El sábado 21 de noviembre, un grupo de manifestantes incendió varios salones del Congreso de la República en Guatemala. A pesar de que existía suficiente presencia policial tanto dentro como fuera del edificio, las fuerzas de seguridad no actuaron para detener a los manifestantes e incluso, según informaron fuentes de la misma Policía Nacional Civil (PNC), oficiales de esta entidad se negaron a permitir el ingreso a tiempo de los bomberos a la zona donde ocurrió el incendio. Posteriormente, las unidades del pelotón antimotines de la PNC lanzaron bombas lacrimógenas contra quienes protestaban frente al edificio del organismo legislativo y avanzaron por las calles del centro de la ciudad hasta llegar a 100 metros de la Plaza de la Constitución, donde miles de personas protestaban contra el gobierno de Alejandro Giammattei.

A diferencia de las movilizaciones de 2015, que llevaron a la renuncia y encarcelamiento del entonces presidente Otto Pérez Molina, esta vez los policías lanzaron gas lacrimógeno al centro de la plaza, hirieron a varias personas, incluyendo a dos jóvenes que perdieron un ojo, y realizaron decenas de capturas.

Aunque la protesta se originó en la aprobación del presupuesto del gobierno para 2021, la movilización ciudadana respondió a una crisis política no resuelta y que incluye a los tres poderes del Estado. Como antecedente de la situación política actual de Guatemala puede ser útil analizar los resultados de las elecciones generales de 2019, y no olvidar que Alejandro Giammattei asumió la presidencia el 14 de enero de 2020, es decir, tiene menos de un año al frente del gobierno.

En esos comicios se manifestó una vez más la fluidez y la fragmentación del sistema de partidos guatemalteco. Participaron 19 candidatos presidenciales, dos más fueron retirados de la papeleta a última hora (el primero por haber sido capturado bajo acusaciones de narcotráfico en Estados Unidos y el segundo por no cumplir con los requisitos legales) y las dos candidatas que a principios de año tenían la mayor intención de voto –Zury Ríos, hija del dictador Efraín Ríos Montt y precandidata del partido Valor, y Thelma Aldana, ex-fiscal general y precandidata del Movimiento Semilla– tampoco fueron inscritas por razones legales.

En ese contexto, Giammattei obtuvo apenas 14% de los votos en la primera vuelta electoral. Se convirtió así en el candidato que pasó a una segunda vuelta con el menor porcentaje de votos y pese a ello ganó la Presidencia. 86% de los votantes tenía una primera preferencia distinta al actual presidente de Guatemala, quien logró ganar en el balotaje fundamentalmente por el rechazo de la mayoría de votantes frente a su rival Sandra Torres, ex-esposa del ex-presidente Alvaro Colom (2008-2012) y candidata del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

La debilidad de Vamos, el partido del presidente, se expresó también en la composición del Congreso: 21 partidos tienen representación parlamentaria, ningún bloque legislativo tiene mayoría y el partido oficial cuenta con solo 17 de 160 bancas. En esas circunstancias, Giammattei y sus operadores políticos tejieron una coalición parlamentaria que incluyó a Unión del Cambio Nacionalista (UCN), partido acusado de vínculos con el narcotráfico y cuyo candidato presidencial cumple condena en Estados Unidos; Todos, el partido insignia del llamado «pacto de corruptos» (la coalición política, empresarial y criminal que impulsó la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)); otros grupos parlamentarios minoritarios y un grupo de diputados de UNE que, de acuerdo con denuncias de sus correligionarios, fueron sobornados para aliarse con el partido oficial y elegir de esa forma una junta directiva del Congreso subordinada en los hechos al Poder Ejecutivo. En adelante, cada votación importante ha significado para el gobierno el intercambio de favores con los bloques y diputados aliados.

Tras lograr el control del Congreso, el siguiente paso de esta coalición ha sido bloquear sistemáticamente la elección de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y las cortes de apelaciones. A principios de 2020 la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) develó una trama en la que diputados negociaban con personas acusadas de corrupción candidaturas a las altas cortes. Previamente, la Corte de Constitucionalidad ordenó al Legislativo elegir a los magistrados a viva voz, garantizar la idoneidad y justificar el voto. La junta directiva del Congreso ha manipulado la agenda legislativa para posponer durante 11 meses esta elección. La intención de estos grupos al retrasar la elección de las cortes es esperar la renovación de la Corte de Constitucionalidad, de manera que puedan elegir sin obstáculos magistrados que les garanticen impunidad.

