Históricamente, las diferentes izquierdas han sido refractarias a las corrientes ecologistas que desde 1970 han ido surgiendo a la luz de los primeros signos de la crisis ambiental y de las diferentes críticas al paradigma desarrollista. Ese rechazo se debía a que las izquierdas privilegiaban una lectura de la modernidad y del sistema social en términos de conflicto entre capital y trabajo, y minimizaban o soslayaban los conflictos entre capital y naturaleza, y por ende los impactos ambientales y territoriales del modelo de desarrollo hegemónico. En consecuencia, aunque cuestionaran el sistema capitalista por las relaciones de explotación, en líneas generales seguían apostando por el paradigma del desarrollo.

En América Latina, las izquierdas –tanto en su matriz marxista como en la reformista– han compartido este conjunto de creencias en torno de la dinámica de acumulación y el desarrollo. Por ejemplo, tanto para los estructuralistas de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) como para los autores claves de la teoría de la dependencia, lo central era el cuestionamiento de la desigualdad social y la dependencia estructural, y no el de la ideología del desarrollo. La incipiente cuestión ambiental no estaba dentro de su horizonte de conceptualización. Décadas más tarde, este consenso desarrollista se reprodujo en las izquierdas progresistas que a partir de los años 2000 gobernaron diferentes países latinoamericanos, durante el llamado «boom de los commodities». 

Recordemos que el ecologismo nació como perspectiva político-social hacia fines de 1950, con la multiplicación de las esferas de conflicto y la importancia creciente de la problemática ambiental y los límites planetarios. Desde el comienzo, las organizaciones ecologistas apuntaron sus críticas al productivismo y a la ideología del progreso y el crecimiento infinito que impulsaban tanto el capitalismo occidental como el socialismo de tipo soviético, esto es, las izquierdas entonces hegemónicas. Asimismo, como otros nuevos movimientos sociales, en términos organizativos, el ecologismo aparecía como portador de nuevas prácticas, más ligadas al autonomismo y a corrientes contraculturales de izquierda, que apostaban a formas organizativas más flexibles y democráticas, en contraposición con los estilos verticales de construcción política propios de los partidos y sindicatos de izquierda. 

Si bien en América Latina existían organizaciones ecologistas de carácter conservacionista desde los años 50, estas tenían escasa repercusión. Su debilidad aparecía ligada a la convicción que atravesaba tanto a las izquierdas como a las elites políticas latinoamericanas de que la incipiente problemática ecológica era una preocupación secundaria importada de la agenda de los países ricos, cuando no una suerte de artilugio ideológico que apuntaba a obstaculizar las posibilidades de desarrollo en los países más pobres. En realidad, sería desde fines de la década de 1990 y principalmente en la de 2000, frente a la amplificación de los impactos ambientales y territoriales producidos por el neoextractivismo y el simultáneo ingreso de la crisis climática a la agenda pública, cuando el ambientalismo se expandiría como fuerza social desde abajo en diferentes países de la región, estrechamente ligado a la cosmovisión de los pueblos originarios. Uno de los resultados de este proceso fue la multiplicación de la conflictividad socioambiental, y con ello, la emergencia de nuevos ámbitos de protesta, en los cuales confluían actores diversos, desde organizaciones campesinas e indígenas, nuevos colectivos ecoterritoriales, diversas ong y un espacio activista y académico pluridisciplinar y de carácter anticolonial construido en torno de la ecología política. 

En este artículo me propongo abordar los encuentros, tensiones y desconexiones entre izquierdas y ecologismos en tres partes. En la primera, resumo algunos de los conceptos aportados por el ecosocialismo y el marxismo ecológico, dos corrientes académicas que han atravesado el marxismo contemporáneo y han abierto la puerta a la conexión entre luchas de clases y luchas ecológicas. En la segunda, analizo cuáles son las categorías elaboradas desde América Latina por el pensamiento ecosocial latinoamericano, y me detengo muy brevemente en el rechazo de la problemática ambiental por parte de los progresismos oficialistas, durante el llamado ciclo progresista, para volver a pensar los puentes y lazos entre Norte y Sur global. Y en la tercera reflexiono sobre los conceptos-puente entre el Norte y el Sur y los desafíos que se plantean.

