Columnistas influyentes que escriben desde Estados Unidos, como Michael Reid en The Economist o Mohamed El-Erian en Bloomberg, se han referido a la llegada de Michel Temer, Mauricio Macri y Pedro Kuczynski a las presidencias de sus respectivos países como un «giro a la derecha en América del Sur». Las buenas chances electorales de Sebastián Piñera en Chile y hasta la ruptura de Lenin Moreno con Rafael Correa en Ecuador parecieran aportar más casos a la tesis del viraje. La tesis resulta atractiva a la hora de explicar fenómenos regionales o construir discursos políticos para aquellos que son propensos a las historias binarias. Así, habríamos pasado de la década de los gobiernos neoliberales a la de los movimientos populistas-progresistas, hasta que hoy, nuevamente, nos encontraríamos en medio de otro viraje que narramos en tiempo presente. Esta sería una historia de hegemonías, roles subalternos y dos veredas claramente diferenciadas.

Esta narrativa de los giros regionales sucedáneos, que contiene verdades, falacias y reduccionismos, nos lleva sin escalas a la tentación de emparentar los procesos políticos de Brasil y Argentina. Casi en simultáneo, en ambos países finalizaron los gobiernos del kirchnerismo (2003-2015) y del Partido de los Trabajadores (PT, 2002-2016), y surgieron los de Macri y Temer. Así como anteriormente encontramos similitudes y analogías, necesitamos encontrarlas ahora. Los lazos vinculantes entre Macri y Temer parecen necesarios para la perdurabilidad de la narrativa.

En la anterior traza de similitudes, había algunos elementos insoslayables. Uno de ellos era que los dos gobiernos (Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff), además de apoyarse discursivamente en los derechos sociales y la crítica de los «neoliberalismos» precedentes, forjaron una activa alianza política regional que se tradujo en hechos concretos, como el «no al ALCA» y el posterior lanzamiento de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur). Varios elementos en el plano entrecruzado de las políticas públicas y las solidaridades regionales permitían ver una convergencia entre gobiernos.

En cambio, las presidencias de Macri y Temer, que nacieron por la misma fecha, vienen acumulando cada vez más diferencias. El primer grado de separación fue de origen. Macri llegó al poder tras haber ganado elecciones democráticas regulares. Por su parte, la presidencia de Temer nació de un controvertido proceso de destitución que comenzó en diciembre en 2015, mes en que asumió Macri, y se consumó en abril de 2016. Ese proceso, con el correr del tiempo, profundiza sus aspectos controversiales.

Más problemática que la legitimidad de origen de Temer –golpe o no golpe y otros debates semánticos sobre la legalidad de la destitución– es su legitimidad de ejercicio. El presidente Temer, el segundo de Rousseff en la línea sucesoria, selló una alianza parlamentaria con un bloque multipartidario de antiguos opositores de la mandataria. Se trata del llamado «centro político», dominado por legisladores conservadores. Cogobierna con ellos. El «centro político», una eficaz creación del caído en desgracia Eduardo Cunha, no buscó incorporar a sectores del PT a la coalición de transición. Por el contrario, eligió al líder del oficialismo desplazado, Lula da Silva, como principal adversario. Y en lugar de perseguir soluciones electorales (entiéndase, elecciones directas) a la crisis política, la coalición legislativa gobernante en Brasil quiere garantizar la composición actual del Congreso por al menos cuatro años más. Diputados y senadores están a punto de aprobar una reforma político-electoral de sesgo mayoritario con un sistema partidario fragmentado, una combinación que no podría salir peor. No casualmente, el debate público para legitimar ante los ciudadanos la necesidad de esta reforma a medida de los legisladores pasó desapercibido. La reforma es un paquete que incluye una propuesta de enmienda constitucional (PEC) y dos leyes nacionales. Por un lado, se pretende poner fin al sistema proporcional y adoptar una representación personalizada (por distrito) para 2018, con la promesa de transformarla en un sistema «mixto» (proporcional personalizado) en 2022. Esta transformación del sistema, conocida como «distritão», sería complementada con mayores barreras de acceso «para reducir el número de partidos», incluyendo límites a las coaliciones electorales, y un régimen de financiamiento público de las campañas sobre el que sí hay un amplio consenso. Leon Victor de Queiroz Barbosa, al igual que otros politólogos brasileños que analizaron los proyectos, observa que una de las consecuencias inmediatas de la reforma será la reelección de una gran parte de los actuales legisladores, la desaparición de los partidos más pequeños y la disminución de la bancada del PT¹. Una reforma difícil de justificar, que estabiliza un statu quo fragmentario, y que no provee representatividad, ni gobernabilidad, ni participación.

