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Centroamérica: ¿anomalías o realidades?

Suele sostenerse que, con el golpe de Estado en Honduras, Centroamérica retrocedió 30 años, pues desde la recuperación de la democracia tras los acuerdos de Esquipulas II la región no había sufrido episodios de este tipo. El artículo argumenta que se trata de una verdad a medias. En realidad, los países centroamericanos se habían fabricado una historia de progreso social y político que no era real ya que, detrás de la retórica sobre los cambios alcanzados, las estructuras del poder económico y político se mantenían intactas. El golpe en Honduras no fue una anomalía, sino un síntoma de problemas irresueltos.

Centroamérica: ¿anomalías o realidades?

Lo sucedido en Honduras en junio de 2009 suele ser visto como una especie de anacronismo o como una anomalía en el panorama democrático que se fue instaurando en Centroamérica después de las negociaciones que se realizaron en el marco de Esquipulas II. En efecto, la cumbre de agosto de 1987, con las acciones de pacificación y apertura democrática que le siguieron, parecía haber introducido cambios fundamentales en la dirección del proceso político regional, dando paso a transiciones democráticas. Se esperaba que, de democracias restringidas y experimentos populares, estas sociedades se encaminaran hacia la consolidación de gobiernos que fueran la expresión de un poder político renovado; es decir, de un poder político que reflejara los intereses generales de la población, al modo de las democracias liberales. Se dice que, con el golpe de Estado en Honduras, Centroamérica retrocedió 30 años, pero esa es una verdad a medias. Quizás nos habíamos fabricado una historia de progreso social y político que no era real: detrás de la retórica sobre los cambios alcanzados, las estructuras del poder económico y político se mantenían. Si esta aseveración es correcta, el golpe, entonces, nos habría vuelto a poner súbitamente los pies sobre la tierra, porque aunque han ocurrido cambios, estos no adquirieron la profundidad que pensábamos ni el rumbo que deseábamos.

Veintidós años después de Esquipulas II, las instituciones democráticas siguen siendo frágiles en casi todos los países centroamericanos. Las judicaturas y los organismos electorales todavía se inclinan ante el poder político y económico y los ejércitos, aun cuando supuestamente se subordinaron al poder civil como producto de los Acuerdos de Paz, siguen siendo una amenaza real para la democracia, como lo muestra el caso hondureño.

La ansiada institucionalización de los partidos y sistemas de partidos ocurrió a medias, y son pocos los que logran permanecer a lo largo del tiempo con una organización extendida en el plano nacional. La mayoría de los viejos partidos, así como muchos de reciente aparición, son organizaciones débiles, que encuentran dificultades para movilizar a una masa importante de electores, con sus actividades casi totalmente restringidas a lo electoral y con un índice elevado de «mortalidad» entre elecciones. En la mayoría de los casos, se trata de partidos personalistas, muy ligados a grupos o sectores sociales específicos, que cumplen mal las funciones de agregación y representación de intereses diversos.

El panorama social tampoco cambió mucho. La mayoría de estas sociedades sigue teniendo elevados niveles de pobreza y exclusión social y son muy desiguales. Honduras y Nicaragua, junto con Haití, son los países más pobres del continente. Las aperturas democráticas estuvieron acompañadas, en unos países más y en otros menos, por políticas de corte neoliberal, que poco hicieron para mejorar la calidad de vida de las mayorías. Los desastres naturales y la expoliación de las arcas del Estado terminaron de complicar la situación. De acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de 20071, 69% de la población de Honduras y 62% de la de Nicaragua se encontraba bajo la línea de la pobreza (datos de 2005). La desigualdad, medida por el coeficiente de Gini, era de 0,58 en Honduras y de 0,53 en Nicaragua en 2007. La situación en ambos países podría ser peor sin el componente de las remesas, provenientes fundamentalmente de Estados Unidos, que, según se estima, disminuyeron en 2009 en más de 1.000 millones de dólares por efecto de la crisis mundial2.

Las aperturas democráticas tampoco lograron cambiar la situación de las elites locales, que no perdieron su poder económico y su predominio político, aunque han tenido que compartirlo con otros grupos. La misma Cepal indica una concentración del ingreso en los estratos más altos: el 10% más rico, en las últimas mediciones, recibía 32% del total del ingreso en Costa Rica, 29% en El Salvador, 40% en Guatemala, 37% en Honduras y 36% en Nicaragua. Mientras tanto, el 40% más pobre solamente captaba 15% en Costa Rica y El Salvador, 13% en Guatemala, 10% en Honduras y 14% en Nicaragua.

Desde los años 80 se han venido desarrollando elecciones periódicas y ha habido avances significativos en el plano de las libertades civiles y políticas. Sin embargo, a través de las elecciones las elites políticas han seguido reproduciendo casi sin cambios el modelo excluyente del pasado, así como el estilo vertical de ejercicio del poder. El ejercicio pleno de la ciudadanía sigue, por lo tanto, restringido a las minorías.

Esa es la situación en Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador, aunque en este país último la llegada al gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) ha despertado expectativas en cuanto al rumbo que se seguirá en la política económica y social. Costa Rica, aun cuando sigue diferenciándose de la media subregional, presenta, sin embargo, algunos síntomas de involución política, que podrían acentuarse en el futuro próximo si las tendencias actuales se consolidan.

Un vistazo a las realidades nacionales

En Nicaragua, donde una revolución cambió todo para que poco cambiara, los hilos del poder están en manos de los grupos encabezados por el máximo dirigente del sandinismo, Daniel Ortega, y por Arnoldo Alemán, del Partido Liberal Constitucionalista. Este último fue condenado por corrupción pero sobreseído en enero de 2009 en un acto que, según algunos analistas, es una extensión del pacto sellado en 1998 entre ambos líderes, mediante el cual se repartieron los poderes del Estado. Muertos los ideales de la Revolución Sandinista, lo que queda es el ejercicio descarnado del poder con fines personales y corporativos, mientras que miles y miles de nicaragüenses se ven forzados a abandonar sus hogares para buscar oportunidades en Costa Rica o EEUU.

Existe en Nicaragua una mezcla de instituciones propias de los sistemas democráticos con estilos de ejercicio del poder que corresponden a otras épocas. Un régimen híbrido, en la terminología de Leonardo Morlino3. El reparto de instituciones entre el poder político y económico imposibilita el desarrollo del pluralismo, la inclusión y la transparencia en los procesos de toma de decisión e impide la generación de respuestas eficaces a las demandas de la población. Los abusos de poder por parte de las autoridades y la corrupción política son también rasgos destacados del régimen. De acuerdo con el Informe de Transparencia Internacional realizado en 183 naciones, Nicaragua ha descendido del puesto 107, que ocupó en 2005, al 111 en 2006, al 123 en 2007 y al 134 en 2008.