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Centroamérica: ¿anomalías o realidades?

Suele sostenerse que, con el golpe de Estado en Honduras, Centroamérica retrocedió 30 años, pues desde la recuperación de la democracia tras los acuerdos de Esquipulas II la región no había sufrido episodios de este tipo. El artículo argumenta que se trata de una verdad a medias. En realidad, los países centroamericanos se habían fabricado una historia de progreso social y político que no era real ya que, detrás de la retórica sobre los cambios alcanzados, las estructuras del poder económico y político se mantenían intactas. El golpe en Honduras no fue una anomalía, sino un síntoma de problemas irresueltos.

Centroamérica: ¿anomalías o realidades?

Lo sucedido en Honduras en junio de 2009 suele ser visto como una especie de anacronismo o como una anomalía en el panorama democrático que se fue instaurando en Centroamérica después de las negociaciones que se realizaron en el marco de Esquipulas II. En efecto, la cumbre de agosto de 1987, con las acciones de pacificación y apertura democrática que le siguieron, parecía haber introducido cambios fundamentales en la dirección del proceso político regional, dando paso a transiciones democráticas. Se esperaba que, de democracias restringidas y experimentos populares, estas sociedades se encaminaran hacia la consolidación de gobiernos que fueran la expresión de un poder político renovado; es decir, de un poder político que reflejara los intereses generales de la población, al modo de las democracias liberales. Se dice que, con el golpe de Estado en Honduras, Centroamérica retrocedió 30 años, pero esa es una verdad a medias. Quizás nos habíamos fabricado una historia de progreso social y político que no era real: detrás de la retórica sobre los cambios alcanzados, las estructuras del poder económico y político se mantenían. Si esta aseveración es correcta, el golpe, entonces, nos habría vuelto a poner súbitamente los pies sobre la tierra, porque aunque han ocurrido cambios, estos no adquirieron la profundidad que pensábamos ni el rumbo que deseábamos.

Veintidós años después de Esquipulas II, las instituciones democráticas siguen siendo frágiles en casi todos los países centroamericanos. Las judicaturas y los organismos electorales todavía se inclinan ante el poder político y económico y los ejércitos, aun cuando supuestamente se subordinaron al poder civil como producto de los Acuerdos de Paz, siguen siendo una amenaza real para la democracia, como lo muestra el caso hondureño.

La ansiada institucionalización de los partidos y sistemas de partidos ocurrió a medias, y son pocos los que logran permanecer a lo largo del tiempo con una organización extendida en el plano nacional. La mayoría de los viejos partidos, así como muchos de reciente aparición, son organizaciones débiles, que encuentran dificultades para movilizar a una masa importante de electores, con sus actividades casi totalmente restringidas a lo electoral y con un índice elevado de «mortalidad» entre elecciones. En la mayoría de los casos, se trata de partidos personalistas, muy ligados a grupos o sectores sociales específicos, que cumplen mal las funciones de agregación y representación de intereses diversos.

El panorama social tampoco cambió mucho. La mayoría de estas sociedades sigue teniendo elevados niveles de pobreza y exclusión social y son muy desiguales. Honduras y Nicaragua, junto con Haití, son los países más pobres del continente. Las aperturas democráticas estuvieron acompañadas, en unos países más y en otros menos, por políticas de corte neoliberal, que poco hicieron para mejorar la calidad de vida de las mayorías. Los desastres naturales y la expoliación de las arcas del Estado terminaron de complicar la situación. De acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de 20071, 69% de la población de Honduras y 62% de la de Nicaragua se encontraba bajo la línea de la pobreza (datos de 2005). La desigualdad, medida por el coeficiente de Gini, era de 0,58 en Honduras y de 0,53 en Nicaragua en 2007. La situación en ambos países podría ser peor sin el componente de las remesas, provenientes fundamentalmente de Estados Unidos, que, según se estima, disminuyeron en 2009 en más de 1.000 millones de dólares por efecto de la crisis mundial2.

Las aperturas democráticas tampoco lograron cambiar la situación de las elites locales, que no perdieron su poder económico y su predominio político, aunque han tenido que compartirlo con otros grupos. La misma Cepal indica una concentración del ingreso en los estratos más altos: el 10% más rico, en las últimas mediciones, recibía 32% del total del ingreso en Costa Rica, 29% en El Salvador, 40% en Guatemala, 37% en Honduras y 36% en Nicaragua. Mientras tanto, el 40% más pobre solamente captaba 15% en Costa Rica y El Salvador, 13% en Guatemala, 10% en Honduras y 14% en Nicaragua.

