Bolivia es el segundo productor mundial de hoja de coca después de Perú, y ocupa un lugar también importante en la elaboración de sus derivados ilícitos. Por esta razón, en los últimos 15 años este tema ha impactado negativamente en su agenda política interna y externa. El fortalecimiento institucional de su joven democracia ha sido jaqueado constantemente por el fenómeno del tráfico ilegal de drogas. La sustracción a la autoridad del Estado de algunas zonas geográficas ligadas directamente a la producción de estupefacientes, su efecto corrosivo en instituciones públicas y privadas, el incremento en los niveles de conflictos y violencia social y, en especial, la ausencia de consensos sociales sólidos para enfrentar este problema, caracterizan la dinámica interna antinarcóticos de los últimos años.