La lucha mundial contra las drogas le brinda al mercado internacional de estupefacientes un carácter particular, a mitad de camino entre el intervencionismo masivo y la libertad absoluta. Sin embargo, no logra reducir su significado cuantitativo y aumenta su costo social. Por otra parte, la legalización conllevaría a una caída de precios, la cual pudiera conducir a un caos económico para países enteros.

Desde su nacimiento, pocos tienen dudas de que el plan Real, pese a su originalidad operativa, es heredero de la gran familia de planes estabilizadores discutidos en Washington. En este sentido, no fue concebido para elegir a Cardoso, sino más bien, invirtiendo el orden, su candidatura fue gestada por las élites dominantes para viabilizar en Brasil la coalición de poder capaz de dar sustentación y permanencia al programa de estabilización económica.

Los procesos políticos y económicos en América Central muestran numerosas semejanzas, originadas tanto en la naturaleza de las expectativas sociales como en los objetivos generales y los mecanismos institucionales de las políticas de gobierno. Por el lado de las expectativas, la población se encuentra dividida en dos perspectivas generales: la de la justicia y la del crecimiento. La expectativa de justicia, sostenida por las mayorías políticamente débiles, se refiere a la necesidad de reformas sociales que permitan justificar la larga espera por la respuesta del Estado a las necesidades de salud, educación, cultura y recreación de importantes segmentos de la población de Centroamérica que hoy día a duras penas subsisten. La expectativa de crecimiento se refiere a las demandas de las minorías poderosas que no ven posibilidades de desarrollo progresivo en un entorno hostil a las actividades empresariales. Tal hostilidad, se dice, es la resultante de la combinación de conflictos políticos y militares con iniciativas erráticas de política económica, que constituyen freno a las posibilidades de inversión. En ambos casos, tanto desde la óptica popular como la empresarial, la finalización de la guerra se convierte en punto de partida para el avance de los intereses sociales y el relanzamiento de las actividades económicas. Pero todo parece indicar que no existe el mismo convencimiento respecto de que la finalización del conflicto armado debería empatarse con un programa progresivo de democratización.

El 27 de noviembre de 1994 tuvieron lugar en el Uruguay las elecciones nacionales más sorprendentes de su historia. En un país que hasta no hace mucho tiempo se caracterizaba por una estabilidad política cercana al tedio, el último acto comicial (en el que se renovaba la totalidad de las autoridades electivas) se asimiló a un verdadero terremoto político. En la instancia confluyeron varias importantes novedades. La más relevante de ellas y la que otorgó a los comicios un dramatismo y una incertidumbre inéditos tuvo que ver con el hecho de que por primera vez tres lemas partidarios (no sólo los dos tradicionales Blanco y Colorado sino también la coalición de izquierdas denominada Encuentro Progresista) definían la elección presidencial en un cuadro de paridad casi absoluto.

Secretario general de las Naciones Unidas En el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas se mencionan los objetivos que han servido de guía a la cooperación internacional en los últimos cincuenta años: la prevención de nuevas guerras, la protección de los derechos fundamentales del hombre, la creación de condiciones que faciliten el respeto del derecho internacional, y la promoción del progreso social y económico.

Después de los cambios regionales e internacionales que han modificado las relaciones cívico-militares en los países centroamericanos, el Estado y la sociedad civil deben determinar libremente la agenda de seguridad y dentro de ella los temas que realmente son defensa nacional y que deben ser atendidos por las fuerzas armadas. De lo contrario, si las fuerzas armadas se asignan roles no militares, se corre el riesgo de asistir a un militarismo renovado.

La inteligencia, por sus características, presenta ante el sistema democrático numerosos problemas y desafíos; sin embargo, constituye un auxiliar imprescindible de la conducción del Estado moderno. Según el análisis de los modos como distintos países han enfrentado estos desafíos, se plantea la posibilidad, en el contexto latinoamericano especialmente lo referido a la inteligencia militar, de un adecuado control y conducción acordes con los presupuestos democráticos.

Actualmente, en la Argentina el gasto militar no aporta nada a la defensa. Una reforma de sus fuerzas armadas es ineludible dado el rápido aumento en costos de armas y retiros, en la medida en que los países en desarrollo no pueden financiar un aparato militar al estilo de los países avanzados. Junto con las posibles reformas políticas habría que plantear un despliegue más defensivo, en la línea de la conocida «defensa no-provocativa». En 1995 el presupuesto de defensa israelí resulta aproximadamente igual al de Argentina, 5.000 millones de dólares. Con todas las salvedades que esta comparación merece, no deja de sorprender el contraste entre un ejército y el otro. Por un lado las fuerzas armadas argentinas son sumamente costosas para el Tesoro, y por otro no están en condiciones operacionales de ofrecer el servicio para el cual están destinadas: la defensa externa de la nación. En varias ocasiones los mismos militares argentinos han dado la alerta sobre la indefensión.

La seguridad es sistémica, y por lo tanto depende en igual medida de la nutrición, la inteligencia colectiva, la capacidad tecnológica, el desarrollo de la economía, la estabilidad política, la integración social y la equidad además del poder militar. Para lograr tales equilibrios el Estado debe ser flexible, eficiente, eficaz, selectivo y austero, y adecuar y modernizar sus estructuras, sobre todo aquellas que conforman la administración pública, de la cual las instituciones de la defensa nacional son parte importante.

La nueva coyuntura internacional y el proceso mexicano de los últimos años quizá impliquen cambios en la concepción tradicional de defensa de México. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado con EE.UU. y Canadá, junto con el conflictivo nexo establecido históricamente con el primero, los importantes sucesos políticos y económicos internos, así como el problema militar en Chiapas, son los datos fundamentales a tener en cuenta en relación a un cambio en el papel de los militares y de la política de defensa en su conjunto en México.

El nuevo escenario de problemas de seguridad va mucho más allá de la mera reaparición de las cuestiones geopolíticas clásicas cristalizadas desde el siglo XVII como formas canónicas del interés nacional. Incluye también las tensiones derivadas de la vigencia cada vez más problemática del sistema internacional entendido como política entre Estados, y de los procesos de creciente interdependencia económica, social y política que redundan en que cada vez más ámbitos civiles de la vida humana se vean sometidos a condiciones de mutua vulnerabilidad a través de las fronteras nacionales.

Las fuerzas armadas de la región enfrentan la incerteza, tras un triunfo frente a los intentos de los diversos movimientos insurreccionales por derrotarlas. Este triunfo, sin embargo, fue una derrota al terminar la Guerra Fría. No pudieron usufructuarlo. Hoy deben reformular sus misiones y su ethos.

Son tres los factores que básicamente inciden en la redefinición de la función militar en el área latinoamericana: los cambios en el escenario estratégico global; los procesos de consolidación democrática y la nueva relación entre civiles y militares; y los cambios en la política de EE.UU. hacia la región. Las fuerzas armadas expanden sus funciones a nuevos campos y surge un «neonacionalismo» que torna difícil la desmilitarización. Un debate nacional y regional sobre seguridad y el rol de las fuerzas armadas debería contribuir a una mejor articulación política e institucional del sector.

En la economía militar se concentran los mayores ejemplos de innovación contemporánea, y por esa razón, este sector sirve como ilustración de los rasgos del cambio tecnológico. El volumen e incidencia económica de esta rama es tan significativa, que desde los años 50 se tornó usual la denominación «economía armamentista», para referirse al capitalismo de posguerra.