Desde el 4 de febrero pasado, una ola de protestas sacude Venezuela. Según estimaciones de las ONG Provea y Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), por lo menos 800.000 personas se han movilizado en 16 estados del país entre febrero y marzo, mediante estrategias múltiples que van desde marchas, concentraciones, vigilias, cadenas humanas, rezos colectivos, «pancartazos», músicos en la calle, asambleas e intervenciones de arte callejero hasta la modalidad de cierre de calles denominada «guarimba», potencialmente violenta e insurreccional1. El secretario general de Amnistía Internacional (AI), Salil Shetty, afirmó que «la gente se echó a la calle para protestar contra los altos niveles de inseguridad y criminalidad y la falta de productos y bienes esenciales»2. Al momento de escribir este artículo, la fiscal general Luisa Ortega Díaz declaró que hechos relacionados con las manifestaciones ocasionaron 39 fallecidos y 608 lesionados. La propia AI estimaba en su reporte que más de 500 personas resultaron heridas y más de 2.000 fueron detenidas3. Por su parte, el gobierno de Nicolás Maduro denunciaba ser víctima de un golpe de Estado, que intentaría repetir los hechos de abril de 2002 –cuando por algunas horas fue derogada la Constitución y se autoproclamó como presidente un empresario de nombre Pedro Carmona Estanga–, y calificaba las manifestaciones como «derechistas-fascistas» y «manipuladas por los partidos políticos opositores».
La actual situación venezolana se resiste a los análisis simplistas y maniqueos. La profundidad de la crisis económica acumulada –el país cerró 2013 con una inflación de 56,2%, según los datos oficiales del Banco Central de Venezuela– ha catalizado la propia crisis política que, en gran medida, es consecuencia de la desaparición física de Hugo Chávez, fallecido en marzo de 2013, en torno de cuya figura orbitaron tanto su proyecto como los esfuerzos de sus detractores. El paso de una gobernabilidad con el «Comandante-presidente» vivo a una gobernabilidad con «El Supremo» mitificado pero ausente signa la transición del chavismo al poschavismo. La historiadora Margarita López Maya lo resume así: «Cuando muere un líder carismático de esa magnitud, lo que queda atrás es un cuadro administrativo mediocre y desorientado. Tenemos una elite que estaba allí no por sus habilidades políticas o gerenciales, sino porque eran leales al caudillo. Y cuando muere buscan afanosamente cómo mantener ese control sobre el poder y cómo legitimar un nuevo gobierno»4.
El actor más relevante en el reciente ciclo de manifestaciones es el movimiento estudiantil crítico del gobierno del presidente Maduro. Diferentes mediciones realizadas durante el mes de marzo lo ubican como el sector con mayor popularidad del conjunto de gremios locales. La encuestadora Instituto Venezolano de Análisis de Datos (IVAD) –cuyos estudios anteriores han sido citados y legitimados por el gobierno bolivariano– estimó que la frase que mejor describía la intención de las protestas era «Protesta pacífica liderada por estudiantes reclamando la inseguridad y la crisis económica que vive el país», con 50,4% de las respuestas, muy por encima de «Parte de un plan orquestado entre la oposición y fuerzas extranjeras para darle un golpe de Estado al presidente» (12,8%) y «Protestas que solo buscan sacar a Nicolás Maduro de la Presidencia sin atender otra solicitud de la sociedad» (7,3%). En el mismo estudio, el «movimiento estudiantil» fue la institución con el desempeño mejor evaluado. Sumando los porcentajes de las respuestas, «Muy buena» y «Buena» aparecen con 51,5%, por encima de Medios de Comunicación (35,9%) y Fuerza Armada Nacional Bolivariana (31,5%)5.
En este texto perfilaremos estadísticamente a la juventud venezolana y aportaremos algunos elementos que describen el movimiento estudiantil previo y posterior a 1999, fecha de la llegada del bolivarianismo al poder. Finalmente, caracterizaremos el conflicto protagonizado por los estudiantes críticos del gobierno de Maduro según la teoría de redes, mediante una conversación con Iria Puyosa, profesora de la Maestría en Comunicación Política en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso)-Ecuador y de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela (UCV), cuya línea de investigación actual es comunicación política y sociedad en red.