Marxismo, crisis ecológica y actualizaciones

Las izquierdas de origen marxista registraron dificultades para incorporar teórica y políticamente el ingreso de la cuestión ambiental en la agenda política, así como el avance de los movimientos ecologistas. Por un lado, como hijos de la modernidad, Karl Marx y el movimiento obrero buscaban erradicar la desigualdad por la vía revolucionaria, pero no así el progreso, tal como este era entendido en su asociación con la expansión de las fuerzas productivas. Por otro lado, los movimientos ecologistas presentaban un carácter cultural y una base social policlasista cuyo objetivo era incorporar las problemáticas a la agenda pública, pero no tenían como horizonte la revolución social. Sin embargo, luego de este primer desencuentro, desde los años 70 y, con mayor fuerza, a lo largo de las décadas de 1980 y 1990, numerosos autores del Norte global se propusieron reconciliar marxismo y ecologismo, desplazando ligeramente el eje de preocupación. Antes que interesarse de modo sustancial en el devenir de los movimientos ecologistas y sus características, se propusieron analizar el alcance de la problemática ambiental en el marco de la crisis capitalista.

Sería imposible resumir los aportes que se han venido haciendo desde el campo del marxismo occidental para incorporar la crisis ecológica como inherente al capitalismo. Sin duda, autores como los franceses André Gorz y Henri Lefebvre, el franco-brasileño Michael Löwy, el español Manuel Sacristán, el alemán Elmar Altvater, así como los estadounidenses James O’Connor y John Bellamy Foster, estuvieron entre los primeros en señalar la incompatibilidad entre capitalismo y sostenibilidad ambiental, y abrieron así la posibilidad de conectar luchas de clases con luchas ecológicas. 

En términos políticos, fue la izquierda trotskista de la Cuarta Internacional (liderada por Ernest Mandel) la que primero desde el ecosocialismo impulsó la articulación de ecología e izquierda, principalmente a través de Michael Löwy. En 2001, Löwy publicó en coautoría con Joel Kovel el Manifiesto ecosocialista internacional, donde se afirmaba que el ecosocialismo no se concibe como una negación de los socialismos del siglo xx, sino como una prolongación que conserva los objetivos emancipadores de estos, pero «insiste en una redefinición de las vías y del objetivo de la producción socialista en un marco ecológico»¹. La principal contribución conceptual de Löwy está en el libro Ecosocialismo. Una alternativa radical a la catástrofe ecológica capitalista, donde caracteriza el capitalismo como un sistema no solo de explotación, sino también de destrucción de las condiciones de vida del planeta, y critica tanto la «ecología de mercado» dominante, que no cuestiona el sistema capitalista, como el «socialismo productivista», que ignora los límites naturales. Löwy propone la alianza entre los «rojos» y los «verdes», en un sentido amplio, entre movimiento obrero y movimientos ecologistas. El ecosocialismo aparece como una propuesta radical que implica un cambio de paradigma, «a través de una planificación democrática, local y nacional y tarde o temprano, internacional»². Más allá de que Löwy critique las corrientes decrecentistas (como una visión cuantitativista que apunta a una «dictadura ecológica ilustrada»), el ecosocialismo conlleva una reorientación del consumo y la producción, en función de las necesidades básicas. De carácter más teórico-académico que político programático son los aportes del llamado marxismo ecológico, que arrancó a fines de la década de 1980 y colocó en agenda nuevas categorías como «segunda contradicción», «fractura metabólica» y «Capitaloceno». Así, por ejemplo, James O’Connor introdujo la «segunda contradicción» del capitalismo, a saber, la contradicción entre capital y naturaleza³. El capitalismo degrada sus propios recursos (contaminación, agotamiento, desgaste social) y genera una masiva externalización de los costos de producción, sociales y ecológicos. Otro de los aportes centrales es el de John Bellamy Foster, quien retomó el concepto de fractura metabólica, a partir del trabajo de Marx sobre el metabolismo entre sociedad y naturaleza, especialmente en El capital⁴. Para Foster, la fractura metabólica es inherente al capitalismo y compromete la sostenibilidad de las condiciones de vida y producción. Aunque para algunos este análisis del metabolismo es más dualista que dialéctico, es claro que el concepto pone de manifiesto una desconexión entre la naturaleza y la sociedad, a partir de la cual el capitalismo prioriza la acumulación de capital por encima de la sostenibilidad y la preservación del ambiente, algo que Marx ya había observado a través del agotamiento de los nutrientes del suelo en Inglaterra. 

