La insatisfacción social se expresa de maneras distintas. Cuando los partidos políticos no son medios efectivos de las demandas sociales, el descontento desborda la representación política. El reclamo “Que se vayan todos” -la manifestación más palpable de la crisis de representación- derribó presidentes mientras que la conflictividad social pone en serios aprietos al establishment . Pero ¿qué sucede cuando los mecanismos legales de participación ciudadana se convierten en el instrumento de catalización de la inconformidad social?

Desde su reglamentación en 1997, la revocatoria se estableció en el Perú como un mecanismo de consulta entre periodos electorales para destituir a una autoridad elegida, previa recolección de firmas legalmente pautada. Este procedimiento fue aplicado desde entonces en jurisdicciones pequeñas (distritos, nivel local) y mayoritariamente en zonas rurales. Nunca antes se había realizado en una provincia ni en una capital departamental. La consulta en Lima fue una sorpresa.

Susana Villarán, de la coalición de izquierda Fuerza Social, fue elegida alcaldesa de Lima en noviembre de 2010 con 38,3% de los votos válidos, a un punto porcentual de distancia de su rival Lourdes Flores, de la democracia cristiana (PPC). Su victoria se explica por una conjunción de hechos contingentes -la anulación de la candidatura edil de Alex Kouri, asociado al fujimorismo; la difusión de audios grabados ilícitamente- que no permitieron traslucir la fragilidad política de su coalición.

Una vez en el poder, la inexperiencia administrativa de su equipo, así como decisiones políticas desacertadas (enfrentarse al popular ex alcalde de Lima y por entonces candidato presidencial Luis Castañeda Lossio, en plena campaña electoral y sin una estrategia clara), desgastaron rápidamente la popularidad de la gestión. En un año su popularidad cayó de 46 a 16%, especialmente en los distritos populares. Lo que oficialmente fue interpretado como “errores de comunicación” condujo a agudizar el descontento de una ciudad de casi 9 millones de habitantes, sumida en la informalidad, la inseguridad pública y los deficientes servicios urbanos.

Esta situación fue aprovechada por el Comité Cívico por la Revocatoria, un grupo de abogados y consultores políticos de dudoso prestigio que organizaron exitosamente la recolección de firmas (400 mil para la capital peruana). A finales de 2012, las autoridades electorales anunciaron la consulta a la alcaldesa y el Concejo limeño, formado por 40 regidores, entre oficialistas y oposición.

La campaña por la revocatoria fue polarizante a nivel social y partidista. El APRA y Solidaridad Nacional, liderada por Castañeda, se plegaron a favor de la revocatoria. El PPC (opositor interno del Concejo) y otros partidos menores como Perú Posible y Somos Perú apoyaron al "No". El fujimorismo, rival político de la izquierda, se abstuvo para evitar una alianza anti-fujimorista que apoyara a Villarán.

La campaña también fue débil. El "Sí" funcionó descoordinado, tanto por parte del Comité Cívico, sus voceros y su ausencia en el “debate”, como por los partidos que le apoyaron. El APRA no fue consistente a lo largo de la campaña. Por el "No", la suma de aliados políticos, una eficiente estrategia de marketing electoral y un giro en la concepción de la administración, dirigido a sectores populares que reclaman soluciones concretas y materiales a sus problemas cotidianos, logró lo que parecía improbable: la permanencia de Villarán en el cargo.

Los resultados electorales (47.89% por el "No" frente a 45.69% por el "Sí") indican que la alcaldesa continuará en funciones aunque 20 de los 21 concejales oficialistas fueron revocados. El PPC, aliado crítico de la gestión, logró mantener a la mayoría de sus regidores (11 de 13) y tuvo sólo dos destituciones: el hijo del ex alcalde Castañeda y el esposo de una de las voceras del "Sí". El protagonismo de Lourdes Flores durante las últimas semanas colaboró significativamente al sostén de la alcaldesa, brindó soporte más político a la campaña y articuló una proyección exitosa de los miembros del PPC. Tradicionalmente limeño, este partido ha sido para muchos el principal triunfador de este proceso electoral.

El alto nivel de polarización, la inestabilidad política producto de la autoridad consultada y la incertidumbre sobre el gobierno de la ciudad fueron el resultado de las tensiones de los mecanismos de participación ciudadana en contextos de fragilidad partidaria. El fortalecimiento de la democracia en el Perú depende de que se logre un equilibrio entre estos modelos, el participativo y el representativo, para la inclusión política de la insatisfacción.

(*) Candidato a doctor en Ciencia Política por la Universidad de Notre Dame (Indiana, Estados Unidos). Autor del libro La soledad de la política: Transformaciones estructurales, intermediación política y conflictos sociales en el Perú (2000-2012).

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