En este contexto, el gobierno de Giammattei enfrentó la pandemia de covid-19. La tensión entre la salud y la economía que ha caracterizado el manejo de la enfermedad en la mayoría de los países se resolvió en Guatemala en favor de los grupos económicos. Las actividades productivas más importantes tuvieron continuidad y los trabajadores debieron cubrir los costos de transporte (los servicios públicos fueron suspendidos) y de medidas de prevención. A partir de septiembre pasado se abrió con ciertas restricciones la totalidad de las actividades comerciales.

En cuanto a las acciones para enfrentar las consecuencias de la crisis económica y social producida por la pandemia, las políticas públicas se caracterizaron por producir y reproducir las ya elevadas desigualdades sociales, la opacidad y la corrupción. Aunque el Congreso aprobó recursos desde marzo, los programas de apoyo empezaron a ejecutarse recién en mayo, y en el caso del programa de dotación de ayuda alimentaria destinado a la población rural en condiciones de extrema pobreza, en septiembre se habían ejecutado menos de 10% de los fondos aprobados. Denuncias presentadas por diputados opositores señalaron que personas fallecidas, radicadas en el extranjero y empleados públicos fueron beneficiados con los fondos destinados a atender a los afectados por la crisis.

Otra fuente de críticas al gobierno de Giammattei fue el establecimiento del llamado Centro de Gobierno, una oficina dirigida por uno de sus allegados que supuestamente da seguimiento a las actividades de los ministerios y al cumplimiento de las prioridades gubernamentales. Esta oficina no solo es onerosa, sino que además duplica las funciones del vicepresidente y de la Secretaría de Planificación. La existencia de esta entidad se sumó a otras tensiones existentes entre el presidente y el vicepresidente, diferencias que se expusieron públicamente a través de las redes sociales y que confirmaban el carácter autoritario e irascible de Giammattei.

El primer año de gobierno se caracterizó también por constantes cambios en el gabinete. El ministro de Salud Hugo Monroy fue destituido en junio por el mal manejo de la crisis sanitaria producida por el covid-19; el primer ministro de Gobernación (que tiene a su cargo la seguridad pública) renunció por problemas de salud y el segundo fue obligado a renunciar por haber aprobado la autorización para trabajar en Guatemala de Planned Parenthood, acusada por los sectores conservadores de promover el aborto; los ministros de Agricultura y Trabajo fueron destituidos por falta de resultados; y, el director general de Caminos fue destituido por acusaciones de corrupción.

En noviembre, Guatemala, al igual que el conjunto de Centroamérica, fue azotado por dos fenómenos climáticos: las tormentas Eta y Iota, que afectaron a centenares de miles de personas y provocaron inundaciones y pérdidas de cosechas. En Guatemala, las tormentas provocaron 60 muertes y más de dos millones de personas afectadas, así como la inminente agudización de los problemas de hambruna que asolan el país. La respuesta gubernamental nuevamente fue tardía e insuficiente y la ayuda a los damnificados fluyó inicialmente por donaciones comunitarias, ayuda privada y cooperación internacional. En estas circunstancias se desencadenaron las protestas ciudadanas.

La gota que derramó el vaso de la inconformidad de la población fue la aprobación del presupuesto del Estado 2021 por el Congreso de la República. El proceso de elaboración presupuestaria se inicia al principio del año, cuando las entidades públicas empiezan a preparar sus planes y programas de trabajo para el año siguiente. En abril estas entregaron sus propuestas presupuestarias a la Secretaría de Planificación, que a su vez entregó en julio una propuesta integrada al Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin). Este presentó el 1 de septiembre el proyecto de presupuesto al Congreso de la República, que a su vez lo trasladó a la Comisión de Finanzas.

Durante todo el proceso se realizan consultas y discusiones entre las entidades públicas y organizaciones de la sociedad civil para proponer un presupuesto que se adecue a las prioridades del país. A pesar de este proceso, la Comisión de Finanzas del Congreso emitió un dictamen favorable al presupuesto, que fue aprobado casi sin discusión en la misma comisión y presentado al pleno del Legislativo para ser aprobado en una sola lectura. El dictamen se emitió a las 5 de la tarde del 17 de noviembre y el Congreso se reunió esa misma noche y aprobó de «emergencia nacional» el presupuesto la madrugada del 18 de noviembre. Para ello se configuró una mayoría legislativa que se impuso sobre los grupos opositores.

