La exclusión social se vincula por lo general a la responsabilidad del Estado en la ejecución de políticas sociales. En el Perú el trato a los excluidos es un mecanismo de control social, en algunos casos sutil y cuidadoso en los detalles, en otros ejerciendo la represión en nombre de la tranquilidad pública. Los excluidos son personas asistidas, clientes sin capacidad de reclamar porque no son convocados como sujetos de derecho o bien integrantes de las clases peligrosas. En la diversidad de sus estrategias el gobierno trata de ganar espacios para un autoritarismo consentido.

En el Perú predomina un estilo de intervención en la vida pública donde no puede identificarse una clase política ni la presencia de mediaciones partidarias.Puede dudarse de la existencia de elites a este nivel. En el congreso y en las alcaldías provinciales y distritales ocupan cargos electivos personas que proclaman su independencia o forman parte de movimientos que apoyan a Alberto Fujimori, sin una estructura estable, y con una explícita falta de interés por establecerla para no repetir, en su opinión, los vicios y la rigidez de los partidos. Esta situación se da en el contexto de la extensión de ámbitos de actuación del Estado al margen de la fiscalización ciudadana. La descripción e interpretación de este proceso es indispensablepara entender las nuevas formas de representación y acción políticas.