Las últimas masacres carcelarias revelaron que, como ya se había advertido, el sistema penitenciario brasileño es un polvorín: superpoblado, insalubre, totalmente inadecuado y listo para explotar. Las leyes represivas del tráfico de drogas han logrado aumentar la población carcelaria, pero al mismo tiempo fortalecieron a las grandes organizaciones criminales. Se trata de un sistema ineficaz en la protección de la salud pública, pero que tiene entre sus metas el disciplinamiento social de los más pobres, en especial los jóvenes y los negros.

Pese a que la denominada «guerra contra las drogas» ha dado escasos resultados y a menudo resulta contraproducente, Brasil sigue empeñado en esa vía. Uno de los efectos ha sido el superencarcelamiento, que afecta principalmente a jóvenes de las favelas, muchos de ellos negros y mulatos. Al contrario de Estados Unidos, donde hay señales recientes de cambios, en Brasil se mantiene la opción por la vía represiva incluso bajo gobiernos de izquierda. De ese modo, con el pretexto de proteger la salud pública, se deja de proteger la vida y se ignoran los efectos perversos que alcanzan a la sociedad al aplicar la ley de drogas.