El día 3 de febrero de 1995 se celebró el sexto aniversario del golpe del 2 y 3 de febrero de 1989 que conmovió los cimientos de la vida política nacional, embarcando al Paraguay en un proceso de transición a la democracia, dejando atrás un largo período de regímenes autoritarios. Hoy por hoy, los balances que se hacen de lo ocurrido tienden a repetirse con énfasis. Por lo general, se alaba al proceso en cuanto a los avances en el campo de los derechos políticos y civiles, la conformación de un sistema de partidos más competitivo, las reformas a nivel de la estructura Jurídica formal y una inserción más armónica del Paraguay en el concierto de naciones. Sin embargo, existe también una sorprendente coincidencia en las críticas. Los dedos acusadores recaen en la falta de atención a los problemas sociales (desde la calamitosa situación en la que se encuentran unas 200.000 familias campesinas, hasta la falta de acceso a servicios de saneamiento, salud y educación básicos y los alarmantes índices de desempleo y desocupación); en el dilatado y lento proceso de renovación del Poder Judicial; en el imperio de las prácticas corruptas a todos los niveles, y; en la sobrevivencia de caudillos militares que mantienen una identidad político-partidaria y alimentan proyectos políticos personales en el interior del partido de gobierno, el Partido Colorado.