En todos los países de América Latina las tasas de criminalidad vienen creciendo desde hace más de una década, así como la violencia asociada. Al mismo tiempo, la distinción entre el crimen local y el crimen organizado internacional se ha vuelto difusa o incluso ha llegado a desaparecer. En casos tan dispares como las diminutas islas anglofónas del Caribe, los pequeños países de América Central o las favelas de Río de Janeiro, el poder de fuego de las pandillas criminales es mayor que el de la policía local. En este contexto, muchas veces los gobiernos se sienten obligados a convocar a las Fuerzas Armadas para lidiar con la amenaza.

Al contrario del periodo de los regímenes autoritarios durante la Guerra Fría, en la actualidad la formulación de políticas de seguridad presta particular atención a asuntos de naturaleza interna. Éstos ahora se articulan con una dimensión internacional de la seguridad dentro de un contexto global. Sin embargo, no hay definiciones claras de los límites entre seguridad nacional, regional e internacional. Mientras Estados Unidos actúa unilateralmente, los países de América Latina afrontan el desafío de asumir un papel activo en la definición de las reglas de la seguridad en el hemisferio. Pero esa definición exige pensar el problema de la seguridad como un tema que compete a todos los países involucrados en tanto comunidad.