Desde los años 80 se han venido desarrollando elecciones periódicas y ha habido avances significativos en el plano de las libertades civiles y políticas. Sin embargo, a través de las elecciones las elites políticas han seguido reproduciendo casi sin cambios el modelo excluyente del pasado, así como el estilo vertical de ejercicio del poder. El ejercicio pleno de la ciudadanía sigue, por lo tanto, restringido a las minorías.

Esa es la situación en Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador, aunque en este país último la llegada al gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) ha despertado expectativas en cuanto al rumbo que se seguirá en la política económica y social. Costa Rica, aun cuando sigue diferenciándose de la media subregional, presenta, sin embargo, algunos síntomas de involución política, que podrían acentuarse en el futuro próximo si las tendencias actuales se consolidan.

Un vistazo a las realidades nacionales

En Nicaragua, donde una revolución cambió todo para que poco cambiara, los hilos del poder están en manos de los grupos encabezados por el máximo dirigente del sandinismo, Daniel Ortega, y por Arnoldo Alemán, del Partido Liberal Constitucionalista. Este último fue condenado por corrupción pero sobreseído en enero de 2009 en un acto que, según algunos analistas, es una extensión del pacto sellado en 1998 entre ambos líderes, mediante el cual se repartieron los poderes del Estado. Muertos los ideales de la Revolución Sandinista, lo que queda es el ejercicio descarnado del poder con fines personales y corporativos, mientras que miles y miles de nicaragüenses se ven forzados a abandonar sus hogares para buscar oportunidades en Costa Rica o EEUU.

Existe en Nicaragua una mezcla de instituciones propias de los sistemas democráticos con estilos de ejercicio del poder que corresponden a otras épocas. Un régimen híbrido, en la terminología de Leonardo Morlino3. El reparto de instituciones entre el poder político y económico imposibilita el desarrollo del pluralismo, la inclusión y la transparencia en los procesos de toma de decisión e impide la generación de respuestas eficaces a las demandas de la población. Los abusos de poder por parte de las autoridades y la corrupción política son también rasgos destacados del régimen. De acuerdo con el Informe de Transparencia Internacional realizado en 183 naciones, Nicaragua ha descendido del puesto 107, que ocupó en 2005, al 111 en 2006, al 123 en 2007 y al 134 en 2008.

El fraude perpetrado en las elecciones municipales de noviembre de 2008, que la comunidad internacional pronto olvidó pero que sigue presente en la memoria nicaragüense, confirma la existencia de un sistema político con serias carencias democráticas: la separación de poderes es prácticamente inexistente, hay una excesiva concentración de poder en la «familia» gobernante y el respeto a los derechos de las minorías y a la libre circulación de ideas está amenazado.

Por último, como es sabido, una reciente y polémica resolución de la sala especializada de la Corte Suprema, que interpretó en términos favorables el artículo 147 de la Constitución para permitir la reelección consecutiva de Ortega y 109 alcaldes, ha abierto las puertas para que el régimen intente perpetuarse en el poder4.

Guatemala ha sido calificada como un «Estado fallido». Según los analistas, cumple con casi todos los requisitos para ser considerado como tal: amplias zonas del país bajo control narco (se dice que alrededor de 80% de la cocaína que llega a EEUU pasa por el país en algún momento); una comunidad política dispersa en un gran número de partidos, muchos de los cuales desaparecen entre una y otra elección; la existencia de poderes fácticos con posibilidades de veto casi incontrastables, como el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif); y, por supuesto, la violencia creciente y la elevada criminalidad.

Según el Informe de Desarrollo Humano para América Central 2009-2010, la tasa de violencia homicida en Guatemala se incrementó de manera sostenida durante siete años consecutivos, hasta completar el mayor incremento acumulado de toda la región: 20 homicidios anuales más por cada 100.000 habitantes. Hay que aclarar, sin embargo, que el país con la tasa de criminalidad más alta de la subregión es El Salvador, con 65 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2006, mientras que la cifra para Guatemala es de 475.