En otra línea de análisis, el sueco Andreas Malm propuso pensar la actual crisis socioecológica en términos de Capitaloceno en lugar de Antropoceno, argumentando que tal crisis no es obra de la humanidad como especie homogénea, sino de un sistema social concreto, el capitalismo, por lo cual la responsabilidad es desigual en términos de clases sociales y países. Asimismo, Malm sostiene que el capitalismo es un sistema socioeconómico que surgió en el siglo xv, mientras que el capitalismo fósil es un periodo particular que comenzó a principios del siglo xix y en el marco del cual se formó una serie de brechas metabólicas: degradación del suelo, cambios en los ciclos del nitrógeno y el carbono⁵. Por su parte, el estadounidense Jason Moore retomó la tesis del Capitaloceno para indagar sobre los orígenes del capitalismo y la expansión de las fronteras de la mercancía, en el largo periodo medieval. Los ciclos del capital fueron generando un modelo histórico-geográfico basado en la apropiación rápida y la expansión y diversificación geográfica, una vez agotado el recurso. «¿Se agota la tierra? Nos movemos a la frontera. Este fue el lema mostrado en el escudo de armas del capitalismo temprano»⁶. De modo que el Capitaloceno como crisis actual debe ser leído como un proceso de larga duración en el cual van tomando forma nuevas maneras de ordenar la relación entre los humanos y el resto de la naturaleza. El capitalismo no solo se desarrolla dentro de la naturaleza, sino que la transforma y se transforma a través de ella, creando lo que llama «ecología-mundo». 

Desde una posición vinculada al marxismo heterodoxo, los franceses Pierre Dardot y Christian Laval proponen refundar una teoría de lo común. Los autores muestran cómo el principio de lo común se impone hoy día como el término central de la alternativa política para el siglo xxi: «El término ‘común’ designa no el resurgimiento de una idea comunista eterna, sino la emergencia de una nueva forma de oponerse al capitalismo, incluso de considerar su superación»⁷. Desde las luchas altermundialistas y ecologistas hasta las teorías de lo común –de Michael Hardt y Toni Negri a Pierre Dardot y Christian Laval–, «lo común» ha llegado a ser el nombre de un régimen de prácticas, de luchas, de instituciones y de investigaciones que apuntan a un porvenir no capitalista. Lo común no es un bien o recurso, sino una actividad política; un principio de acción que consiste en instituir democráticamente aquello que debe ser gestionado de manera colectiva. La obra recorre desde el sistema de normas o el derecho como campo de lucha hasta el esbozo de programa de la «política de lo común». En su obra más reciente, Instituer les mondes. Pour une cosmopolitique des communs [Instituir los mundos. Por una cosmopolítica de los comunes], Dardot y Laval avanzan en una reflexión de lo común como forma de autogobierno de los medios de vida, tomando como base un paradigma relacional, que apunta a una cosmopolítica. Así, sostienen, si aceptamos razonar en términos de los bienes comunes como formas de autogobierno de los entornos de vida, el prefijo «auto» debe entenderse como referido no a un colectivo humano encargado de dirigir desde afuera un entorno de vida, sino a los diferentes componentes, humanos y no humanos, de ese mismo entorno. El autogobierno colectivo presupone, entonces, que el colectivo humano pertenece al entorno de vida que cogobierna desde adentro y del cual depende: tomando el ejemplo del bosque, el autogobierno de un bosque no es el gobierno del bosque solo por parte de los seres humanos, sino el gobierno del bosque por parte de todos aquellos que viven en él, tanto seres humanos como otros seres vivos no humanos⁸. 

