En México, ser periodista de investigación se ha convertido en un verdadero peligro. Los asesinatos y las presiones de poderes fácticos hacen temblar a la prensa especializada.

México alcanza ya tres décadas de creciente violencia criminal, en un escenario en el que los periodistas destacan entre los más vulnerables. La complicidad entre delincuentes y funcionarios corruptos para silenciarlos acumula un saldo de 85 informadores asesinados y 20 desaparecidos solo entre 2000 y 2013. Hoy, regiones completas padecen un «apagón informativo» debido al poder corruptor y homicida del crimen organizado. Un panorama de este fenómeno y sus implicaciones en la industria noticiosa y el gremio periodístico nos habla de una cruenta espiral, en la que al cabo pierden los ciudadanos y se daña la democracia. Los desafíos son enormes pero, no obstante, se perfilan algunas luces de esperanza.

A comienzos de marzo, Ethan Peña, un estudiante de Derecho en la universidad pública de Michoacán (oeste de México) de 22 años, emergió como el verdadero rostro de la relación entre el poder político y el criminal. A diferencia de otros episodios habituales --en que las autoridades policiales, militares o de justicia utilizan a medios y periodistas para condenar en «tribunales paralelos» a personas que no han sido juzgadas--, esta vez Ethan se pinto solo al publicar en su Facebook una fotografía en la que posaba empuñando una metralleta Uzi.