La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ha pasado por cuarta vez a una segunda vuelta presidencial tras un larguísimo conteo de votos debido la cantidad de impugnaciones. Esta vez competirá con el congresista y ex-ministro Roberto Sánchez, del partido de izquierda Juntos por el Perú. La hija mayor del autócrata Alberto Fujimori -quien ocupó el poder entre 1990-2000- obtuvo 17% de los votos válidos y Sánchez 12%, lo que muestra una vez más la enorme fragmentación y la escasa legitimidad electoral de quienes pasan al balotaje. 

En 2021, cuando postuló a la presidencia por tercera vez, obtuvo el 13% en primera vuelta frente al 18,9% del profesor rural y dirigente sindical Pedro Castillo, quien la venció luego por un muy estrecho margen. Sin embargo, las elecciones de 2026 han tenido un signo muy distinto: el Congreso actual dominado por Fuerza Popular eliminó el sistema de elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) que habría acotado el número de partidos aptos para competir en los comicios generales. Finalmente, hubo 35 candidatos a la presidencia, la mayoría grandes desconocidos, y el fujimorismo pudo sacar provecho de tener una candidata y una sigla electoral bien instaladas.

En tercer lugar quedó el líder de Renovación Popular y ex-alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, un miembro del Opus Dei y aspirante a imitador de Donald Trump, con 11,9% de votos, seguido por el centrista Jorge Nieto, ex-ministro del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y fundador del partido del Buen Gobierno, con 10,9%. Junto a estas fuerzas, tendrán bancada en el Congreso los partidos que llevaron como postulantes a la presidencia a Ricardo Belmont, un populista ex-conductor de programas de televisión y el cómico Carlos Alvarez, que sirvió a la campaña por la re-reelección de Alberto Fujimori en 2000.

En la bancada del centroizquierdista Ahora Nación destacan tres legisladoras con una larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos: las senadoras Mirtha Vásquez y Ruth Luque, y la diputada Indira Huilca. También integrará la bancada Harvey Colchado, ex-jefe de la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac) y figura emblemática de la lucha anticorrupción. Boluarte lo apartó de la carrera policial en represalia por haberse negado a blindarla a ella y a su hermano, entonces investigados por el Ministerio Público por corrupción y tráfico de influencia

El sombrero que camina

El adversario de Fujimori en el balotaje fue el único ministro que se mantuvo en el gabinete desde el inicio del gobierno de Castillo hasta la intentona de autogolpe del 7 de diciembre de 2022. Tras conocerse la decisión del presidente de cerrar el Congreso, Sánchez renunció y publicó un rechazo explícito declarando que «no podía por principios democráticos estar de acuerdo con esa decisión».

Castillo cumple una condena por conspiración para rebelión por esa intentona frustrada, cuando intentó evitar que el fujimorismo y sus aliados lo sacaran de Palacio de Gobierno mediante el cierre del Congreso. Horas después de leer la proclama golpista, el mandatario fue detenido y el Parlamento lo destituyó con 101 votos —tres menos de los 104 exigidos por el reglamento del Congreso. Dicho episodio explica en cierta medida la votación de Sánchez.

La mayoría congresal colocó a la vicepresidenta Dina Boluarte en su reemplazo, pese a que ella había prometido renunciar si el presidente era destituido. Varias regiones estallaron en protestas, denunciando que su voto había sido traicionado al haber asumido una «presidenta-títere» de un Congreso que gobierna Perú desde entonces mediante un pacto de corrupción e impunidad entre Fujimori y los caudillos de las bancadas parlamentarias e integrantes de la mesa directiva del legislativo.

La represión de las protestas contra Boluarte, que duraron unos tres meses, se saldó con 50 civiles muertos y cientos de heridos. Estos crímenes siguen impunes debido a que el Ministerio Público estuvo capturado por el régimen bajo la fiscal Patricia Benavides, y volvió a estarlo desde septiembre de 2025 con Tomás Gálvez, un fiscal afín al bloque parlamentario dominante que disolvió los equipos especiales que investigaban, entre otros casos, los asesinatos de manifestantes durante las protestas. El pacto corrupto también tiene de su lado a la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia –entidad que nombra y sanciona a jueces y fiscales–.

