Coyuntura

Brasil: las cárceles de la droga y de la miseria

Las últimas masacres carcelarias revelaron que, como ya se había advertido, el sistema penitenciario brasileño es un polvorín: superpoblado, insalubre, totalmente inadecuado y listo para explotar. Las leyes represivas del tráfico de drogas han logrado aumentar la población carcelaria, pero al mismo tiempo fortalecieron a las grandes organizaciones criminales. Se trata de un sistema ineficaz en la protección de la salud pública, pero que tiene entre sus metas el disciplinamiento social de los más pobres, en especial los jóvenes y los negros.

Brasil: las cárceles de la droga y de la miseria

Este texto tiene por objeto relacionar las recientes masacres de presos en Brasil, que vuelven a despertar la atención de los medios y de las autoridades, con la permanente «crisis penitenciaria» que vivimos, fruto de una sociedad punitiva pero selectiva con sus blancos y de una política de drogas represiva, que ha sustentado el sobreencarcelamiento creciente con el beneplácito del Poder Judicial y que agrava cada día las condiciones de vida de los presos en nuestro sistema penitenciario.

El fin de 2016 estuvo marcado por la profundización de la crisis económica, y la respuesta del gobierno ilegítimo de Michel Temer fue la adopción de políticas neoliberales de contención del gasto público, especialmente en salud y educación, y de reducción de derechos sociales. En este contexto, 2017 marca el regreso a una explosión de violencia contra los presos, a partir de la matanza que incluyó la decapitación de casi 60 personas en una penitenciaría del estado de Amazonas –estado que posee una de las tasas más altas de superpoblación carcelaria del país, 259%1–, que después se extendió a dos estados más. Para comprender este escenario, es preciso decir que la opción brasileña por el refuerzo de la represión, especialmente contra el tráfico de drogas y los delitos patrimoniales (en línea con las demandas mediáticas de castigo), no fue acompañada por el nivel de gastos necesario para ejecutar esa estrategia.

En Brasil, existen altas tasas de encarcelamiento que sobrecargan el sistema penitenciario y que resultan de una opción punitiva desenfrenada e irracional, sin que se invierta en mejoras en las condiciones carcelarias o en la reducción del número de presos. El país se convirtió en el cuarto mayor encarcelador del mundo en cantidad absoluta de personas presas2, con 622.202 presos en diciembre de 2014 –últimas cifras divulgadas oficialmente–, lo que corresponde a una tasa de 306,22 presos por cada 100.000 habitantes3. Posiblemente hoy, en 2017, estos números deben de haber aumentado aún más, pero no hay informaciones oficiales.

En los últimos 14 años (2000-2014) se verificó un aumento de 267,32% del número de presos; en comparación con otros países de América Latina, Brasil posee proporcionalmente la tasa más alta4, seguido de México, Chile, Colombia y Perú5.

Para comprender la causa de esta epidemia de encarcelamiento en Brasil, debemos tener en cuenta el gran aumento de la cantidad de presos por el delito de tráfico de drogas, que tuvo el mayor crecimiento en los últimos años en representatividad penitenciaria, conforme con lo ya analizado en estudios anteriores6. Sin embargo, a pesar del aumento de la represión, en las últimas décadas Brasil pasó de ser un país de tránsito de drogas ilícitas a uno de alto consumo, no obstante haber endurecido de manera considerable sus leyes represivas y profundizado el déficit carcelario.

El endurecimiento de la política criminal de drogas, que se inicia con la Constitución de 1988 y que convirtió ese delito en aberrante y redujo los beneficios penitenciarios, fue reforzado a partir de la Ley de Drogas 11343/06, que aumentó el mínimo de la pena privativa de libertad por el delito de tráfico (art. 33) de tres a cinco años.

