los resultados electorales dan cuenta de una mayor fragmentación política y de leves avances de las izquierdas, en medio de un panorama de riesgos para la democracia.

Centroamérica: escenario de riesgo múltiple. Ciclos electorales y desafíos nacionales

Centroamérica ha mostrado avances importantes durante los últimos 25 años. La superación de los conflictos armados, los procesos de democratización en todos los países y la mejora en indicadores sociales sensibles rubrican estos adelantos. Ahora bien, en el balance, los déficits regionales superan a los progresos. Los altos niveles de desigualdad y la pobreza que afecta a casi la mitad de la población dan cuenta de ello. Junto con las mejoras recientes, coexisten rezagos estructurales que restan potencialidad a los logros, con énfasis en los países del llamado CA4 (Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua). Los rezagos minan la posibilidad de alcanzar mayor cohesión social en cada país y en la región como conjunto. Sobresalen los altos niveles de desnutrición infantil, la baja cobertura educativa en nivel preescolar, secundario y universitario, el fenómeno de los jóvenes que no estudian ni trabajan, la incidencia crónica de la economía informal y la violencia social.

Los déficits históricos se conjugan con nuevos problemas que apremian a la región, entre los que se destacan: a) la geopolítica de la violencia y el crimen organizado; b) los impactos crecientes de las alteraciones climáticas; c) el estancamiento del progreso democrático y del Estado de derecho iniciado a fines del siglo XX; d) la crisis global, que ha afectado especialmente a los países en los que la región ha basado sus relaciones económicas; y e) el aumento de la conflictividad por la agresiva estrategia de acumulación a costa de los recursos naturales en territorios habitados por la población más pobre.

Ante la mayor complejidad de dinámicas, cosmovisiones e intereses, el sistema político y el sistema económico han sido incapaces de transformarse para integrar a los diferentes actores y sectores poblacionales. Por el contrario, la gestión democrática se ha reducido a garantizar la celebración de procesos electorales, ignorando o reprimiendo los conflictos estructurales que cruzan la región, en tanto que la economía ha buscado ampliar los ejes de acumulación desde una lógica de profunda concentración de los beneficios, obviando los impactos socioambientales.

La debilidad de los Estados –en particular, los del Triángulo Norte– se plasma también en la incapacidad para ejercer el monopolio del uso de la fuerza. Esta incapacidad ha traído como secuela un aumento de la violencia como vía para resolver los conflictos, el fortalecimiento de actores ilícitos que penetran no solo los territorios y la economía sino también las instituciones estatales y, no menos preocupante, el aumento de la discrecionalidad y del abuso por parte de las fuerzas represivas del Estado –sobre todo en Honduras, Guatemala y Panamá–.

Las jornadas electorales 2013-2014

De noviembre de 2013 a mayo de 2014 se realizaron elecciones presidenciales en Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá. En estos países, excepto El Salvador, también se efectuaron simultáneamente elecciones legislativas. En Costa Rica y Panamá hubo alternancia, mientras que en Honduras y El Salvador se mantuvieron los mismos partidos en el gobierno. En El Salvador y Costa Rica hubo necesidad de segunda ronda. En Honduras y Panamá, si bien ningún partido obtuvo más de 40% de la votación, no se contempla el balotaje.

Desde una perspectiva comparada, las recientes elecciones en Centroamérica pusieron en evidencia algunas características que es importante resaltar:

Nuevas fuerzas políticas cobran protagonismo. El desgaste o falta de aggiornamiento de varios de los partidos históricos ha sido aprovechado por nuevas fuerzas políticas. El surgimiento del partido Libertad y Refundación (LIBRE) en Honduras y el ascenso vertiginoso del Frente Amplio (FA), sumado al triunfo electoral del Partido Acción Ciudadana (PAC) en Costa Rica, vienen a confirmar el declive de dos de los sistemas bipartidistas más robustos de América Latina. Por otra parte, el surgimiento de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) en El Salvador revela la escisión de las elites agrupadas en el hasta hace unos años dominante partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), de tendencia derechista. Partidos sin mayoría suficiente. Ningún partido pudo obtener más de 50% de los votos válidos en ninguna de las cuatro elecciones, lo que refleja una mayor distribución de la votación en terceras e incluso cuartas fuerzas políticas. En El Salvador y Costa Rica, esta situación se resuelve con la segunda ronda; en los casos hondureño y panameño, propicia alianzas poselectorales. La falta de mayoría se observa con mayor nitidez en el ámbito legislativo, pues ningún partido logró la mitad más uno de los escaños.

