Honduras está cerca de su reintegración a la Organización de Estados Americanos (OEA) en la 41 Asamblea General que tendrá lugar del 5 al 7 de junio de 2011 en San Salvador. La anulación por parte de una corte hondureña de dos procesos jurídico-políticos por “abuso de poder” contra el derrocado ex presidente Manuel Zelaya Rosales y la firma del llamado Acuerdo de Cartagena allanan el camino de la readmisión. Según había declarado el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, la suspensión de esos juicios y una agenda de mediación pactada para el conflicto interno eran las principales condiciones a cumplir. Las pedían desde Washington hasta Buenos Aires. En un continente que se mantiene en un nivel constante de precariedad democrática no extraña que el estándar requerido para ser socio pleno de la OEA sea muy bajo.

El artículo analiza el proceso político hondureño, caracterizado por una elite partidaria que no está dispuesta a efectuar las reformas requeridas para acrecentar la democracia y legitimar el sistema institucional. Ese grupo de poder obstaculiza los cambios que reclama la sociedad en su conjunto, y también tiende a perpetuar un esquema económico que implicará mayores penurias para la mayoría de la población. Luego del huracán Mitch, en 1998, el país no ha podido recuperarse. Las remesas de emigrantes constituyen el principal rubro de ingresos mientras los sectores económicos dinamizadores continúan en descenso. El presidente Maduro asumió el mandato con el compromiso de realizar los cambios necesarios, pero su tibia gestión carece de resultados.

El 30 de noviembre de 1997 los hondureños acudieron por sexta vez consecutiva a elecciones en los últimos 17 años, eligiendo como nuevo presidente al liberal Carlos Flores Facussé y ratificando, con su afluencia a las urnas, dos rasgos claves de la joven institucionalidad democrática de este país centroamericano: 1) la consolidación del proceso electoral iniciado bajo el fuego e incertidumbre del conflicto centroamericano en 1980; y 2) el marcado acento conservador del electorado, un 95% del cual votó a favor de los dos partidos tradicionales que han dominado el escenario político de Honduras a lo largo del siglo. De acuerdo con el cómputo final del Tribunal Nacional de Elecciones (TNE), divulgado 29 días después del escrutinio, de los casi 2.900.000 electores en capacidad de votar, poco menos de dos millones acudieron a las urnas, de los cuales superaron el millón quienes lo hicieron a favor del candidato liberal.