A pesar de haberse quitado la posibilidad de que los consumidores vayan presos, en la ley se mantuvo la tenencia de drogas como delito. Y aunque se introdujeron penas alternativas, el efecto perverso de la norma fue el encarcelamiento de consumidores pobres como traficantes, tal como analizamos en una investigación realizada en Río de Janeiro y en Brasilia7. Por lo tanto, el resultado de estos diez años de la ley –la primera legislación de drogas sancionada después del fin de la dictadura empresarial-militar (1964-1984) y después de la Constitución democrática de 1988– fue el aumento de los encarcelamientos.

Aunque parezca contradictorio, la redemocratización en el Brasil significó un avance del punitivismo y del Estado penal y llevó a un gran aumento del número de presos, al mismo tiempo que se fortalecieron facciones delictivas que actúan en los presidios y fuera de ellos, cada vez más involucradas en el lucrativo tráfico de drogas. Paradójicamente, se estima que fue justamente el aumento de la represión penal al tráfico lo que condujo al fortalecimiento de los grupos delictivos responsables del narcotráfico. Nótese con esto que, en la perspectiva de la criminología crítica que adoptamos, el aumento del número de presos por tráfico no significa un aumento del tráfico en sí, sino el refuerzo de la actuación selectiva del sistema de justicia criminal dirigido contra ese tipo de delito; es decir que el sistema (que es estructuralmente selectivo) coloca intencionalmente como prioridad de la actuación policial este tipo de represión. A su vez, el Poder Judicial cumple con su parte aplicando penas altas y reduciendo garantías en los procesos por ese delito.

A pesar de la ampliación del debate público sobre política de drogas en Brasil, tanto la superpoblación carcelaria como las condiciones penitenciarias empeoraron bajo la influencia directa de esa política represiva, que abusa de la prisión preventiva y no prioriza las penas alternativas, medidas que podrían por lo menos aliviar parcialmente la superpoblación. Y las consecuencias se sienten dentro de las prisiones.

En este sentido, consideramos que el número excesivo de presos lleva al fortalecimiento de las organizaciones criminales, toda vez que estas amplían sus áreas de influencia. Cuanto más presos se envían a las prisiones, e incluso cuanto peores son las condiciones de encarcelamiento, más fuertes devienen las organizaciones criminales, pues el Estado pierde el control dentro de las cárceles: los agentes penitenciarios, cuyo número está muy por debajo del necesario y cuyas condiciones de trabajo están precarizadas, se vuelven vulnerables, mientras que los líderes criminales ayudan a organizar a los presos e incluso les ofrecen asistencia y protección.

Del lado de afuera, estas mismas redes organizan el tráfico de drogas y se fortalecen financieramente. Cuantas más personas estén encarceladas, más fuertes serán las facciones criminales, pues estas se organizan en ausencia del Estado. Al mismo tiempo, el prohibicionismo, que sirve como base ideológica para la criminalización del tráfico de drogas, crea los mercados ilícitos y el negocio lucrativo se amplía cada vez más. Es la propia prohibición de las drogas la que crea estos monopolios ilícitos, y resulta cierto que la represión penal no genera ningún efecto sobre la reducción del consumo o incluso del tráfico, sino que, por el contrario, tiene como resultado el aumento del encarcelamiento, del tráfico y de la oferta de drogas.

El cuadro es grave; la cuestión penitenciaria en Brasil nunca fue tomada en serio, a pesar de las leyes, los principios y las regulaciones que reconocen los derechos humanos de los presos y determinan las condiciones dignas de encarcelamiento. Los políticos conservadores son elegidos por una política del miedo y defienden banderas populistas de endurecimiento de penas ya absurdamente altas. En la política brasileña, defender los derechos humanos es defender a «bandidos», a pesar de la ausencia de garantía de derechos para los presos. El resultado es el que se ve en la práctica cotidiana de casi todas las penitenciarías brasileñas: condiciones indignas, corrupción, violencia, tortura y muerte, a pesar de lo que determina la letra de la ley. De acuerdo con los datos oficiales8, incluso habiéndose casi triplicado el número de plazas ofrecidas, el déficit penitenciario brasileño aumentó más del doble, lo que significa que la población penitenciaria ha crecido muy por encima de la capacidad instalada, incluso si aumentó (aunque de manera insuficiente) el gasto en construcción de prisiones. Según la misma fuente, el número de presos es superior al número de plazas en los presidios: la tasa media de ocupación en las penitenciarías brasileñas es de 167%, con porcentajes bastante más altos en estados como Rondônia (292%), Pernambuco (237%) y Alagoas (228%), además del ya citado Amazonas (259%)9, que fuera escenario de la primera masacre de este año.

