Las cacerolas argentinas de diciembre marcaron el final del régimen monetario de convertibilidad y de la gestión de Fernando de la Rúa. Con problemas irresueltos y con otros nuevos, el gobierno de Eduardo Duhalde intenta intervenir, sin poder prever resultados ciertos, en el conflicto social, la puja distributiva y una clase política acentuadamente desprestigiada.

El artículo analiza los actuales desafíos políticos y económicos del gobierno argentino después de su primer año de gestión. Hay tres grupos de problemas: las restricciones estructurales internas, de raíz socioeconómica; las restricciones externas, relacionadas con la evolución de la economía mundial; y el problema político, la recreación de un centro de poder con suficiente capacidad para adelantar un curso de políticas públicas orientadas al desarrollo económico, la modernización del Estado y la sutura de la brecha social.

Los estudios sobre la dinámica institucional de los saberes especializados han comenzado a poner de manifiesto que en el proceso de elaboración de políticas públicas en las sociedades complejas toda cuestión <> importante conlleva cuestiones de <>; y parejamente, cualquier cuestión <> relevante implica la resolución de importantes cuestiones <>. De este modo, cuestiones <> y cuestiones <> son como dos puntas de un mismo ovillo. Contrariamente a ciertos enfoques reduccionistas, es muy difícil sostener una causalidad lineal que va de los <> de los actores -empresarios u organismos multilaterales, por caso- a las decisiones de políticas públicas; lo que se encuentra es la mediación de circuitos de expertise que mientras contribuyen a configurar esos propios intereses, también inciden sobre las políticas estatales a fin de disciplinar a los agentes económicos y al propio Estado de acuerdo con patrones de análisis y evaluación derivados de modelos y teorías económicas. Estos analistas simbólicos, y sus organizaciones, están lejos de ser <> en ningún sentido reconocible de la palabra.

Es sabido que para tener una buena visión de futuro se hace necesario, a veces, padecer cierta ceguera de presente; y algo de eso hay que hacer para apreciar con alguna perspectiva de mediano plazo la actual coyuntura política mexicana. Por de pronto, el improbable lector de estas líneas deberá dejar a un lado, al menos por un momento, un rosario de adeudos y malhadares que acompañan al gobierno de Ernesto Zedillo como una sombra terca. Deberá entornar los ojos y no poner atención a la todavía irresuelta negociación entre el gobierno federal y la insurgencia zapatista, que ya lleva dos años y medio desde el 1º de enero de 1994 cuando comenzó la promocionada insurrección; deberá ser paciente con la falta de esclarecimiento del asesinato de Luis Donaldo Colosio, el candidato presidencial priísta muerto a fines de marzo de ese mismo año; y deberá seguir esperando como el amor de su vida la condena en suspenso sobre el capturado Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex-presidente Carlos Salinas de Gortari y pieza clave de una intrincada red de tráfico de influencias, crímenes políticos, corrupción y narcopoder al interior del aparato de Estado que gobernaba el otro hijo de su misma madre.

Los análisis sobre las transiciones políticas en América Latina se concentraron en un enfoque dominante: el estudio del cambio de reglas al nivel del régimen político, esto es, el juego de reglas que determina «quién» gobierna. En este punto el debate sobre la transición mexicana no ha sido una excepción. Sin embargo, a la luz de las experiencias de otros países de la región, se ha revelado de importancia vital compaginar ese enfoque con el que atiende a los problemas del «cómo» se gobierna; y más específicamente, con el estudio de las condiciones del gobernar eficaz. En este ensayo se intenta analizar algunas líneas de esta incierta transición mexicana anudando los dos polos de un mismo eje problemático: gobernabilidad y democracia.