Luego de la violenta represión de las protestas, el gobierno de Daniel Ortega retomó el control del país y asumió en enero su cuarto mandato consecutivo, tras detener a los principales candidatos opositores. Pero se enfrenta a problemas de financiamiento en el marco de las sanciones internacionales, sobre todo de Estados Unidos, y de la crisis de Venezuela. Su abandono del apoyo a Taiwán y el viraje hacia China plantean numerosos interrogantes. 

Daniel Ortega puso en marcha una Ley de Amnistía que liberó a centenares de presos políticos. Sin embargo, la amnistía no nace de los diálogos con la oposición, sino que es fruto de una decisión unilateral que otorga impunidad a quienes reprimieron las masivas manifestaciones sociales en 2018. Ortega espera dividir a la oposición y evitar sanciones externas. Mientras tanto, la liberación de los presos políticos ha abierto una nueva etapa en la que los sectores contestatarios están volviendo a las calles con renovados bríos.

El Frente Sandinista se impuso en las elecciones municipales nicaragüenses. Mientras tanto, el gobierno de Daniel Ortega mantiene su eclecticismo financiero, comercial y diplomático como forma de garantizar la estabilidad. El país, sin embargo, manifiesta puntos críticos en áreas sensibles.

La OEA se ha vuelto un actor central en la política nicaragüense. La Nica Act, una medida apoyada por el organismo y presentada por legisladores norteamericanos en el Congreso de Estados Unidos, tiene furioso al matrimonio Ortega-Murillo. Su alianza política con el empresariado puede resquebrajarse.

Daniel Ortega se prepara para su tercer periodo presidencial consecutivo, esta vez con su esposa como vicepresidenta. Su victoria, con la exclusión de la principal fuerza opositora, es resultado de una sucesión de jugadas audaces para conservar el poder. Pero la fortaleza del régimen actual tiene los pies de barro. Aunque su apoyo se basa en diversas torsiones de la institucionalidad, a merced del poder matrimonial, sostener, en el extremo opuesto, que el orteguismo está ayuno de respaldo social es el sueño vano de la oposición.

En abril de 2010, el presidente Daniel Ortega firmó un decreto por el cual estableció la permanencia en sus cargos de 20 altos funcionarios, incluyendo jueces y miembros del tribunal electoral, cuyos mandatos habían vencido. La crisis institucional es un capítulo más de un prolongado proceso de degradación del Estado. El artículo argumenta que, en su retorno al poder tras 17 años en espera, el Frente Sandinista requiere de un Estado reducido en ciertas áreas y fuerte en otras: un Estado privatizado en el suministro de servicios sociales y reconcentrado en la regulación que controla la inversión extranjera y la continuidad de un régimen más próximo a las teocracias que a las democracias.