El concepto de «seguridad» en América Latina es casi exclusivamente interno. Incluso cuando se habla de defensa se suele aludir solo a la defensa del gobierno respectivo. Sin embargo, con la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil, la disposición regional puede cambiar. Este «Trump tropical» aspira a lograr una alianza amplia con Estados Unidos en la mayor cantidad de niveles. Si lo logra, es probable que la posición estratégica de América Latina cambie significativamente, con graves consecuencias geopolíticas en la región y en el escenario global.

Para comprender el aumento de la violencia en Venezuela, es necesario colocar en el centro del análisis los discursos y las prácticas estatales, en un contexto de caída de los precios petroleros. La inusitada violencia puede ser explicada por el impacto que ha ocasionado el recrudecimiento de la histórica militarización de la seguridad ciudadana, lo que condujo a la mutación de un punitivismo carcelario que abrió paso a una práctica de matanza sistemática. Prácticas como las Operaciones para la Liberación y Protección del Pueblo (OLP) en los barrios populares forman parte del avance de una necropolítica en el país.

Entre 1983 y 1992, en Argentina se establecieron las bases institucionales de la defensa nacional y la seguridad interior y, en ese marco, se excluyó a las Fuerzas Armadas del ámbito de la seguridad interna, salvo en situaciones excepcionalísimas. No obstante, durante la última década se emprendió una serie de iniciativas que implicaron la militarización de ciertos aspectos del control del narcotráfico. La primera etapa de ese proceso se llevó a cabo durante el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2011-2015). La segunda etapa se inició con la llegada a la Presidencia de Mauricio Macri (2015-2019).

México vive una espiral de violencia alimentada por el crimen organizado, la respuesta militarista implementada desde el Estado y la penetración delictiva de las instituciones públicas. El artículo da cuenta de este fenómeno y analiza dos respuestas: la reacción de la sociedad, que se organiza para enfrentar el problema aunque sin apoyo de las autoridades; y las solicitudes de asilo político, que en algunos casos son consecuencia del acoso que sufren quienes resisten el aumento de la violencia e impactan en las relaciones diplomáticas, en particular con Estados Unidos y Canadá. Solo un cambio de estrategia, que excluya la militarización de la seguridad, junto con un compromiso trilateral con participación de la sociedad civil, puede modificar esta preocupante situación.

La V Cumbre de las Américas demostró la decisión del gobierno de Barack Obama de cambiar la perspectiva de las relaciones de su país con América Latina y el Caribe. Sin embargo, no hay que esperar cambios abruptos de un presidente que debe enfrentar problemas graves, como la crisis mundial y los conflictos en Oriente Medio. En cuanto a los países del Caribe, el nuevo gobierno estadounidense probablemente se focalizará en algunos casos, como Cuba o Haití, y en temas prioritarios, como las migraciones, el control del crimen organizado o la regulación de las jurisdicciones financieras offshore. El artículo asegura que no habrá milagros en el corto plazo, aunque tal vez sí un enfoque más estructurado por parte de Washington.

La ciudad nació para proteger a sus habitantes, integrarlos, garantizar mínimos estándares de seguridad y bienestar. Eso hoy ha cambiado, y la sensación es que es necesario protegerse de la ciudad. Acosados por el miedo, los habitantes de las grandes urbes confunden el temor a los actos delictivos concretos con el rechazo estigmatizante a grandes colectivos urbanos: jóvenes, inmigrantes, pobres. Las autoridades públicas a menudo potencian estos miedos con propuestas represivas que solo agravan el problema. El artículo argumenta que otra seguridad es posible, pero que para ello es necesario asumir que el espacio público es por definición un espacio conflictivo, nunca homogéneo, y ejercer la tolerancia democrática reconociendo los derechos y valores de los diferentes.

La inseguridad es uno de los ejes del debate político latinoamericano. Su incremento se vincula a la pérdida de espacios públicos, un comportamiento social más individualista y una creciente sensación de angustia y temor. En este contexto, la ciudad ha ido perdiendo su capacidad socializadora, para convertirse en un campo de batalla. Aunque la función de control de la seguridad está a cargo de los gobiernos nacionales o estaduales, en cuya órbita se encuentran las fuerzas policiales, las gestiones locales son, sin duda, las más adecuadas para trabajar en la prevención del delito. Para ello deben dejar de lado los planteos simplificadores y desarrollar políticas de largo plazo que impliquen el compromiso de la comunidad.

Suele mencionarse a Guayaquil como un ejemplo de buena gestión municipal, como un sinónimo de gobernabilidad, eficiencia y progreso. Sin embargo, la utopía modernizadora en esta ciudad ecuatoriana esconde los efectos perversos de un proceso de renovación urbana que restringe el espacio público y privatiza las funciones municipales, con consecuencias sociológicas problemáticas. El recorrido etnográfico en que se basa este artículo parte de la experiencia cotidiana y revela algunos aspectos silenciados que se ocultan tras los paisajes y las propagandas de la ciudad de tarjeta postal.

En los últimos años, Chile y Venezuela gastaron más recursos en armas que ningún otro país sudamericano. Esto se debe a la fuerte presencia de los militares en el gobierno de Hugo Chávez y al rol protagónico que siguen jugando las Fuerzas Armadas en Chile, pero también a la bonanza económica derivada del incremento del precio internacional del petróleo y el cobre. Además de generar desequilibrios con las naciones vecinas, el rearme convierte a ambos países en modelos opuestos en cuanto a sus políticas de defensa: el fortalecimiento militar chileno es posible gracias a la relación de confianza con Estados Unidos, mientras que el de Venezuela se produce en abierto desafío a la superpotencia.

Aunque no sufre extremismos religiosos y políticos y sus países son formalmente democráticos y respetan los derechos humanos, América Latina es hoy una región heterogénea, que ocupa un lugar marginal en el sistema internacional y que se ha dividido en dos: el grupo de países situado al norte del Canal de Panamá, cada vez más integrado a Estados Unidos, y América del Sur, que busca dificultosamente una alternativa propia bajo el liderazgo aún no consolidado de Brasil. Partiendo de este diagnóstico, el artículo define dos escenarios posibles para el futuro y explora, en el final, el posible papel de Alemania en la región.

Las relaciones entre Estados Unidos y América Latina han sido interpretadas tradicionalmente a partir de diferentes visiones: la de «hemisferio occidental», que convoca a cooperar sobre la base de supuestos valores compartidos; la de la irrelevancia de la región, que alude al aparente desinterés de Washington; y la de la práctica imperialista, en referencia a la voluntad de dominio militar y económico. El artículo argumenta que se trata de simplificaciones groseras de una relación más densa y compleja, caracterizada por la dinámica propia de los vínculos entre una potencia y su zona de influencia. Entenderlo implica comprender que Washington está dispuesto a establecer «esferas de responsabilidad» y cierta división del trabajo en la región, lo cual abre un espacio para una mayor autonomía que, hasta ahora, los países latinoamericanos no han sabido aprovechar.

Aunque las relaciones entre vecinos siempre son difíciles, México y Estados Unidos han mantenido durante más de un siglo un vínculo signado por el pragmatismo, que ha mejorado notablemente a partir de la integración económica iniciada en los 90. A pesar de ello, algunas cuestiones hacen difícil avanzar en una integración más profunda, al estilo de la Unión Europea: la política migratoria estadounidense, que incluye la construcción de un muro fronterizo, y la resistencia mexicana a fortalecer las políticas conjuntas en materia de defensa son dos factores importantes. En ambos países hay sectores aislacionistas e integracionistas y de la disputa entre ellos depende el futuro de la relación.