En mayo de 2009, el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg, su cliente Khalil Musa y su hija Marjorie Musa desató una crisis que duró varias semanas y tensó al máximo el sistema político, debido a las acusaciones lanzadas contra el presidente Álvaro Colom, su esposa y sus colaboradores cercanos. El episodio desató una fuerte movilización de sectores que se distinguían claramente por su procedencia social (sectores medios y altos) y étnica (blancos o ladinos) y que buscaban derribar al gobierno. Ante la debilidad de este y la sospecha sobre sus cuerpos de investigación y los tribunales, el asunto fue puesto en manos de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que preside el español Carlos Castresana. Meses después, en septiembre, se anunció la captura por parte de las fuerzas de seguridad de nueve hombres presuntamente implicados en el asesinato. Entre los detenidos había cinco policías: aparentemente el asesinato fue perpetrado por una banda de crimen organizado. Más tarde, a principios de enero de 2010, la Cicig informó que fue el propio abogado quien planificó su asesinato y lo llevó a cabo con la ayuda de sus primos y los sicarios contratados.

Como sostiene la analista estadounidense Anita Isaacs6, la crisis reveló «la fragilidad de una democracia plagada de violencia, impunidad y movilización política polarizada en una sociedad históricamente dividida, desigual e injusta». Tan injusta, agregamos, que la sequía que ha afectado a ese país en 2009 ha dejado como resultado 462 muertes por hambre, incluidos 54 niños. Y no se trata del único problema que enfrenta el gobierno. El nombramiento de magistrados de la Corte Suprema de Justicia en septiembre de 2009, que ha generado dudas sobre su independencia política, es un elemento indicativo más de la grave erosión de la democracia en Guatemala7.

En El Salvador, la candidatura de Mauricio Funes para las elecciones de marzo de 2009 se vio favorecida por la crisis económica internacional y la posición del nuevo gobierno estadounidense, que no vetó abiertamente, como en anteriores ocasiones, la posibilidad de una victoria del FMLN. Este triunfo fue visto como una muestra de la consolidación de la democracia en ese país. Sin embargo, el nuevo gobierno inició sus funciones bajo una especie de cerco creado por el partido Arena, que mantuvo el control de la Asamblea Legislativa (al menos durante algunos meses), la Corte Suprema, la Fiscalía General y (parcialmente) el Tribunal Supremo Electoral. Por medio de la Ley de Compensación Económica por los Servicios Prestados en el Sector Público, que establece elevadas indemnizaciones por el despido de funcionarios en cargos altos y medios en los ministerios, también Arena pretendía ejercer control sobre parte del Ejecutivo8; además, como se sabe, había ganado la importante alcaldía de la ciudad de San Salvador.Funes se ha movido cuidadosamente en estos meses, procurando no provocar la reacción de la derecha: ha tomado distancia de Hugo Chávez y la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). Sin embargo, después del golpe en Honduras, las amenazas de la derecha no se hicieron esperar: el ex-presidente Alfredo Cristiani, titular del Consejo Ejecutivo Nacional de Arena, comentó a la prensa: «Yo puedo ser destructivo y ahorita tenemos cómo parar al Presidente de la República para que no pueda hacer nada»9. A su vez, Jorge Velado, vicepresidente de dicho Consejo, advirtió que, si Funes actuaba como Zelaya, «puede pasar aquí lo mismo que en Honduras»10. Pero la derecha salvadoreña no las tiene todas consigo. Unos meses después, el gobierno pudo aumentar sus márgenes de movimiento. A mediados de octubre, 12 de los 32 parlamentarios que tenía Arena decidieron apartarse y formar la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA). El FMLN logró llegar a un acuerdo con el Partido Conciliación Nacional (PCN) para rotar la presidencia del Congreso e incluyó a tres de los miembros de GANA en la dirección del Legislativo, asestando un duro golpe a Arena. Con las alianzas con el PCN y GANA, el FMLN cuenta ahora con 58 votos, lo que le permite alcanzar la mayoría.

El gobierno ha creado un Consejo Económico Social para debatir con empresarios, sindicalistas y dirigentes de los movimientos sociales las propuestas de política económica y social. Pero la creación de este consejo ha sido recibida con reticencia por una parte del movimiento social y por la Asociación Nacional de Empresa Privada (ANEP), que ha expresado su preocupación por el anuncio de una reforma fiscal y por otras medidas que podrían romper el camino trazado por Arena a lo largo de 20 años.