Esta situación de crisis en las cárceles brasileñas ya era denunciada incluso antes de los últimos hechos de violencia. De acuerdo con datos oficiales, el número de muertes intencionales en el sistema penitenciario fue seis veces mayor que la tasa de crímenes letales intencionales verificada en Brasil en 201310. Amnistía Internacional ya venía denunciando esta gravísima situación de violencia penitenciaria todos los años en su informe anual, además de la continuidad de las prácticas cotidianas de tortura en el sistema penitenciario. En las penitenciarías y delegaciones de policía, torturas y malos tratos, como electroshock, asfixia por ahogamiento, golpizas y quemaduras por cigarrillo, son prácticas ampliamente difundidas11. Para Amnistía Internacional, «superpoblación extrema, condiciones degradantes, tortura y violencia siguieron siendo problemas endémicos en las prisiones brasileñas» luego de la redemocratización del país12; estos problemas ya fueron denunciados a los organismos internacionales de derechos humanos, principalmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh) y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte idh).

Esta situación, que se registra cotidianamente en todo el país, termina llamando la atención de los medios cuando alcanza niveles de tragedia, y entonces llega a las instancias internacionales en razón de la ineficiencia del Estado brasileño para impedir las muertes y las torturas, o incluso procesar o condenar a los culpables, como ocurrió en los presidios Aníbal Bruno, en Pernambuco13, y Urso Branco14, en Rondônia, denunciados en 2000 frente a la Corte idh, e incluso el Presidio Central de Porto Alegre, considerado uno de los peores de Brasil. Más recientemente, el Complejo Penitenciario de Pedrinhas, en el estado de Maranhão, también obtuvo repercusión nacional por el gran número de muertes y las escenas filmadas de decapitación de presos en una rebelión15. Sin embargo, uno de los casos más dramáticos pasó a la historia como la Matanza de Carandiru, cuando 111 presos fueron ejecutados por la Policía Militar de San Pablo en 199216. Este caso es aún más emblemático pues se había logrado castigar en primera instancia a algunos de los mandantes y ejecutores de esa matanza. Aun así, recientemente, el Tribunal de Justicia de San Pablo anuló el juicio en medio de cuestionamientos17.

Frente a este macabro historial de violaciones de derechos humanos y de superpoblación carcelaria, estos últimos diez años de vigencia de la referida Ley de Drogas dejaron ver un agravamiento del cuadro. Brasil tiene un alto porcentaje de prisión preventiva (una media de 40%) y un Poder Judicial represivo y conservador –además de lento–, que a pesar de ser especializado y estar muy bien remunerado y estructurado no actúa como garantía de derechos; por el contrario, la mayoría de sus miembros se concibe como agente de seguridad pública. Hoy no hay cómo debatir el encarcelamiento en masa en Brasil sin apuntar al Poder Judicial como uno de los grandes responsables, cuando este deja de aplicar las normas limitadoras del poder punitivo, legitima la violencia policial e ignora la tortura, además de flexibilizar el principio de presunción de inocencia previsto en la Constitución.

