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América Latina: su lugar en el mundo y en el G-20

Del grupo de los 20 principales países industrializados y emergentes participan tres naciones latinoamericanas: Argentina, Brasil y México. Hoy el bloque latinoamericano tiene ante sí una gran oportunidad para superar la histórica desventaja que exhibió hasta ahora en los debates del G-20, al no haber logrado definir una agenda regional común para incorporar sus prioridades a la agenda global. El grupo puede ser un puente en este periodo de transición hacia un orden nuevo que suponga un sistema de toma mundial de decisiones más equilibrado en lo político y en lo social. Y por eso no hay que desperdiciar ese espacio.

América Latina: su lugar en el mundo y en el G-20

La historia más reciente, definida por la evolución del capitalismo globalizado bajo diversos sistemas políticos, ha puesto a América Latina dentro de una cadena de acontecimientos gestados en el Norte desarrollado cuyas consecuencias son ahora imposibles de evadir pero que, a su vez, abren un abanico de oportunidades. A partir de los años 70, ante las primeras crisis económicas sistémicas desde la posguerra, las potencias occidentales dominantes emprendieron algunas maniobras básicas de coordinación entre sí para resguardarse de una desestabilización mayor. La creación del Grupo de los 5 (g-5) en 1973, después g-7 y desde 1998, g-8 –con la incorporación de la Rusia ex-soviética– obedeció a esa lógica, concentrada en cuestiones estrictamente económico-financieras, de corto y mediano plazo. La economía aparecía formalmente subordinada al poder político, que en cambio continuaba operando a través de los canales del sistema multilateral abiertos desde 1945, principalmente los enmarcados en la Organización de las Naciones Unidas (onu) –como el Consejo de Seguridad, etc.–, y en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (otan).

Un cuarto de siglo más tarde, con el proceso de globalización lanzado a velocidades inéditas, dos crisis financieras en apenas una década (1998 y 2008) llevaron los primeros intentos de los países desarrollados a una nueva dimensión. Estos mismos países habían alentado la interconexión de los mercados y de la economía para potenciar su hegemonía. Por eso mismo, cuando el sistema falló por descontroles o ajustes, se vieron forzados también a ampliar el cerrado círculo de coordinación original (g-5, g-7 y g-8) a nuevas potencias emergentes y a países en desarrollo, hasta constituir el actual Grupo de los 20 (g-20). Esta creciente necesidad de gobernanza global –económica y política–, bien distinta de la fantasía de un gobierno global o gobierno mundial, le plantea desde entonces y con persistencia una disyuntiva de fondo a América Latina: convalidar o no el g-20 como actor central de un nuevo multilateralismo. Por convicción o por conveniencia.

Desde una perspectiva crítica, el g-20 puede ser considerado como una mera ampliación de fachada del g-7, interesado en ampliar la legitimidad de sus decisiones, que en otras circunstancias serían vistas como producto de un grupo hegemónico de grandes potencias pero sin que el resto de sus integrantes tengan una real incidencia en las decisiones. Pero hay al menos otra manera de ponderar el mismo escenario: el g-20 puede convertirse en un ejercicio de democratización de la gobernanza global, en el que se pongan sobre la mesa y se discutan, finalmente, intereses. También, claro, los de América Latina. ¿Debería entonces la región dejar pasar esta posibilidad de exponer sus intereses comunes, consensuados y coordinados, como llevan décadas haciéndolo Estados Unidos y Europa con los suyos desde el g-7?

El g-20 ofrece un espacio privilegiado para exponer diferencias y abogar por determinadas soluciones globales para problemas globales, desde los financieros y comerciales hasta la desigualdad creciente, pasando por el cambio climático, las migraciones, las epidemias y la preservación de las reservas naturales. La gobernanza desafía la capacidad de articulación de los gobiernos democráticamente constituidos con otras instancias. Eso incluye a las megacorporaciones globales, ante cuyo poder nuestra región, en la periferia, necesita establecer también sus propias estrategias, límites y regulaciones.