Por último, a partir de 2008 asistimos a nuevos debates sobre el decrecimiento, un concepto que se nutre de aportes tan diversos como el de André Gorz en la década de 1970 (crítica al consumo), el catalán Joan Martínez Alier (economía ecológica) y el Movimiento al Decrecimiento fundado hacia el año 2000 por el francés Serge Latouche. Desde el campo neomarxista, quien sostiene de manera más radical este posicionamiento es el filósofo japonés Kohei Saito, quien argumenta que Marx, en sus escritos tardíos, al estudiar la crisis del suelo y el agotamiento de los nutrientes, apuntó a un socialismo que vuelve a viejas formas de producción, utilizando algunas de las últimas tecnologías. Saito sintetiza esa lectura en la fórmula de un «comunismo del decrecimiento». Asimismo, en la línea del decrecimiento, se destacan los aportes del politólogo y activista alemán Ulrich Brand alrededor de su concepto de «modo de vida imperial», definido como «un patrón social, cultural y económico dominante en los países del Norte global (y adoptado por las elites del Sur), normalizado y hegemónico, que no puede evitar externalizar sus condiciones o consecuencias negativas sin explotar a otras personas y sin destruir sus propios fundamentos, que están profundamente arraigados en las estructuras y prácticas políticas, económicas y culturales en la cotidianidad de la población del Norte global y cada vez más también de los países emergentes del Sur global»⁹. Los aportes teóricos de Brand retoman la teoría del Estado y la cuestión ecológica y de género, al tiempo que mantienen un diálogo constante con América Latina sobre el que volveré más adelante.

En suma, hasta qué punto estos conceptos reseñados se encuentran en Marx, si se trata de dimensiones menores o son aspectos significativos en su obra, son cuestiones que quizá solo interesen a la marxología académica. La obra de Marx es sin duda un cantero inagotable, a condición de que no creamos que puede explicarlo todo, lo cual además de ser insostenible, colocaría en una suerte de posición de superioridad epistémica a aquellos que adoptaran tal visión. Se entiende claramente que el esfuerzo de actualización teórica responde a la necesidad de expandir una relectura marxista en clave de crisis socioecológica. El objetivo es potenciar y articular luchas de clases con luchas ecologistas, desde una perspectiva anticapitalista, en un escenario de policrisis sistémica que se advierte cada vez más asimétrico y desigual.

América Latina: descolonización epistémica y perspectiva ecosocial

Los primeros aportes críticos del pensamiento emancipatorio latinoamericano tocaron el corazón de la teoría del desarrollo, en clave descolonizadora. Fue en los años 90 cuando comenzaron a circular las primeras perspectivas críticas en torno del desarrollo; en el caso latinoamericano, analizado como discurso de poder. Entre ellas, se destaca la contribución del mexicano Gustavo Esteva en el Diccionario del desarrollo, coordinado por Wolfgang Sachs (1992), quien subrayaba la matriz colonial de la idea de desarrollo y la invención, en la posguerra, por parte de Estados Unidos y otras potencias occidentales, del desarrollo y su contraparte, el subdesarrollo¹⁰. Otra contribución importante fue la del pensador colombiano Arturo Escobar, quien propuso la noción de «posdesarrollo», a partir de la cual deconstruye el concepto moderno de desarrollo como instrumento de dominación, revelando sus principales mecanismos de operación; entre ellos, la profesionalización de los «problemas» del desarrollo y su institucionalización a través de una red de organizaciones nacionales, regionales e internacionales. Escobar destacaba asimismo las formas en que el desarrollo invisibilizaba experiencias y conocimientos locales y sugería un cambio de enfoque, pasando de pensar un «desarrollo alternativo» a pensar «alternativas al desarrollo». 