La proporción de la juventud en el censo electoral. Debido a los cambios demográficos, se observa un peso electoral importante de las personas entre 18 y 30 años, aproximadamente un tercio del padrón en cada uno de los cuatro países, con el pico más alto en Honduras (38%). Si bien este rango de edad presenta una menor concurrencia electoral, cada vez más los partidos calculan que si quieren ganar elecciones tienen que volver la vista a la juventud, una población con identidades políticas menos rígidas que los grupos de mayor edad.

Reclientelización de la política social. Como regla general, el auge de las transferencias focalizadas ha ido de la mano de la instrumentalización electoral de los beneficiarios. Este rasgo se profundiza en los países con mayores niveles de pobreza. No se niega la repercusión de las transferencias en la reducción de la pobreza y la indigencia, pero no se logra sustituir el sesgo prebendalista por el enfoque de derechos.

Retorno de campañas con sesgos de la Guerra Fría. Sin que ningún partido aludiera al comunismo como ideología vertebral de su propuesta, en tres países –Honduras, Costa Rica y El Salvador– las campañas políticas de las elites y los partidos conservadores volvieron a levantar las banderas anticomunistas como recurso para descalificar a fuerzas emergentes como LIBRE en Honduras y el FA en Costa Rica, como también en contra del candidato presidencial del FMLN en El Salvador.

A continuación, se señalan algunas características y potenciales implicaciones de los eventos electorales desarrollados en cada uno de los países.

Honduras

El 24 de noviembre de 2013 se realizaron las elecciones presidenciales, legislativas y municipales. Desde 1997 hasta 2009, habían participado los mismos cinco partidos, con una concentración de más de 90% del voto en los partidos Liberal y Nacional. En 2013 los partidos inscriptos pasaron de cinco a nueve. La novedad principal fue la incorporación de LIBRE, recién creado en 2012 a partir de las fuerzas en resistencia al golpe de Estado de 2009, con un peso mayoritario de disidentes del Partido Liberal (al que pertenecía el derrocado presidente Manuel Zelaya), así como bases gremiales y sindicales.

Durante el periodo 1981-2009, el partido ganador había obtenido en las presidenciales al menos 49% de los votos válidos, mientras que en las cuestionadas elecciones de 2013 el conservador Partido Nacional (PNH) obtuvo 36% de los votos, con Juan Orlando Hernández como candidato presidencial. LIBRE se alzó con el segundo lugar con 28%, relegando al Partido Liberal al tercer puesto, con 20%, sin dejar de mencionar el 13% alcanzado por el también recién creado Partido Anticorrupción (PAC). Cuatro partidos concentraron 99% de los votos válidos. Aunque se esperaba una masiva participación a juzgar por la efervescencia preelectoral, la concurrencia alcanzó el 61%, en todo caso mucho mayor que el declive histórico de participación que se dio en 2009 (50%). No se puede afirmar que haya desaparecido el bipartidismo tradicional hondureño, pero sin duda sufrió un fuerte debilitamiento que lo pone en zona crítica.

En la composición del Congreso Nacional, el PNH obtuvo 48 de las 128 diputaciones y LIBRE logró la segunda bancada con 37 escaños, por delante de los 27 del Partido Liberal, los 13 del PAC y los tres representantes de partidos minoritarios. Ninguna fuerza obtuvo mayoría absoluta, pero pronto el Partido Nacional consiguió el apoyo de la bancada liberal para asegurarse el control de las decisiones ordinarias, aunque conforme avance el periodo de gobierno esta alianza podría quedar en vilo si la tendencia apuntase hacia un tercer gobierno del Partido Nacional.

Honduras es un país severamente afectado por la violencia, la corrupción, la pobreza y la desigualdad social, situación que empeoró de modo sensible a partir del golpe de Estado. De hecho, es el país con la violencia homicida más alta del mundo en ausencia de conflictos bélicos, el país con mayor nivel de pobreza en el continente después de Haití y uno de los cinco más inequitativos de Latinoamérica.