La aprobación acelerada y poco transparente generó el rechazo de las cámaras empresariales, organizaciones de la sociedad civil y entidades académicas. El propio vicepresidente Guillermo Castillo solicitó públicamente al presidente que vetara el decreto presupuestario. Entre los problemas que tenía el presupuesto estaban el aumento del endeudamiento, la existencia de «bolsones de corrupción» y la ausencia de financiamiento para políticas sociales. Sobre la primera cuestión, aunque el endeudamiento de Guatemala es comparativamente menor que el del resto de los países de la región, la baja carga tributaria (menos de 10% sobre el PIB) limita las capacidades de pago de la deuda. En las últimas semanas, las principales calificadoras internacionales señalaron que, si no resuelve el problema de la baja tributación, el país enfrentará problemas para mantener el financiamiento de la deuda.

En cuanto a la corrupción, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales alertó sobre varios rubros presupuestarios aprobados en los que se identificaban anomalías y dificultades para la fiscalización. Además, en el presupuesto no se atendían suficientemente las necesidades para hacer frente a la desnutrición crónica y la pobreza extrema.

El jueves 19 por la tarde, el presidente Giammattei con su gabinete de ministros anunció que no vetaría el presupuesto y que convocaría a think thanks para readecuarlo. Media hora después, el vicepresidente Castillo hizo pública en rueda de prensa su ruptura con el presidente, solicitando el veto del presupuesto, la disolución del Centro de Gobierno y la renovación del gabinete. Propuso también como una salida a la crisis la renuncia de ambos (presidente y vicepresidente) y la elección por parte del Congreso de nuevas autoridades.

El sábado 21 se realizaron movilizaciones de protesta en la capital y en las principales ciudades del país. Por primera vez desde el inicio de la pandemia, miles de personas manifestaron en las calles su inconformidad con las decisiones gubernamentales. Se destacó la presencia de organizaciones de estudiantes, tanto de la universidad pública como de universidades privadas. Aunque la anulación del presupuesto constituyó la principal reivindicación, se empezaron a escuchar demandas de renuncia de las principales autoridades del país.

La represión policial, la forma en que se manejó el incendio del Congreso y las detenciones arbitrarias, lejos de amedrentar a los ciudadanos, aumentaron la indignación. El domingo 19 se reunió en una instalación militar la junta directiva del Congreso con algunos jefes de bloque y anunciaron que se suspendería el trámite de aprobación del presupuesto, cuestión que fue oficializada por el pleno del Legislativo: el decreto presupuestario sería archivado y, como lo establece la Constitución, entrará en vigencia el presupuesto del año anterior.

Como parte de una puesta en escena dirigida a criminalizar las protestas, el 22 de noviembre Giammattei invocó la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA), insinuando que se gestaba un golpe de Estado, y solicitó apoyo para promover un espacio de diálogo. Pese a ello, las protestas no se detuvieron: el sábado 28 nuevamente miles de ciudadanos se concentraron en distintas plazas del país, y el lunes varias comunidades indígenas ocuparon tramos carreteros estratégicos, pidiendo la renuncia del presidente y diputados y la convocatoria a una Asamblea Constituyente Plurinacional.

El jueves 3 de diciembre, el presidente y el vicepresidente dieron una rueda de prensa conjunta –por primera vez en meses– y anunciaron un proceso de diálogo para ajustar el presupuesto, la reestructuración del gabinete de ministros y la disolución del Centro de Gobierno. Una vez más, la fuerza de las plazas hizo retroceder al gobierno.

Con las medidas anunciadas, y sobre todo por la cercanía de las fiestas de fin de año, es probable que las movilizaciones disminuyan. Sin embargo, la crisis política no resuelta y los efectos sociales y económicos de 2020 pueden desencadenar una nueva ola de protestas en 2021. Las soluciones a la crisis son complejas ya que, como señalamos, los grupos de poder vinculados a la corrupción y al crimen organizado buscan hacerse del pleno control del Organismo Judicial y preservar su influencia sobre el Ejecutivo y el Legislativo. Esta contienda por el control del Estado tendrá su próximo capítulo en abril de 2021, cuando se renueve la Corte de Constitucionalidad, entidad que ha sido estratégica para contener el avance de la coalición mafiosa y que, de ser también capturada, facilitará la selección de magistrados de las altas cortes al servicio de la impunidad.

La dificultad para lograr el rescate del Estado ha llevado a que cada vez más sectores asuman una demanda planteada desde hace varios años por organizaciones indígenas y campesinas: la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente de carácter plurinacional. El desafío es la construcción de una ruta democrática que posibilite las transformaciones de fondo del Estado, particularmente en lo referido a las relaciones entre Estado y pueblos indígenas, así como el régimen económico y social.