En la primera década del siglo xxi, esta crítica anticolonial y postestructuralista al desarrollo se conectó con la categoría de «neoextractivismo», una noción acuñada en América Latina por el activismo académico, que fue adoptada rápidamente por todo el arco de colectivos y organizaciones socioambientales de la región, y que cuenta en la actualidad con una amplia circulación internacional¹¹. Esta crítica tuvo una gran productividad teórica y política, lo que muestra una vez más la gran porosidad entre luchas sociales y pensamiento crítico. En primer lugar, marcó la convergencia de las resistencias de pueblos indígenas y las luchas ecosocioterritoriales con el campo de la ecología política, un espacio en expansión en el cual irían confluyendo aportes de la sociología de los movimientos sociales, el pensamiento indígena, la geografía crítica, la historia ambiental, los feminismos, los nuevos constitucionalismos latinoamericanos y la economía ecológica, entre otros. Este espacio académico-militante contó con los aportes previos de destacados pensadores como el mexicano Enrique Leff y el ya citado Arturo Escobar, así como con los trabajos pioneros del Grupo de Ecología Política del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), coordinado por el investigador Héctor Alimonda. En segundo lugar, la crítica al neoextractivismo fue también el punto de partida de propuestas de cruce entre ecologismos e izquierdas anticoloniales, cuyo objetivo sería disputar el sentido hegemónico (paradigma desarrollista) y superar las limitaciones de los progresismos realmente existentes. 

En esa línea, los debates sobre las alternativas al extractivismo se han ido nutriendo del pensamiento comunitario indígena, las luchas ecologistas y los feminismos ecoterritoriales. Estas perspectivas que buscaron articular izquierda plebeya con lucha ecologista se asientan sobre un paradigma relacional, en el que se destacan conceptos-horizonte como buen vivir, derechos de la naturaleza, bienes comunes, posextractivismo, sistema de cuidados y, más recientemente, en el marco de las discusiones sobre la transición energética, los de transición ecosocial justa y popular y Estado ecosocial. 

Dos de los conceptos faro fueron el buen vivir y los derechos de la naturaleza. Mientras que el buen vivir instala puentes entre pasado y futuro, entre matriz comunitaria, cosmovisión relacional indígena y mirada ecologista, el de derechos de la naturaleza postula nuevas formas de relación del humano con la naturaleza y con sus semejantes, y por ende reclama el pasaje de un paradigma antropocéntrico a otro de carácter sociobiocéntrico. Sancionada en 2008, la Constitución de Ecuador estuvo a la vanguardia de este reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Luego siguió Bolivia, con el reconocimiento legal de los derechos de la Madre Tierra, en 2010. 

Como es sabido, para el progresismo latinoamericano la problemática ambiental fue un punto ciego. No fueron pocos quienes desde los gobiernos confrontaron directamente con la crítica al neoextractivismo¹². Hay que agregar que entre los defensores más fervorosos del consenso extractivista se encuentran los economistas heterodoxos, que convergen así con sus pares ortodoxos. En la izquierda latinoamericana fue relevante también el apoyo incondicional a los progresismos oficialistas por parte de las autoridades de Clacso –al menos hasta 2019–, por lo que esto significaba en términos de redes de difusión y circulación del pensamiento. Al mismo tiempo, no pocos de los conceptos propositivos que habían sido inicialmente aceptados terminaron por ser instrumentalizados en clave desarrollista (el buen vivir) o descartados (los derechos de la naturaleza), desde el lenguaje progresista hegemónico. Así, el divorcio entre el discurso neodesarrollista progresista encarnado por los oficialismos y el discurso ecoterritorial asociado a movimientos indígenas y colectivos ambientales alcanzó diferentes grados de profundidad. Se acusó al ambientalismo de falta de «realismo social» o de «hacer el juego a las derechas», y no pocos optaron por el escamoteo de la problemática socioambiental estigmatizando las protestas, negando la legitimidad del reclamo y atribuyéndolo ya sea al «ecologismo infantil» (Ecuador), al accionar de ong extranjeras (Brasil), al «ambientalismo colonial» (Bolivia) o, en épocas más recientes (Argentina, 2019-2023), a un «ambientalismo bobo» y «prohibicionista». 

