El 12 de mayo de 2016, la Cámara Alta del Congreso brasileño abrió el proceso de impeachment contra la presidenta brasileña. Esta crisis política tiene antecedentes inmediatos: desde la reelección de Dilma Rousseff por un pequeño margen de votos, en 2014, hasta las más grandes movilizaciones callejeras en su contra, los medios y la justicia han jugado un rol determinante en el movimiento por la destitución de la presidenta. Curiosamente, el Congreso no busca procesar a Rousseff por corrupción sino por «maquillar el déficit»; de hecho, una gran parte de quienes buscan destituirla están involucrados en el llamado «Lava Jato» y en otras serias irregularidades.

Las elecciones en Perú lucen desde hace tiempo como una «montaña rusa». Tras meses de subidas y bajadas en la intención de voto que agitaron el país, todo termina volviendo al punto de inicio. Hay, además, dos continuidades: por un lado, un patrón de voto en la dimensión territorial que sorprende por su permanencia en lo que va del siglo XXI; por otro, las políticas económicas denominadas «neoliberales» –iniciadas por Alberto Fujimori hace 25 años–, que los dos candidatos que competirán en la segunda vuelta, Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, defienden.

Las megafiltraciones de los últimos años –WikiLeaks, las revelaciones de Edward Snowden y las más recientes, conocidas como «Panamá Papers»– han servido para poner en evidencia la cara «oculta» del poder –político y económico– global, a menudo de forma espectacular. Pero, al mismo tiempo, grupos mediáticos, geopolítica y negocios tejen un entramado que pone en cuestión a los propios medios que difunden, pero también seleccionan, las filtraciones, así como el ejercicio del periodismo y el acceso a la información en esta «era global».

Tras el último triunfo electoral de Tayyip Erdogan, muchas personas se preguntaron por qué las fuerzas democráticas y laicas no logran triunfar en Turquía. Para responder esta pregunta, es preciso tener en cuenta la «guerra civil» cultural que golpea al país y se desarrolla en tres frentes: étnico, religioso e identitario. En los tres casos, el presidente turco se ubica de forma estable del lado de la mayoría conservadora que, lamentablemente, sigue siendo hegemónica en la sociedad turca. Una nueva izquierda ha logrado crecer venciendo numerosos obstáculos, pero aún es mucho e incierto el camino que deben recorrer los sectores democráticos.

El combate contra la delincuencia tradicional parece estar necesitando que se abandonen viejas miradas e ideas sedimentadas, como así también las divisiones binarias entre lo legal y lo ilegal. Los análisis erróneos suelen generar políticas erróneas o ineficaces. Un primer aspecto por considerar es que el crimen transnacional recurre a la simbiosis entre lo legal y lo ilegal, y este fenómeno está lejos de estar asociado de manera simple con Estados más débiles o «fallidos». Se trata de buscar la parte sumergida del iceberg, de encontrar las causas estructurales y las multiplicadoras o aceleradoras.

La relación entre ciertos sectores del Estado y la criminalidad compleja en América Latina y el Caribe en años recientes resulta cada vez más visible. Este fenómeno ha adquirido un carácter sistémico, tanto en países que experimentan la consolidación de sus frágiles democracias como en aquellos donde la transición posconflicto bélico proporcionó oportunidades a actores armados para involucrarse en acciones ilícitas y criminales. Por eso resulta necesario explorar las condiciones y los factores que facilitan la inclinación del Estado hacia la criminalidad, así como el uso criminal de lo político.

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) es una novedosa herramienta de cooperación en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas, diseñada para perseguir penalmente a redes criminales y de corrupción que anidan en las instituciones estatales. La cicig ingresó en su noveno año de operaciones y logró el mayor impacto a partir de 2015, cuando consiguió el encarcelamiento del presidente Otto Pérez Molina, la vicepresidenta Roxana Baldetti y otros altos funcionarios del gobierno y del Congreso, así como de prominentes directores de poderosas corporaciones empresariales. La propia población manifestó su apoyo a la comisión mediante multitudinarias movilizaciones en las plazas del país.

