Por primera vez en la historia, tres mujeres de distintas posiciones ideológicas son las favoritas para presidir Guatemala. Sin embargo, en estas elecciones parece tener más incidencia la justicia que el voto popular.

La política fiscal de diversos países de América Latina ha sido diseñada por una élite económica que defiende el Estado mínimo y el mercado máximo.

Guatemala se debate entre la corrupción y la protesta. La sociedad se moviliza pero todavía no consigue canalizar políticamente su energía.

Guatemala vive una coyuntura crítica que está poniendo a prueba su sistema democrático. El «descubrimiento» de gigantescas redes de corrupción que atraviesan todos los niveles del Estado –sumadas a la violencia que azota al país– ha dado lugar a movilizaciones ciudadanas inéditas en la historia reciente que ya han provocado la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti Elías y han dejado al derechista Otto Pérez Molina como una figura con escasa capacidad de juego a la cabeza del Poder Ejecutivo, a la espera de un final de mandato próximo a llegar.

¿Dónde comienza «lo nuevo» en la derecha guatemalteca? Sin duda, un punto de inflexión se produce en 1996, con la firma de la paz tras 36 años de guerra interna. A partir de allí es posible identificar a una serie de actores que corporizan las derechas, en un país sin partidos en sentido estricto: los reformistas tímidos y el poder emergente. Y dentro de este último grupo, los nuevos empresarios, el movimiento cooperativista y la derecha indígena. A partir de estos actores es posible revisar las transformaciones ocurridas en los últimos años en Guatemala y el comportamiento de los grupos de poder, aún atravesados por las lógicas de la Guerra Fría.

La condena del ex-dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt a 80 años de prisión y su posterior anulación por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala han vuelto a traer a la actualidad uno de los hechos más traumáticos de la historia latinoamericana: el genocidio cometido por los militares contra las poblaciones indígenas, acusadas de apoyar a las guerrillas. Pero ¿qué llevó a los soldados, ellos mismos indígenas, a masacrar a sus propios pueblos? Este artículo propone algunas claves de lectura de esos hechos y de la construcción de una categoría de indígenas «engañados» y «traidores» que justificó los crímenes.

El libro de la líder indígena guatemalteca Premio Nobel de la Paz, publicado bajo la autoría de la antropóloga venezolana Elizabeth Burgos en los años 80, tuvo amplia repercusión en la academia estadounidense y en los movimientos de derechos humanos en América Latina. Para muchos inauguraba un nuevo género capaz de desafiar, desde la subalternidad, incluso a la literatura en su sentido convencional. Pero también tuvo detractores, que pusieron en cuestión su veracidad y criticaron la existencia de una «inflación mítica» al servicio de una política radical. Todas estas discusiones dieron lugar a interesantes intercambios acerca de la verdad, el cientificismo, la relación entre testimonio oral y literatura escrita, el rol de los subalternos y la construcción de los relatos sociales.

Las elecciones presidenciales de Guatemala estuvieron marcadas por una intensa campaña negativa en contra de Álvaro Colom, quien se impuso pese a ella y a las propuestas de mano dura de su rival principal. Pero lo central, más allá de los resultados, es que el proceso electoral demostró que el país se encuentra en un momento de transición: el escaso entusiasmo despertado por las elecciones confirma que no han surgido nuevos líderes que reemplacen a los viejos patriarcas. Esto, sin embargo, no significa el final definitivo de la cultura patrimonialista y caudillista que prevalece desde el inicio de la historia nacional. El éxito del nuevo gobierno dependerá de su capacidad para superar la división geográfica, dialogar con la oposición y consensuar políticas en el Congreso.

La transición de Guatemala a la democracia generó cambios profundos en las instituciones militares. Los Acuerdos de Paz firmados en 1997, que pusieron fin a décadas de enfrentamiento interno, incluyeron un capítulo sobre las reformas de las Fuerzas Armadas. Se produjeron algunos avances, sobre todo en el desmantelamiento del aparato contrainsurgente y la reducción del gasto militar. Sin embargo, la resistencia de sectores del Ejército y la incapacidad de los gobiernos democráticos impidieron una transformación más profunda. La crisis de seguridad ciudadana ha retrasado el avance del proceso de reconversión militar, pero el problema es de mayor alcance: mientras las instituciones democráticas sigan siendo débiles, no será posible implementar una reforma coherente y sostenida, pensada como una política de Estado, para garantizar la subordinación efectiva de los militares al poder civil.

La decisión de la líder indígena y Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú de lanzar su candidatura presidencial para las elecciones del 9 de septiembre en Guatemala sacudió el panorama político. Aunque las encuestas la ubican en cuarto lugar, su postulación tiene posibilidades de ascender, quitándole votos al favorito, el centrista Álvaro Colom. Cualquiera sea el resultado, el próximo presidente deberá enfrentar los desafíos de reducir la pobreza, combatir el crimen organizado y el narcotráfico y avanzar en políticas de inclusión de los pueblos indígenas, todo esto en el contexto de un Estado débil y un sistema político fragmentado.

Los Acuerdos de Paz de 1996, trazaron la ruta para laimplementación y fortalecimiento de la democracia en laturbulenta Guatemala. Pero hoy el objetivo central deconsolidar el sistema democrático luce esquivo yestancado. Además de las acechanzas de la desigualdad,la inseguridad y la corrupción, el espacio políticocontinúa marcado por la confrontación. Luego de año ymedio, el gobierno de Oscar Berger parece muy lejos deaportar salidas a los nudos de la sociedad guatemalteca.Su manejo del Estado con paradigmas gerenciales haimpactado negativamente el gasto social y educativo.Mientras tanto, las fuerzas vivas dan la impresión dehaber perdido la brújula.

A través del análisis del proceso electoral 2003, que llevó al gobierno de Guatemala al presidente Oscar Berger, el autor muestra las deficiencias del sistema de partidos políticos desde el inicio de la transición a la democracia, así como los riesgos de reversión autoritaria durante el proceso electoral, a raíz del interés del general Efraín Ríos Montt de competir como candidato a la jefatura del Estado, a pesar de la prohibición constitucional para hacerlo. Por último se examinan el resultado de las elecciones y el triunfo de la derecha «modernizante» que accede al poder del Estado, así como la integración del nuevo gobierno dominado por empresarios y algunos de sus principales retos, a los 100 días de dicha administración.