Pero ¿quiénes son los presos que sufren esta violencia institucional en Brasil? El perfil general de los encarcelados proviene directamente de la estructura vertical, punitiva y selectiva del sistema penal en un país atravesado por la desigualdad, el racismo, la exclusión social y la negación de derechos y que toma la opción represiva penitenciaria como forma de control social de la pobreza. Según datos de diciembre de 201418, son jóvenes (hasta 24 años), afrodescendientes, con baja escolaridad (no poseen la primaria completa) y pobres, con el delito del tráfico de drogas como el más frecuente (28%), tanto entre hombres como entre mujeres, aunque el porcentaje de las presas por ese delito sea mucho más elevado: cerca de 58%. Las penitenciarías tienen color: la raza es un recorte esencial para comprender el sistema penitenciario brasileño. Datos de Infopen 2014 señalan que dos de cada tres personas presas son negras19. Esto significa que más de 61% de la población carcelaria es negra, mientras que en la población brasileña en general la proporción de negros es de alrededor de 53%.

Además, en razón del número tan elevado de hombres presos, la situación de extrema vulnerabilidad de las mujeres encarceladas acaba siendo invisibilizada. Aunque el número de presas en Brasil sea significativamente más bajo que el masculino en términos absolutos (en la actualidad son 33.793, es decir, 5,8% del total), debe destacarse que el ritmo de crecimiento de la tasa de encarcelamiento de mujeres es aún más alto que el de hombres (Brasil es el quinto país en números absolutos de presas)20. De 2000 a 2014, el número de presas por cada 100.000 habitantes saltó de 5,8 a 35,4, lo que significa un aumento de 567% en 15 años21, mientras que el de hombres creció 267%.

Considerando entonces el delito de tráfico como el que más encarcelamientos genera, se debe destacar que el perfil encontrado en Río de Janeiro, bastante semejante a datos de otros estados, es de pequeños traficantes detenidos mientras actuaban solos (60,8%), arrestados en delito flagrante (91,9%), lo que sugiere casualidad en el encuentro de la droga más que investigación; 65,4% responde solamente a tráfico y 66,4% a primeras detenciones. En los Juzgados Criminales de Río de Janeiro, solo 15,8% fue condenado también por asociación y 14,1% en concurso con posesión de arma; el porcentaje restante estaba desarmado. Del total de las sentencias, 41,6% de los reos recibió penas por debajo del mínimo. En Brasilia, los datos son semejantes pero solo 0,6% fue condenado por tráfico en concurso con posesión de armas y 72,2% responde solo por tráfico, siendo la mayoría de las condenas (50,3%) por más de cinco años. La selectividad del sistema penal se confirma en las dos ciudades22.

Una investigación más reciente de Julita Lemgruber y Marcia Fernandes, realizada en Río de Janeiro y con foco en delitos flagrantes, verificó que

dos tercios de las personas presas por delito flagrante de tráfico en 2013 portaban pequeñas cantidades de drogas (hasta 50 gramos) y que la mitad de los reos fue detenida con una única especie de sustancia. En gran parte de esos casos, por lo tanto, (…) las informaciones probablemente llevarían a la imputación de posesión para consumo propio, más que a la de transporte para comercialización.23

Además, en 85,5% de los procesos, los detenidos llevaban solo la droga en el momento del delito flagrante, «sin ningún otro objeto capaz de sugerir actividades de comercialización o práctica de delitos conexos». De hecho, la regla en Brasil es tener la «investigación criminal como excepción y no la regla en la justicia criminal. En líneas generales, el sistema prácticamente solo actúa en relación con los casos de detención en flagrante, o en aquellos en que ya existen elementos de prueba previos para la conclusión de la investigación (detenido identificado, testigos disponibles y otras pruebas)»24.En resumen, los principales factores que explican el sobreencarcelamiento en Brasil y que refuerzan el proceso de criminalización de la pobreza son: a) el aumento de presos por tráfico de drogas, especialmente a partir de la nueva ley (No 11343/06), en su mayoría jóvenes, vulnerables, pobres, negros y mujeres, que ocupan posiciones subalternas en el tráfico, posiblemente usuarios, portadores de pequeñas cantidades de drogas, en su mayoría no reincidentes; b) la opción represiva prevaleciente, que opta por la prisión preventiva, encubierta por los tribunales brasileños que niegan la libertad provisional a la mayoría de los presos de delito flagrante, especialmente en el caso del tráfico; y c) la poca aplicación de penas alternativas a la prisión, a pesar de que existen leyes vigentes que deberían llevar a una interpretación de que la prisión preventiva sería aplicable solo en casos excepcionales.

