De forma intempestiva, el 3 de enero pasado un comando de la Fuerza Delta capturó a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en una operación que hasta ese entonces parecía imposible. A diferencia de otras invasiones, que requirieron una costosa ocupación para garantizar la transmisión del poder a un gobierno afín a Estados Unidos, esta operación militar solo duró unas dos horas y no dejó rastros de marines en el territorio venezolano. Tras el operativo con tintes hollywoodenses, el gobierno de Donald Trump ha decidido tomar bajo su égida el negocio petrolero venezolano y la administración económica general del gobierno interino, obligando a la nueva «presidenta encargada», la anterior vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, a ejecutar sus directrices bajo la amenaza de una segunda oleada militar de mayor alcance contra las actuales cabezas del gobierno. 

Venezuela experimenta así un curioso «cambio de régimen», por el cual son los mismos que lo gestionaron durante sus 27 años de historia quienes comandan el giro hacia una forma de protectorado; esto es lo que de manera más o menos irónica hoy muchos denominan «MAGA-chavismo». Se trata de una novedad político-militar en toda regla, pero no exenta de interrogantes relacionadas con la nueva política económica de apertura, la dinámica de un gobierno tutelado, el papel de las Fuerzas Armadas y del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y el rol de la denominada «boliburguesía». Un equilibrio a todas luces inestable e incierto. 

Hay una aparente paradoja en la forma en que el gobierno de Trump presenta a Venezuela: por un lado, sería un país suficientemente estable para poder recibir más de 100.000 millones de dólares en inversiones de empresas petroleras estadounidenses, con total confianza en la seguridad jurídica del país. Por el otro, este mismo país parece ser demasiado inestable como para cumplir con la Constitución. Esta es sumamente clara: «Si la falta absoluta del Presidente de la República se produce durante los primeros cuatro años del periodo constitucional, se procederá a una nueva elección dentro de los treinta días consecutivos siguientes». Violentar esta normativa de forma tan explícita no deja de ser, pese a la opinión de Trump y Marco Rubio, una muy mala señal para los inversionistas que Estados Unidos quiere atraer para extraer los recursos naturales venezolanos.

La apertura económica: menos sanciones, más petróleo

Es evidente que la limitada apertura económica posterior al 3 de enero no puede leerse como una liberalización «normal», sino como una apertura forzada y condicionada por la nueva arquitectura de poder; es decir, por la presión directa de la Casa Blanca. En la práctica, el gobierno busca divisas de manera urgente mediante una reactivación de las exportaciones petroleras y una mejora en la fluidez financiera, pero sin desmontar el núcleo político del régimen. Eso explica por qué la economía parece abrirse en algunos sectores (petróleo, minería y comercio exterior), mientras el resto del aparato productivo sigue muy controlado y con alta dependencia del político. 

La apertura se está produciendo, fundamentalmente, en el sector extractivista mediante la apresurada aprobación de las nuevas leyes de hidrocarburos y minería. Ambas normativas ofrecen grandes ventajas a las empresas transnacionales en materia de inversión, arbitraje internacional y capacidad operativa. Las reformas incluyen fuertes reducciones en las regalías y transferencia de operaciones que antes eran materia exclusiva de empresas estatales. Desde cualquier punto de vista que priorice los intereses nacionales, las leyes representan un retroceso histórico profundo, una vuelta a las concesiones extractivas menos ventajosas para la república. 

Las normas en cuestión fueron aprobadas a la carrera, sin consultas a los gremios profesionales del rubro, ni a la academia, ni a especialistas reconocidos en el área. Leyes que tomaban años de discusión pública e implicaban diversos acuerdos fueron promulgadas en unos pocos días, basadas en gran medida en el punto de vista de las propias empresas transnacionales. Este método «exprés», abiertamente antidemocrático, resta eficacia política a las nuevas normas y produce una sensación de que en cualquier momento podrían ser revertidas con la misma rapidez con que se aprobaron, una señal bastante negativa para inversiones a mediano y largo plazo. Más aún, en el marco de las contradicciones del nuevo esquema de poder, la Asamblea Nacional venezolana no es formalmente reconocida por el gobierno de Estados Unidos y muchos de sus aliados, que consideran que todas las elecciones posteriores a 2015 son ilegítimas y que, por ende, también lo son los cargos electivos que derivaron de ellas.