La violencia relacionada con el fenómeno de las maras salvadoreñas fluye en cuatro direcciones: la guerra entre maras rivales, la violencia pandilleril ejercida sobre las comunidades, la violencia estatal hacia las maras y las respuestas violentas de estas hacia el Estado. Hoy este fenómeno representa una gran amenaza para el proceso democrático que El Salvador intentó construir luego de la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, así como la posibilidad de que este país centroamericano –otrora modelo por su negociación para terminar con la guerra civil de la década de 1980– vuelva a sumirse en una guerra.

Las bandas mexicanas del crimen organizado se han convertido en franquicias criminales. Como parte de su proceso de expansión, diversificaron su «cartera» y hoy comercian con productos legales obtenidos vía la extorsión y el robo, principalmente commodities. Estas actividades predatorias han contribuido al aumento de la inflación y dieron pie al surgimiento de autodefensas para responder a los grupos del crimen organizado. Esto deja ver los diferentes espacios y facetas de actividad del crimen organizado y sus intentos de apropiarse de espacios de la economía legal. En muchos aspectos, estos grupos buscan economías de escala y de gama, como lo hace cualquier otra empresa capitalista.

Este artículo aborda la criminalidad organizada en la frontera entre Bolivia y Argentina. Inicialmente hace referencia a la caracterización general del crimen organizado y a su identificación concreta en los códigos penales boliviano y argentino. También se detallan las particularidades de los territorios fronterizos entre los dos países, con el objetivo de entender las dinámicas que allí determinan las características del crimen organizado. Y, finalmente, se hace un relevamiento de las problemáticas de la frontera boliviano-argentina respecto del crimen organizado y las implicancias para la institucionalidad y las políticas públicas de ambos países.

Junto con el boom minero que atravesó el país, Perú ha visto crecer en su territorio la minería ilegal. En el ranking de las principales actividades delictivas de acuerdo con la cantidad de dinero que movilizan, la minería ilegal continúa compartiendo los primeros lugares con el narcotráfico y la tala ilegal, pese a la baja de los precios de los minerales en el mercado mundial. Los mineros ilegales e informales han logrado incluso desplegar eficaces estrategias de influencia y han construido puentes con la política.

El auge de los precios de las materias primas ha alentado la minería en América Latina y, dentro de ella, la minería ilegal. Esto ha conllevado una articulación de este negocio con otras redes delincuenciales, como el narcotráfico y la trata de personas. En regiones de la cuenca amazónica, la minería ilegal –como ocurre en muchas regiones con el narcotráfico– toma ventaja y rediseña espacios geográficos para sus fines. No obstante, continúa captando menos atención política y mediática que el tráfico de drogas o el contrabando.

Las series de televisión rompen con lo políticamente correcto: abundan el sexo, las drogas y el alcohol, pero también todo tipo de bajezas. Al final de cada capítulo y de cada temporada, queda la sensación de que el mundo es el teatro de una gran conspiración política y empresarial contra los ciudadanos; de que el capitalismo y los gobiernos y los empresarios nos quieren robar y matar y no nos hemos dado cuenta. Donald Trump sería un mejor personaje de ficción que candidato presidencial: lo amaríamos en una serie, lo odiamos como político real. Las series cuentan los males del capitalismo sin el temor de que los televidentes se subleven.

La temática de las transiciones a la democracia, que dominó el periodo de expansión de las libertades civiles a partir de la década de 1980, parece haber cedido lugar al problema de la crisis de legitimidad, que abarca también a las democracias más antiguas y se combina con una creciente desigualdad social. Las últimas contribuciones de Jürgen Habermas, teórico de referencia en la década de 1980, permiten enmarcar los nuevos problemas de la legitimidad, determinados por el surgimiento de una «oligarquía tecnocrática».