El
geógrafo británico David Harvey acuñó
una de las categorías más trascendentes de la literatura marxista
actual. La «acumulación por desposesión» refiere,
directamente, a la estrategia del capital fundamentada en el saqueo
de bienes comunales y en el control de los recursos de la naturaleza.
Según Harvey, la «acumulación por desposesión» es una de las
novedosas formas que adquiere el capitalismo en la etapa de
transnacionalización económica, reforzando así sus características
intrínsecas. El proceso conlleva, lógicamente, a
la
pérdida por parte de comunidades locales de sus derechos y
al atentado permanente a ellos.
Aguas, bosques, otros recursos naturales, e
incluso
saberes y conocimientos que socializan gratuitamente las comunidades, se privatizan.
Las
grandes mineras,
farmacéuticas, empresas agroalimentarias cuentan,
por supuesto,
con la venia de los gobiernos locales en
la instalación de los denominados «megaproyectos», destinados a
producir la «acumulación por desposesión».
Los casos se
reproducen por doquier. Uno de los más recientes tuvo como
protagonista a
la activista hondureña Berta Cáceres, que organizó a los lencas,
comunidad indígena de Honduras y El Salvador, en contra de la
construcción de un proyecto hidroeléctrico de la compañía china
Sinohydro. Dicho
proyecto
atentaba contra la supervivencia de los lencas, al
intentar concesionar por 20 años las aguas del Río Gualcarque,
sagrado para la comunidad indígena. El
caso permitió poner nuevamente sobre el tapete la política de
desposesión y saqueo. Entre las diversas discusiones y debates, se
ha puesto de relieve la violación del derecho de
consulta libre, previa e informada, garantizada en el convenio número 169 de
la OIT sobre pueblos indígenas. En
México, la situación es similar. Durante los últimos años el
desarrollo de los megaproyectos ha configurado parte de las políticas
públicas de los diversos gobiernos.
A continuación
detallamos los principales:
-
La Parota.
Este proyecto hidroeléctrico está integrado al Plan Puebla Panamá
y es uno de las 300 presas proyectadas que a través del Sistema de
Interconexión Energética de América Central (Siepac) cuyo fin es
comercializar la energía hacia los países industrializados y sus
compañías, dejando en los países periféricos los conflictos
sociales y el desastre ambiental. En el caso concreto de La Parota
involucra el despojo de tierras comunales por parte del gobierno
mexicano así como la inundación de 17,000 hectáreas (170 millones
de m2) de selva y tierras de cultivo, el desalojo de 25.000 personas
de sus tierras y la afectación de otros 75.000 campesinos, entre
otras cosas.1
-
Wirikuta.
Para los wirrárikas o huicholes, el territorio de Wirikuta en
municipios de San Luis Potosí es sagrado y su extensión de 140.000
hectáreas constituyen
una
Reserva Ecológica Natural y Cultural según el Estado mexicano.
Además,
el territorio es
parte de la Red Mundial de Sitios Sagrados de la Unesco. En
diciembre de 2011 se anunció el «Proyecto Universo», otorgado a
mineras canadienses que pretenden explotar recursos minerales en
60.000 hectáreas dentro del Área Natural Protegida de Wirikuta.
Por el tipo de yacimientos, el método más adecuado para su
explotación sería el de minado de tajo a cielo abierto y la
lixiviación mediante cianuración. Una minería promedio usa 80-100
millones de litros de agua al día, equivalentes al consumo de
150.000 familias. No hay que ser genio para saber lo que eso
significa en una zona semi-desértica. Además, hay que considerar
la contaminación de suelos por los más de 10.000 kilos de químicos
tóxicos al día, a
lo que se añade
el aumento de cáncer en las poblaciones cercanas. Por el momento,
no se han concretado los proyectos mineros planeados durante el
mandato de Felipe Calderón, pero tampoco se han cancelado las
concesiones otorgadas a las mineras.2
-
Minería.
Aunque el proyecto en Wirikuta permanece en suspenso, hay otros que
si se han llevado a cabo como el de la Minera San Xavier, empresa
subsidiaria de la canadiense Metallica Resources Inc. en el Cerro de
San Pedro en San Luis Potosí que dejó importantes impactos
ambientales. Los casos de las concesiones mineras, se hace a través
del párrafo sexto del artículo 27 que permite al gobierno
concesionar las tierras y sus recursos que son propiedad de la
Nación pero que en realidad no cumplen con los lineamientos de
dicho artículo, como son el beneficio social y la protección del
medio ambiente, entre otras cosas. Las empresas concesionarias
(principalmente canadienses) contaban hasta el año 2010 con 50
millones de hectáreas para su explotación, la mayoría en tierras
de propiedad social o comunal, con el consiguiente daño ambiental.
-
Agua.
Un caso similar es
el que tiene como centro
la explotación de los recursos acuíferos que se han concesionado
principalmente a empresas embotelladoras entre las que destacan
Coca-Cola, Nestlé, Pepsi-Cola y Danone. Se
trata de la privatización de
un recurso de carácter público y que debería ser estratégico
para la seguridad nacional de cualquier país. México es en la
actualidad el país que consume más agua embotellada después de
Estados Unidos con 25 mil millones de litros al año y es el primer
consumidor mundial per cápita. La ganancia entre lo invertido y el
precio de venta varía: puede ir de 300 a 4.200 veces por litro,
dependiendo de la región. Los costos de obtención del agua
representan para las embotelladoras menos de 1% del total de
ventas. 40% de los recursos hídricos del país se
encuentran
en Chiapas, donde la empresa Coca-Cola tiene acceso a una gran parte
de ellos por costos mínimos. La empresa Danone obtiene importantes
recursos del acuífero de Texcoco a pesar de ser uno de los más
sobreexplotados, generando escasez en esa zona del Estado de
México.3
-
Carreteras.
Para facilitar el acceso a distintas zonas y abaratar los costos, la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes programó para el
periodo 2013-2018 la licitación de 150 proyectos carreteros
(Programa de Inversiones de Infraestructura de Comunicaciones y
Transportes). Muchos de estos proyectos exterminan comunidades
rurales y urbanas, sus métodos de subsistencia y los obligan a
migrar, y crean mayor desarraigo, impactan negativamente los
ecosistemas locales, provocan el cambio de uso de suelo de áreas
naturales protegidas, acaban con el agua, traen como consecuencia la
criminalización de la protesta social, etc. Muchos de estos
proyectos se han hecho y se planean seguir haciendo en zonas de alta
densidad poblacional como la Ciudad de México, el Estado de México,
Puebla, Morelos y Michoacán, lo que aumenta el impacto social y
ecológico. Varias licitaciones han sido otorgadas a empresas que
tienen relación directa con el gobierno como Grupo Higa y la
empresa española OHL.
Los
ejemplos aquí
presentados constituyen solo
la punta del iceberg del desastre a nivel local de la explotación y
comercialización de los recursos naturales a nivel global, con una
clara colusión entre empresas y gobiernos. A partir del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan)
y el Plan Puebla Panamá, los megaproyectos han aumentado
considerablemente. Es
de esperar que las problemáticas aumenten mientras persista la
voluntad de aplicación del
Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica
(TPP,
por las siglas en inglés)
y que la desposesión de los derechos sobre los recursos naturales no
cese durante los próximos años.