La transición de la economía venezolana, del "boom" petrolero a una situación de endeudamiento externo y estrechez financiera, obliga al sector Público a un esfuerzo de racionalidad en el empleo y mejor utilización del recurso humano. Para empezar, se han congelado las nuevas contrataciones, tarea de por sí difícil, en un país donde el Estado ha desempeñado un rol tradicional de empleador de prima orden. Pero no basta con ello para lograr una mejor administración pública. Existe una alta rotación de cuadros medios y altos, que desertan hacia el sector privado o son asignados a otros organismos, lo que genera una baja especialización entre los que van quedando en los cargos. Los locales de trabajo son inapropiados, y la dotación de máquinas o equipos electrónicos, muy limitada. Los procedimientos de automatización no se incorporan con la velocidad requerida. Todo se espera de los más altos niveles de gobierno, como solución global, cuando en realidad la eficiencia se podría aumentar grandemente en cada unidad del aparato estatal.