Castillo usó durante la mayor parte de su campaña electoral y de su mandato un sombrero de paja típico de Cajamarca, la región con más población en situación de pobreza del país (41%) y sede de la mina de oro más grande de Sudamérica. Allí trabajó la tierra y fue profesor rural. A mediados de diciembre, ya en campaña, Sánchez visitó Puña, el pueblo cajamarquino donde nació Castillo, y lo reivindicó usando el sombrero. Allí declaró: «Aquí ha nacido y ha enseñado el líder más importante de los últimos 50 años del Perú, que llegó al cargo más importante con el voto popular del Perú profundo: quechua, aymara, amazónico: Pedro Castillo. Pero a los dueños del Perú, a la oligarquía, a los dueños de los medios, de la gran minería, de la agroexportación, y de los negocios grandes de Estado no les gustó: odiaron este hermoso sombrero, han odiado el color de nuestro presidente, han odiado su forma de hablar. La política se convirtió en el desprecio, en el racismo, y boicotearon desde el primer día de gobierno y nunca lo dejaron gobernar».

Sánchez recorrió la misma ruta que hizo Castillo en 2021 buscando votos, en pequeños poblados rurales y urbanos, y prometió indultarlo. En las listas de candidatos de su partido incluyó a familiares del ex-presidente: un hermano será senador y una cuñada, diputada. También sumó a uno de los detenidos arbitrariamente, como parte de la represión de las protestas antigubernamentales de 2022 y 2023. Alejandro Manay, un dirigente sindical preso en Ayacucho bajo cargos de terrorismo en enero de 2023, trasladado a la Dirección contra el Terrorismo en Lima y presentado a los medios, sin pruebas, como si fuera delincuente, ha sido elegido diputado en el partido de Sánchez.

A fines de marzo, en el último tramo de la campaña electoral, la cuenta de X de Castillo publicó que le había entregado su sombrero a Sánchez para que recorra «la ruta castillista rumbo a Palacio de Gobierno». En ese momento, el candidato de Juntos por el Perú estaba quinto en las encuestas, empatado con Alfonso López Chau, de Ahora Nación, con 4% de intención de voto, y había tenido un desempeño mediocre en los debates presidenciales.

La gran cantidad de candidatos y el 95% de desaprobación al Congreso generaron gran volatilidad en la intención de voto: Fujimori mantenía un núcleo duro de 10 a 12%, y el alto porcentaje de indecisos se mantuvo hasta marzo. En la extrema derecha, López Aliaga cayó en intención de voto mientras denunciaba a las «encuestas fraudulentas». A última hora, dos escándalos desinflaron las preferencias de otros dos candidatos. La difusión de videos de archivo mostraba al actor cómico e imitador Carlos Álvarez ridiculizando opositores a la dictadura fujimorista para desacreditarlos. Y sobre Ricardo Belmont pesaban viejas denuncias de decenas de miles de accionistas del canal RBC que lo acusaban de haberlos estafado en los años 80. Entretanto, Sánchez avanzó principalmente recorriendo las regiones y transmitiendo sus visitas en Facebook.

Cuatro días antes de la primera vuelta, durante una audiencia judicial en línea, Castillo se quejó de que el actual Congreso del pacto corrupto decidiera los miembros del Tribunal Constitucional y de la Junta Nacional de Justicia. «El pueblo necesita una verdadera justicia, esto solo va a cambiar cuando el 12 de abril el pueblo peruano haga una elección correcta marcando [la candidatura de Juntos por el Perú]», afirmó, mostrando el logo del partido antes de que le cortaran el audio.

El candidato centrista Jorge Nieto, que quedó cuarto y mantiene silencio sobre su voto en segunda vuelta, dijo en una entrevista televisiva que «Castillo ganó desde la cárcel». Mencionó también la indignación moral de parte del Perú popular, sobre todo andino que, pese a la mala gestión, se sentía identificado con el ex-presidente.

«¿Por qué está enojada la gente con lo de Castillo? Porque fue maltratado desde el comienzo: [primero] no se quiso aceptar su triunfo; la gente piensa que fue su triunfo, no piensan en Castillo sino en su voto. Además, en el proceso del golpe malhadado que intentó, cuando toman decisiones en el Congreso no alcanzan los votos reglamentarios, lo sabemos todos: se necesitaban 104 votos, y con 101 se justificó [la destitución] porque ‘bueno ya, así es’. Ese es el origen del sombrero que sigue caminando».

La carta de la izquierda, pese a todo

Sánchez nació en Huaral, una provincia del norte de la región Lima, es hijo de un peluquero y de una lavandera nacidos en regiones andinas, Apurímac y Ayacucho. En su adolescencia migró a Lima con la intención de ser sacerdote, pero luego se decantó por estudiar psicología. En varias entrevistas ha contado que fue parte de grupos pastorales de Teología de la liberación y trabajó como psicólogo con pacientes de VIH. 