El mundo según el g-7

Si los símbolos importan, el primer escenario del proceso que llevó a la creación del g-7 habla de un mundo que ha quedado atrás. Imaginemos, si no, a un grupo de cuatro ministros de Finanzas (eeuu, Gran Bretaña, Alemania occidental y Francia), el llamado «Library Group», departiendo a solas en la biblioteca de la Casa Blanca sobre las causas y las posibles salidas de una gran crisis financiera1. Corría marzo de 1973 y hacía dos años que el gobierno de Richard Nixon había roto uno de los primeros grandes consensos de posguerra, los acuerdos de Bretton Woods, al desligar el dólar del patrón oro. En medio de la crisis del petróleo, agobiadas por una combinación de inflación y de recesión, las cuatro potencias asumieron la necesidad de coordinar sus intereses y sus políticas económicas. En tres años, con Japón, Canadá e Italia, se formó el g-7. El contexto político era, por entonces, un poco más predecible que el económico: el mundo continuaba sometido a las reglas de la bipolaridad de la Guerra Fría. El g-7 expresó desde el comienzo la posición de uno de los polos, eeuu y sus aliados europeos, a través de la otan.

El sistema multilateral respiraba por doquier la gran confrontación política y militar que tuvo en América del Sur un escenario regado de dictaduras cruentas que abrazaron el modelo económico neoliberal impuesto desde Washington. El mundo monitoreado por el g-7, con el Fondo Monetario Internacional (fmi) como invitado permanente, ingresaba en una década, la de 1980, de marcada impronta anglosajona, con Margaret Thatcher en Gran Bretaña y Ronald Reagan en eeuu como artífices de una «revolución conservadora»; la reducción del Estado y la desregulación de la actividad financiera pavimentaron el camino de la primera gran ola globalizadora contemporánea. En América Latina, todo se tradujo en la aplicación del Consenso de Washington (1989) promovido por el propio fmi, con ajustes fiscales, deuda externa, flexibilización laboral y liberalización financiera. En general, un sometimiento de las políticas de Estado a la dinámica de mercados financieros desregulados que pasó la primera factura a los países periféricos.

Los derrapes de especulación tumbaron divisas, desde México (1994) hasta Rusia (1998), pasando por Indonesia, Tailandia, Corea del Sur y Brasil. Inmediatamente después, las «punto com» enviaron su advertencia sobre una nueva era de burbujas, que esta vez tocaba las puertas de los centros financieros del Norte. En ese contexto, la creación en 1999 del Grupo de los 20 (g-20), que agrupa a ministros de Finanzas y jefes de bancos centrales, fue una primera convalidación de América Latina –ubicada en el mundo «emergente» y «en desarrollo»– como parte de una mesa más grande en la que discutir, concertar y coordinar intereses de alcance global.

No había pasado otra década cuando, en 2008, una nueva gran crisis financiera llamó a las puertas, esta vez, del corazón del g-8. La caída de antiguos bancos de inversión y grupos hipotecarios globalizó también la urgencia de coordinación: el desastre había coronado la era de la desregulación y resultaba imperativo discutir un nuevo orden. Los países centrales renegaron de su catecismo de desregulación y no intervención estatal. eeuu estatizó y rescató bancos privados y el Banco Central Europeo (bce) intervino el mercado financiero comunitario a una escala gigantesca. Las economías latinoamericanas, bajo la creciente influencia de China, sintieron el cimbronazo, pero varias de ellas, como Brasil y Argentina, habían hecho un aprendizaje y emprendido estrategias de desendeudamiento e integración comercial.

El Consenso de Washington había sido enterrado por los gobiernos de la región, embarcada en un nuevo proceso de integración política, económica y comercial de mayor autonomía frente a eeuu, cabeza del g-7. En medio de la crisis sistémica de 2008, América Latina aprovechó la nueva apertura que propuso el g-8 y que se plasmó en la conformación del g-20, que reuniría a jefes de Estado y de Gobierno. Las presidencias de México, Brasil y Argentina dieron el presente.

La prioridad era evidente: evitar otra crisis a escala planetaria. La pata económica, monetaria y financiera de la mesa multilateral tendida desde 1945 se había quebrado ante el peso de un nuevo (des)orden general. Brasil, México, China, la India y Sudáfrica habían sido en los años previos países invitados del g-8. Ahora se sumaban como miembros plenos del grupo Argentina, Turquía, Australia, Indonesia, Corea del Sur, Arabia Saudita y la Unión Europea como bloque. La pregunta era entonces, y aún lo es hoy, si sentarse en las deliberaciones del g-20 puede incidir realmente en la creación de un nuevo estado global de cosas que considere las necesidades particulares de América Latina como región. La fórmula de participación ampliada que estaba aplicando el g-7 había sido ensayada ya en 1988 en la Declaración de Toronto:

Ciertas economías de reciente industrialización en la región de Asia-Pacífico han adquirido una importancia cada vez mayor en el comercio mundial. (...) La mayor importancia económica trae aparejadas mayores responsabilidades internacionales y un fuerte interés mutuo en mejorar el diálogo constructivo y los esfuerzos de cooperación (...). El diálogo y las acciones conjuntas podrían, por ejemplo, centrarse en las políticas macroeconómicas, monetarias, comerciales y las de cambio estructural a fin de lograr el ajuste internacional necesario para un crecimiento sostenible y equilibrado de la economía mundial.2

Por ello, las potencias occidentales reunidas en el g-7 concluían con un llamado a alentar «el desarrollo de procesos informales, que facilitarían los debates multilaterales sobre asuntos de preocupación común y fomentarían la necesaria cooperación». 20 años después, el mandatario francés Nicolas Sarkozy señalaría que ahora «vivimos en un mundo multipolar. Estamos ante la oportunidad histórica única de construir un nuevo mundo, y no la podemos dejar pasar. Estamos en el siglo xxi. Ha llegado el momento de sentar las bases de regulaciones para el siglo xxi»3.

El Norte desarrollado volvió su atención hacia el poder de su propia banca privada. El acelerado flujo de capitales había demostrado su capacidad de jaquear también a los países centrales. Que nadie estuviera a salvo de futuras crisis fue un argumento poderoso para sumar a países de América Latina y otros continentes a la defensa de un nuevo orden. Pero ¿América Latina debía ahora ser solidaria como región con las grandes potencias? O, por el contrario, ¿aislarse de la nueva mesa de conversaciones la protegería mejor? Una vez dentro del g-20, ¿tendría la región fuerzas suficientes para imponer algunas condiciones? ¿Qué ventajas reales obtendría en la defensa de sus derechos ante el grupo, respecto de la que el sistema multilateral le ofrecía en foros como la Organización Mundial del Comercio (omc), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (fao, por sus siglas en inglés) o la propia onu? ¿Podría América Latina formar parte activa de la refundación del sistema de gobernanza global, de un nuevo orden que excediera la arquitectura financiera y comprometiera aspectos políticos y diplomáticos de mayor alcance?

La ventaja de participar

El mundo había cambiado de tal modo desde 1973, que aquella íntima reunión de ministros en una biblioteca de Washington se convirtió en 2008 en una cumbre extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno, esta vez alentada por Europa y con un inédito protagonismo de los emergentes, en especial China y la India. En un año, tres cumbres terminaron de dar forma al g-20. Según declararon sus líderes políticos en Pittsburgh, toda una época de cumbres reducidas –y de «irresponsabilidad» y «temeridad» financiera– quedaba atrás, para convertir al g-20 en «el principal foro para nuestra cooperación económica internacional»4.

Desde ese principio, América Latina obtuvo una representación formal destacada, con Brasil en la «troika» del g-20 junto con Gran Bretaña y Corea del Sur. La agenda del grupo se ajustó en algunos aspectos a la de la región. El discurso abarcó la regulación de los mercados financieros y la destrucción del empleo, pero también abrió una discusión sobre el papel de los emergentes en el fmi. El g-20 dejó establecido sus propósitos centrales y las condiciones para lograrlos: «Reformar la arquitectura global para atender las necesidades del siglo xxi. Después de esta crisis, los actores críticos deben de estar en la mesa y completamente integrados en nuestras instituciones para permitir que cooperemos para establecer unos cimientos que permitan un crecimiento vigoroso, equilibrado y sostenible»5.

Mientras tanto, lo que había sido apenas un acrónimo, los bric (Brasil, Rusia, la India, China), se consolidó como un bloque de influencia de los países emergentes dentro del g-20, que se después se institucionalizó como brics al sumar a Sudáfrica6. «Las economías emergentes y en desarrollo deben tener más voz y representación en el seno de las instituciones financieras internacionales», postularon en el inicio, en alusión directa al desfase entre la antigua estructura de poder interno del fmi y las soluciones que demandaba la crisis7.

