Las transformaciones en el esquema jurídico que regula a los sujetos sindicalizados se inscriben en un contexto de modificaciones impresas sobre el Estado y sus aparatos constitutivos, en este caso sindicales; cambios que remiten al adecuamiento del perfil estatal, capaces de ampliar el nuevo modelo de acumulación surgido en Argentina desde mediados de los 70. La discusión sobre el derecho de huelga se da en un contexto de silenciamiento parlamentario, de subordinación de la Corte Suprema de Justicia, de iniciativas legales que buscan flexibilizar el ya flexible mercado de trabajo y de estrategias tendientes a desarticular negociaciones colectivas por rama de actividad. Estos intentos de reglamentación no son otra cosa que el efecto jurídico específico de una nueva práctica estatal que busca reformular los aparatos sindicales a los efectos de adecuar sus prácticas a los «nuevos tiempos».