Diversos estudios aseguran que, para finales de 2020, la pobreza infantil podría aumentar 22% en América Latina y el Caribe. Si el progresismo quiere plantear un nuevo contrato social pospandémico, debe pensar en un paradigma de inversión hacia las infancias y adolescencias que modifique estructuralmente la situación de los niños y las niñas pobres.