En los años siguientes, el g-20 incorporó otros enunciados. Algunos reflejan las preocupaciones que prevalecieron con fuerza en el Norte, como el riesgo de nuevos desbalances globales y la transparencia de los mercados financieros. Otros reflejan más el mundo en desarrollo, como las inversiones en educación, seguridad social y capacitación laboral o la idea de sustentabilidad aplicada tanto al consumo como a la producción y el medio ambiente. O sea, el desarrollo.

En el camino quedan asuntos claves en los que los países emergentes y las regiones como América Latina pueden poner a prueba la pertinencia de integrar el g-20 para dar discusiones y ganarlas. Entre ellos, el comercio, las inversiones y las patentes. En 2012, en la Cumbre de Los Cabos, América Latina tuvo la oportunidad de dar prioridad a los intereses de la región. Fue una primera experiencia cuyos resultados fueron muy debatidos, sobre todo por la posición de México como anfitrión, que dio prioridad a la estabilización económica y las reformas estructurales como bases para el crecimiento y el empleo, a la inclusión financiera y a la mejora de la arquitectura financiera internacional. También adhirió a la opinión estadounidense de que la clave de la recuperación económica mundial era ganar competitividad ajustando los déficits fiscales y flexibilizando mercados laborales. Pero las posiciones de la región, sin agenda ni estrategia común, se dividieron. Brasil y Argentina, como la mayoría de los emergentes del g-20, postularon la necesidad de abandonar las políticas de ajuste y de austeridad y de reactivar la demanda global. Finalmente, Los Cabos reflejó más bien esta última postura.

Un avance consistente en favor de los intereses de la región fue el reconocimiento de que, aun en una situación de crisis global, las respuestas deben discriminar también su rol respecto de los países desarrollados. Para unos, seguir poniendo en orden sus sistemas financieros; para otros, ahondar en las mismas políticas que les habían permitido eludir la crisis y sostener la débil recuperación de la economía mundial. Y finalmente, la reivindicación del compromiso de finalizar la Ronda de Doha (omc) de comercio mundial, una meta que el g-20 se puso en 2008 y que, pese a la renovada ofensiva de algunos países centrales contra un «proteccionismo» que validaba sus propias barreras, advertía sobre el riesgo de tentarse con acuerdos de libre comercio parciales, en detrimento de un auténtico sistema multilateral.Tres años más tarde, en la Cumbre de Brisbane (2015), fue Argentina la que se llevó una satisfacción de gran valor político para la región cuando incorporó al debate y a la declaración final un asunto sensible para los países en desarrollo: la reestructuración de las deudas soberanas y los «fondos buitres». El g-20 saludó «el avance realizado para reforzar los límites a la disciplina y la predictibilidad de los procesos de reestructuración de la deuda soberana». En 2016, la decisión del nuevo presidente argentino, Mauricio Macri, de llegar a un acuerdo con los «fondos buitres» esterilizó semejante esfuerzo, pero las cartas quedaron echadas, al menos, para futuras situaciones de su tipo8.

Buenos Aires 2018, una oportunidad

En 2017, América Latina ha vuelto a la troika del g-20 a través de Argentina, que acogerá la cumbre de 2018. La región tendrá así una oportunidad inmejorable de poner a prueba la eficiencia del grupo como nueva herramienta de gobernanza que mejore su situación relativa. Con la economía mundial todavía en recuperación, nuevos elementos se suman al panorama general y, como en 2008, estos tienen su epicentro en el Norte.

Esta vez, los cambios son de índole política, enraizados en la crisis global de esta última década. La Casa Blanca está habitada por un magnate sin experiencia política ni de gestión, salvo la de sus negocios inmobiliarios. El republicano Donald J. Trump comenzó a gobernar la primera potencia económica este año, aupado por un electorado que abrazó una consigna central: «America, First». Trump y su entorno de la Alt-Right coronaron una agenda rupturista. Cabe destacar, por ejemplo, su reivindicación del proteccionismo comercial, su salida del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (ttp, por sus siglas en inglés) y la anunciada renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan), con México y Canadá. En el caso de su vecino del sur, también su proyecto de frenar la inmigración con un muro fronterizo.

