Desde los años 80 en México se fue articulando una conflictiva relación entre nuevos actores indígenas regionales y ONGs impulsadas por actores urbanos que realizan proyectos de desarrollo en zonas indígenas. Los conflictos se remontan al desigual trasfondo biográfico de los protagonistas y a la dependencia de actores externos antagónicos que asumen funciones mediadoras entre la población rural indígena y las agencias de desarrollo nacionales e internacionales. La actual confluencia de ONGs y organizaciones indígenas debe ser vista en el contexto de la creciente«ciudadanización» de los movimientos sociales tanto urbanos como rurales. La observación electoral y la lucha por los derechos constitucionales de la población indígena generan un modelo de «aprendizaje ciudadano» que logra superar el tradicional aislamiento de los pueblos indios del resto de la sociedad civil.