En suma, en medio de la desconfianza de la derecha y las expectativas de los sectores populares que demandan medidas para enfrentar la pobreza y la elevada criminalidad, las circunstancias que enfrenta el gobierno de Funes no son precisamente las mejores. La situación se ha complicado con las inundaciones de noviembre de 2009, que causaron enormes pérdidas humanas y materiales.

Costa Rica posee indudablemente una fortaleza institucional mayor que el resto de los países de la subregión, como lo muestra la condena al ex-presidente Rafael Ángel Calderón Fournier y demás imputados en el juicio por manejo indebido de los fondos de un préstamo finlandés a la Caja Costarricense de Seguro Social. Sin embargo, es un país con una fuerte división interna, con un importante porcentaje de pobreza que no disminuye de manera sostenida y que incluso ha aumentado con la crisis, aunque no en forma considerable gracias al impacto de los programas de transferencias directas a los hogares, del Programa Avancemos y del régimen no contributivo de pensiones11. La creciente desigualdad social amenaza con romper los límites de la sociedad de clases medias conformada en el pasado.

Por otra parte, los partidos políticos no gozan de la confianza de buena parte de la ciudadanía y un porcentaje importante de la población tiene dudas sobre la imparcialidad y la transparencia de instituciones como el Tribunal Supremo de Elecciones12 y la Sala Constitucional. En Costa Rica, las fronteras entre poderes tienden a volverse etéreas en algunos casos, y hay presiones para evitar una reconstitución de esas fronteras por parte del poder económico y político. Veinte meses y varios días pasaron desde que quedó una vacante en la Sala Constitucional, sin que la Asamblea Legislativa lograra ponerse de acuerdo en el nombre de la persona que la ocuparía, precisamente porque lo que se jugaba, en el fondo, era la independencia política de los magistrados. La Sala Constitucional es la encargada de resolver una gran cantidad de asuntos de constitucionalidad, pero su gravitación en la vida política del país ha ido en aumento, en menoscabo de la Asamblea Legislativa.

Cuando reinaba el bipartidismo existía un esquema de reparto entre las dos principales fuerzas políticas del país: el Partido Liberación Nacional (PLN) y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). No era el mejor de los mundos, pero el margen de independencia de los poderes era mayor, incluyendo la Asamblea Legislativa, que no era tan sumisa al presidente como desde 2006. Pero el bipartidismo acabó tras la debacle del PUSC. Hoy, sin violentar la institucionalidad democrática, se está marchando a pasos agigantados hacia un control unipartidista del conjunto de poderes por la cúpula del gobierno del PLN. Es lo que algunos llaman «presidencia imperial»: aunque formalmente hay división de poderes, el poder del presidente es muy grande.

Honduras en Centroamérica

Después de este recorrido, la conclusión a la que arribamos es que Honduras no es una excepción, sino el caso extremo de la debilidad institucional democrática que está presente en la mayoría de los países de la subregión. La institucionalidad democrática no fue capaz de resolver el conflicto entre poderes y cúpulas políticas y el Ejército entró en escena, con un montaje que intentaba mostrar a la comunidad internacional que la remoción del presidente Zelaya había sido legal. Pero esta legalidad aparente no alcanzó para ocultar las raíces del conflicto: la amenaza real o latente percibida por la elite dominante para su subsistencia y reproducción como resultado de las acciones de Zelaya.

La presencia de Chávez y la participación de Zelaya en el ALBA fueron un factor importante, pero no el motivo principal de la destitución. El aumento salarial decretado en diciembre de 2008, que elevó el salario mínimo aproximadamente 60% a partir de enero13, generó un enorme malestar en el sector empresarial, que comenzó a despedir trabajadores como mecanismo de presión para revertir la medida y contrarrestar el aumento de la popularidad del gobierno. Dicho sector presentó cerca de 70 recursos de amparo que fueron resueltos negativamente por la Corte Suprema de Justicia.

La posibilidad de creación de un movimiento social alternativo a los partidos tradicionales aterró al bloque dominante, que decidió actuar sin tomar en cuenta la reacción interna e internacional que iba a desatar, a seis meses de las elecciones presidenciales. El pretexto para el golpe fue el intento de reforma de la Constitución de 1982, que no contempla los mecanismos para revisarla o para crear una nueva. El conjunto de artículos denominados «pétreos» establece como delito cualquier intento de modificación. La iniciativa de Zelaya de preguntarle a la ciudadanía si estaba de acuerdo en que se instalara una urna para decidir sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, la llamada «cuarta urna», fue la gota que colmó el vaso de los sectores dominantes, que decidieron actuar con el apoyo del Ejército14.