La juventud venezolana: algunos datos
Según los resultados del XIV Censo Nacional de Población y Vivienda realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la población del país para 2011 estaba constituida por 28.946.101 personas, con un componente eminentemente joven, con mayor cantidad de población entre los 10 y los 24 años y una media de edad, para el total de la población, de 27 años6. Por su parte, la Segunda Encuesta Nacional de Juventudes, realizada por el Ministerio del Poder Popular para la Juventud en 2013, estableció que existían 4.094.199 jóvenes entre los 15 y 25 años, de los cuales 79% se encontraba estudiando. De ese universo, 67% cursaba estudios en instituciones públicas. En el estudio, 77% de los consultados aseguró su intención de quedarse en Venezuela después de obtener un título universitario y 15% aseguró que dejó de estudiar por falta de recursos económicos, mientras que 14% lo hizo por embarazo. Sobre la ocupación laboral, 30% se encontraba trabajando y otro 30% estudiaba sin trabajar, mientras que 9% estudiaba y trabajaba de manera simultánea. Además, 64% expresó su deseo de tener un trabajo diferente del que desempeñaba en ese momento. La edad promedio del nacimiento del primer hijo se ubicó en 19,9 años. A la pregunta acerca de los principales problemas del país, 23% respondió «inseguridad», 20%, «inflación, costo de la vida» y 16%, «desabastecimiento y escasez de productos». La institución mejor valorada en la encuesta fueron las universidades (18%), mientras que los partidos políticos fueron seleccionados por el 6%7.
Estos resultados pueden ser contrastados con el diagnóstico realizado por el Proyecto Juventud de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Sobre la escolaridad, 65% asistía a planteles públicos, mientras que 35% lo hacía a privados. En el rango de 20 a 24 años, 30,4% de los varones abandonó los estudios debido a la necesidad de trabajar, mientras que la deserción entre las mujeres fue de 16,5%. 35% trabajaba, 31% solo estudiaba, 11% trabajaba y estudiaba y 23% no estudiaba ni trabajaba. Respecto a la situación del país con relación a dos o tres años atrás, 51% la percibía «peor que antes» y 27%, «igual». Coincidiendo con la encuesta anterior acerca de los principales problemas del país, 59% respondió «escasez de alimentos»; 53%, «inseguridad»; 44%, «pobreza» y 42%, «inflación». Sobre los principales problemas que los afectan en lo personal, 46% refirió «inseguridad pública»; 36%, «problemas económicos» y 33%, «falta de oportunidades laborales». Sobre sus opiniones políticas, 69% prefería la democracia a cualquier otro sistema de gobierno. Sin embargo, 40% afirmaba estar no muy satisfecho con el funcionamiento de la democracia y 25%, nada satisfecho. Sobre su posicionamiento político, 33% se declaró partidario del chavismo, 27%, en posiciones opositoras y 27%, en ninguna de las anteriores8.
Antecedentes del movimiento estudiantil
Un extraño mito, sin ninguna correspondencia con la realidad, afirma que el gobierno de Chávez inicia la educación gratuita en Venezuela9. La Constitución aprobada en 1960, dos años después del inicio del periodo democrático en el país, estableció que todos los venezolanos tenían el derecho a ser educados, asignando al Estado la responsabilidad de abrir escuelas y servicios educativos para asegurar el acceso gratuito a la educación. La renta petrolera sirvió para aumentar la población incluida en la escolarización pública en el país, incluyendo la universitaria. En 1950, la matrícula estudiantil en el nivel superior era de 6.900 alumnos; en 1958, era de 11.000 estudiantes, y se incrementó progresivamente hasta llegar en 1981 a 331.000 alumnos. Nueve años después, en 1990, era de 513.000 universitarios y, para 2001, ya con Chávez en el poder, se contabilizaban 909.006 estudiantes10. Para 2010, diez años después, la cifra es de 1.687.504 universitarios11.
