​Los puestos informales alimentan cada día a cientos de miles de los veinte millones de habitantes de la Ciudad de México. En los suburbios del DF cada delegación cobra a discreción una cuota para permitir esos negocios de comida barata en las calles, muchos de ellos acomodados entre el smog, la basura y la suciedad, y es sabido que las delegaciones que más puestos autorizan son también las más conflictivas y corruptas. Nuestra cronista recorrió la ciudad más poblada de América Latina en busca de su almuerzo y sobrevivió para contarlo.

Decenas de miles de menores de América Central intentan cruzar la frontera hacia los Estados Unidos huyendo de la violencia y la pobreza en sus países. El problema de las migraciones de niños, que ya desvela a Europa, ahora también atraviesa la campaña electoral del Congreso estadounidense.

En las últimas décadas asistimos a una creciente securitización de los riesgos de catástrofes. Esta situación ha reconfigurado las tradicionales y estrechas relaciones entre capitalismo, Estado y naturaleza, en un contexto de crisis fiscal que se vuelve cada vez más estructural. Esta crisis fiscal lleva a los Estados a tener que financiarizar cada vez más los seguros contra riesgos climáticos, mediante procesos de titulización que representan una alternativa a los impuestos y la solidaridad nacional. De este modo, los Estados habilitan nuevas formas de financiarización de la vida que alcanzan a las poblaciones más pobres del planeta.

Desde Río 92, se han llevado a cabo largas y tortuosas negociaciones entre países sobre metas, responsabilidades y compromisos financieros para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. La arquitectura de la negociación, sustentada en la división del mundo entre países desarrollados y en vías de desarrollo, está hoy en jaque. La próxima Conferencia de Lima es una oportunidad para que América Latina ofrezca al mundo una agenda que combine sus exitosas políticas para enfrentar la pobreza y la inclusión social con una nueva visión sobre el uso sustentable de sus recursos naturales para la transición hacia economías de bajo carbono.

La corporación transnacional de la megaminería instituyó su discurso global con vistas a la Cumbre de Johannesburgo, en 2002, casi una década después de la expansión de las inversiones extranjeras directas, los procesos de liberalización interna y las renuncias jurídicas de países de la región en beneficio del sector. Por el poder de sus actores y el carácter multiescalar de su dominio, ha conformado desde entonces un orden del discurso, el del «desarrollo sustentable» y la «minería responsable». Este artículo analiza la «fundación» de este dispositivo de invención extractiva y retóricas estratégicas que tanto entidades de financiamiento como actores regionales y de gobierno esgrimen para justificar la sobreexplotación de la naturaleza, al tiempo que se refuerza la subordinación de los gobiernos al poder del capital.

La identificación de recursos y yacimientos tiene carácter dinámico y multidimensional. En este marco, una concepción estática y ahistórica no resulta productiva: aun si un territorio es reconocido como geológicamente prometedor, puede que no sea considerado adecuado para la actividad minera o petrolera. Por esta razón, la dimensión social de los conceptos «recurso» y «yacimiento» resulta clave en el proceso de identificación y justifica hablar de recursos socionaturales (en lugar de recursos naturales) desde un enfoque interdisciplinario y crítico, que contribuya a ir más allá de las apariencias potencialmente engañosas del determinismo geológico presente en las narrativas de las empresas mineras y de los Estados-nación.

El rumbo y las perspectivas hacia 2015 de las negociaciones multilaterales de un nuevo acuerdo mundial sobre cambio climático no son alentadores. Por el contrario, se está legitimando un escenario mundial con un nivel de emisiones de gases de efecto invernadero que indefectiblemente volvería inviable la adaptación de los ecosistemas y las sociedades humanas a los nuevos parámetros climáticos. Después de 20 años de negociaciones multilaterales, lo que se observa es un mayor nivel de inversiones en activos de combustibles fósiles, que en su conjunto mantienen reservas que triplican el límite máximo del presupuesto de carbono permisible para 2050.

Ya no es posible concebir los recursos naturales como se lo ha hecho tradicionalmente, y por eso resulta necesario abordar cómo la enunciación de los Estados de los países centrales y de organismos internacionales incide en la construcción de imaginarios y políticas respecto de los «frutos de la tierra». Esto conduce a discutir las diferentes definiciones en juego para nombrar esos recursos: renovables y no renovables, materias primas, commodities, capital natural, recursos naturales estratégicos, críticos, multicríticos, esenciales, bienes comunes. En el nombre que se les asigna están inscriptos a menudo proyectos en tensión respecto al uso que debe dárseles para el desarrollo nacional y regional, en este caso en América del Sur.

Hay una máxima de los indígenas Dakota que dice: «Si descubres que estás montando un caballo muerto, ¡desmonta!». Sin embargo, respecto del cambio climático, se sigue una serie de repertorios, tanto desde los Estados –con las cumbres de las Naciones Unidas– como desde la sociedad civil, con formas de presión que no han dado resultados. Las líneas de argumentación son conocidas: de la fórmula «cambio climático + catástrofe = necesidad de acción del Estado» no se duda. Pero en verdad, la fórmula correcta debería ser: «inacción del Estado en la política de cambio climático + intereses económicos = emisiones en aumento».