El arribo de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de México dibujará un nuevo escenario en las relaciones entre el gobierno y los militares. El nuevo presidente de centroizquierda ha sido crítico del desempeño militar y de la propia concepción de la «guerra contra el narcotráfico». Los desafíos son de gran magnitud: el narcotráfico y la corrupción han creado un callejón sin salida para el Estado mexicano, mientras miles de mexicanos son asesinados y desaparecen cada año en un espiral de violencia que sigue activo.

El 1º de diciembre de 2018 se conmemoran 70 años de la abolición del Ejército en Costa Rica. Si bien este no es el único Estado sin Fuerzas Armadas, es uno de los casos de mayor éxito en la consecución de un sistema político estable, democrático, con importantes conquistas sociales y con un rol significativo en el sistema internacional. Esta experiencia singular se vincula directamente a la visión estratégica de José Figueres Ferrer, quien es considerado el padre de la Costa Rica moderna.

Tanto desde los gobiernos como desde la sociedad, se acusa a los medios de comunicación de incidir en el incremento del sentimiento de inseguridad en varios países de la región. Los estudios, por su parte, nos muestran que los medios impactan en el temor, pero no de modo homogéneo en toda la población, ni todos los géneros lo hacen de igual modo; en paralelo, el panorama mediático está cambiando velozmente. En este contexto, retomar los ejes del debate sobre la recepción de los relatos mediáticos sobre la inseguridad a partir de estudios de países anglosajones y latinoamericanos puede ayudar a cuestionar mitos, considerar realidades y matices y, de ese modo, contribuir a la necesaria discusión sobre el rol de los medios.

Juan Carlos Blumberg en Argentina y Javier Sicilia en México han liderado movimientos construidos luego de la muerte de sus hijos. En ese sentido, lograron universalizar el dolor personal a partir de la configuración de amplios movimientos de protesta. Sin embargo, mientras Blumberg expresaba una serie de temores de las clases medias frente a la inseguridad creciente y un reclamo de mano dura, Sicilia se opone a la militarización de la guerra contra el narcotráfico e intenta dignificar a las víctimas consideradas en el discurso oficial como «bajas colaterales». Con todo, en ambos casos se trata de una interpelación de la sociedad civil a Estados atravesados por la corrupción y por diversos tipos de inseguridad.

¿Cómo se procesa el tránsito de un Estado de Bienestar dominado por la seguridad a un Estado de post-Bienestar generador de inseguridad? El autor propone la distinción entre riesgos y peligros como el paso inicial para retratar las transformaciones en la Europa actual, caracterizada por un retorno generalizado de la inseguridad social. La búsqueda de posicionamiento individual se ha vuelto un principio rector por encima del modelo de avance hacia una clase media imaginada, el citizen worker pierde relevancia y el individuo asume el riesgo en lugar del principio de abastecimiento, cobertura y redistribución en el marco del Estado de Bienestar.

Luego de tres décadas de guerra contra las drogas, los resultados han sido limitados: las hectáreas de coca cultivadas no se han reducido, los impactos negativos en términos ambientales son altos y América Latina ha visto un aumento del consumo. De hecho, ha pasado de ser una región de producción y tránsito a una de consumo. A todo esto se suma el incremento sostenido de la violencia, que muchos atribuyen de manera directa a las drogas. El artículo analiza la relación entre drogas y violencia y asegura que no es posible concluir que haya un vínculo directo de causalidad entre ambas. Se trata en realidad de un tema muy complejo que debería debatirse seriamente, incluyendo las propuestas de despenalización, aunque hasta ahora las posiciones se fundamentan en temas valóricos y morales antes que en datos empíricos.

La inseguridad constituye uno de los grandes problemas de México. Se manifiesta en dos formas: la inseguridad que vive la población, afectada por el aumento de los delitos, y el auge del narcotráfico, que se explica por la incorporación de México a la ruta de la cocaína proveniente de Colombia con destino a Estados Unidos. Esto se manifiesta diariamente en una creciente violencia, concentrada en los enfrentamientos entre organizaciones criminales y entre estas y las fuerzas de seguridad. El artículo argumenta que, aunque no puede hablarse de México como un «Estado fallido», las estructuras de seguridad, inteligencia y justicia se encuentran sobrepasadas y corrompidas, y es necesario encarar prontamente su reforma si se quiere enfrentar el problema.

Las últimas encuestas confirman que la inseguridad es uno de los grandes problemas de América Latina. Y no se trata solo de una sensación: el índice de homicidios se ha duplicado desde 1980 hasta alcanzar niveles que podrían calificarse de epidémicos. La clásica respuesta se ha basado en los enfoques policiales y represivos conocidos como «mano dura» que, pese a su popularidad, no han dado los resultados esperados. Por el contrario, este camino impide diferenciar entre la delincuencia organizada y los actos delictivos de jóvenes excluidos y entorpece la elaboración de políticas capaces de enfrentar en profundidad la cuestión. Solo un enfoque integral, que ubique la inseguridad en el contexto social y económico que atraviesa América Latina, permitirá un acercamiento efectivo al problema.

Durante años, la izquierda prestó poca atención al tema de la inseguridad, que consideró un subproducto de problemas más estructurales como la pobreza y la desigualdad. Sin embargo, el aumento de los niveles de criminalidad registrado en las últimas dos décadas en América Latina obliga a las fuerzas progresistas a buscar caminos diferentes del enfoque tradicional que propone más policías, más penas y más cárceles. Para ello es necesaria una estrategia integral que no expanda aún más la red penal y que conciba la cárcel como el último recurso de una cadena de soluciones que incluya la prevención, los mecanismos de mediación, la indemnización a las víctimas y las penas alternativas.

El discurso de la inseguridad es representado por los medios de comunicación a través de estrategias ligadas al modo en que conciben su trabajo y los criterios que lo rigen. La noticiabilidad que organiza la labor periodística deriva, en el contexto latinoamericano, en un justicialismo mediático que debilita cualquier alternativa que no sea la cárcel. El resultado es la sobrepoblación de las prisiones y la estigmatización de los culpables, que son siempre los jóvenes y los marginales, como demuestra el artículo a partir del estudio de los casos de las pandillas juveniles y de los inmigrantes latinoamericanos en España.

El problema de la violencia es de los más graves en la región latinoamericana. Más allá de su impacto en la pérdida de vidas y el desarrollo económico, transforma también la cultura política y afecta los procesos democráticos. Ante la ausencia de respuestas sociales y políticas efectivas a los elevados niveles de inseguridad pública, muchos ciudadanos abandonan la participación social y política. Se comienzan a valorar las actitudes autoritarias y aumenta la desconfianza en las instituciones y en los mecanismos legales, del mismo modo como crece al apoyo a figuras políticas autoritarias.