El único caso de progresismo socioambiental oficialista ha sido el de Colombia bajo el gobierno de Gustavo Petro (2022-2026), quien ya sostenía un discurso ambientalista durante su paso por la Alcaldía de Bogotá. El gobierno de Petro tuvo limitaciones de todo tipo, pero recogió las diferentes vertientes de luchas contra el extractivismo: las organizaciones campesinas que luchan por la soberanía alimentaria, los comités ambientales, que lograron triunfos aplastantes contra la minería a gran escala, u organizaciones como la Alianza Colombiana contra el Fracking. La idea misma de una Colombia «potencia de vida», expresada en un programa integral de gobierno y no solamente como compartimento estanco, hizo su aparición en discusiones públicas sobre el fracking o sobre la transición energética. 

Sin pretender saldar un tema sobre el cual se ha escrito mucho, al día de hoy, en América Latina, el desencuentro entre izquierdas progresistas e izquierdas ecologistas continúa siendo una constante. Más allá de que algunos adopten una retórica moderadamente ambientalista, gran parte de los progresismos siguen convencidos de que el neodesarrollismo extractivista es la clave para la superación del neoliberalismo, mientras que gran parte de los ambientalismos continúan convencidos de que los progresismos seguirán apostando por políticas neodesarrollistas que terminan por converger con el neoliberalismo. 

Volviendo al campo de la producción de conceptos-puente entre izquierdas y ecologismos, en América Latina existe una reflexión sobre «lo común» que tiene raíces propias, distintas del mencionado debate europeo. No es parte de una teoría general, sino de prácticas y luchas concretas de pueblos indígenas, campesinos y movimientos sociales, esto es, de la defensa de los comunes. Pero esta reflexión más empírica se articula con otros conceptos, como el de «comunalidad» y, sobre todo, «posextractivismo», elaborado en la estela del concepto de «posdesarrollo». El posextractivismo es concebido como una puerta de entrada para la superación de la dependencia de la extracción intensiva de recursos naturales (minería, hidrocarburos, agroindustria) en América Latina. Para algunos autores, el posextractivismo es una alternativa al modelo de desarrollo basada en el buen vivir, que abandona el extractivismo clásico (depredador y exportador) y avanza hacia una transición justa y sostenible, basada en economías diversificadas, con soberanía territorial, justicia ambiental, democracia deliberativa y valoración de los bienes comunes¹³. Para otros, es un horizonte político que se conecta con la necesidad de transiciones ecosociales justas que articulen en un nuevo paradigma de justicia social con justicia ambiental¹⁴. Todas estas posiciones rechazan el neoextractivismo como patrón de acumulación y proponen moratorias de proyectos extractivos, defienden la soberanía de los pueblos sobre sus territorios y proponen una salida ecológica y social que combine decrecimiento selectivo de los países ricos, democracia deliberativa, economías locales y agroecológicas y derechos de la naturaleza. 

En suma, pese a los retrocesos políticos, la noción de pos-extractivismo continúa siendo un eje a partir del cual pensar una agenda de transición ecosocial, desde un nivel multiescalar. Una de las propuestas más recientes es la que, junto con otros activistas e intelectuales, lanzamos desde el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, un colectivo de carácter latinoamericano creado en 2020, que busca disputar sentidos en torno de la transición ecosocial en un escenario de policrisis civilizatoria, a través de diferentes inflexiones y agendas, tanto a escala global como regional y nacional¹⁵. En tanto apuesta ecosocial, económica e intercultural pergeñada desde el Sur, rechaza que América Latina continúe siendo hablada y pensada solo desde el Norte, sobre todo cuando se trata de propuestas de transición ecosocial, que por lo general no colocan en el centro la cuestión de la deuda ecológica ni el posextractivismo, y en algunas ocasiones tampoco van más allá de la descarbonización de las sociedades, ni cuestionan el modelo productivo ligado al agronegocio. Se trata de una plataforma colectiva que invita a construir imaginarios sociales esperanzadores, a acordar un rumbo compartido de la transformación y a crear una base para espacios de lucha en los más diversos ámbitos de nuestras sociedades¹⁶. 