En 1969, en democracia y en plena etapa de crecimiento de la matrícula de educación superior, se produce el Movimiento de Renovación Universitaria12, influido por el Mayo francés de 1968. Las universidades son intervenidas, especialmente la UCV, que permaneció cerrada por más de un año. Como consecuencia, en 1970 el Congreso Nacional reforma la Ley de Universidades con el propósito de lograr mayor control político sobre las casas de estudio. La reforma introduce el concepto de universidad experimental, como alternativa a la tradicional-autónoma, y autoriza al Poder Ejecutivo Nacional a crear institutos y colegios universitarios más controlados por el gobierno13.
Diferentes organizaciones de izquierda tuvieron, históricamente, las universidades como un espacio privilegiado para la captación y formación de cuadros, incluyendo el momento más beligerante de la lucha armada insurreccional, que en el caso venezolano ocurrió entre los años 1960 y 1972. De todas ellas, la que más incidencia tuvo en el estímulo de las luchas estudiantiles fue Bandera Roja, una organización nacida en 1970 tras la escisión del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR). Rápidamente incursionó en lo que fueron los últimos días de la lucha armada en el país. En 1987 se creó la Unión de Jóvenes Revolucionarios (UJR), que consolidó su presencia en las universidades. A finales de 1988 los estudiantes protagonizaron protestas en diferentes partes del país tras la llamada Masacre de El Amparo, en referencia al asesinato por un comando policial-militar en la frontera de 14 pescadores que serían falsamente presentados ante la opinión pública como miembros de una columna guerrillera. Este conflicto constituyó el preludio de lo que meses después fue el levantamiento popular conocido como «el Caracazo».
La década de 1990 fue un periodo de impulso de las políticas neoliberales en la región, que amenazaron con introducir una privatización progresiva de la educación superior pública. El segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, iniciado en 1989, ejecutó un «Plan de Ajuste Estructural de la Economía» tras la firma de una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El presidente siguiente, Rafael Caldera, ganó las elecciones tras presentar un proyecto que discursivamente decía enfrentarse a los compromisos suscritos con organismos multilaterales14. Sin embargo, el 15 de abril de 1996, Caldera presentó la «Agenda Venezuela», un programa de ajuste macroeconómico. En materia de educación, contemplaba la aplicación de mecanismos de cobro para contrarrestar el recorte presupuestario y resolver parcialmente el desfinanciamiento, contrariando el principio constitucional de gratuidad de la educación15. Por esta razón, el movimiento estudiantil protagonizó, junto con otros sectores sociales como los ambientalistas, las organizaciones indígenas, grupos de mujeres, organizaciones de vecinos y ONG de derechos humanos, la movilización contra lo que se denominó «el paquete económico».
En este contexto, en 1993 se funda la Federación de Estudiantes Universitarios de Venezuela (FEUV), una plataforma organizativa de diferentes sectores, con amplia hegemonía de Bandera Roja. Otras iniciativas orgánicas, como la Coordinadora de Federaciones de Centros Universitarios, promovida por el llamado «Movimiento 80» (M-80) y la Democracia Cristiana Universitaria (DCU), ligada al partido socialcristiano Copei (Comité de Organización Política Electoral Independiente), intentaban contrarrestar la influencia de la FEUV. Las principales luchas estudiantiles durante la década de 1990 fueron en defensa del pasaje preferencial estudiantil, la democratización y transparencia de los mecanismos de ingreso a las universidades, el rechazo al Proyecto de Ley de Educación Superior (PLES) –que contemplaba cobros de matrículas– y la exigencia de mecanismos de seguridad social para los estudiantes (seguros de hospitalización, cirugía y maternidad –FAMES–; becas, comedores, etc.). Entre 1985 y 1999, las principales estrategias de protesta, que tenían al sector estudiantil entre sus actores protagónicos, fueron, en orden de importancia, los disturbios16, las marchas y los cierres de vías17, con diferentes saldos de muertos, heridos y detenidos. Los disturbios eran protagonizados por los estudiantes en las inmediaciones de las universidades autónomas –donde no podían ingresar los cuerpos policiales y militares–, en una lógica que se repetiría años después en las manifestaciones estudiantiles de 2014.