Ese giro en la potencia hegemónica americana se emparenta en tiempo, formas y contenidos con varios acontecimientos en sus antiguos aliados europeos: la salida de la ue votada en referéndum por los británicos o «Brexit»; la consolidación de fuerzas ultranacionalistas europeas y la extendida crisis de representatividad política, desde España hasta Italia, hasta desembocar en el sismo electoral en Francia, que redujo al mínimo el papel de las fuerzas tradicionales de izquierda y derecha. El gobierno de Trump remachó su aislamiento en la Cumbre de Hamburgo del g-20, donde mantuvo su solitaria decisión de excluir a eeuu del Acuerdo de París sobre Cambio Climático y forzó al resto a incluir una mención de compromiso sobre el uso de «instrumentos legítimos en defensa del comercio».

Las agendas del g-20 –la de Alemania incluyó migraciones forzadas, terrorismo y las urgencias de África– siempre quedaron condicionadas por la coyuntura. Sin embargo, América Latina tiene pendiente su propia tarea de fondo: establecer una agenda específica que contemple los intereses de la región, que los exponga y que los haga valer dentro de esa gran mesa del g-20. La Cumbre 2018 que se realizará en Argentina ofrecerá un plus, pero si la región quiere hacer valer unos intereses determinados, primero debe ponerse de acuerdo sobre cuáles son y qué estrategia elige para defenderlos.

La Fundación Embajada Abierta ha reunido este año a distintos protagonistas de la troika del g-20 y a los Sherpas (tal como se conoce a los negociadores) de los tres países latinoamericanos del g-20, en un seminario realizado en Buenos Aires. Resultó un ejercicio muy demostrativo de la potencialidad que supone buscar y alcanzar consensos básicos. En el intercambio surgió enseguida una realidad incontestable: América Latina no es una sola sino muchas, con países con modelos políticos, ideológicos y de desarrollo diferenciados, y sometidos a cambios de diverso orden.

Un desafío central es atravesar las circunstancias más diversas sin perder de vista la búsqueda de una gran agenda regional. La creación del Mercosur, hace más de tres décadas, es un ejemplo de cómo Brasil y Argentina lograron acercar posiciones aun ante al recelo de un eeuu mucho más poderoso que hoy. ¿Cuál puede ser entonces el núcleo duro de esa agenda de cara al siglo xxi? Para empezar, los tres países latinoamericanos del g-20 deben multiplicar los esfuerzos de entendimiento en marcha. El eeuu de Trump plantea un desafío no solo a México. Mañana, esa línea se puede correr más al sur, y no solo en lo que hace al comercio y la inmigración: pensamos en temas como seguridad, terrorismo, lucha contra el narcotráfico y explotación de recursos naturales. Luego, una agenda común latinoamericana debe ampliar el primer círculo de esos tres países miembros del g-20 y reflejar un consenso aún más rico, trabajado pacientemente en toda la región. Construir una nueva gobernanza global implica definir y asegurar antes las bases de una nueva gobernanza regional.

A su vez, América Latina puede convertirse en vehículo de representación de los países en desarrollo, con una visión pragmática y constructiva que permita armonizar las distintas agendas en pugna. Asuntos de agenda como la agricultura, sus mercados y las reglas multilaterales que se les aplican, centrales para los intereses de la región, serán crecientemente globales en un mundo en el que la seguridad alimentaria se ha puesto en juego9.

La conclusión del acuerdo Mercosur-ue, negociado desde los años 90, parece más cerca después de los recientes cambios políticos en Argentina y Brasil, y así lo reafirmó durante su última visita a la región la canciller alemana Angela Merkel. Sin embargo, en ese terreno, el g-20 debería ser una oportunidad para que la región deje establecido y coordine algo más que el interés de un convenio interregional. En casos como este, carecer de un acuerdo es mejor que llegar a un mal acuerdo. En estas décadas de multilateralismo, América Latina transformó su estructura comercial, desde México con su experiencia dentro del tlcan (cuyo futuro se ve amenazado ahora por el gobierno de Trump) hasta Brasil como nuevo gran exportador agroindustrial.

Ese cambio exige también que los países desarrollados pongan la agricultura y la agroindustria bajo las reglas de la omc, como parte a su vez de una condición central de la estabilidad internacional: la seguridad alimentaria, que falta especialmente en el mundo en desarrollo. El desempleo, un problema que afecta a por lo menos 200 millones de personas en el mundo, casi un tercio de ellos jóvenes, tiene un componente nuevo y global: la veloz digitalización de la economía, que en los años 90 empezó en los mercados financieros y hoy alcanza a todos los sectores. El desafío como tal alcanza a países desarrollados y en desarrollo, pero es evidente que el actual desbalance en el flujo de inversiones productivas impedirá a regiones como América Latina responder al problema con la misma capacidad que a otras áreas desarrolladas. Es, entonces, una gran oportunidad para que el mundo dé soluciones globalizadas, pero no para ahondar las brechas, sino para cerrarlas con inversiones adecuadas bajo criterios de economía política, no de poder financiero. Nuestra región necesita dejar establecido todo eso en la mesa del g-20.