El segundo grado de separación creciente entre la Argentina de Cambiemos y el Brasil del «centro político» es la reforma laboral que el Senado brasileño aprobó el pasado mes de julio y que entrará en vigor en el mes de noviembre. Esta reforma tuvo como uno de sus artífices a Paulo Skaf, actual presidente de la Federación Industrial del Estado de San Pablo (FIESP), además de dirigente del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y cercano al presidente Temer. La reforma, que se propone salvar la competitividad de una industria brasileña asediada por la productividad de los países asiáticos, implica que buena parte de las relaciones laborales comenzarán a pactarse en forma individual o por empresa: la duración de la jornada laboral, las pausas de descanso, las vacaciones pagas, las negociaciones salariales, los beneficios, el teletrabajo y tantas otras dimensiones de la vida laboral que venían siendo reguladas por ley o a través de convenios colectivos, pasarán a depender de los contratos laborales firmados entre el trabajador y la empresa. Lo mismo ocurrirá con las licencias por maternidad, los días de estudio y otros beneficios derivados del contrato de trabajo. Por último, la afiliación y las contribuciones sindicales pasarán a ser voluntarias. La reforma es un golpe durísimo al rol del sindicalismo y de los derechos laborales como mediadores de la relación entre el trabajador y la empresa.

En Argentina, en cambio, si bien el oficialismo ha anunciado que buscará «modernizar» las relaciones laborales, y el presidente Macri ha hecho críticas públicas a la «mafia de los juicios laborales», tanto el ministro de Trabajo Jorge Triaca como el jefe de Gabinete Marcos Peña han declarado a la prensa en varias oportunidades que la reforma laboral brasileña no es un modelo para ellos. El macrismo mantiene buenas relaciones con algunos dirigentes sindicales y viene intentando, desde hace tiempo, contar con una «pata sindical» propia; el recientemente fallecido Gerónimo «Momo» Venegas, jefe sindical de los trabajadores rurales, venía cumpliendo ese rol. Hay, en suma, razones para creer que Macri no tiene intenciones de impulsar una reforma laboral «a la brasileña», que lo enfrente abiertamente con el conjunto del sindicalismo argentino.

Las elecciones nacionales 13 de agosto (primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, PASO), mediante las cuales fueron seleccionados los candidatos que competirán en las elecciones legislativas de octubre, son el tercer grado de separación. Cambiemos logró un buen resultado, revalidó el apoyo obtenido en las elecciones presidenciales de octubre de 2015, ganó en más distritos que antes, y se expande como una fuerza política nacional. Mientras que el oficialismo brasileño se encarama en el poder tras un origen no democrático e intenta perdurar mediante la sanción de una reforma política que restringe la representación y la participación, Cambiemos se consolida como un actor importante de la democracia argentina. Pero además de ello, lo bifurcante es lo que ha estado en el centro de la elección: se cristalizaron dos modelos opuestos en la formación de las políticas públicas.

Macri arrancó su presidencia tras haber revertido en un balotaje el segundo lugar que había obtenido en la primera vuelta y sin mayorías legislativas. Solo poseía un tercio de los diputados y un cuarto de los senadores. Se trataba de un gobierno frágil, atado de manos por su debilidad. Estas elecciones son, para Macri, la oportunidad de superar la debilidad de origen. No va a poder lograr mayorías parlamentarias propias, pero si su desempeño en octubre es bueno, tal vez logre incrementar sus bancadas y, con el poder de los votos, negociar en mejores condiciones con sectores de la oposición. La lectura que hacen los agentes económicos y el propio gobierno es que un buen resultado electoral le permitirá profundizar su giro liberal en materia económica. Y, por ejemplo, aprobar reformas laborales o impositivas en el Congreso, a lo que hasta ahora ni siquiera se había atrevido. Veremos qué sucede. Pero en todo caso, hay que destacar la gran diferencia que hay en la economía política. Temer asumió su presidencia ufanándose de no estar interesado en la reelección ni en la popularidad y entendió que esa era su fortaleza. Dada su prescindencia, iba a poder enviar al Congreso todo tipo de reformas impopulares, porque se concibió como un gobernante inmune al pago de costos políticos. Contrariamente, en Argentina el gobierno espera a fortalecerse en las urnas para avanzar en su programa económico y reconoce los límites que plantean los otros actores del juego democrático –políticos y sociales– al hacerlo. Es un gobierno claramente de derecha, sí, pero con diferencias institucionales notorias con respecto al vecino. En Brasil, la coalición legislativa se apura a reformar –y con una virulencia inusitada– antes de que de que las urnas se asomen. Y utiliza los recursos institucionales de que dispone para restringir la democracia y torcer el espíritu de la representación, tal como lo hizo desde el momento en que desplazó a Rousseff y tomó el mandato popular por asalto. Argentina tiene un gobierno democrático porque nació de las urnas y porque entiende que la fuente de su poder proviene de ellas. Brasil, en cambio, ha caído en manos de un régimen burocrático autoritario. Y la distancia que los separa, necesariamente, se va a ampliar.