A través del análisis del proceso electoral 2003, que llevó al gobierno de Guatemala al presidente Oscar Berger, el autor muestra las deficiencias del sistema de partidos políticos desde el inicio de la transición a la democracia, así como los riesgos de reversión autoritaria durante el proceso electoral, a raíz del interés del general Efraín Ríos Montt de competir como candidato a la jefatura del Estado, a pesar de la prohibición constitucional para hacerlo. Por último se examinan el resultado de las elecciones y el triunfo de la derecha «modernizante» que accede al poder del Estado, así como la integración del nuevo gobierno dominado por empresarios y algunos de sus principales retos, a los 100 días de dicha administración.

El triunfo del Frente Republicano Guatemalteco en las elecciones de finales de 1999, ha implicado el retorno al poder, en este caso por vía democrática, de varios de los protagonistas del periodo previo a la transición democrática. Este hecho, sumado a las propuestas populistas, novedosas para el país, del presidente Portillo, plantea no pocos interrogantes sobre el sentido de estas elecciones y el comportamiento político de los guatemaltecos. Los dos principales partidos de derecha han quedado como dominantes del sistema político, mientras la izquierda constituye la tercera fuerza.

El 7 de enero de 1996, en segunda vuelta y con una apretada diferencia que representó el 51,2% de las preferencias del electorado sobre el 48,8% de su adversario, Alvaro Arzú Irigoyen fue electo como el último presidente del siglo actual en Guatemala. Postulado por el Partido de Avanzada Nacional (PAN), organización que nació de la experiencia de un comité cívico para impulsar su candidatura para alcalde de la capital a inicios de 1980, la posición de Arzú corresponde a la de una «nueva derecha». Tanto el presidente electo como los miembros del PAN - algunos de cuyos dirigentes provienen de partidos que antaño se autodefinían como «anti-comunistas», tal el Movimiento de Liberación Nacional (MLN) - están preocupados por rescatar la deteriorada imagen del Estado y lograr eficiencia en la gestión pública. En igual forma, estarían más dispuestos a llegar a acuerdos con otros sectores sociales e introducir cambios en las relaciones laborales y en el funcionamiento de la economía, que aquellos pertenecientes a la derecha tradicional.