El proceso de conversión de Colombia en un país minero y cocalero ha tenido efectos profundos que van más allá de la estructura productiva. La creación de mecanismos institucionales para la distribución y la regulación de las regalías mineras en el contexto de la modernización neoliberal del Estado en los años 90 significó una saturación de las débiles burocracias de las regiones mineras del país y la generación de un fuerte sistema de incentivos para la captura de rentas por parte de grupos paramilitares y guerrilleros. El fenómeno estaría asociado a una nueva modalidad de presencia indirecta del Estado.