Las perspectivas para el partido de gobierno no son halagüeñas. Aunque controla la mayor parte de las instituciones estatales, incluyendo el sistema de justicia, es difícil tapar los escándalos de corrupción que arrastra desde el periodo de gobierno anterior. Las finanzas públicas cargaron un déficit fiscal de 7,9% con relación al PIB durante 2013. A la vez, la deuda pública, en valores absolutos, fue más que duplicada entre 2009-2013 y representa 27,3% del gasto presupuestario en 2014, mientras que en términos macroeconómicos se prevé que para finales de 2014 la deuda equivaldrá a 50% del PIB. Asimismo, la insistencia en la remilitarización de la seguridad y de la sociedad en general está tensionando cada vez más la tutela estatal de los derechos humanos.

El Salvador

El 2 de febrero se efectuaron elecciones presidenciales en El Salvador. Participaron cinco fuerzas políticas, de las cuales tres concentraron 99% de los votos válidos. La concurrencia electoral fue de 55,3%, menor a la reportada en 2009 (63%). El FMLN alcanzó 49%, Arena, 39% y la coalición Unidad –integrada por los partidos GANA, Conciliación Nacional (PCN) y Demócrata Cristiano (PDC)– registró 11%.

Al no adjudicarse ningún partido la mayoría absoluta de los votos, se convocó a segunda ronda, algo que no sucedía desde 1994. El balotaje fue el 9 de marzo, con una participación de 60,8%. La diferencia de 10 puntos porcentuales entre los dos partidos más votados de la primera vuelta se estrechó al máximo, con una notable capacidad de Arena para rearticularse y sumar nuevos sufragios. Al final, el FMLN obtuvo 50,1% –lo que catapultó a Salvador Sánchez Cerén como presidente– y Arena, 49,9%.

Tras las elecciones, el partido surgido de la guerrilla logró un hecho inédito: dos mandatos presidenciales consecutivos. Habrá que esperar el desenlace de las próximas elecciones legislativas (en 2015) para ver cómo se termina de conformar el mosaico político salvadoreño.

En este país se observa la institucionalización de la polarización ideológica posterior a un conflicto armado, con el FMLN y Arena como las fuerzas políticas icónicas de ese clivaje. El equilibrio de poder formal alcanzado ha permitido que los actores políticos, por cálculo o por convicción, hayan respetado hasta ahora las reglas del proceso electoral. Por supuesto, no se puede desconocer que las elites aglutinadas en torno de Arena, representantes de los diferentes segmentos oligárquicos, cuentan con un sustancial poder económico y mediático que reduce el margen de maniobra para transformaciones profundas en El Salvador.

El gobierno de Sánchez Cerén enfrentará al menos dos desafíos cruciales. Por un lado, la persistencia de bajos niveles de crecimiento que se explican, entre otras razones, por ciertos intereses empresariales que han restringido el desarrollo de la producción interna para favorecer el comercio importador y la expansión centroamericana de capital salvadoreño. Por el otro, la violencia y la inseguridad ciudadana siguen siendo un lastre que mina la cohesión, el emprendimiento económico y la consolidación del Estado de derecho.

Costa Rica

El 2 de febrero se celebraron elecciones presidenciales y legislativas. Para elegir al nuevo presidente, se presentaron listas de 14 partidos. La participación fue de 68,8%, de modo que continuó la tendencia que la ubica por debajo de 70% del padrón desde las elecciones de 1998. Cinco fuerzas políticas concentraron 95% de los votos válidos: el Partido Acción Ciudadana (PAC), con 30,6%; el tradicional Partido de Liberación Nacional (PLN), con 29,7%; el Frente Amplio (FA), de izquierda, con 17,2%; el Movimiento Libertario (ML), con 11,3%, y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), con 6%.

La legislación costarricense estipula que para ganar las elecciones se requiere obtener más de 40% de los votos válidos. Como ninguna lista alcanzó ese umbral, el 6 de abril se realizó una segunda ronda con los dos candidatos más votados. El hecho llamativo de la segunda vuelta fue la renuncia a la campaña por parte del candidato Johnny Araya (PLN), sin que a la fecha se hayan esclarecido las razones de fondo que provocaron esa decisión. En el balotaje, el candidato Luis Guillermo Solís –del PAC– se adjudicó 77% de los votos válidos; el PLN, apenas 22,1%. La concurrencia electoral fue sensiblemente más baja que en la primera vuelta (54,4%), pero suficiente para conferir legitimidad al nuevo presidente.