Por lo tanto, frente a este panorama, para entender los recientes acontecimientos en las cárceles brasileñas, debemos tener en mente no solo el aumento del encarcelamiento sino también la mayor representatividad de traficantes de drogas presos, lo que fortalece a las organizaciones criminales y sus relaciones con el tráfico internacional fuera de las prisiones.

Estos factores fueron los responsables por la tragedia que ocurrió el día 1o de enero de 2017 en el Complejo Anísio Jobim (Compaj), del estado de Amazonas, cuando 17 horas de rebelión terminaron con 56 muertos (parte de ellos, decapitados) y más de 200 fugitivos, en la que fue considerada la mayor masacre del sistema penitenciario del estado y una de las mayores registradas en el país en todos los tiempos. Algunos días después, otros cuatro presos fueron ejecutados en el presidio al que fueron transferidos los sobrevivientes, situado en la misma ciudad, lo que llevó el total de muertos a 60. Los administradores privados del presidio, incluso teniendo noticias de que algo iba a ocurrir, no tomaron las precauciones necesarias para impedir la masacre, atribuida a disputas originadas en el fin de la alianza de casi 20 años entre dos de las mayores agrupaciones criminales del país: el Comando Vermelho, de Río de Janeiro, aliado a una facción que actúa en el norte del país, la «Familia del Norte», y el Primer Comando de la Capital (pcc), originario de San Pablo, que disputan el lucrativo mercado del tráfico y la zona de influencia en los presidios25. Los dos grupos principales tienen una estrategia de expansión nacional, y llega un momento en ese proyecto en que uno comienza a estorbar al otro26, y esa dinámica fue la que motivó la masacre. En Amazonas, la mayoría de los muertos estaba ligada al pcc.

Algunos días después, en otros dos estados, ocurrieron más masacres: 33 decapitados y descuartizados en Roraima y posteriormente un motín en la Penitenciaría Estatal de Alcaçuz, en Río Grande del Norte, que dejó 27 muertos y unos diez heridos. Todos estos hechos se deben a ajustes de cuentas y disputas entre los grupos criminales que actúan en el tráfico de drogas y se organizan dentro de los presidios. Nótese que la región norte de Brasil es ruta de tráfico internacional por ser frontera con los países productores de cocaína. La disputa por el control de las cárceles es una estrategia de fortalecimiento de las organizaciones criminales en sus actividades ilegales27.

Por lo tanto, fueron justamente las disputas alrededor del control de las redes internacionales de tráfico las que llevaron al fin de la alianza entre esas dos principales facciones criminales del país, las cuales, hasta entonces, lograban mantener el orden y la convivencia pacífica en los presidios y fuera de ellos por medio de acuerdos. Una vez rotos esos acuerdos, lo que se vio fue la absoluta falta de control sobre esas disputas dentro de las prisiones y la pelea por el lucrativo mercado del tráfico.

Se considera que el sistema penal brasileño puede transformarse a partir del reconocimiento y la efectivización de derechos y garantías individuales de los presos y acusados, así como por medio de la interpretación legalista y humanitaria de las leyes vigentes. Pero en verdad, solo se conseguirá reducir el nivel de encarcelamiento en Brasil a partir de la amplia reforma de la represiva e ineficaz política de drogas hoy vigente, que no alcanza su principal objetivo declarado –la protección de la salud pública– pero ha sido bastante eficiente para aumentar el número de encarcelamientos y el control social de la pobreza, su objetivo real pero no explicitado. No son los grandes traficantes los que están presos, son los menos importantes pero que resultan piezas claves en la estructuración del tráfico altamente lucrativo.