Gobierno bolivariano y movimiento estudiantil
El triunfo presidencial de un candidato ajeno a las organizaciones políticas tradicionales como Chávez generó muchas expectativas en 1998. Durante su aluvional campaña electoral, se identificó con las luchas estudiantiles y logró revertir los temores que generaba su origen militar. Prometió ampliar la educación pública y aumentar los índices de inserción. Algunos de los líderes universitarios que se incorporaron al gobierno chavista fueron Luis Figueroa, Elías Jaua, Ricardo Menéndez, Jorge Rodríguez, Víctor Novo, Leonardo Molina, Juan Luis Sosa, Vanessa Davies y Jackeline Farías, tanto de Bandera Roja como de la propia FEUV y el M-80.De manera similar a la estrategia desplegada para el conjunto de los movimientos sociales, el bolivarianismo en el poder institucionalizó, estatizó y neutralizó el tejido de organizaciones estudiantiles y universitarias que lo habían llevado al poder, y las sustituyó por otras creadas desde el Poder Ejecutivo, sin mayor autonomía e independencia. En 2001, estudiantes bolivarianos protagonizaron la toma del Rectorado de la UCV, de donde surgió el Movimiento 28 de Marzo, que posteriormente se disolvería en la Federación Bolivariana de Estudiantes (FBE), creada por el presidente Chávez después del golpe de Estado de abril de 2002, y que a su vez sería sustituida por la figura de los Consejos Estudiantiles. Una segunda característica del universo estudiantil bolivariano es que, como afirma el ex-dirigente Luken Quintana, este «ha salido sistemáticamente derrotado en la casi totalidad de instituciones en las cuales se llevan a cabo elecciones de representantes estudiantiles, tanto en las privadas como en las públicas experimentales y, especialmente, en las autónomas como la UCV»18. Desde 1999, los estudiantes bolivarianos solo ganaron tres elecciones en la Federación de Centros Universitarios (FCU): Universidad de Los Andes, en Mérida (2004), la UCV (2003) y la Universidad de Oriente (2007).
Ante la imposibilidad de controlar políticamente las universidades públicas, el chavismo creó nuevos centros de educación superior: la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) en 2003, la Universidad Nacional Experimental de las Artes Unearte, en 2008, y en 1999 se redimensionó, para permitir el ingreso de civiles, la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional (Unefa). Si bien estas instituciones contribuyeron al aumento de la matrícula de la educación superior, no existieron, como contraparte, organismos de cogobierno estudiantil seleccionados por el voto de los alumnos y se establecieron regímenes disciplinarios autoritarios19. Además, se estimuló la militarización del alumnado mediante la organización de las llamadas «milicias estudiantiles»20.
De 2007 a 2014: de la política polarizada a las redes
La importante desarticulación y neutralización de la autonomía de los movimientos sociales venezolanos, tanto por las políticas del bolivarianismo en el poder como por la polarización política, incluyó al movimiento de estudiantes. La FEUV literalmente desapareció a partir del año 2000. Si bien la elección de centros de estudiantes y de la Federación de Centros se mantuvo, estas figuras han perdido buena parte de su capacidad de convocatoria previa a 200021.
