Una Serie de elementos de muy distinto signo han ido acrecentando los enfrentamientos políticos en Uruguay, tres años después de haber recuperado el país su institucionalidad democrática. Es evidente que muchas de las expectativas forjadas en la reconquista de las libertades, no han madurado en la forma esperada. Grandes problemas, largamente acumulados, no han tenido una solución que satisfaga a las grandes mayorías. Y el hecho de que se suspendieran las investigaciones contra los violadores de los derechos humanos, ha agravado los enfrentamientos originariamente motivados por la política económica. El gobierno, paralelamente, ha ido cambiando permanentemente su perfil.

Para evaluar el alcance que pueda tener en Uruguay el juicio a los militares que durante la dictadura atentaron contra los derechos humanos, es primordial analizar el rol que hoy mantienen en el país las fuerzas armadas y los sectores económicos que se beneficiaron con su acción. Para muchos, la evolución de la naciente democracia puede fracturarse. Los militares, si bien abandonaron el manejo de lugares clave, mantienen un poder no desmentido y contra el que parece luchar la gran mayoría del país político. Pero, por las propias condiciones en que se ha dado la apertura y por el camino ulteriormente recorrido por el gobierno civil, la marcha hacia la democracia no es una construcción sencilla. La cautela parece ser intención en el lenguaje negociador, pero las distintas colectividades políticas - el Partido Colorado en el gobierno, el centrista Partido Nacional y el izquierdista Frente Amplio - muchas veces urtican sus enfrentamientos, dentro de un panorama de por sí erizado de dificultades, problemas pendientes y peligrosas acechanzas.

El diálogo entre los militares en el poder y los representantes de los partidos políticos autorizados en Uruguay ha estado signado desde su origen por dificultades cuya solución ha parecido siempre hipotética. La propia distancia entre las posiciones de ambas partes y la ya peculiar característica de un gobierno que tiene todos los frentes abiertos y que ha sufrido derrotas aplastantes, sin por eso querer abandonar posiciones, ha constituido un obstáculo permanente. La oposición ha ido ganando paulatino terreno en medio de una crisis económica generalizada y de una represión oficial que ha intentado acallar las múltiples voces de protesta que se han ido levantando. En diez años de gobierno militar, la deuda externa se multiplicó por siete pasando de 771 millones de dólares a la cifra de 5.205 millones; el salario real cayó a la mitad, la desocupación supera el 15 por ciento y el aumento del costo de la vida llegó a más de un veinte por ciento en un solo mes.

Nueve años después del golpe de Estado de junio de 1973, el ejército uruguayo retacea el diálogo aperturista que dice alentar, mientras busca imponer su lenguaje para edificar un estatuto legal que permita un control militar más férreo sobre las instituciones futuras del país. Enfrentado a todas las fuerzas productivas, a los principales grupos políticos y a una situación económica descontrolada, el régimen continúa prisionero del capital financiero, de sus compromisos y de una represión que periódicamente se hace más implacable.