En el nivel legislativo, como ya viene siendo costumbre en el país, nadie logró la mayoría absoluta en los 57 escaños de la Asamblea Legislativa. Pese a la derrota en las presidenciales, el PLN obtuvo la primera mayoría con 18 escaños, seguido por el PAC (13), el FA (9), el PUSC (8) y el ML (4); los cinco escaños restantes se repartieron entre fuerzas políticas de caudal minoritario.

Dos hechos destacan tras las elecciones. Por una parte, la alternancia bipartidista entre el PLN y el PUSC fue truncada por el PAC, fundado en el año 2000, luego de una división interna en el PLN, por disidentes que cuestionaron la corrupción y el giro neoliberal que había adoptado el partido. El ascenso del PAC a la Presidencia viene a confirmar una tendencia que se venía arrastrando desde 2006, con el abrupto declive del PUSC. Por otra parte, el FA alcanzó un caudal de votos considerable para un partido de izquierda al lograr 17% de la votación presidencial y, además, agenciarse nueve escaños legislativos, cuando en las elecciones de 2006 y 2010 había sumado apenas uno.

Varias causas están detrás del sorpresivo desenlace electoral. Además de factores estructurales, hay que considerar el peso que pudieron haber tenido dos hechos puntuales. Uno atañe al desgaste del PLN al frente de dos periodos consecutivos de gobierno; el otro tiene que ver con la campaña de miedo y retórica anticomunista del establishment en contra del FA, cuando este partido punteaba en las encuestas, meses antes de las elecciones. Al combinarse esos elementos con una mayor porción de electores que deciden tardíamente su voto, la capacidad de predicción en casos como el costarricense se vuelve más compleja. De cualquier forma, se destaca que el PAC, que aparecía muy rezagado en los sondeos, pudo sacarle provecho a la coyuntura más que ningún otro partido y obtuvo un significativo apoyo, sobre todo en los estratos medios urbanos.

El nuevo gobierno tendrá que esforzarse para forjar alianzas confiables que le aseguren el apoyo necesario en el Poder Legislativo; de lo contrario, corre el riesgo de debilitarse prematuramente. Uno de los principales desafíos del gobierno de Solís es comenzar a revertir la desigualdad que ha ido creciendo en los últimos 20 años, haciendo mella en los destacados niveles de bienestar que han caracterizado al país. Para hacer frente a las inequidades, en Costa Rica se requieren al menos dos condiciones: a) potenciar los sectores tradicionales de la economía, que se han quedado muy rezagados con relación a los sectores dinámicos, y b) una reforma fiscal progresiva e inteligente, que canalice de mejor manera los beneficios del crecimiento en desarrollo humano.

Avanzar en estos dos retos no será fácil sin recuperar la credibilidad del Estado de derecho, fuertemente golpeado por casos de corrupción en diferentes niveles de la administración pública; asimismo, parece imperativo aggiornar el sistema de frenos y contrapesos para garantizar el control de la gestión pública, minimizando a su vez los riesgos de bloqueo institucional.

Panamá

El 4 de mayo se realizaron elecciones presidenciales, legislativas y munici-pales. En las presidenciales participa-ron seis fuerzas políticas, entre ellas dos alianzas partidarias. La votación alcanzó un 77% de participación (en las anteriores fue de 74%). Tres fuerzas políticas concentraron 98,5% de los votos válidos: la Alianza El Pueblo Primero (Partido Panameñista y Alianza Popular), con 39,1%; la Alianza Unidos por Más Cambios (Cambio Democrático y Movimiento Liberal Republicano Nacionalista, Molirena), con 31,4%; y el Partido Revolucionario Democrático (PRD), con 28,1%.

El candidato Juan Carlos Varela, del Partido Panameñista –con el apoyo del Partido Popular– accedió a la Presidencia con menos de 40% de los votos, tras vencer al favorito José Domingo Arias, del oficialista partido Cambio Democrático. Con estos resultados se mantuvo la tendencia exhibida desde 1989: ningún partido ha ganado dos elecciones presidenciales sucesivas.

En las legislativas, ningún partido obtuvo la mayoría absoluta de las 71 curules. El partido ganador de las presidenciales no alcanzó la primera mayoría. Así, la alianza Unidos por el Cambio se adjudicó 32 diputaciones en la Asamblea Legislativa (30 del Partido Cambio Democrático y 2 de Molirena); el PRD, 25; la Alianza El Pueblo Primero, 13 (12 del Partido Panameñista y un escaño del Partido Popular), y un diputado independiente.