En sintonía con esta plataforma regional, en 2023 se creó en Argentina el Equipo Transiciones, concebido como un «equipo de equipos», que asume como desafío la elaboración de propuestas de transición ecosocial, las cuales vienen de la mano de conceptos como el de «transición energética justa y popular», «deuda ecológica», «sistema integral de cuidados» y «Estado ecosocial», entre otros¹⁷. La propuesta de crear un Estado ecosocial que asuma los riesgos sociales y ambientales confronta directamente con las políticas ultraneoliberales, pero se distancia también de la visión del Estado de bienestar europeo y los populismos latinoamericanos. La reflexión sobre el Estado ecosocial cuenta con los aportes del economista Rubén Lo Vuolo, del Equipo Transiciones, quien lo define como

[Una] nueva forma de organización social cuyo objetivo es satisfacer las necesidades humanas de las personas, dentro de los límites que imponen las fronteras planetarias. Un sistema institucional y políticas públicas cuya función es garantizar que todas las personas accedan a los elementos necesarios para continuar con la reproducción de su vida en nuestras sociedades, sobre bases igualitarias y bajo dos criterios simultáneos: equidad/justicia y sostenibilidad/suficiencia.¹⁸

Lejos de tratarse de propuestas abstractas, tanto el Pacto Ecosocial como el Equipo Transiciones entroncan su reflexión con las luchas ecoterritoriales, los procesos de re-existencia y los conceptos-horizonte ya mencionados, forjados en las últimas décadas en el Sur global y en América Latina en particular. Asimismo, apuntan a generar un diálogo descolonizador con otras propuestas de izquierda, como el decrecimiento y otras alternativas sistémicas. 

Conceptos-puente y desafíos

En el Norte global, las izquierdas marxistas ampliaron su horizonte de reflexión, tanto en lo que se refiere a los conceptos para entender la crisis socioecológica como en la búsqueda de un programa alternativo ecosocialista. En la actualidad, las múltiples dimensiones de la crisis muestran la consolidación de un «modo de vida imperial», que impulsa el aceleramiento del metabolismo social del capital (la exigencia de materias primas y de energía) y, por ende, empuja aún más al colapso ecológico. A raíz de ello, no es casual que dentro de las filas del marxismo se debata cada vez más abiertamente un tema tan controvertido como el decrecimiento, lo que antes parecía ser una suerte de tabú. Por su parte, en América Latina, la necesidad de articular izquierdas con ecologismo nació con las críticas al desarrollo, pero se expandió con las grandes movilizaciones antineoliberales de principios del siglo xxi, primero, y la consolidación del neoextractivismo, después. Nuevas categorías asomaron, en ese cruce que busca hibridar cosmovisión comunitaria indígena con la práctica de cuidado y defensa de los territorios, desde un paradigma ecofeminista que acentúa la relacionalidad y la interdependencia de la vida.

Cabe señalar, sin embargo, que existe un escaso diálogo entre las perspectivas ecomarxistas y las propuestas de alternativas al extractivismo. Las asimetrías epistémicas prevalecen; más allá de que ciertas categorías –como Capitaloceno o fractura metabólica– recorran el lenguaje de la ecología política latinoamericana, no sucede lo mismo con el léxico político-conceptual de la región, que raramente es invocado desde el Norte global. Por supuesto, hay excepciones, puentes que se tienden y líneas de cruces que van marcando senderos comunes. Así, en 2008, Michael Löwy publicó la Declaración Ecosocialista de Belém e impulsó la creación de una Red Ecosocialista, tanto a escala internacional como en Brasil, su país de origen, buscando la articulación con movimientos como el Movimiento Sin Tierra (mst) y expresiones partidarias de izquierda. Pero como sostiene la socióloga brasileña y activista ecosocialista Sabrina Fernandes, para avanzar en la generación de un nuevo paradigma ecosocialista, hay que dejar de separar demandas «rojas» y «verdes», para integrarlas en una misma lucha y un único paradigma¹⁹. Sin duda, uno de los grandes desafíos del ecosocialismo es la elaboración de una nueva teoría del Estado, en consonancia con una planificación democrática que asuma la confrontación con las narrativas tecnocráticas del «capitalismo verde» y no caiga en los errores del pasado (ya sea el viejo Estado de bienestar europeo o el colectivismo soviético). En esa línea, sería interesante conectar estas propuestas con la reflexión sobre el Estado ecosocial. 

