Opinión

Brasil-Venezuela: ¿y ahora qué hacemos?

Cómo utilizar una misma vara, desde la izquierda, para pensar la situación venezolana y brasileña

Brasil-Venezuela: ¿y ahora qué hacemos?

La crisis en Brasil y Venezuela presenta no pocos problemas para las izquierdas y las fuerzas populares latinoamericanas. La coincidencia temporal de ambos sucesos obliga a buscar una vara común para evaluarlos, a riesgo de mostrar serias inconsistencias argumentativas –lo que, hay que decirlo, no desanima a algunos opinadores de las izquierdas «antiimperialistas» continentales–.

En el primer caso, asistimos, dicho en el portugués inventado de los hispanohablantes, al grotesco «mais grande do mundo», en el que una banda de congresistas corruptos, reaccionarios y oportunistas escenificaron un impeachment aprovechando la mayoría opositora en las Cámaras y el masivo rechazo contra la corrupción.

Se trató de una conspiración política de grandes dimensiones, montada por funcionarios como Eduardo Cunha –presidente del Congreso y apartado apenas de votó el juicio político impulsado por él–, acusados de numerosos actos de corrupción y diversos delitos. Paradójicamente, no suspendieron a Rousseff por corrupción sino en virtud de la acusación de maquillaje del déficit. «impeachment sem crime e golpe», denunció sin éxito el PT. Y el ya renunciado ministro Romero Jucá admite en una conversación filtrada que la suspensión de Dilma buscaba frenar las investigaciones judiciales que involucraban a parte de la elite parlamentaria.

Pero esta conspiración fue posible solo en virtud de un sistema político (proporcional de lista abierta) que destruye la incidencia de los partidos y fragmenta de tal forma el sistema parlamentario que impide la constitución de voluntades colectivas transformadoras. Así, Dilma, que fue elegida con el 42% cuenta solo con un 15% de los diputados (que en su enorme mayoría son hombres y blancos). Por su parte, la denominada «Bancada da bala» (ex policías y militares) junto a ruralistas y evangélicos conforman una derecha sobrerrepresentada gracias al sistema electoral. Como ha señalado el politólogo Germán Lodola, no se puede entender la política brasileña desde los modelos imperantes en otros países de la región: en Brasil, «los presidentes son siempre minoritarios y lo que hay que mantener es un gobierno de coalición». En ese contexto, grupos de poder como los ruralistas, mediante su bancada y su control de la Comisión de Agricultura, son capaces de frenar cualquier atisbo de reforma agraria, en tanto que los evangélicos constituyen un grupo transversal a los partidos.

Para explicar la caída de Dilma es mejor alejarse de los memes que muestran la foto de una Dilma guerrillera como blanco del «golpe»: el gobierno de Dilma no solo nombró a la agrosojera Kátia Abreu a la cabeza del ministerio de Agricultura o al neoliberal Joaquim Levy en Finanzas, sino que ya desde la era Lula el PT se volvió una fuerza crecientemente desmovilizada. Pero, a su turno, tampoco parecen suficientes los análisis politológicos más asépticos. Es cierto, como ya se señaló, que el problema central de Dilma es que se destruyó su coalición de gobierno con el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), una fuerza básicamente oportunista de la que proviene el vicepresidente Michel Temer, ahora a cargo del Ejecutivo. El nuevo gobierno, con aristas claramente conservadoras, ha construido su propia base de apoyo repartiendo ministerios entre todos los partidos opositores de centroderecha y derecha. Ahora bien, eso ocurre con el trasfondo de una masiva movilización de las fuerzas «anti-PT», que incluyen rechazos clasistas y antiplebeyos a los avances sociales –materiales y simbólicos– de la década larga de gobierno de centroizquierda. El PT no solo perdió en la arena institucional sino, de manera más preocupante, en la calle. Y todo ello ocurrió en el marco de una especie de Mani Pulite a la brasileña, que repitió problemas de la experiencia italiana y agregó aristas vernáculas tropicales. Hoy varios poderosos empresarios están tras las rejas, pero en el plano político quien pagó el costo más alto por el Lava Jato (megacorrupción en Petrobras) fue sin duda el PT.

En paralelo a esta crisis, asistimos al agravamiento de la situación en Venezuela. Allí, la oposición logró por primera vez, el 6 de diciembre pasado, derrotar al (pos)chavismo en las urnas y lo hizo con contundencia. El choque de poderes estaba cantado. Mientras el oficialismo controla el Poder Ejecutivo, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) tiene mayoría calificada en la Asamblea Nacional y, desde ese espacio institucional legítimo, busca la forma de destituir a Maduro en medio de una crisis con dimensiones de derrumbe societal posbélico. Durante la era Chávez, se había instalado una barrera entre la mayoría popular chavista y la oposición que hacía que no operara el tradicional voto castigo (cuando las cosas van mal se vota por la oposición realmente existente) ya que para esas mayorías, los opositores eran «contrarrevolucionarios» y sus líderes solo «niños ricos» con caras bonitas.

Pero la crisis volteó esas murallas y el voto contra el exchofer de Metrobús y heredero de Chávez empoderó a una oposición que combina rostros nuevos (como el del encarcelado Leopoldo López) con figuras de la vieja política como el nuevo presidente de la Asamblea Nacional Henry Ramos Allup, de la tradicional Acción Democrática (AD). Sintomáticamente, tanto López como Ramos Allup se definen como «socialdemócratas» y el segundo funge de vicepresidente de la Internacional Socialista (un organismo hoy atravesado por diversos cuestionamientos internos y pérdida de peso en el ámbito global). En un escenario de unidad formal y fuertes tensiones en su interior, Henrique Capriles trata de instalar su estrategia de apuesta principal a las urnas, con la certeza de que la polarización en las calles beneficiará a la postre a Maduro, aunque sin descuidar la presión callejera. Recientemente, Capriles declaró que se opone al impeachment a Dilma y que tanto en Brasil como en Venezuela, la salida a la crisis debe pasar por las elecciones (de hecho, eso es lo que propone el PT en una versión siglo XXI de las «Diretas já» de las postrimerías de la dictadura).