Como se señaló, se le intentó dar al golpe una cobertura de legalidad. En los días previos se intensificaron las acciones del Poder Legislativo y del Poder Judicial, que emitieron fallos de ilegalidad sobre las iniciativas del Poder Ejecutivo para justificar la destitución y el enjuiciamiento de Zelaya; incluso se preparó una falsa carta de renuncia. Pero algo falló. Al final, se cometió el «error» de sacar al presidente en pijama y trasladarlo a Costa Rica.

Honduras es el país centroamericano con menor renovación de elites políticas y con mayor intervención del poder empresarial en la institucionalidad estatal, que se ha visto debilitada por las privatizaciones ocurridas a partir de los 90, precisamente como resultado de esta intervención15. El control del Estado ha sido visto por estos sectores como una oportunidad para el enriquecimiento rápido. Como había señalado Víctor Meza antes de convertirse en Secretario de Gobernación de Zelaya:

En 57 instituciones y comisiones especiales [del Estado] el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) cuenta con representantes oficialmente acreditados y estratégicamente distribuidos en 17 áreas de trabajo sectorial y zonas de influencia. La lista es diversa y multicolor; cubre sectores tan variados como la salud, la educación, las relaciones laborales, los recursos renovables y el ambiente, la energía, los asuntos financieros, la competitividad, la infraestructura, el comercio, el agro, la pequeña y mediana empresa, la descentralización municipal, la seguridad ciudadana, la evaluación y control y, por supuesto, la actividad legislativa y la administración de la justicia. El Estado completo, con todos sus entresijos y laberintos interiores, con todas sus fortalezas y debilidades, está intrínsecamente penetrado y condicionado por los poderes fácticos.16Veamos una muestra de la escasa renovación de las elites en Honduras: si nos remontamos al golpe militar de 1963 contra el presidente liberal Ramón Villeda Morales, encontraremos que, en los 46 años siguientes, algunos personajes y apellidos se repiten una y otra vez en la cúspide de las instituciones políticas. Roberto Micheletti fue miembro de la Guardia de Honor Presidencial, con rango de suboficial, del presidente Villeda Morales, quien se refugió en Costa Rica junto con el candidato de entonces del Partido Liberal, Modesto Rodas. El canciller del gobierno de facto, Carlos López Contreras, es sobrino del coronel Oswaldo López Arellano17, quien protagonizó el golpe militar de 1963. Uno de los hijos del depuesto presidente Villeda Morales, Mauricio Villeda, fue vocero del gobierno de facto, mientras que la canciller, Patricia Rodas, es hija de Modesto Rodas. La ministra de Finanzas del gobierno de facto, Gabriela Núñez, ocupó el mismo cargo en el gobierno de Carlos Flores Facussé (1998-2002) y es hija de un ministro de la dictadura de López Arellano. También la ex-vicecanciller, Marta Lorena Alvarado, es hija de otro ministro de esa dictadura. Enrique Ortez Colindres (primer canciller golpista, conocido mundialmente por sus comentarios racistas sobre el presidente Barack Obama) representó a Honduras en el Banco Centroamericano de Integración Económica durante los dos mandatos de López Arellano. Es además primo en segundo grado de Zelaya, quien a su vez es hijo de uno de los perpetradores de la matanza de los Horcones, un asesinato de 14 campesinos ocurrido en 1975. Seguramente hay más vinculaciones de este tipo entre los actores principales del golpe y los funcionarios del gobierno de Zelaya. Otro ingrediente que es necesario señalar es la presencia de la religión en amalgama con el grueso del capital y los militares. En general, el golpe contó con la bendición de la jerarquía católica, encabezada por Oscar Andrés Rodríguez, un cardenal que había sido mencionado como posible reemplazante de Juan Pablo II y que en el exterior pronunciaba encendidos discursos de corte tercermundista. Después del 28 de junio, Rodríguez apareció coaligado de hecho con el sector más conservador de las iglesias evangélicas, que se encargaron de organizar marchas y rogativas en apoyo a Micheletti. Dicho sea de paso, el cardenal recibía un salario de 5.300 dólares mensuales otorgados por el gobierno de Flores Facuseé desde diciembre de 2001, en un Estado supuestamente no confesional. Antes del golpe, los sectores populares, de donde salieron los grupos que conformaron mayoritariamente el llamado Frente de Resistencia Nacional, aparecían como comparsas y no como actores de los procesos. Sin embargo, el golpe los ha catapultado al primer plano: uno de sus efectos más destacados es la emergencia de un fuerte movimiento popular que seguramente cambiará en el futuro próximo el cuadro político hondureño. Duramente reprimido, se mantuvo en las calles durante casi cinco meses, demandando la restitución de Zelaya pero exigiendo también atención a sus reclamos de mejoras sociales y económicas e inclusión política.

