México vive una espiral de violencia alimentada por el crimen organizado, la respuesta militarista implementada desde el Estado y la penetración delictiva de las instituciones públicas. El artículo da cuenta de este fenómeno y analiza dos respuestas: la reacción de la sociedad, que se organiza para enfrentar el problema aunque sin apoyo de las autoridades; y las solicitudes de asilo político, que en algunos casos son consecuencia del acoso que sufren quienes resisten el aumento de la violencia e impactan en las relaciones diplomáticas, en particular con Estados Unidos y Canadá. Solo un cambio de estrategia, que excluya la militarización de la seguridad, junto con un compromiso trilateral con participación de la sociedad civil, puede modificar esta preocupante situación.