Asimismo, hace años se inició el diálogo entre posextractivismo y decrecimiento, tal como lo puso de relieve el libro publicado conjuntamente en 2017 por Alberto Acosta (ex-presidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador y actual miembro del Pacto Ecosocial) y Ulrich Brand²⁰. En él, buscaban profundizar las características de los contextos divergentes que dieron origen a estos conceptos. No obstante, también afloraban preocupaciones acerca de las ambivalencias y limitaciones del concepto de decrecimiento, en su cuestionamiento de la lógica de dominación o, incluso, en la persistencia de una visión antropocéntrica, que no necesariamente cuestiona la división sociedad-naturaleza. En la misma línea, se reconocía que en América Latina las propuestas del buen vivir no fueron acompañadas de un decrecimiento (en el sentido de desmaterialización, desmercantilización y descentralización). Esto ha tenido continuidad en el diálogo entablado entre el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur y las redes de decrecimiento en la región de Cataluña y el Foro Transiciones impulsado, entre otros, por la red Ecologistas en Acción de España.

Como hemos señalado con Breno Bringel, el decrecimiento en los países del Norte es una exigencia de justicia global, en el contexto de un planeta ya dañado²¹. Son varios los autores (Giorgos Kallis, Federico Demaria, Jason Hickel, entre otros) que sostienen que el decrecimiento es también una exigencia de descolonización: «Los países del Sur deben ser libres para organizar sus recursos y su trabajo en torno de la satisfacción de las necesidades humanas y no en torno del servicio del crecimiento del Norte»²². La reducción de la presión sobre los bienes naturales podría abrir «espacio conceptual» ²³ en el Sur global y potenciaría el proceso de liberación cognitiva, necesario para transitar hacia el posextractivismo, en países tan atravesados por un imaginario eldoradista y una economía extractivista. Esto no implica que el Sur deba reivindicar su «derecho al desarrollo», porque efectivamente es el desarrollo el que nos está empujando actualmente hacia el colapso. En esa línea, cualquier izquierda que apueste por pensar alternativas al desarrollo desde una perspectiva integral deberá hacerlo desde las bases de una nueva economía política crítica, la cual solo es posible si se aceptan las fronteras planetarias. O, dicho de otro modo, es crucial que la economía política se conecte y converja con la economía ecológica, de gran desarrollo tanto en el Norte como en el Sur global. Esto aparece tanto más desafiante y necesario en el actual escenario de pujas interimperiales, en el cual los países del Norte global y aquellos emergentes pujan por obtener un acceso rápido a los minerales críticos, en nombre de la transición energética y digital y, sobre todo, para abastecer la creciente demanda de la industria militar, en tiempos de multiplicación de los conflictos bélicos y destrucción del viejo orden internacional.

En una época en la que se liberan y buscan legitimar las fuerzas de la desigualdad, de la mano de tecnomagnates y derechas radicales que pujan abiertamente por un cambio de régimen político incompatible con el respeto de los derechos humanos y la democracia, las izquierdas necesitan abandonar la zona de confort y abrirse a la imaginación radical. Necesitamos de nuevos conceptos y de articulaciones políticas entre el Norte y el Sur global que abran el espacio a una verdadera conexión de narrativas de futuro, igualitarias y deseantes, con propuestas transformadoras multiescalares en el plano de la justicia social, ambiental, étnica y de género. No es posible quedarse anclado en la resignación y la pasividad, ante la acelerada política de destrucción y deshumanización de las derechas radicales. Las izquierdas deben asumir de una vez por todas el paradigma ecosocial como punto de partida y al mismo tiempo como horizonte utópico, sin selectividades epistémicas ni nostalgias del pasado.