Fue en 2007 cuando la no renovación de la frecuencia al canal de televisión más antiguo y popular del país, Radio Caracas Televisión (RCTV), por razones políticas22 ocasionó el resurgimiento del movimiento estudiantil como actor público. Quienes rechazaron la medida se aglutinaron bajo el nombre genérico de «estudiantes por la libertad», lo cual incluía no solo a los alumnos de las universidades públicas sino –novedosamente– también a los de las instituciones privadas. Los «estudiantes por la libertad» emergieron como una «oposición leal» enmarcando sus discursos y demandas por la libertad de expresión y por el derecho a la participación dentro de la Constitución venezolana, aceptando de forma tácita la legalidad y legitimidad del gobierno de Chávez sin pretender desmantelar el aparato gubernamental23. Las movilizaciones estudiantiles tuvieron una sobreexposición mediática, por lo que la reacción gubernamental fue trasladar el conflicto callejero a debates institucionalizados entre estudiantes opositores y bolivarianos24. Agotado el tema RCTV, el movimiento estudiantil volvió a activarse contra la propuesta presidencial de referéndum constitucional, que fue rechazada en las elecciones del 2 de diciembre de 2007. Sus liderazgos visibles salieron de la universidad para ser elegidos a cargos parlamentarios entre 2008 y 2010, promovidos por partidos como Un Nuevo Tiempo (UNT) y Podemos –que al incorporarlos consiguieron una oxigenación de sus cuadros internos–, sin lograr la renovación de vocerías en el movimiento que le permitiera continuidad orgánica25. Un segundo elemento fue que, a pesar de su identificación como «clase estudiantil», los universitarios carecían de reivindicaciones inherentes al sector que constituyeran una agenda de movilización que les diera una identidad propia y diferenciada frente a otros actores. Para las investigadoras María Pilar García Guadilla y Ana Mallén, estos lograron ampliar los límites del discurso del público de oposición al plantear la reconciliación nacional y un entendimiento diferente de la dinámica del conflicto; sin embargo, no lograron romper la dinámica polarizada ni crear públicos alternos26.
Hasta 2013, pensando desde la teoría de redes, el movimiento bolivariano funcionó como una red centralizada con Chávez como nodo principal, por lo que la oposición política se estructuró de la misma manera. Como hipótesis, sostenemos que la arquitectura del conflicto contra el proyecto bolivariano se transforma en uno de redes descentralizadas por tres situaciones: a) la desaparición de Chávez; b) la crisis de representatividad instalada en la oposición, que posibilita la emergencia de las oposiciones, en plural, y c) la adquisición de los principales medios de comunicación del país por empresarios ligados al gobierno bolivariano, lo que introdujo un importante bloqueo informativo y obligó a los disidentes a un uso intensivo de las redes sociales.
El 4 de febrero de 2014, estudiantes de la Universidad Nacional del Táchira, en la ciudad fronteriza de San Cristóbal, protestaron por la inseguridad y contra el presunto abuso sexual a una compañera. La detención de seis estudiantes generó nuevas protestas y sumó nombres a la lista de universitarios heridos y privados de libertad. El 12 del mismo mes ocurrió algo novedoso en el país: 16 estados se movilizaron de manera simultánea, con lo que Caracas dejó de ser el referente de la protesta nacional. Sin embargo, en horas de la noche, tres personas habían sido asesinadas en la capital en el marco de las manifestaciones. El presidente Maduro responsabilizó a una «corriente nazifascista» por las movilizaciones27, culpó a los propios manifestantes por los muertos28 y anunció que impediría «nuevas acciones opositoras». Por su parte, la coalición partidista opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) declaró tres días de duelo «sin actividades públicas». Sin embargo, al día siguiente –el 13 de febrero– las manifestaciones continuaban en todo el país, ignorando el llamado a la desmovilización tanto por parte de la mayoría de los partidos opositores (salvo el sector representado por Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledezma) como por el presidente Maduro.
Manuel Castells plantea que una característica de los movimientos sociales actuales es la espontaneidad en su origen, ya que los desencadena una chispa de indignación relacionada con un acontecimiento concreto29. 2013 cerró para Venezuela con alta inflación, 56% según las cifras oficiales, y con un acumulado de déficit de servicios básicos y desabastecimiento de alimentos y otros productos de consumo masivo, problemática especialmente aguda en las ciudades del interior: San Cristóbal era la segunda ciudad más cara del país. No obstante, el malestar se disparó el 12 de enero de 2014 con el asesinato de la actriz Mónica Spear y su esposo en un asalto cuando hacían turismo por el país.
