El tema de la democratización de América Latina constituye el punto nodal del gran debate que ha convocado desde mediados de los años 80 a los científicos sociales que se interesan por la región. Sin embargo, pese a que se ha generado tanto una prolífica producción teórica como un impresionante aumento del conocimiento empírico sobre los procesos políticos, la discusión está hoy estancada en una especie de callejón sin salida, y no acierta a dar respuesta a las ambiciosas cuestiones que se han planteado. Este artículo propone que tal estado de cosas es una consecuencia directa de las opciones teóricas y los diseños de investigación adoptados hasta el momento, y aboga por la necesidad de desprenderse de conceptos imprecisos y del voluntarismo prodemocratizante que permea buena parte de la producción ´científicaª.

La Constitución colombiana, consagrada en 1991, representa un caso de transición intra-régimen, de una democracia representativa, llena de limitaciones y restricciones, a una democracia plena y participativa. Esta Carta ha sido reconocida como el proyecto político más ambicioso del constitucionalismo moderno, incorpora un amplio conjunto de principios valorativos: igualdad de derechos y obligaciones, participación, pluralismo, solidaridad, tolerancia y autonomía, entre otros. Pero lo más lento y conflictivo es consolidar los canales de participación y democratizar las relaciones entre gobernados y gobernantes.

El año 1998 planteó al pueblo de Puerto Rico retos importantes en los planos político, económico y social. Al cumplirse cien años de presencia estadounidense en suelo boricua, el gobierno local convocó a una consulta sobre el futuro de las relaciones políticas entre Puerto Rico y Estados Unidos. El presente ensayo discute las implicaciones de los resultados del proceso plebiscitario de 1998. La sociedad civil puertorriqueña tuvo una participación destacada en la definición de la agenda política de esa coyuntura, manifestando una voluntad de protesta frente a las prioridades impuestas por la clase política.

En este artículo se examina el desempeño de los actores emergentes de vocación popular, agrupados en el llamado Polo Patriótico, en las elecciones venezolanas de 1998. Se sostiene que los comicios estuvieron condicionados, por una parte, por un contexto socioeconómico y político que creó en el electorado una favorable actitud hacia el cambio radical. Por otra parte, al examinar los principales hitos de la campaña y las relaciones y respuestas de los actores participantes en la contienda, tanto los tradicionales como los nuevos, se evidencia la habilidad con que se desenvolvieron el candidato Hugo Chávez Frías y el Polo Patriótico, frente a sus adversarios. Por último, se presentan y evalúan los resultados electorales, cerrando con unas conclusiones sobre la situación y desafíos que se presentan a estos actores en el futuro inmediato.

El contenido y alcance de las reformas estatales de \"segunda generación\" muestran un alto grado de heterogeneidad según los contextos nacionales y la profundidad de los cambios producidos por la primera reforma. No se distingue claramente entre premisas o valores, roles e instrumentos de reforma. La primera generación de reformas constituyó la ´etapa fácilª de la transformación estatal. En esta segunda etapa, las dificultades son equivalentes a las que enfrentaron los países latinoamericanos durante los 70 años de intentos reformistas que conformaron la prehistoria de este proceso y resultaron frustrados en su mayoría. Mediante un análisis crítico del paradigma de la ´reinvención del gobiernoª, se pasa revista a los desafíos instrumentales implícitos en su eventual materialización. Como caso emblemático, la experiencia argentina es utilizada para ilustrar los planteamientos centrales del trabajo.

El Brasil ha atravesado en las últimas décadas diferentes etapas políticas, institucionales y económicas. Hubo periodos de entusiasmo popular y democrático, y otros de retroceso oligárquico. El deterioro económico y social paulatino ya puede ser medido en generaciones, y el segundo gobierno de Cardoso realiza ahora lo que sus expectativas de reelección le impidieron durante el primer gobierno. En este contexto, una reforma del Estado debe pasar por una refundación democrática que retome el espíritu de la Constitución de 1988. Sólo la participación política de las mayorías, en todos los niveles de gobierno, puede garantizar una reforma estatal democrática que permita la recuperación del país.