Tras la captura de Maduro, se inició una reorientación inmediata de las exportaciones petroleras hacia Estados Unidos, bajo un esquema en el que los ingresos se canalizaron a cuentas controladas por Washington para evitar embargos de acreedores y la malversación en la gestión de esos recursos. Se eliminó la venta de petróleo con descuento a China y fue reemplazada por exportaciones a precios de mercado, vigiladas por Estados Unidos. A raíz de esto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y analistas locales estiman un crecimiento del PIB de entre 4% y 6% para 2026, impulsado tanto por la reactivación petrolera como por el posible levantamiento parcial de una gran cantidad de sanciones a través de diversas licencias ejecutivas de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés). La «apertura» viene condicionada: Estados Unidos controla el flujo de caja y prioriza la estabilización macroeconómica por sobre el gasto social más inmediato. Los críticos la ven como apertura económica con autoritarismo residual; los optimistas, como el próximo fin del colapso rentista.

Un gobierno de ocupación

El concepto de «protectorado» parece un poco extremo, pero no es más que un término que trata de reflejar, de forma resumida, la pérdida de autonomía del Estado venezolano. Para quienes propugnan esta hipótesis, la soberanía está hipotecada en dos niveles: el geopolítico y el económico. En relación con el primero, la supervivencia del régimen dependía críticamente del respaldo diplomático, militar y financiero de potencias rivales de Estados Unidos (Rusia, China, Irán) y del apoyo (in situ) de aliados como Cuba y, en menor medida, de países como Turquía. Ello convirtió a Venezuela en un molesto peón de los intereses antiestadounidenses en el tablero global. Hoy esa situación está haciendo un giro de 180 grados. Ahora es Estados Unidos quien -a través de funcionarios de primera línea- toma las decisiones geopolíticas claves sobre Venezuela, operando en la práctica como una suerte de gobierno de ocupación.

En el plano económico, cualquier iniciativa está condicionada por las decisiones de la OFAC en Washington -se trata de una forma indirecta y complementaria de controlar a Venezuela-. Por su parte, Caracas usa la retórica de la «soberanía» para consumo interno, pero en la práctica opera bajo muy severas restricciones externas. Hoy es Estados Unidos quien autoriza las ventas de petróleo a China y la India y fija las condiciones del pago de la deuda, los precios y las cantidades. Incluso puede determinar que los bienes y servicios adquiridos con los recursos obtenidos por las exportaciones de crudo sean destinados a comprar bienes mayoritariamente producidos por empresas estadounidenses. El gobierno de Trump controla incluso decisiones tan cotidianas como a quién asignar las divisas en subastas cambiarias y exige proyecciones mensuales del presupuesto, para autorizar gastos con las divisas derivadas del petróleo. Una tutela casi inverosímil.

Trump ya lo había anunciado, de manera brutal, el 3 de enero, al declarar que «Estados Unidos gobernará Venezuela» hasta que se pueda implementar «una transición segura». Aunque el secretario de Estado, Marco Rubio, argumentó que no se trata de una ocupación militar, es evidente que ya Washington controla aspectos claves (petróleo, banca internacional, comercio externo), mientras casi todo el aparato estatal chavista permanece en funciones. Los recientes cambios en la alta burocracia son meros reacomodos internos según las necesidades de la facción en el poder.

De forma algo sorpresiva, el FMI y el Banco Mundial anunciaron que reconocen al gobierno interino como interlocutor válido para avanzar en la reinserción plena de Venezuela en esos organismos, lo que libera, en lo inmediato, fondos útiles para apuntalar la ansiada estabilización macroeconómica promovida por Estados Unidos. Esta sería una base para el plan de tres fases para la Venezuela post-Maduro anunciado por Rubio, a saber: estabilización, recuperación y transición. 

Si Venezuela accede a los derechos especiales de giro (DEG) a los que no pudo acceder durante el periodo de sanciones, más otros mecanismos de financiamiento de emergencia del organismo, los recursos disponibles podrían rondar los 10.000 millones de dólares. Ello equivaldría a dos años de venta de divisas en el mercado interbancario. Esos recursos podrían ayudar a frenar la inflación inducida por el efecto pass through (traslado de la devaluación a los precios), que mantiene a Venezuela como el país con mayor inflación del mundo: el Banco Central de Venezuela (BCV) reportó 475% para el cierre de 2025 (acumulado anual), mientras que el FMI proyecta 387,4% para 2026. 