A diferencia de Castillo, portador de un master en educación de una universidad conocida por su dudosa calidad, Sánchez cursó una maestría en gestión de proyectos sociales en la prestigiosa Universidad Mayor de San Marcos. Castillo se inscribió fugazmente en dos partidos en décadas distintas, con fines electorales, mientras que Sánchez, desde 2007, ha tenido una vida política continuada. Fue uno de los fundadores de Juntos por el Perú en 2008 y lo preside desde 2023. Esta fuerza quedó sexta en las elecciones presidenciales de 2021, con Verónika Mendoza, y colocó cinco parlamentarios; sin embargo, esa bancada ya no existe: solo Sánchez representa al partido en el Congreso y Mendoza se retiró de la agrupación ese mismo año.

En la primera vuelta de 2026, compitieron cuatro partidos de izquierda y centroizquierda: Juntos por el Perú de Sánchez, Ahora Nación, Venceremos y Perú Libre, del prófugo Vladimir Cerrón, por el que postuló Castillo en 2021. Venceremos ha respaldado a Sánchez sin condiciones para la segunda vuelta; Ahora Nación ha condicionado su decisión a una serie de exigencias, y Cerrón ha tuiteado que son «las bases» quienes deben decidir si respaldan a Sánchez en el balotaje, mientras su partido quedó fuera del nuevo Congreso. Entre quienes apoyaron a Sánchez en la primera vuelta se encuentra el «etnocacerista» Antauro Humala, un nacionalista radical que cumplió su condena por la toma de una comisaría en 2005 que terminó con cuatro policías fallecidos. El hermano del ex-presidente Ollanta Humala respaldó en primera vuelta a Sánchez, pero este ha marcado distancia con el personaje, utilizado por la prensa para generar temor contra un eventual gobierno de Juntos por el Perú. 

Parte de la izquierda urbana capitalina votará por Sánchez –pese a la desconfianza que les genera– para impedir una victoria de Keiko Fujimori. Sin embargo, el antifujimorismo parece más débil que en elecciones anteriores. Según dos encuestas de fines de abril, Fujimori y Sánchez están empatados en alrededor de 38% de intención de voto.

«Gente de mierda»

La candidatura de López Aliaga -quien alguna vez comentó que se autoflagela con un cilicio «para unirse a la pasión de Cristo»- generó un fuerte rechazo en el sur del país, con poblaciones quechuas y aymaras, donde recuerdan su apoyo a la represión de las protestas de 2022 y 2023. En Puno, durante una visita del candidato, sus seguidores apedrearon e hirieron a sobrevivientes y familiares de víctimas de la masacre de Juliaca de enero de 2023. En Apurímac, familiares de las víctimas de Andahuaylas y otros ciudadanos le lanzaron huevos, y López Aliaga los insultó llamándolos «gente de mierda», «gente basura» que impide que el país avance.

En los días del escrutinio de la primera vuelta, el ex-alcalde de Lima puso en duda el conteo de los votos e insistió con las denuncias de fraude en una conversación con el influencer de extrema derecha argentino Agustín Laje, quien lo apoyó públicamente. Según López Aliaga, existían mesas de votación «fantasmas» en las que cualquiera llenaba las actas a favor de Juntos por el Perú. El candidato llegó a decir en la cadena CNN que el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) era «miembro del Grupo de Puebla» y que había una estrategia en su contra armada por «cubanos y venezolanos». La Junta Nacional de Justicia, integrante del pacto corrupto, exigió a la ONPE que le reporte cuántos extranjeros trabajaban en la entidad. La respuesta fue «ninguno».

«Sorprendentemente Ipsos [responsable de un conteo rápido de una muestra de actas] dice que en zonas rurales la asistencia ha sido masiva donde lamentablemente no tienen los medios para formarse bien, pero dice que el nivel de eficiencia al llenar un acta compleja es de 100%, o sea, saben llenar actas complejísimas de una noche para otra y es gente totalmente instruida», declaró con desprecio el candidato, que no pasa a la segunda vuelta pero tendrá escaño en el Senado.

