Honduras no es resultado del golpe de Estado. Sin embargo, la asonada militar reveló que asociadas a las fuerzas de seguridad se encuentran personas que en muchos casos fueron denunciadas como responsables de las desapariciones y persecuciones en los años 80. El argumento central del artículo es que, en muchos países latinoamericanos, el Estado juega un papel primordial en la reproducción de la violencia criminal. No solo por la ineficiencia y negligencia de sus instituciones, sino porque en muchos casos es el Estado mismo, a través de sus instituciones y agentes,el responsable directo de los crímenes y actos de violencia que sufre la población. La crisis de Honduras confirma la necesidad de una reforma amplia y democrática de las instituciones estatales basada en el respeto a la legalidad y los derechos humanos.

El problema de la violencia es de los más graves en la región latinoamericana. Más allá de su impacto en la pérdida de vidas y el desarrollo económico, transforma también la cultura política y afecta los procesos democráticos. Ante la ausencia de respuestas sociales y políticas efectivas a los elevados niveles de inseguridad pública, muchos ciudadanos abandonan la participación social y política. Se comienzan a valorar las actitudes autoritarias y aumenta la desconfianza en las instituciones y en los mecanismos legales, del mismo modo como crece al apoyo a figuras políticas autoritarias.