Las Fuerzas Armadas, el Partido y la «boliburguesía» 

Las Fuerzas Armadas ya no son solo una institución militar: también fungen como un conglomerado empresarial con intereses propios. La Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG) es apenas la parte visible de un enorme entramado económico privado en manos de funcionarios adinerados, otrora pilar fundamental del poder de Maduro. Esta doble naturaleza -castrense y empresarial- de las Fuerzas Armadas es precisamente lo que hace tan complejo su rol en la Venezuela tutelada: los militares deben gestionar la contradicción entre un discurso antiimperialista que ya no tienen cómo sostener y la realidad del protectorado que los obliga a callar.

Sus tensiones internas son múltiples. La más inmediata es la erosión de los ingresos de la tropa y los oficiales medios por la elevada inflación, que abre una brecha creciente entre la cúpula enriquecida y el grueso de la institución. A eso se suma el riesgo de purgas por «traición»: el hecho de que las Fuerzas Armadas no reaccionaran ante la operación militar estadounidense del 3 de enero puede ser usado arbitrariamente contra cualquier jerarca por el gobierno de Delcy Rodríguez, mientras que los expedientes de corrupción que Washington tiene en sus manos configuran una doble amenaza. 

En este marco opera un dilema de fondo: cómo reaccionar si una apertura política real pone en riesgo su poder económico, derivado del control de aduanas, minería, Petróleos de Venezuela (PDVSA) e importaciones de alimentos y sostenido hasta ahora en una red de prebendas y en el miedo. Por todo esto, los militares prefieren claramente una transición controlada antes que un colapso abrupto que los exponga a purgas, juicios o pérdida repentina de sus privilegios. Más que como un actor monolítico, las Fuerzas Armadas deben leerse como un conjunto de mandos, unidades y redes con diferentes incentivos y con diversas formas de lealtad política.

Con la captura de Maduro, las Fuerzas Armadas sufrieron un golpe militar y simbólico demoledor. En marzo de 2026, Delcy Rodríguez destituyó al hasta ahora poderoso Vladimir Padrino López, sancionado por Estados Unidos, como ministro de Defensa y lo colocó como ministro de Agricultura y Tierras, además de ejecutar 28 cambios en todas las ramas de la cúpula militar. En tales circunstancias, se prevé una suerte de «institucionalización forzada» para evitar aventuras golpistas que puedan desestabilizar el plan de las tres fases impuesto por la Casa Blanca. Es de destacar que los datos indican que el opositor Edmundo González se impuso por amplio margen en las últimas elecciones presidenciales incluso en centros electorales aledaños a bases militares, a pesar de enormes presiones y extrema persecución. Por lo tanto, es menester comprender el abismo entre una dirigencia castrense enriquecida y una tropa y una oficialidad media crecientemente depauperadas. 

Por su parte, el PSUV ha perdido su ímpetu ideológico y se ha entronizado como una maquinaria burocrática dedicada exclusivamente al mantenimiento del poder a través del control social y electoral. El PSUV ha hecho un significativo silencio ante la adopción de medidas que están en las antípodas ideológicas del «Plan de la Patria» y de las concepciones estatistas y nacionalistas del «chavismo eterno». Ello lo ha dejado bastante al margen del debate político actual, más allá de realizar alguna marcha poco concurrida.

El PSUV funge de vehículo de control, distribución de rentas y disciplina política. Hoy, su objetivo principal, sin posibilidades de desobediencia o disenso, es sostener la cohesión del bloque gobernante y administrar lealtades, más que ofrecer una propuesta política. Por ende, el partido fundado por Hugo Chávez es una especie de correa de transmisión del llamado «Alto Mando Político-Militar de la Revolución Bolivariana», insertado en lo más alto de la burocracia. 

El PSUV parece operar en una especie de «retirada táctica»: coopera selectivamente con Estados Unidos para sobrevivir y asiente las nuevas directrices liberales foráneas, ya sin veleidades «socialistas». La mutación cromática del gobierno, que viene quitando el rojo de sus pancartas y vallas y hablando de «eficiencia e inversiones extranjeras», choca de frente con el talante «anticapitalista» del PSUV. En su seno se está viendo cómo el ala más radical del chavismo se está nucleando para evitar ser deglutida por el Rodrigato interino (articulado en torno de los hermanos Delcy y Jose Rodríguez, ella presidenta encargada y él presidente de la Asamblea Nacional y primero en la línea sucesoria). Sus líderes, entre ellos Diosdado Cabello, corren el riesgo permanente de ser destituidos e incluso encarcelados en Estados Unidos debido a que penden sobre ellos recompensas millonarias. En el caso de Cabello, esta asciende a 25 millones de dólares por su captura y entrega (monto similar al ofrecido en el caso de Bin Laden). Todo ello no le impide, no obstante, ocupar el cargo de ministro del Interior y Justicia y atrincherarse en una narrativa de resistencia y denuncia. En línea con este tipo de discurso, se organizan marchas, concentraciones y eventos donde se corean consignas antiimperialistas sin mayores consecuencias prácticas. Más bien, estas manifestaciones son observadas por la burocracia reciclada con una ligera sensación de hastío y estorbo. 

