La posible solución del sistema coca/cocaína está condicionada al abandono de un pensamiento encubridor. La mayoría de la población cree que el problema sólo pertenece a la órbita policial. La falta de estrategias conlleva a la deslegitimación del Estado, a la emergencia de movimientos violentos y extremistas, y a la descomposición de la moral colectiva. Ciertas creencias en torno al problema han adquirido el estatus de verdades indubitables. Mientras tanto, es probable que la producción de coca constituya una actividad subvencionada por el grueso de la población.

Por segunda vez en cuatro años ocurrió aquello que, en la imaginación política de fines del siglo XX, se creía relegado a lo inconcebible: un nuevo «levantamiento indígena nacional» convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) tuvo en vilo la vida social y política del país durante la segunda quincena de junio de 1994. Hay dos aspectos estructurales como telón de fondo del levantamiento y el «diálogo»: 1) la constitución de una arquitectura compleja de instituciones indígenas que renegocia la dominación étnica, luego de las transformación del poder en las parroquias en los años 1960; 2) el surgimiento en las últimas décadas de «capas» de intelectuales, tanto rurales como urbanos, que se definen como indígenas y remodelan al sujeto de la dominación étnica.

El tránsito de la fábrica a la informalidad, del trabajo al desempleo, de la articipación a la exclusión, son procesos que no llegan a generar identidades que puedan, por sí mismas, proponerse alcanzar una modificación radical en la composición de clase del Estado. Sin embargo, son portadores de demandas específicas, que no pueden ser subsumidas en cuestiones más generales como el salario, la productividad o el cambio tecnológico.

La gobernabilidad y la democracia tienen un creciente (y vinculado) déficit en el contexto de una globalización básicamente orientada por valores y actores económicos. El resultado es la fragmentación del sistema internacional frente a los problemas globales, sin posibilidades inmediatas de reversión política. Existe tanto la necesidad como la oportunidad para la institucionalización de un espacio público global dentro de las Naciones Unidas, propiciando la participación de diferentes actores no estatales.

Una sociología de la religión deberá considerar una cantidad de matices y de líneas de confesión y experiencia de lo sagrado bastante mayor de lo que usualmente acostumbra observar, a menos que quiera seguir tomando la realidad múltiple y dinámica de lo que sucede en su campo de estudios desde un punto de vista tradicionalmente institucional, operando inclusive con una restricción del significado moderno de la idea de religión, de factor religioso y de experiencia religiosa.

Para hacer un balance del primer año y medio de la administración del presidente Figueres, es necesario tener en cuenta, entre otros aspectos, la campaña electoral 1993-94. Al respecto, decía Oscar Fernández (1994) en un artículo publicado en esta misma revista, que la campaña se caracterizó por ser prolífica en promesas al electorado, y mimética y competitivamente dadivosa por parte de las dos fuerzas políticas con opción de triunfo, el Partido Unidad Social-Cristiana (PUSC), entonces en el poder, y el Partido Liberación Nacional (PLN), tradicionalmente asumido como de tendencia socialdemócrata.

El actual gobierno ecuatoriano es el más débil que ha tenido la democracia desde su reinstalación. El deterioro se manifiesta en una sensación generalizada de ausencia de autoridad. El tema central de la coyuntura es dotar a la escena política de la consistencia suficiente, para que prosiga el proceso democrático y para encontrar las salidas necesarias a la crisis. Por la salud de la democracia, es preciso recuperar los cimientos de la gobernabilidad.

El 7 de enero de 1996, en segunda vuelta y con una apretada diferencia que representó el 51,2% de las preferencias del electorado sobre el 48,8% de su adversario, Alvaro Arzú Irigoyen fue electo como el último presidente del siglo actual en Guatemala. Postulado por el Partido de Avanzada Nacional (PAN), organización que nació de la experiencia de un comité cívico para impulsar su candidatura para alcalde de la capital a inicios de 1980, la posición de Arzú corresponde a la de una «nueva derecha». Tanto el presidente electo como los miembros del PAN - algunos de cuyos dirigentes provienen de partidos que antaño se autodefinían como «anti-comunistas», tal el Movimiento de Liberación Nacional (MLN) - están preocupados por rescatar la deteriorada imagen del Estado y lograr eficiencia en la gestión pública. En igual forma, estarían más dispuestos a llegar a acuerdos con otros sectores sociales e introducir cambios en las relaciones laborales y en el funcionamiento de la economía, que aquellos pertenecientes a la derecha tradicional.

El texto que presentan estos autores remite a una de las problemáticas más discutidas en los últimos años: la informalidad urbana. El libro se compone de cinco artículos. Dos de ellos, correspondientes a Alba, versan sobre México: uno sobre las perspectivas de la pequeña industria en el contexto del Tratado de Libre Comercio, y el otro alrededor de este mismo sector pero centrado sobre Guadalajara y su entorno. En ambos, pero especialmente en el segundo, Alba demuestra su gran conocimiento de la temática. (Además, en esta sección explora las consecuencias políticas y el sentido cultural de la pequeña industria). Igual convicción se puede tener del capítulo de Kruijt sobre los programas de apoyo a la microempresa en América Latina, donde se encuentra una lúcida síntesis de los mismos, mostrando sus logros y limitaciones. Pero son los dos primeros capítulos del libro, de mayor naturaleza teórica, los que suscitan profundizar la reflexión y sobre los que quisiera centrar esta breve reseña.