Las elecciones panameñas reflejan la concentración del voto en tres bloques políticos de centroderecha que, con ciertos matices, representan a los tres grupos económicos que comparten y disputan la hegemonía del país. En ausencia de la segunda ronda, opera en compensación una fluida estrategia de alianzas pre- y poselectorales para buscar ganar las elecciones presidenciales y luego garantizar la toma de decisiones en la Asamblea Nacional. En ese marco, Cambio Democrático se alió durante el periodo 2009-2014 con los panameñistas; en el periodo anterior (2005-2009), el Partido Popular había apoyado al PRD, y hoy el Partido Popular se ha unido a los panameñistas. Y ante la ausencia de mayoría parlamentaria, el partido de gobierno ha concertado ya una alianza con la bancada del PRD para alcanzarla.

El nuevo gobierno enfrentará como principales problemas el deterioro del Estado de derecho –que se acentuó durante la gestión de Ricardo Martinelli–, la agudización de los conflictos socioambientales y la persistencia de fuertes inequidades territoriales, pese al pujante crecimiento del PIB.

Próximas elecciones en Guatemala y Nicaragua

Si bien el énfasis del artículo abarca las elecciones entre finales de 2013 y mediados de 2014, es importante comentar las dos elecciones presidenciales pendientes: Guatemala (2015) y Nicaragua (2016). En Guatemala, existen indicios para suponer que podría seguir vigente el hito de que ningún partido en el gobierno repita un periodo presidencial en forma consecutiva; además, no es del todo improbable que pudiera mantenerse la tendencia aún más sorprendente –desde 1985– de que ningún partido haya logrado un segundo mandato incluso en forma alterna. En Nicaragua, por el contrario, la correlación de fuerzas hace prever, salvo acontecimientos inesperados, una tercera presidencia consecutiva del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Daniel Ortega. Estos dos casos muestran dos tendencias contrapuestas: un sistema de partidos más volátil y atomizado –el guatemalteco– y un sistema más proclive a la consolidación de un partido hegemónico –el nicaragüense–.

En Guatemala, dos de los desafíos principales de la política aluden a las capacidades estatales. Uno se refiere a la reorientación del Estado como promotor de políticas de desarrollo incluyente, con especial atención a la mayoritaria y empobrecida población indígena. El otro pasa por contar con un Estado capaz de ejercer el monopolio de la fuerza legítima, ante la diversificación de los grupos ilícitos que controlan zonas del territorio nacional. Los desafíos anteriores suponen un reto estratégico para las fuerzas políticas de izquierda; empero, estas tendrán que repensar con urgencia su desempeño, pues en las últimas elecciones nacionales (2011) su casillero no superó el 3% de votación.

En Nicaragua, los retos apuntan a seguir ligando el crecimiento económico con los sectores menos dinámicos pero mayoritarios en población laboral, mantener la buena gestión de la seguridad ciudadana y racionalizar el gasto social en políticas institucionalizadas, en lugar del enfoque clientelar que prevalece. Pero el principal desafío apunta a que en el país surja, desde los movimientos sociales progresistas, una oposición que haga contrapeso tanto a la concentración de poder del llamado «danielismo» como al nuevo pacto intraoligárquico y que, sobre todo, redima el sentido de la lucha revolucionaria que derrocó a la dictadura somocista en 1979.

Reflexiones finales

Al abordar Centroamérica, hay que tener en cuenta las distintas brechas que han ido afianzándose. La más notoria se refiere a los niveles de desarrollo humano que diferencian a las dos naciones meridionales –Costa Rica y Panamá– del resto (CA4) que conforman Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, caracterizados por la exclusión social y la migración como válvula de escape. También se distingue el Triángulo Norte (las naciones del CA4, excepto Nicaragua), caracterizado por las altas tasas de violencia homicida. Por otro lado, todos los países del istmo exhiben umbrales altos de desigualdad en la distribución de la riqueza, así como serias limitaciones en el desempeño de los Estados de derecho aunque, en comparación regional, el Estado costarricense toma cierta distancia de sus pares centroamericanos.