La «boliburguesía» (la elite empresarial que se enriqueció a través de la corrupción estatal durante la era chavista) atraviesa un proceso de maduración y reacomodo. Los «boliburgueses» ya no dependen solo de los contratos inflados con un Estado quebrado, sino que buscan legitimarse como capitalistas «serios»: ya tienen muchos años con empresas formales muy conocidas por la población y que lucen como negocios «normales», y son los principales beneficiarios de la apertura económica controlada. Esta les permite, además, blanquear capitales invirtiendo en la banca, bienes raíces de lujo, bodegones (tiendas de productos importados) y casinos, además de seguir tejiendo negocios con el ala directa o indirectamente «colaboracionista» de la oposición, a la que financian y controlan. 

Los «boliburgueses» necesitan de cierta estabilidad política y de un reconocimiento internacional para proteger sus activos y transitar hacia el modelo que sueñan, un «capitalismo autoritario» (¿estilo ruso?), en cuyo marco puedan operar negocios limpios y no tanto, con seguridad jurídica para sus capitales, pero bajo el control político de un régimen que los ampare. 

La «boliburguesía» no desapareció; más bien se está reacomodando a la nueva etapa de apertura económica selectiva. Sus actores tienen dos objetivos principales: conservar acceso al Estado y entrar en sectores de rentas rápidas, especialmente petróleo, importaciones, finanzas, minería, telecomunicaciones y actividades comerciales con alto margen de beneficios. 

El rasgo más importante es que esta elite económica no apuesta necesariamente por incrementar la productividad a largo plazo, sino a acomodarse a la estructura de oportunidades que habilita el poder político. Si bien es cierto que algunos de sus miembros han sido detenidos o perseguidos, producto de las peleas entre clanes que se distribuyen el Estado como parcelas de dominio, no parece existir una ofensiva frontal en su contra. De esa forma, aspiran a estar en primera fila a la hora de la rebatiña que se avecina a través de un proceso de privatizaciones «a la rusa», con enormes capitales públicos que serán rematados a precio vil si las cosas continúan por esta senda de «autoritarismo tutelado».

Escenarios extremadamente inciertos

El corto plazo parece definido por una combinación de alivio financiero parcial (derivado de la flexibilización de las sanciones y la reinserción paulatina de Venezuela en el sistema financiero internacional), la persistencia de la fragilidad política que deriva de un gobierno no electo y con un elevado rechazo popular, y la dependencia extrema del petróleo, prácticamente el único bien generador de divisas para el país. Si las exportaciones petroleras siguen repuntando y la banca pública logra operar con mayor facilidad -reduciendo, por ejemplo, los elevadísimos encajes bancarios, que hoy ascienden a 73% (los más alto del mundo)-, podría haber una relativa estabilización cambiaria y comercial. De todos modos, eso no va a resolver problemas estructurales severos como los paupérrimos salarios, servicios públicos extremadamente deteriorados, persecución política (aún hay más de 600 presos políticos) y la incapacidad de atraer inversión productiva de gran calado. 

En el mejor escenario, Venezuela podría entrar en una fase de estabilización negociada, con un cronograma electoral certero que en pocos meses llame a una elección verdaderamente libre; en el peor, la apertura podría quedar atrapada en la inseguridad jurídica, la conflictividad política, la represión estatal y la debilidad institucional. En ambos escenarios habrá crecimiento económico, pero este estará muy lejos del potencial que podría hacer despegar la economía y empezar a recuperar el bienestar social de los trabajadores, trágicamente destruido tras el colapso del rentismo cleptómano. Es precisamente de los trabajadores de donde emerge lo que tanto el gobierno interino como su tutor estadounidense parecen estar subestimando: la creciente movilización social en reclamo de salarios y condiciones laborales dignas. En un país donde todo se negocia arriba, la presión desde abajo podría resultar la más difícil de administrar.