La democracia no tiene precio pero sí un costo de funcionamiento. Más que una patología de la democracia, el financiamiento político es parte de su vida normal. Sin embargo, si no se encuentra adecuadamente regulado, introduce serias distorsiones en la democracia, en la medida en que puede limitar la competitividad y conferir a ciertos individuos o grupos una posibilidad diferenciada de participar en las elecciones y ejercer su influencia. En este marco, el artículo analiza, a la luz de la experiencia latinoamericana, los riesgos que genera la ausencia de controles al financiamiento político, para luego sugerir algunas líneas imprescindibles para avanzar en una regulación más efectiva.