En agosto de 1985, el gobierno de Víctor Paz Estenssoro (1985-1989) dicta el Decreto Supremo 21060, que marca el inicio de la Nueva Política Económica (NPE) en Bolivia. Muy rápidamente, ese decreto logra la estabilidad monetaria que no sólo detiene la crisis económica en la que se encontraba el país sino que, hasta hoy en día, es el incuestionable e intocable garante de lo eficaz y necesario de la NPE. Esa quiebra se la venía arrastrando desde fines de los años 70 y llegó a su sima durante el gobierno de Siles Suazo (1982-1985), en el que la manifestación más visible de la crisis fue la [hiper]inflación, que alcanzó a 329% en 1983 a 2.177% en 1984 y a 8.170% en 1985 (Morales, p. 133, y pássim para todo lo relativo a la NPE). Por otro lado, las medidas de relocalización (i.e. despidos masivos) que acompañan al 21060 y que fundamentalmente afectaron a los trabajadores de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), marcan el principio del fin de la omnipresencia del Estado en la escena empresarial en Bolivia; proceso que culmina con las recientes medidas de capitalización y afines dictadas y en parte ejecutadas durante el gobierno de Sánchez de Losada (1993-1997) en cumplimiento de su global Plan de Todos (PdT).