Por otra parte, hay que prestar atención a los signos de riesgo en los Estados de derecho de los tres países de mayor tamaño territorial (dos tercios del istmo), donde viven seis de cada diez centroamericanos (Nicaragua, Honduras y Guatemala). Son Estados muy permeados por la corrupción y con graves limitaciones para ocupar institucionalmente el territorio. Como rasgos particulares, téngase en cuenta que en Guatemala el aparato público ha sido reducido a la mínima expresión, y los grupos de poder han basado su fuerza en la capacidad de torcer el brazo a cualquier iniciativa estatal que vaya en contra de sus intereses; mientras que en Nicaragua y Honduras los proyectos políticos en curso, en ausencia de una oposición consistente (capaz de establecer contrapesos), han logrado hacerse del control de los tres poderes del Estado.

El reconocimiento de las brechas citadas supone que la magnitud de los cambios sociales requeridos varía de país a país. En algunos casos, se requiere una correlación de fuerzas más comprometida con transformaciones profundas; sin embargo, en los países más fracturados, el statu quo mantiene una hegemonía que no solo apela al control político, económico y mediático, sino también al uso recurrente de los cuerpos armados para contener la protesta social.

Dentro de esas coordenadas, desempeña su rol el sistema electoral. Lo que se ha visto en Centroamérica, al menos en países como El Salvador, Costa Rica y Honduras, es que el statu quo ha sido incapaz de contener la emergencia y el avance de fuerzas políticas que, al menos nominalmente, están planteando derroteros alternativos en la gestión pública. Como sostienen Albrecht Koschützke y Hajo Lanz, no se trata de un decidido giro a la izquierda en la región, pero sí se constata la pérdida de prestigio de los partidos y elites que han gobernado hasta ahora estos países, así como la emergencia de nuevos contrapesos políticos. Sin duda, se trata de signos esperanzadores en una región urgida de nuevas alineaciones sociales portadoras de cambio.

Pero no hay que engañarse: ganar una elección o una importante cuota parlamentaria no basta para cambiar la dirección de las políticas. Ejercer la titularidad del gobierno no es un instrumento inútil, pero es insuficiente cuando los ejes políticos, económicos y culturales responden a un paradigma que reproduce la concentración del poder y la marginación social. Peor aún, si los partidos que se ofrecen como alternativa no le otorgan la debida importancia a la formación de capacidades para la gestión pública eficiente y proba.

En la medida en que la correlación de fuerzas empodere a los estratos sociales más vulnerabilizados y que los partidos políticos se relacionen horizontalmente con los movimientos sociales, serán más factibles acuerdos plurales de largo alcance sobre el tipo de sociedad a construir. Sin esa condición, cualquier ejercicio de concertación no pasa de ser una mascarada para ganar legitimidad en el corto plazo, sin tocar las bases de sociedades históricamente excluyentes.

Otro aspecto crucial para el futuro de la democracia en Centroamérica concierne a la capacidad de formar mayorías y oposiciones parlamentarias consistentes. Eso no depende solo de las reglas electorales, sino también de la madurez y probidad de los partidos para alcanzar acuerdos políticos en entornos multipartidarios. Ante el debilitamiento de los formatos bipartidistas en varios países, prevalece un multipartidismo moderado con un pico de fragmentación parlamentaria en Guatemala. Como excepción, solo en Nicaragua un partido –el FSLN– cuenta con mayoría absoluta en la Asamblea Nacional; en los demás países, los partidos de gobierno se ven impelidos a negociar para conseguir la aprobación de asuntos legislativos ordinarios.

Finalmente, conviene advertir que el presente ciclo electoral pone cada vez más en juego la legitimidad de origen de la democracia, no solo la de desempeño. Las elecciones periódicas son necesarias, pero no bastan para afianzar los regímenes democráticos. Esto tiene mayor relevancia al observar en los censos el peso de la población menor de 30 años. Aumenta la proporción de la ciudadanía que no vivió las dictaduras militares, por lo que su rasero no se ajusta a la comparación entre los dos tipos de regímenes, sino más bien a lo que es capaz de dar de sí la democracia como sistema de oportunidades.

Más allá de la continuidad o alternancia partidaria que dejaron las elecciones, la complejidad de la sociedad está interpelando al sistema político para que pueda actualizarse y equilibrar el balance de fuerzas mediante reglas justas y transparentes. Sigue vigente la pregunta que el caso centroamericano plantea: ¿cuánto tiempo puede soportar el procedimiento democrático sin que las políticas públicas sean orientadas para revertir a fondo los rezagos crónicos en desarrollo humano?