López Aliaga, que quedó a solo 21.210 votos debajo de Sánchez, encabezó una violenta operación mediática, política, judicial, digital y callejera para enlodar el sistema electoral. Ha puesto en riesgo los comicios imitando con impunidad a Jair Bolsonaro y Donald Trump. Tras conocerse en abril los primeros resultados que lo dejaban fuera de la segunda vuelta, convocó concentraciones frente al JNE y exigió la nulidad de las elecciones, denunciando la existencia de un supuesto «plan Morrocoy» -una conspiración, según él, para ralentizar el escrutinio y robarle votos, copiada de una denuncia venezolana de 2012 y descartada por organismos electorales y observadores internacionales-. En ese mismo contexto, el postulante de extrema derecha retorció el nombre de su propia teoría de la conspiración para lanzar una amenaza de agresión sexual contra el presidente del tribunal electoral, Roberto Burneo: «Si hasta mañana no declara la nulidad de las elecciones, le voy a meter todo mi plan Morrocoy, bien grandazo, para que se haga hombre». 

La mayoría de los medios de comunicación de Lima han sido funcionales a esta campaña de desinformación. Tanto así, que López Aliaga amenazó a Piero Corvetto, el jefe de la ONPE, con «perseguirlo hasta que se muera» y logró que renuncie tres días después de las elecciones debido a que unos 50.000 electores no pudieron votar en Lima por fallos logísticos en la instalación de mesas que representaban 0,2% del padrón electoral. 

Al haber desgastado la confianza en la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el camino está libre para que en la segunda vuelta Keiko Fujimori retome el argumento. Si perdiera por una diferencia mínima, como ya ocurrió en la segunda vuelta contra Castillo en 2021, podrá retomar el discurso «fraudista» que cultivan desde entonces ella y sus seguidores. Por su parte, Sánchez destacó en una conferencia de prensa con medios extranjeros que la mayoría de sus electores son de las jurisdicciones más pobres y rurales, y que, ante esas afrentas, defenderán el voto popular.

La ventaja de Fujimori 

Desde el Congreso, el régimen que lidera Fujimori ha capturado las instituciones del Estado, con la excepción parcial de los tres organismos electorales. Desde 2025, The Economist califica al sistema político peruano como «híbrido» y para V-Dem está «en proceso de autocratización», pero no en manos de un dictador sino de un entramado de fuerzas corruptas. La razón del fujimorismo y sus aliados para copar el Estado no ha sido solamente ejercer el poder de facto, sino que la mayoría de los líderes de organizaciones políticas están investigados por la Justicia, como Fujimori y López Aliaga, pero también Cerrón, quien se encuentra prófugo desde 2023 pero tuitea a diario sobre política.

Keiko Fujimori y una treintena de militantes y abogados afrontaban un juicio por el caso Odebrecht en 2024, pero el Tribunal Constitucional ayudó el año pasado a que el proceso retroceda a la fase intermedia. El fiscal que investigó desde 2018 a la actual candidata por los aportes millonarios no declarados de las campañas presidenciales de 2011 y 2016 fue ilegalmente sancionado en enero y retirado de la magistratura. El fiscal general eliminó el Equipo Especial de fiscales del caso Odebrecht que logró las condenas de los ex-presidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Martín Vizcarra. La reanudación de la fase intermedia del juicio a la candidata Fujimori, por lavado de activos, está pendiente de apelación: los jueces no han fijado fecha de la audiencia.

Por eso, desde hace tres años, 95% de los peruanos desaprueba el Legislativo dominado por el fujimorismo, pero ese rechazo no se tradujo en las elecciones recientes en un antivoto proporcional hacia Fujimori. Esta no solo obtuvo el primer lugar: logró un porcentaje de votos mayor que en 2021, hace campaña sin audiencias judiciales que la interrumpan, usó el Congreso para inhabilitar a políticos con aspiraciones presidenciales y se valió de la Junta Nacional de Justicia y la Autoridad de Control del Ministerio Público para sacar del camino a los magistrados que no se le subordinaron. La mayoría de los medios de comunicación de Lima se ha alineado con sus intereses.

El fujimorismo junto a Renovación Popular de López Aliaga podrían tener la mitad de las bancas del nuevo Senado y más de 43% de la Cámara de Diputados (el conteo para el Congreso aún no ha concluido), desde donde buscarán preservar el pacto de corruptos.

En cinco universidades, dos de ellas las principales de Lima, han estallado protestas estudiantiles en rechazo a la reelección ilegal de autoridades, contra la mercantilización de la educación y la violencia de género y en demanda de una infraestructura básica para estudiar. En algunas de las arengas y carteles de los universitarios ha reaparecido el lema «Fujimori nunca más» que marcará sin duda la campaña para la segunda vuelta en el que unos votarán contra Fujimori y otros contra Sánchez-Castillo.