El sistema penitenciario brasileño es hoy un polvorín: superpoblado, insalubre, totalmente inadecuado, listo para explotar en cualquier momento; por lo tanto, no hay que hablar de «crisis actual». Esta crisis es permanente, y mantener a las personas pobres y negras en nuestras prisiones es un proyecto estructural que tiene como objetivo mantener el control social punitivo sobre las clases bajas, con la justificación de «combatir el narcotráfico». En tiempos de crisis y de ajuste fiscal, si se mantiene la misma estrategia punitiva –como parece ser el caso–, la situación se tornará aún más grave y volveremos a ser testigos de nuevas matanzas. La resistencia a este modelo se muestra más que nunca urgente y necesaria.

  • 1.

    Ministerio de Justicia de Brasil: Levantamento nacional de informações penitenciárias (Infopen), diciembre de 2014, disponible en http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-p....

  • 2.

    Según el Departamento Penitenciario Nacional, Estados Unidos, Rusia y China han reducido sus tasas de encarcelamiento en los últimos años, pero Brasil sigue una trayectoria diametralmente opuesta, ya que ha incrementado su población carcelaria en un orden cercano a 7% anual. Ministerio de Justicia de Brasil: ob. cit.

  • 3.

    Ibíd.

  • 4.

    Tasa de presos por cada 100.000 habitantes.

  • 5.

    Fuente: International Centre for Prison Studies, http://pensando.mj.gov.br/wp-content/uploads/2012/....

  • 6.

    L. Boiteux y Ela Wiecko (coords.): Tráfico de drogas e Constituição, Ministerio de Justicia, Brasilia, 2009, disponible en http://pensando.mj.gov.br/wp-content/uploads/2012/...; L. Boiteux: «Drogas y prisión: la represión contra las drogas y el aumento de la población penitenciaria en Brasil» en Pien Metal y Coletta Youngers (eds.): Sistemas sobrecargados. Leyes de drogas y cárceles en América Latina, Transnational Institute / Washington Office on Latin America, Ámsterdam-Washington, 2010; L. Boiteux y João Pedro Padua: «La desproporción de la Ley de Drogas: los costes humanos y económicos de la actual política en Brasil» en Catalina Pérez Correa (ed.): Justicia desmedida. Proporcionalidad y delitos de drogas en América Latina, Fontamara, Ciudad de México, 2012; L. Boiteux y J.P. Padua: «Respuestas estatales al consumidor de drogas ilícitas en Brasil. Un análisis crítico de las políticas públicas (civiles y penales)» en C. Pérez Correa (ed.): Consumo, consumidores de drogas y las respuestas estatales en América Latina, Fontamara, Ciudad de México, 2014.

  • 7.

    L. Boiteux y E. Wiecko: ob. cit.

  • 8.

    Ministerio de Justicia de Brasil: Infopen 2014.

  • 9.

    Esto sin contar que la mayor parte de los establecimientos penales tampoco está preparado para recibir poblaciones específicas como LGBT, ancianos y discapacitados.

  • 10.

    Ministerio de Justicia de Brasil: Infopen 2015.


  • 11.

    Amnistía Internacional: «Brasil. ‘Eles nos tratam como animais’. Tortura e maus-tratos no Brasil: desumanização e impunidade no sistema da Justica Criminal», 2001, disponible en <https://anistia.org.br/wp-content/uploads/2014/09/Br-Nos-tratam-como-animais-Tortura-e-legado-da-ditadura-militar.pdf>.


  • 12.

    Amnistía Internacional: «O estado dos dereitos humanos no mundo 2014-2015», disponible en <https://anistia.org.br/wp-content/uploads/2015/02/Web-Informe-2015-03-06-final.pdf>.

  • 13.

    Amnistía Internacional: «O estado dos dereitos humanos no mundo 2014-2015», disponible en <https://anistia.org.br/wp-content/uploads/2015/02/Web-Informe-2015-03-06-final.pdf>.

  • 14.

    El caso del presidio Urso Branco fue el primero en Brasil en recibir una medida cautelar de la CIDH. En 2002, una rebelión dio como resultado la muerte de por lo menos 27 personas. Pero este no fue un caso aislado: entre los años 2000 y 2010 se contabilizaron más de 100 muertes en este presidio, como señaló la ONG Justicia Global.

