El 4 de agosto, una nueva Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de Colombia dio a conocer su fallo según el cual el ex-presidente y actual senador Álvaro Uribe es declarado culpable en delitos de soborno a testigos y fraude procesal, y se le impone detención domiciliaria y el distanciamiento de toda intervención pública en política. Contra la providencia cabe apelación. Como el abogado de Uribe anunció que no usarían ese recurso, la Corte le notificó al Senado que la medida de aseguramiento quedaba en firme y se convertía en causal de ausencia temporal de Uribe como congresista. Si la directiva del Senado considera que la solicitud de la Corte de retiro es clara, procederá a designar como reemplazo al siguiente en votos de la lista de Uribe; en caso contrario, le pedirá una aclaración a la Corte sin que se pueda descartar incluso una posible una renuncia de Uribe.

La historia es rocambolesca. En 2014, Iván Cepeda, dirigente de izquierda, denunció a Uribe por presuntos vínculos paramilitares. Uribe contrademandó porque supuestamente Cepeda habría intentado sobornar a ex-paramilitares detenidos para que testificaran en su contra. Entre 2015 y 2018, la Sala Penal investigó al senador Cepeda y concluyó que los testimonios en su contra eran falsos. Este fue uno de los motivos que llevaron a la Corte a investigar a Uribe quien, a través de terceros, habría comprado testigos contra Cepeda.

Desde su segundo gobierno (2006-2010), Uribe mantuvo una dura batalla con la Corte Suprema. En la Sala especial de Instrucción que asumió el análisis del caso, participan cinco magistrados que no habían tenido vínculos con el ex-presidente y adoptaron la decisión por unanimidad. Enseguida, el Centro Democrático, partido creado y dirigido por Uribe, rechazó el fallo de la Corte señalándolo como «politizado». En varias ciudades se produjeron movilizaciones para reclamar por la libertad de Uribe. Una senadora uribista solicitó a los militares retirados que dieran su apoyo al ex-presidente. Descubierto el mensaje, la parlamentaria replicó que solo les pedía apoyo político y que su tuit estaba destinado a un chat privado. Los dirigentes de los gremios empresariales –con una excepción– dijeron que respetaban el fallo, aunque no lo compartían.

Algunos uribistas exigieron el desmonte de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) para que los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) vayan a la cárcel y otros pidieron la convocatoria inmediata de una Asamblea Constituyente para reformar la justicia y reducir sus tres instancias (Consejo de Estado, Corte Suprema y Corte Constitucional) a una sola, idea agitada por el propio Uribe desde tiempo atrás. Pero esto no es tan fácil, pues su convocatoria requiere definición de los tres poderes públicos y participación ciudadana. Sin cerrarse del todo a la propuesta, el presidente Iván Duque –que pertenece al espacio político de Uribe– señaló que una Constituyente llevaría mucho tiempo y sería más expeditivo reformar la justicia a través del Congreso. Sin embargo, su propuesta preliminar ha suscitado rechazo porque no enfrenta los problemas de fondo: la supuesta politización del sistema y la congestión de la justicia.

Apenas conocido el fallo de la Corte, Duque declaró en televisión: «Soy y seré siempre un creyente en la inocencia y honorabilidad de quien con su ejemplo se ha ganado un lugar en la historia de Colombia». Duque reclamó también el derecho de Uribe a defenderse en libertad. Su intervención fue criticada por algunos como una interferencia indebida en la justicia. Ese reclamo aludía a un tema álgido. En 2019, la Corte –aunque no la misma sala– había liberado a Jesús Santrich, un dirigente de las FARC, para que pudiera «defenderse en libertad». El detenido aprovechó su liberación para fugarse a Venezuela. El uribismo ha insistido en el contraste con la detención preventiva del ex-presidente. La bancada del Centro Democrático en el Senado y la Cámara Baja acudió a la Unión Interparlamentaria para que actúe ante lo que consideran «persecución política» y un trato injusto del senador, que estaría siendo juzgado con «meras presunciones e inferencias no probadas». Uribe pidió un juicio público y el pasado 12 de agosto escribió en sus redes sociales: «fui reseñado como preso #1087985 por confrontar testimonios en mi contra comprados por Farc, su nueva generación y sus aliados. Sin pruebas, solo inferencias. Me interceptaron ilegalmente. Impidieron a abogados contrainterrogar a su principal testigo. Pido transparencia».