Faltando pocos años para el fin de nuestro siglo, seguimos sin tener una visión clara del nuevo orden mundial con el que soñamos cuando cayó el comunismo soviético. En vez de esto nos hallamos ahora en un estado de desorden global que ha resultado de una marcada incertidumbre política y en grandes sufrimientos humanos. En el caso de Europa tenemos la trágica paradoja de que han muerto más personas después del fin de la Guerra Fría que durante todo el período de la posguerra. Las masacres en la antigua Yugoslavia y Chechenia echan oscuras sombras sobre el actual debate de política mundial. La economía es otra parte de este cuadro diversificado y complejo. Durante la década del 60 el mundo entero contuvo la respiración mientras Khruschev y Kennedy medían sus fuerzas usando al resto del mundo como prenda en la crisis de las bases de cohetes en Cuba. Hoy en día no son los actos de Yeltsin, Clinton y sus generales los que nos afectan, sea como individuos o como naciones. En muchos casos son actores económicos anónimos, actores que están fuera del control de la democracia, los que nos manejan a través de contactos globales, comunicaciones instantáneas y decisiones invisibles.

El proceso de descentralización del Estado es el instrumento por excelencia que permite la canalización de las expresione políticas que surgen de la cotidianidad de la gente y sus problemas, a la par que implica la aparición de nuevos paradigmas políticos en la sociedad venezolana. En el fortalecimiento de las figuras políticas que provienen de la cotidianidad se juega el impulso efectivo hacia la descentralización del Estado y hacia la consolidación de un nuevo modelo político.

El debate sobre el proceso de municipalización ocupa un importante lugar en el actual pensamiento político sobre el desarrollo social y la democracia. Aspectos como la relación entre modernización institucional del Estado y la distribución espacial del poder en el sistema político; la capacidad ciudadana de au-togobierno en espacios políticos menores; la participación social y el desarrollo de las libertades individuales, son todas cuestiones actualmente vinculadas a lo municipal.

El fenómeno de la globalización de mercados, en tanto realidad emergente, provoca una serie de efectos sobre la vida social. Ha llevado, correlativamente, a la disminución del papel desempeñado por el Estado nacional como mentor y guía del desarrollo económico y social. Cuando se observa su despliegue en América Latina, se verifica que ocurre en un marco de enormes problemas sociales, herencia de un modelo anterior de desarrollo, y que apunta hacia la emergencia y fortalecimiento de un nuevo actor -en lo que se refiere al desarrollo y las demandas sociales- que son las instancias locales de poder, «personajes secundarios» en la historia reciente de América Latina.

Desde los tempranos días del municipio ecuatoriano surge un movimiento continuo -paradójica y contradictoriamente- de centralización, que aúnno ha culminado, y de ampliación de su base social de sustentación. La evolución de este movimiento es una historia conflictiva que se expresa simultáneamente en su encrucijada y potencialidad: autonomía sin independencia; participación sin democratización. O, lo que es lo mismo, un poder real pero limitado, que ha ido perdiendo dominio y ganando base social.

Para una mejor contextualización del análisis, partiremos de una descripción resumida del comportamiento reciente de modelo estatal vigente en Bolivia. Una referencia constitutiva importante es la Revolución Nacional de 1952 que, entre otras medidas, nacionaliza las minas, dicta la Reforma Agraria en virtud a la cual se dota a los campesinos de sus propias parcelas, incorpora al grueso de la población a ejercitar el voto ciudadano y, aunque de una manera incipiente, constituye una industria nacional desde el Estado.

A partir de la Constitución de tipo corporativista de 1979, y bajo la inspiración de partidos como el APRA y los de la izquierda, se consideró la regionalización como el mejor mecanismo para quebrar el centralismo limeño; en dicho contexto, las comunidades campesinas podían ser parte de la Asamblea Regional. En cambio según la Constitución liberal de 1993, se plantea la regionalización como un proceso a iniciarse desde los propios pueblos y no desde el Estado. En tal sentido, se concibe a las comunidades campesinas como instituciones correspondientes a la sociedad civil, imposibilitadas de formar parte de la estructura del Estado y, en consecuencia, disfuncionales al proceso de regionalización en curso.

El auge descentralizador parece ser una característica de los esfuerzos de gran número de países en sus procesos de reforma estatal. Son casos excepcionales los que no han iniciado cambios en cuanto al papel y naturaleza estatales; de hecho, se podría afirmar que en mayor o menor medida las nuevas condiciones económicas, políticas y sociales impulsan hacia un reacomodo inminente de las estructuras nacionales e internacionales. Esto ha llevado a la búsqueda de esquemas más abiertos, competitivos y participativos; sin embargo, todavía no se pueden observar sino como iniciativas o propuestas que dan más una idea de transición que de reacomodo definitivo. En este escenario las políticas descentralizadoras constituyen esfuerzos encaminados, al menos, a dos grandes objetivos: imprimir mayor agilidad y eficiencia al aparato estatal, y legitimar la acción del Estado ante la sociedad.