Hay que recordar que los dos partidos políticos tradicionales, el Partido Liberal y el Partido Nacional, obtenían en el pasado la mayor parte de los votos en procesos electorales que, hasta 1989, contaban con una participación ciudadana elevada. La participación empezó a disminuir a partir de 1993 y desde entonces el abstencionismo se ha mantenido por arriba de 30%, alcanzando 44,9% en las elecciones de 2005. En otras palabras, a lo largo de cuatro procesos electorales el sistema político hondureño ha venido sufriendo crecientes cuestionamientos sin que haya aparecido una fuerza política capaz de aglutinar el descontento.

Las elecciones del domingo 29 de noviembre parecen confirmar la tendencia. Aunque el Tribunal Supremo Electoral ha afirmado que el abstencionismo fue de 38,7%, el «Consorcio Hagamos Democracia», una agrupación de organismos no gubernamentales, indica que llegó a 52,4%, sobre la base de una encuesta de boca de urna con una muestra de más de 1.000 mesas electorales receptoras y un nivel de confianza de 99%. Es decir que la participación nuevamente descendió, esta vez a 47,6%. Porfirio Lobo, del Partido Nacional, habría obtenido 55,77% de los votos, mientras que Elvin Santos, del Partido Liberal, 38,58%. Pero las elecciones no solucionarán los problemas fundamentales de la sociedad hondureña, por lo que continuará la lucha de los campesinos, los pobladores de las barriadas pobres de Tegucigalpa y otras ciudades, de las mujeres, de los pueblos indígenas y de todos aquellos que consideran que la historia de Honduras debe cambiar y que sus demandas no pueden sepultarse una vez más.

Escenarios posibles

Durante meses la comunidad internacional esperó la reversión del golpe en términos aceptables para el presidente constitucional y el movimiento popular de resistencia que lo había estado apoyando. Dicha reversión se veía no solamente como necesaria para la mayoría de los hondureños, sino también para apuntalar la estabilidad política de la subregión: al lograr Micheletti y las fuerzas que han estado detrás de él imponerse con la complicidad de EEUU, situaciones similares podrían vivirse en países vecinos, como Guatemala, El Salvador y Nicaragua. En otras palabras, el golpe ha sumido a la subregión en una situación de inseguridad política real.

La crisis también puso en evidencia la debilidad de los mecanismos de integración regional, como el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) o el Parlamento Centroamericano (Parlacen), que otrora generaron esperanzas de un trabajo conjunto de mejoramiento social y político. Hubo intentos de activar mecanismos de presión, pero fueron inefectivos, y la acción internacional se delegó a otros ámbitos, como la Organización de Estados Americanos (OEA), el ALBA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea. Los mecanismos ni siquiera se activaron por razones económicas, pues la crisis ha afectado, por supuesto, la economía subregional, y ha abierto un paréntesis en las negociaciones abiertas con la UE, tendientes a la aprobación de un acuerdo de asociación.

La crisis hondureña ha mostrado nuevamente el peso de EEUU en Centroamérica. Es difícil aceptar que el Departamento de Estado no estuviera informado sobre la proximidad del golpe. Hubo mucha discusión al respecto, pero por los acontecimientos posteriores se puede inferir que al menos un sector, posiblemente el más cercano a lo que ha sido la tradicional política intervencionista estadounidense hacia la región, sabía lo que venía. Está claro que la derecha republicana ha apoyado el golpe y ha desplegado un intenso lobby en Washington, con la participación de personajes conservadores con raíces cubanas y venezolanas, como Otto Reich. En todo caso, la posición del gobierno de Obama fue errática y complaciente con los golpistas.

