La falta de observancia de los derechos humanos deviene, en igual proporción, tanto del atraso general como de las prácticas despóticas y violentas de muchas de las élites latinoamericanas gobernantes, aliadas o no a Estados Unidos, y también de los efectos represivos y antidemocráticos de la guerra fría y la doctrina de seguridad nacional. En los últimos años las implicancias políticas de la defensa de los derechos humanos se han complejizado en virtud de las tendencias a un intervencionismo militante por parte de las potencias mundiales.

Hoy en día, una fuerte corriente de pensamiento y acción contrapone los derechos humanos de corte universalista e individualista a las normas culturales, los valores tradicionales y los derechos colectivos de grupos, comunidades y naciones, porque éstos encarnarían lo propio y auténtico de pueblos que no quieren sucumbir al imperialismo cultural de Occidente. Aquí es imprescindible llamar la atención sobre la dignidad superior de los derechos del hombre como los ha codificado paulatinamente la herencia de la ilustración; los derechos políticos, el Estado de derecho y el pluralismo democrático pertenecen igualmente a aquel amplio conjunto de principios éticos universales, cuya validez precede a cualesquiera particularismos nacionales, por más populares que éstos resultaran ser. El racismo, el asesinato, (por cualquier causa), el canibalismo, el homicidio ritual y toda otra transgresión a los derechos humanos no pueden ser tolerados de ninguna manera.

Los últimos años han sido testigos de una oleada de cambios en las políticas de muchas naciones del Tercer Mundo. El presente ensayo procura situar algunos de esos cambios en el marco de las transformaciones económicas globales y el impacto de los organismos financieros multilaterales. Las nociones de soberanía política que cobraron fuerza después de la Segunda Guerra Mundial son cada día más obsoletas en el Caribe y el desarrollo sostenido de la región radica en la cooperación regional.

Inscritas en la larga serie de esas 11 elecciones que, de manera regular e ininterrumpida, han tenido lugar en Costa Rica, las celebradas el 6 de febrero de 1994, bien pueden ser consideradas, a la luz de la útil y ya clásica conceptualización desarrollada por la Escuela de Michigan, como un claro ejemplo de lo que Campbell y sus colegas denominaban maintaining elections, elecciones normales o de continuidad. A diferencia de las deviating elections, que expresarían en sus resultados el peso decisivo pero efímero de factores de orden coyuntural, o de las realigning elections que sentarían las bases durables de una nueva configuración de las lealtades partidarias en el campo electoral, las elecciones normales, o de continuidad, se sustentarían en la existencia y expresión de lealtades partidarias visiblemente consolidadas que, como fuerzas de largo plazo, se impondrían a los factores circunstanciales o de atracción que estarían pesando sobre los votantes en una determinada contienda electoral.

Al igual que otros países latinoamericanos, Venezuela se debate desde hace varios años entre la necesidad de generar una economía productiva y una estratificación social más equilibrada. Alrededor de estos dos grandes temas se han articulado los relativos a quién y cómo puede lograr esto. Es decir, qué sujetos políticos y sociales y con cuáles estrategias podrán llevar al país a una nueva etapa de su historia, la cual surgiría necesariamente de la superación de la Venezuela petrolera. Si bien esta hipotética condición futura gana día a día mayor consenso, no obstante su puesta en práctica, el tendido de los rieles por donde transitaría la era post-petrolera, enfrenta colosales problemas políticos, costos sociales, desgarramientos sico-culturales y dificultades internacionales. En términos generales, esto es lo que ha estado en la discusión y en la confrontación entre estatistas, neoliberales y terceristas. ¿Dónde se ubica el gobierno electo en diciembre pasado?

Bernardo Kliksberg (comp.) CLAD, FCE, PNUD. Caracas, 1993, 432 p. Este volumen colectivo se trata de una de la obras actuales más completa, crítica y propositiva sobre el tema de la pobreza considerado a nivel latinoamericano y mundial. Han colaborado en él dieciocho autores de distintas partes de mundo y diferentes instituciones, a través de análisis de numerosos aspectos y dimensiones relacionados con el problema. La obra se inicia con la presentación del crítico cuadro social de la pobreza en América Latina, que ha sido elaborado en términos tanto estadísticos como analíticos, centrándose particularmente en las necesarias relaciones entre pobreza, equidad y desarrollo.