Sin esas condiciones, se reeditará la desigualdad que provocaron en el pasado las diversas etapas del proceso de industrialización. América Latina no debería reciclarse pasivamente, otra vez, como simple proveedor de materias primas, ni del Norte, ni de Asia. Y lo mismo puede decirse sobre la lucha contra el cambio climático, que por primera vez en más de dos décadas vio confluir los intereses de países desarrollados, emergentes y en desarrollo (con la excepción, ahora, de eeuu) en el Acuerdo de París. Es evidente que las responsabilidades y las respuestas deben ser diferenciadas, y eso es muy claro en el impacto que están sufriendo los cultivos y las infraestructuras regionales por fenómenos climáticos extremos cada vez más recurrentes, pero al mismo tiempo existe una responsabilidad compartida.

No hay por qué ser exclusivamente confrontativos. La región puede emprender un approach pragmático sin dejar de hacer valer sus aportes. La nueva generación de acuerdos interregionales de comercio e inversiones, como el ttp, de incierto futuro sin eeuu, y las negociaciones del Mercosur con la ue han puesto a América Latina en el centro del gran juego.

La región debe revisar sus cartas y ajustar su estrategia. Aunque no se valore lo suficiente, ya hizo inversiones políticas que hoy puede capitalizar, y una de ellas es el instrumento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), un organismo regional de gran poder político que podría convocar, bajo la coordinación de la «troika» (México, Brasil y Argentina), a una instancia regional de la que saliera, con un consenso de fuerza envidiable, la agenda que la región quiere imponer en el gran espacio del g-20.

Para los observadores más críticos, el g-20 se reduce a un juego en el que los hacedores de las reglas (rule makers) las imponen sin remedio a la mayoría, los que las siguen (rule takers). También se preguntan, en nombre del multilateralismo tradicional, si este nuevo tipo de organismos de elite arbitrariamente conformados garantiza la eficiencia que reclaman los tiempos de crisis aceleradas. Pero ¿debe acaso sacrificarse la participación democrática universal en la búsqueda de resultados rápidos? El orden mundial puesto ahora en cuestión nació del peor escenario: dos guerras mundiales en 25 años. A partir de ello y pese a la persistencia de graves conflictos armados localizados, el sistema multilateral funcionó. Sin embargo, ese esquema ya no se corresponde con una realidad que hace crujir los sistemas políticos de las mismas potencias que dictaron las reglas. En ese sentido, el g-20 puede ser un puente en este periodo de transición hacia un orden nuevo que suponga un sistema de toma mundial de decisiones más equilibrado en lo político y en lo social. El g-20 es la única instancia en que América Latina se encuentra con las grandes potencias y los grandes países emergentes, que representan más de tres cuartas partes de la economía y el comercio globales. Y, en ese escenario, la región puede protagonizar la creación de normas para un nuevo orden político y económico global, más estable, democrático y justo.

  • 1.

    John J. Kirton: «El g-20, el g-8, el g-5 y el papel de las potencias en ascenso» en Revista Mexicana de Política Exterior No 94, 8/2012.

  • 2.

    «Declaración de Toronto», Cumbre Económica del g-7, 21 de junio de 1988.

  • 3.

    «g.20 Summit: Nicolas Sarkozy and Angela Merkel Demand Tough Market Regulations» en The Telegraph, 1/4/2009.

  • 4.

    g-20: «Declaración de Pittsburgh», 2009.

  • 5.

    Ibíd.

  • 6.

    Alicia González: «Los brics y la gobernanza económica global» en Estudios de Política Exterior No 164, 3-4/2015.

  • 7.

    «Cronología de una crisis» en bbc Mundo, 2/9/2009.

  • 8.

    g-20: «Declaración de Brisbane», 2014.

  • 9.

    Sofía Scasserra: «Impactos de los acuerdos megarregionales en América Latina», Análisis No 14/2016, Fundación Friedrich Ebert, Buenos Aires, 10/2016.