La presión internacional ejercida inmediatamente después del golpe no logró revertir, aunque fuera parcialmente, los hechos. Sin embargo, cuando Thomas Shannon, entonces subsecretario de Estado para América Latina, visitó Honduras, las aguas se movieron y se logró un acuerdo que debería haber restituido a Zelaya y que incluía un gobierno de «unidad y reconciliación nacional». Pero Micheletti y su grupo no cedieron y lograron su objetivo de mantenerse en el poder hasta las elecciones, a pesar de la resistencia interna y los efectos de una economía dañada18, para finalmente entregar el poder al candidato triunfante el 27 de febrero de 2010, ante una comunidad internacional impotente19.

EEUU hizo caso omiso de lo sucedido y anunció su respaldo a unas elecciones realizadas en condiciones de represión. Mientras Obama predicaba sobre libertades democráticas y respeto a los derechos humanos en China, cerraba los ojos frente a lo que sucedía en su patio trasero, a unas cuantas millas de las costas norteamericanas. Poco, entonces, puede esperar el conjunto de la subregión del actual gobierno estadounidense, en términos de fortalecimiento democrático y ayuda económica.

Pero detrás de este panorama se encuentra la cuestión del apoyo a la democracia. ¿Hay descontento con la democracia en la subregión? Según el Informe Estado de la Región en Desarrollo Humano Sostenible 200820, las demandas a favor de un reemplazo de la democracia por un sistema autoritario son bajas. Sin embargo, ante la falta de respuestas a las demandas de los sectores mayoritarios, que siguen en la pobreza, los estudios indican que más de dos terceras partes de los centroamericanos estarían de acuerdo con un presidente con poderes especiales. No se prevé un escenario de insurgencia, porque el precio pagado por las guerras anteriores fue muy alto, además del hecho de que, de los tres grupos revolucionarios de los 70 y 80, dos de ellos, el sandinismo y el FMLN, están en el gobierno y han aceptado las reglas democráticas («the only game in town» en palabras de Juan J. Linz).

Los gobiernos de derecha que antecedieron en el poder a estos grupos hicieron poco para combatir la persistente pobreza y dirigieron sus esfuerzos a la creación de condiciones favorables para la inversión externa y para la apertura de mercados para los productos centroamericanos. Privatización y desregulación han sido elementos destacados de la estrategia de los Estados centroamericanos, acompañados de reformas al sistema jurídico para adaptarlo a las exigencias del mercado y la inversión externa. No ha habido, en términos generales, una estrategia claramente definida, aceptada por el conjunto de la sociedad y desarrollada a lo largo del tiempo, para lograr una mejora real de las condiciones de vida de las mayorías empobrecidas de la región. La teoría del derrame era la gran apuesta, con los resultados conocidos.

La pobreza centroamericana es un caldo de cultivo para la reproducción ampliada de la violencia extrema21, el crimen organizado y el narcotráfico, que ha penetrado con inusual fuerza en todas las sociedades en lo que va de la década.

En este contexto, han comenzado a alzarse algunas voces que reclaman un nuevo acuerdo subregional que signifique un sostenido esfuerzo en el plano social. El ex-presidente guatemalteco Vinicio Cerezo Arévalo ha lanzado la idea de crear un Esquipulas III que reactive los instrumentos regionales en esa dirección, pero hasta ahora no ha obtenido respuesta. En otras palabras, se está viviendo una especie de impasse ya que la apuesta al lado del Tratado de Libre Comercio con EEUU no ha arrojado los resultados esperados y la negociación con la UE está estancada.

Mientras tanto, las empobrecidas masas centroamericanas siguen sin respuestas reales a sus demandas. Se abre un panorama de frustración, ingobernabilidad e inseguridad ciudadana. Seguramente ocurrirán estallidos aislados de violencia social, pero sin perspectivas políticas claras. En fin, un panorama poco alentador en el corto y el mediano plazo, aunque quizás el pesimismo sobre el futuro político de la subregión pueda revertirse porque, como dice una conocida canción del salsero panameño Rubén Blades, «la vida te da sorpresas / sorpresas te da la vida».

Que así suceda en Centroamérica.