El surgimiento, desde el campo popular, de un proyecto alternativo de desarrollo o transformación, depende de la posibilidad de ganar autonomía relativa en su reproducción material y cultural, y esta alternativa depende de la constitución de una economía popular capaz de autosostenerse y autodesarrollarse, no autárquicamente, sino en vinculación abierta con la economía capitalista y la pública. La economía popular que puede construirse como desarrollo a partir de la matriz socioeconómica popular, para ser dinámica, debe incluir elementos social, organizativa y tecnológicamente heterogéneos pero complementarios.

Durante la década de los 80, las organizaciones no gubernamentales se involucraron cada vez más en la implementación de proyectos de desarrollo en América Latina. En Bolivia han tenido roles principales en los esfuerzos para aliviar la pobreza vinculada al ajuste estructural, en la consolidación de las políticas económicas neoliberales y en la consecuente reorganización del Estado. Los donantes internacionales han mostrado entusiasmo por trabajar a través de las ONGs, particularmente en el área del alivio de la pobreza. Sin embargo, no está claro si en este campo las ONGs tienen más éxito que las agencias del Estado. Aún más, hay evidencias de que la combinación entre la reorganización del Estado y el surgimiento de las ONGs como implementadoras de la ayuda para el desarrollo ha contribuido a minar las organizaciones populares que representan los intereses de los pobres.

Este artículo analiza la crisis y el impacto de la política social brasileña durante la última década. El análisis se centra en la expansión de la pobreza y en las alternativas originadas en la sociedad civil para la resolución de los serios problemas que afectan a gran parte de la población brasileña.

Las transformaciones económicas y sociales de los 80 derivaron en una creciente exclusión de grandes grupos sociales, sin posibilidades de atender sus necesidades básicas. Por otra parte, la pobreza se extendió y el universo de los pobres es ahora más heterogéneo, engrosado por sectores medios imposibilitados de acceder a bienes y servicios básicos. Estos nuevos pobres constituyen lo distintivo de la actual crisis social.

El presente ensayo intenta contribuir al debate en torno al diseño de políticas públicas dirigidas a la infancia en general y a las instituciones para menores infractores en particular. Aunque la propuesta ha sido formulada en y para México, indudablemente se trata de un debate que rebasa las fronteras nacionales, que cuestiona las prácticas correccionales cuyos resultados han sido bastante similares en nuestros países.

La política social estatal no sólo experimenta una revalorización, sino también una reorientación. La orientación a grupos-meta y la lucha contra la pobreza por un lado, y la privatización, la desregulación y la descentralización, por otro, son las nuevas directivas de la acción en política social. Sin embargo, los ejemplos que presentamos muestran que esos conceptos de política social, tal como han sido puestos en práctica hasta hoy, difícilmente están en condiciones de eliminar las causas estructurales de la pobreza.

Ante los cambios en la relación entre economía y política que los países latinoamericanos experimentan, las acciones adelantadas por México, Argentina y Chile para enfrentar la pobreza crítica, entendida como cuestión clave de la actual y futura agenda, cobran gran relieve en el marco de un análisis comparativo, más allá de ser catalogados por lo general como ejemplos de ajuste estructural, respecto a la problemática de la marginación y la falta de recursos sobresalen las diferencias. Esto se refleja en los tipos de políticas de combate contra la pobreza y con el tipo de Estado en conformación y su relación con el desarrollo económico y la consolidación democrática.

Después de once años de políticas neoliberales la problemática social, desde antes grave, se ha profundizado de manera dramática en México. La situación social es tan seria que, en el contexto de una crisis política prolongada, amenaza con arrastrar al país entero a un conflicto cuyo alcance y resultados son impredecibles. La insurrección indio-campesina, encabezada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) e iniciada el primer día de 1994 en el sureño estado de Chiapas, es la expresión extrema de las tensiones y contradicciones creadas por el proyecto de la fracción gobernante del Partido Revolucionario Institucional (PRI); proyecto que, por un lado, excluye a decenas de millones y los condena a una marginalidad cada día más irresoluble y, por el otro, ha cerrado, mediante el fraude electoral reiterado y la represión de luchadores sociales y políticos, los espacios políticos institucionales de expresión y negociación de intereses.