  • 15.

    El presidio de Pedrinhas fue conocido nacionalmente en razón de las 62 muertes de detenidos practicadas por otros presos de forma cruel, a comienzos de 2014, y que se difundieron en videos con escenas de decapitaciones que fueron exhibidos por los medios de comunicación. Tales muertes ocurrieron en un contexto de superpoblación carcelaria en el estado brasileño que posee el segundo peor índice de desarrollo humano (IDH), la menor expectativa de vida y las tasas más altas de mortalidad infantil del país.

  • 16.

    En 1992, 340 policías militares invadieron el presidio y permanecieron durante cerca de media hora supuestamente para contener una rebelión: el resultado fue la muerte de 111 detenidos, 102 de los cuales fueron asesinados a tiros, cuando ninguno de ellos portaba armas de fuego. Puede encontrarse un informe fotográfico en O Globo, <http://oglobo.globo.com/brasil/relembre-em-imagens-massacre-docarandiru-8056011>.

  • 17.

    Marina Novaes: «Justiça de São Paulo anula julgamentos de PMS pelo massacre do Carandiru» en El País Brasil, 29/9/2016.

  • 18.

    Ministerio de Justicia: Infopen 2014, cit.

  • 19.

    Información brindada por los estados brasileños consolidada en el Infopen con datos referentes a diciembre de 2014.

  • 20.

    Ministerio de Justicia: Levantamento nacional de informações penitenciárias. Infopen Mulheres, junio de 2014, disponible en http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-p.... Por primera vez en su historia, el Departamento Penitenciario Nacional lanzó el Infopen Mujeres, con datos referentes a junio de 2014, y reconoció así la importancia de destacar el recorte de género de la población penitenciaria femenina. Estos datos se refieren a 2013 y son los que fueron contabilizados a partir de la variable «género», pues parte del total de los presos informados no hacía esa distinción.

  • 21.

    Ibíd.

  • 22.

    L. Boiteux y E. Wiecko: ob. cit.

  • 23.

    J. Lemgruber y M. Fernandes: Tráfico de drogas na cidade do Rio de Janeiro: Prisão provisória e direito de defesa, CESEC, Río de Janeiro, 2015, disponible en <www.ucamcesec.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2015/10/Boletim-Traficode-drogas-epresos-provisórios.pdf>.

  • 24.

    Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA): «A aplicação de penas e medidas alternativas. Relatório de pesquisa», IPEA, Río de Janeiro, 2015, p. 87.

  • 25.

    Se afirma que en los últimos años el PCC fortaleció su presencia en algunas de las rutas más importantes del tráfico internacional de drogas y armas, siendo responsable por los principales cargamentos de cocaína llegados de Colombia y Bolivia y marihuana de Paraguay. El Comando Vermelho, a su vez, fue perdiendo importancia en estas rutas después de la detención en Colombia de Luiz Fernando da Costa, conocido como Fernandinho Beira-Mar, en 2001. En esta disputa, la ruptura definitiva se habría dado el 22 de junio de 2016, cuando el PCC, en una operación cinematográfica, ejecutó en Paraguay al traficante Jorge Rafaat Toumani, que era considerado «el rey del tráfico». La acción habría contado con más de 100 mercenarios que tenían armamento pesado, incluyendo una ametralladora calibre 50 –capaz de derrumbar helicópteros–, para fusilar al traficante en medio de la calle. Alfonso Benites: «Assassinato do ‘rei do tráfico’ na fronteira deixa em alerta autoridades brasileiras» en El País Brasil, 22/6/2016.

  • 26.

    Gil Alessi: «Rebeliões sinalizam fim de pacto entre PCC e CV e espalham tensão em presídios» en El País Brasil, 20/8/2016.

  • 27.

    G. Alessi: «Massacre em presídio de Manaus deixa 56 detentos mortos» en El País Brasil, 2/1/2017.