  • 1. Panorama social de América Latina 2008, lc/g.2402-p, Naciones Unidas, Santiago de Chile, 2009, disponible en www.eclac.org/publicaciones/xml/2/34732/PSE2008_Versioncompleta.pdf.
  • 2. Hasta setiembre de 2009, los envíos de los trabajadores centroamericanos en el extranjero a sus familiares se contrajeron en 968 millones de dólares con relación al año anterior, según la Secretaría de Integración Centroamericana.
  • 3. «Are There Hybrid Regimes? Or Are They Just an Optical Illusion?» en European Political Science Review vol. 1 No 2, 2009, pp. 273-296, disponible en http://journals.cambridge.org/action/displayFulltext?type=1&fid=5832556&jid=EPR&volumeId=1&issueId=02&aid=5832548.
  • 4. Ortega, ante las dificultades para conseguir en la Asamblea Nacional los 56 votos que necesitaba para reformar el artículo 147 de la Constitución y la posterior declaratoria de incompetencia del Consejo Supremo Electoral, decidió buscar la reelección por la vía judicial mediante un recurso de amparo. La sala especializada de la Corte Suprema de Justicia acogió el amparo y declaró inaplicable la disposición constitucional que impide a Ortega su reelección presidencial. La decisión fue suscrita por seis magistrados afines al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (fsln).
  • 5. Abrir espacios a la seguridad ciudadana y el desarrollo humano. Informe sobre Desarrollo Humano para América Central, 2009-2010, pnud, octubre de 2009, disponible en <www.pnud.org.sv/2007/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,944/Itemid,56/>.
  • 6. Anita Isaacs es profesora del Haverford College. Este texto es un extracto de su presentación ante el Subcomité del Hemisferio Occidental del Congreso de los eeuu sobre el caso Rosemberg del 9 de junio de 2009.
  • 7. Desde Ginebra, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, expresó en un comunicado de prensa que dicha elección «ignoró los principios de transparencia, objetividad e idoneidad necesarios en este tipo de proceso».
  • 8. Esta ley fue una iniciativa legislativa de ese partido, semanas después de su derrota electoral. Fue un intento de lograr la continuidad en los mandos medios y altos de los ministerios.
  • 9. «Primeros 100 días: logros, silencios, amenazas, chantajes... y desafíos» en Envío No 331, 10/2009.
  • 10. «Derecha salvadoreña avala acciones pro Michelleti» en DiarioCoLatino.com, www.diariocolatino.com/es/20090707/nacionales/68897/, 7/7/2009.
  • 11. El Programa Avancemos tiene como objetivo evitar el abandono de la enseñanza secundaria por parte de adolescentes de hogares de bajos ingresos.
  • 12. Esto manifestó 30% de los consultados en una encuesta realizada por la Escuela de Estadística, el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos y el Semanario Universidad de la Universidad de Costa Rica en enero de 2010.
  • 13. El salario mínimo fijado para los trabajadores en el área urbana fue de 5.500 lempiras (290 dólares aproximadamente) y 4.055 lempiras para el área rural (unos 210 dólares).
  • 14. Una iniciativa de ley presentada y frustrada en 1985 en el Congreso Nacional, en la que se proponía convertir ese Congreso en una Asamblea Nacional Constituyente para prorrogar el gobierno del ex-presidente liberal Roberto Suazo Córdova (1982-1986), fue firmada, entre otros, por el presidente de facto, Roberto Micheletti Bain.
  • 15. Un grupo relativamente pequeño de familias controla la mayor parte de la producción de energía, distribución de combustible, banca, medios de comunicación, supermercados, aseguradoras, importación de electrodomésticos y ropa, franquicias de comidas rápidas y bebidas, embotelladoras, agua purificada, imprentas, maquilas, varias corporaciones y consorcios, entre otros.
  • 16. «Los grupos fácticos y la transición a la democracia» en Equipo de Investigación del Cedoh: Honduras: poderes fácticos y sistema político, Cedoh, Tegucigalpa, 2007, p. 18.
  • 17. Patricia Murillo Gutiérrez: «Abogados, fiscales, magistrados, jueces: Es la hora de la verdad» en Tiempo, 31/1/2010, disponible en www.tiempo.hn/noticias/84-editorialesotros/6090-abogados-fiscales-magistrados-jueces-es-la-hora-de-la-verdad.
  • 18. Se estima que la economía sufrió pérdidas equivalentes a 6% del pib.
  • 19. De acuerdo con los datos del Latinobarómetro 2009, 58% de los hondureños no aprobaba el golpe.
  • 20. www.estadonacion.or.cr/estadoregion2008/regional2008/paginas/resumen.html.
  • 21. Es el caso de las «maras» en El Salvador, con presencia también en Honduras y Guatemala.