Las reformas a los sistemas de administración de justicia en la región se han convertido en una de las áreas más significativas de las llamadas reformas de segunda generación. Tales proyectos, no obstante, podrían ser fuente de nuevos fracasos y frustraciones, en la medida en que sus motivaciones no estén fundadas en méritos propios. Hay un complejo sistema de cambios que debe involucrar necesariamente a todas las ramas de los poderes públicos en función de una justicia más transparente, independiente, equitativa, oportuna y democrática para todos; no solo para quienes, desde la lógica del mercado, requieren la eliminación de los obstáculos a la libre competencia. El dilema que se plantea es la modernización judicial que tome en cuenta principalmente las necesidades del sector empresarial y financiero, con retoques en la justicia penal y las ramificaciones sociales de la justicia civil, o afrontar las legítimas demandas de justicia por parte de quienes tradicionalmente no han tenido un acceso formal ni material a ésta.

Una serie de circunstancias concluyen actualmente a favor de la realización de la reforma de la Administración Pública, proceso nunca del todo acabado en América Latina. Sin embargo, las principales prescripciones en boga, pudiendo ser válidas, deben ser contextuadas y algunas incluso relativizadas, si se aspira al desarrollo de un aparato público dirigido a la satisfacción de las necesidades colectivas, ajustado a los rasgos de las realidades latinoamericanas y adaptado a lo novedoso de éstas. Un asunto particularmente crítico en tal sentido incumbe al propio carácter del proceso de reforma. Al ser un proceso político y a la vez depender de una serie de reformas políticas, necesita convertirse en un tema de debate público y concitar la presión social. El trabajo se propone aportar algunos elementos en esa dirección.

En los análisis de las reformas a los regímenes de pensión en América Latina, usualmente se deja de lado la variable política como condicionante endógeno del camino que tomará la reforma. Sin embargo, hay una relación entre el grado de liberalización política y la privatización de la seguridad social. En varios países, la apertura política pareciera relacionarse inversamente con la privatización: cuanto más democrático el régimen, menor la posibilidad de reformar la seguridad social privatizándola completamente. Existiría por tanto una relación inversa entre los grados de democratización y privatización: los regímenes menos democráticos al momento de la reforma introducen los sistemas más privatizados (menos públicos) y los regímenes más democráticos mantienen los sistemas más públicos (menos privatizados). Dicha relación es bastante fuerte en la mayoría de los países, con excepción de dos casos.

Por un lado están los determinantes para la reforma estatal en la región, y por otro las diferentes posibilidades de reforma. Esta discusión no debe olvidar una cuestión de fondo, acerca de cuál Estado se pretende construir y qué relaciones habrá entre los diferentes grupos sociales. Aunque la reforma tenga como punto de partida una teorÌa negativa del Estado, en algún momento deberá enfrentar la discusión positiva sobre el Estado que se pretende reconstruir. El proceso de reforma y de redefinición de las relaciones entre Estado y sociedad es eminentemente polÌtico, a través del cual se reconfiguran las relaciones de poder en las sociedades latinoamericanas. Y aquÌ inciden polÌticamente las distintas perspectivas de interpretación teórica.

Los años 80 y los primeros 90 registraron la prevalencia intelectual y política de una correlación negativa entre el Estado latinoamericano y el desarrollo humano. A fines de los 90 presenciamos una revalorización del rol estatal en el desarrollo humano. Los conceptos sobre qué es y qué produce el desarrollo han cambiado significativamente: las metas se han ampliado e integrado: no solo se aspira al crecimiento, sino también a la participación equitativa en sus frutos. Esto ha tenido consecuencias importantes en los planteos de reforma del Estado: si bien las acciones han de plantearse e implementarse singularmente, deben responder a una visión y a una coordinación integrales. En los 90 el concepto de cooperación se ha diluido hasta el punto de no verse asociado al de desarrollo. Parece estar en marcha una transformación, más que un abandono, de la cooperación internacional para el desarrollo. No hay buenos programas de desarrollo sin que su formulación y conducción estén presididas por el buen juicio político.