Sobre la caracterización del conflicto actual como altamente descentralizado y en redes, conversamos para este artículo con la investigadora venezolana Iria Puyosa, quien sostiene, entre otras cosas, que «la movilización del movimiento estudiantil desde inicios de febrero arranca emocionalmente, a partir del rechazo a las condiciones de inseguridad, violencia criminal y violencia política en los campus universitarios». Ante la pregunta, que circula en las redes sociales y los debates públicos, sobre si las movilizaciones son manipuladas por los partidos de la derecha, Puyosa responde:
Vale aclarar que la derecha es minoritaria, básicamente se restringe a pequeños partidos como Proyecto Venezuela y a grupos que no alcanzan a ser minipartidos como el que se aglutina en torno de María Corina Machado. Grupos con discurso de derecha radicados en Miami carecen de vínculos orgánicos con las organizaciones políticas nacionales y tienen poca incidencia real. La «derecha» existe mediáticamente, no existe en las movilizaciones de calle ni en la política electoral. La mayor parte de los partidos de la Mesa de la Unidad son –formalmente– de centro o centroizquierda.
¿Quién lidera, entonces, las protestas? Puyosa argumenta que aunque en un momento inicial se intentó centralizar el movimiento en políticos como Leopoldo López y en dirigentes estudiantiles como Juan Requesens (UCV) como cabezas de las protestas, no existe un liderazgo formal y orgánico de las manifestaciones.
En lo que corresponde a las protestas directamente convocadas por el movimiento estudiantil, el liderazgo lo tienen los dirigentes electos en los organismos de representación estudiantil y de cogobierno de las principales universidades autónomas30 y de algunas universidades privadas de prestigio. Además existen protestas vecinales y otras protestas masivas populares que no están liderizadas por el movimiento estudiantil, tanto en Caracas como en el resto del país. En general, pasados los primeros diez días del ciclo de protestas, estas se han desvinculado cada vez más de los partidos de la Unidad. Las protestas no son partidistas, aunque sí son de oposición. Y ese carácter antipartido del ciclo de protestas también se observa en los discursos de los dirigentes estudiantiles, a pesar de que todos ellos son militantes de partidos.
Formulamos como hipótesis que la entrega del líder opositor Leopoldo López –acusado de los cargos de «incendio y daños a edificio público», «instigación a delinquir» y «asociación para delinquir»–, la tarde del 18 de febrero de 2014, fue una performance que intentaba colocarlo como eje de la dinámica de protestas en el país. Si bien un sector del estudiantado ha exigido en la calle su liberación, la propia multiplicidad y descentralización de las reivindicaciones en movimiento lo ubican como un nodo más de la red. Una evidencia fue el llamado del 18 de marzo, a un mes de su detención, a concentrarse cerca de su sitio de reclusión –la prisión de Ramo Verde–, que, a pesar de la presencia significativa de manifestantes, fue menor en número que otras convocatorias realizadas por esos días en Caracas.
Para Puyosa, otro elemento del contexto que modela el actual periodo de conflictividad fue el aumento de los obstáculos a la libre expresión e información, tras la compra del canal de noticias Globovisión y la principal cadena de periódicos del país por empresarios ligados al oficialismo. Así, la información sobre las manifestaciones: convocatorias, resultados de movilización, represión, se conoce principalmente por la web social, por los mensajes de telefonía móvil o por las conversaciones cara a cara en los espacios urbanos ocupados por manifestantes. Hay muy poca información confiable en medios masivos.
De acuerdo con la académica, las demandas concretas de las manifestaciones estudiantiles tienen baja negociabilidad y se centran en el cese de la represión, el desmantelamiento de grupos armados oficialistas, los procesos a militares y policías por violaciones de derechos humanos y la apertura de negociaciones para la renovación de los poderes públicos: Consejo Nacional Electoral, Contraloría General de la República. El tema de la convocatoria de la Asamblea Constituyente desapareció de la agenda de demandas estudiantiles y la renuncia de Maduro tampoco aparece, aunque sí está presente en protestas vecinales. Mientras tanto, al momento de escribir este artículo, las protestas y la reacción gubernamental continuaban manteniendo un clima de elevada crispación política.