Las numerosas reacciones ante el fallo de la Corte aumentan la polarización política. Cepeda ha asumido la providencia en tono mesurado, denunció haber recibido amenazas por redes sociales y envió mensajes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la reacción del presidente Duque, que califica como interferencia en el Poder Judicial. En las redes sociales crece la guerra de insultos y amenazas. Gritos de triunfo, insultos y retos al gobierno, al presidente, al Centro Democrático, a Uribe. A esto responden desde el polo opuesto que se trata de una Corte comprada, politizada, parcializada, corrupta y apoyada por guerrilleros asesinos. El miedo al «castrochavismo» (apelativo creado por Uribe para identificar el proceso venezolano) y la creencia de que la izquierda está tomando las instituciones los galvaniza en el rechazo a la Corte y sus decisiones.

El texto de la Corte tiene 1.554 páginas. La Sala de Instrucción lo sintetizó afirmando que considera a Uribe «presunto determinador de los delitos de soborno a testigos y fraude procesal». Esto quiere decir que él, con plena conciencia, habría utilizado a terceros para realizar actos ilegales, lo que implicaría que es tan responsable como los autores materiales de los delitos. Según los magistrados, «la prueba indiciaria es abundante, clara, inequívoca y concluyente de su condición de determinador de las conductas punibles», aunque admite que Uribe no impartió instrucciones para que su abogado auxiliar y sus ayudantes salieran a fabricar testigos. A su juicio, no era necesario. Múltiples pruebas e indicios mostrarían un patrón de comportamiento ilegal.

Los magistrados señalan que esa conducta, que se repitió entre 2018 y 2019 con distintos emisarios, reaparecía ahora con Diego Cadena, el abogado auxiliar de Uribe, a quien el 6 de agosto un juez de control de garantías le ordenó casa por cárcel (prisión domiciliaria). La Corte y la Fiscalía coinciden en que ese abogado contactó al paramilitar preso Carlos Enrique Vélez y le ofreció 200 millones de pesos (más de 50.000 dólares) y alcanzó a entregarle 48 millones para que rindiera declaración favorable a Uribe. Cadena también consiguió media docena de cartas de otros presos con relatos uniformes, lo que hace pensar que tengan un mismo autor, y los magistrados señalan que ofreció dádivas al preso Juan Guillermo Monsalve para que se retractara de sus acusaciones contra Uribe. El padre de Monsalve fue mayordomo de una finca de la familia Uribe y afirma que en esa época los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez auspiciaron grupos paramilitares. Desde 2015, este testigo estaría recibiendo presiones para que se retracte. Y los jueces concluyen que hay suficiente evidencia para suponer «que por interpuesta persona y en distintos eventos que se ofrecen recurrentes, el senador Uribe Vélez efectuó ofrecimientos o promesas de beneficios económicos o jurídicos a varios testigos para que declararan falsamente a su favor».

Aunque el análisis de la Sala especial está sustentado, su decisión de detención domiciliaria de Uribe y su distanciamiento respecto de toda intervención pública suscita inquietudes. Para que se justifique una detención cautelar se requiere que se cumpla al menos una de tres condiciones: que haya peligro de fuga del acusado, que este sea un peligro para la sociedad o que pueda interferir en justicia. La Corte se acoge a esta última. Señala que en distintas oportunidades Uribe ha tratado de torpedear la investigación. Algunos han dudado de la efectividad de la medida, puesto que en la actualidad lo mismo se puede lograr desde la casa por medios virtuales. Además, pesa sobre la Corte el escándalo reciente de lo que se llamó el «cartel de la toga»: cuatro magistrados que negociaban sus fallos a cambio de dinero u otras prebendas.

Si no se quiere entregar un país a la venganza y la violencia, los fallos de la justicia, cualesquiera y como quiera que sean, deben ser respetados. ¿Qué puede pasar? Difícil saberlo. El Centro Democrático venía siendo afectado por crecientes tensiones internas. Las distintas apreciaciones de sus miembros sobre el gobierno de Duque y las aspiraciones presidenciales de algunos para 2022 lo han dividido. La victimización de Uribe como estrategia político-electoral puede acercarlos, pero su unidad es frágil. Duque, sin partido cohesionado, tendría que tomar las riendas del Congreso y del país, mientras enfrenta las consecuencias sanitarias, sociales y económicas de la pandemia. Si el caos creciera, las elecciones de 2022 podrían convertirse en el plato servido para algún buen demagogo de los que prometen lo que no pueden cumplir, sea de derecha o izquierda. Ojalá la bola de cristal esté confundida.