El fin de la Guerra Fría supuso para los países latinoamericanos enfrentarse a una serie de desafíos. El principal, cómo relacionarse interna y externamente en un mundo en transición, en pleno proceso de recomposición de alianzas y cada vez más globalizado. Las opciones en ese marco apuntaban al aprovechamiento de las ventajas comparativas y a la generación de espacios sobre la base de nociones compartidas: la democracia como forma de gobierno, el sistema de libre mercado como principal vía de desarrollo económico y la existencia de características similares, como el ser países subdesarrollados o en vías de desarrollo, con importantes deficiencias estructurales desde la perspectiva social y, en general, con una muy limitada capacidad de injerencia a escala internacional.

El trabajo centra su atención en la proyección del poder imperial de Estados Unidos en México. Este es un asunto histórico con una pauta imperialista clara que emerge de la reseña de los acontecimientos y procesos registrados desde principios del siglo XIX hasta las más recientes manifestaciones del imperialismo de EEUU, como resultado de los acontecimientos del 11 de Septiembre. Un tema central de este proceso es la necesidad y los esfuerzos del gobierno estadounidense (la «presidencia imperial») por reconciliar los imperativos en conflicto del poderío económico, proyectado por las corporaciones multinacionales locales, y los imperativos políticos para impulsar la estabilidad y el orden. En el trabajo se analizan las consecuencias para México de los esfuerzos de la «presidencia imperial» de EEUU para resolver este dilema.

El artículo describe el contexto histórico y sociocultural de la reciente crisis boliviana. Los conflictos cada vez más algidos de los últimos tiempos, que ponían en evidencia una creciente brecha entre los progresos de la modernización económica y las demandas de una población anclada en una imagen del Estado perteneciente al pasado, no sirvieron como advertencia para que los partidos y la clase política asumieran el papel de referentes requerido por las circuntancias. Ha terminado de aflorar una fuerte tendencia conservadora y populista que amenaza lo que debería ser una etapa de modernización democrática.

Son muchas las lecturas posibles sobre la V Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio, celebrada en Cancún. Para varios gobiernos fue una decepción, para otros una victoria; algunas organizaciones de ciudadanos consideraron el desenlace como un éxito, mientras que otras se alarmaron por la pérdida de un espacio multilateral. América Latina se jugaban mucho en Cancún, pero no consiguió avanzar en temas clave, como el comercio agrícola, y la situación de cara al ALCA se ha complicado mucho más.

La alta movilidad de capitales e inversiones, así como los cambios ocurridos en el comercio internacional, han reducido la capacidad regulatoria de gobiernos y sociedades frente a los mecanismos económicos de la globalización neoliberal. En el caso del medio ambiente, hay una suerte de «guerra» entre territorios que buscan atraer inversión y trabajo a costa de desregulaciones socioambientales. El artículo desarrolla cuatro tesis relacionadas con las políticas ambientales que deberían ser consideradas para enfrentar los condicionamientos y chantajes de las corporaciones, dinamizando la participación social y política de comunidades y organizaciones.

El artículo muestra lo implausible de muchos de los argumentos que vienen siendo utilizados para justificar el protagonismo «occidental» en la conducción de una política global por los derechos humanos. Esas nociones por lo general diluyen las relaciones de poder vigentes en la política mundial en metáforas seudosociológicas como sociedad civil global y ciudadanía cosmopolita; reducen la historia moderna a una teleología que opone un Occidente expansivo y humanitario a un Oriente indiferenciado y vacío de civilización; funden y confunden parámetros de justicia y formas concretas de vida, asociando la expansión de los derechos humanos a la supresión de modelos culturales considerados particularistas.

El artículo aborda el debate inconcluso entre los beneficios de la apertura comercial y las repercusiones en el cuidado o deterioro del medio ambiente. El Tratado de Libre Comercio para América del Norte se perfiló como un elemento de crecimiento económico para Estados Unidos, México y Canadá. Si bien a 10 años de su puesta en marcha se exhiben avances en el ámbito macroeconómico, los efectos en regiones, sectores y en el ambiente han sido poco halagüeños. Se debe recuperar la potencialidad de la Comisión de Cooperación Ambiental, organismo trinacional creado por presiones de la sociedad civil, con el fin de generar un marco científico-político que dé lugar a estudios, indicadores y soluciones ambientales íntimamente relacionadas con la inclusión social.

El mal manejo de los recursos naturales en combinación con una política neoliberal, han agravado y acelerado el deterioro ambiental, y han hecho surgir nuevos movimientos ecológicos y acciones sociales en la región sobre la base de un derecho local. El presente artículo analiza el debate sobre la propiedad ambiental y la conceptualización de una gestión ambiental, tomando como ejemplo el caso chileno. El autor elabora nuevos elementos normativos para los actuales marcos regulatorios y la participación ciudadana, que deben consensuar entre la ampliación de una responsabilidad individual conforme a un derecho local ambiental, y la creación de una propiedad patrimonial que obligue a todos los actores involucrados a aceptar medidas de compensación y restitución en caso de contaminar y consumir bienes ambientales (no) renovables.

Un análisis de las recientes reformas legislativas en materia laboral en América Latina, permite apreciar de qué forma la promoción del empleo entendida como una permanente disminución de los costos asociados a la contratación laboral, ha operado como un poderoso criterio orientador de la actividad legislativa; puede hablarse de normas laborales de nueva generación, elaboradas para cumplir una función promotora del empleo antes que la tradicional función protectora del derecho laboral. Las sucesivas modificaciones legales se han mostrado hasta ahora ineficaces para combatir el desempleo y antes bien, han despojado de protección legal al trabajo, transformándolo en comúnmente precario, inseguro, inestable, volátil y fragmentado, insuficiente para proveer sustento permanente personal y familiar.

Con el declinar del Estado-nación y el moderno desarrollo del capital no solo los macro-poderes económicos someten, destruyen y transforman las fuerzas e instituciones políticas, sino que una nueva racionalidad dominante penetra todos los ámbitos de la sociedad, desde sus formas de pensar y actuar hasta sus valores y sentidos: los ciudadanos se convierten en consumidores, el poder en mercancía y las relaciones políticas y sociales entran en la lógica de la oferta y la demanda. Se impone un nuevo ciclo histórico de larga duración con una hegemonía global.