Foto: ministros de Salud de la Celac - EFE

Alianza del Pacífico

En un nuevo paso de la integración comercial de las economías que conforman el bloque desde 2011, Perú y México avanzaron hacia fines de 2015 con los requisitos para que entre en vigor el Protocolo Adicional del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico. El protocolo, suscripto tres años después del lanzamiento de la Alianza, establece el marco jurídico para el intercambio de bienes y servicios -contemplando la eliminación de aranceles en el 92% de los productos- y para la inversión entre los miembros del bloque. En Perú, el protocolo fue ratificado por el Poder Ejecutivo en noviembre, mientras que en México fue aprobado en diciembre por el Senado. Aprobado también por Colombia, solo queda pendiente que concluyan las gestiones para su aprobación por parte del Senado chileno.

Entre las acciones de cooperación económica entre los socios, se destacaron algunas iniciativas en el ámbito turístico, como la puesta en línea de la Guía para el viajero (con recomendaciones y datos de contacto útiles para quienes visitan los países del bloque) y un viaje de promoción turística a China, que tuvo lugar en octubre bajo el título de Primer Roadshow de Turismo de la Alianza. Además, en diciembre se realizó el primer foro sobre Estadística del Turismo del bloque. Allí se anunció que los países trabajarán para homologar sus estadísticas turísticas y así tener mediciones comparables que permitan establecer estrategias conjuntas en la materia.

Comunidad Andina (CAN)

El proceso de integración andino ha sufrido varios embates materiales e institucionales en los últimos años, que incluyeron desde la salida de Venezuela en 2011 hasta las diferencias en los criterios comerciales que enfrentaron a Ecuador con sus socios regionales durante 2015. A eso se sumó en noviembre un conflicto institucional surgido a raíz del enfrentamiento entre el Parlamento Andino y la Universidad Simón Bolívar por la designación de su futuro rector.

La Simón Bolívar fue creada por el Parlamento Andino en la década de 1980 para promover "el espíritu integrador" a través de la enseñanza universitaria y la investigación. Con sedes en Bolivia y Ecuador, el Parlamento aprobó su estatuto y le dio entidad autónoma como institución académica internacional. Esa autonomía se vio en cuestión cuando César Montaño fue designado como rector tras haber obtenido la mayoría de los votos en el Consejo Superior, el máximo organismo de la universidad. Pero el Parlamento observó su designación, considerando que las condiciones de su elección contravenían la Ley de Educación Superior del Ecuador1. La reacción del Parlamento fue inmediata: declaró la ilegalidad de la resolución del Consejo y, por ende, la designación en particular. Montaño insistió en la automonía de la institución y calificó la resolución del Parlamento como “de carácter político” al refirse al intento de presión a través de una carta enviada por los parlamentarios regionales al Consejo Superior con el “fuerte pedido” de que designasen al otro candidato a rector, Raúl Vallejo, ex ministro de Educación y actual embajador ecuatoriano en Colombia.

Escándalo institucional y mediático mediante, el Parlamento solicitó al Consejo de Educación Superior ecuatoriano analizar el caso, que en diciembre ratificó en forma unánime la designación de Montaño como rector y también la disposición de que asumiera sus funciones el día 15 de enero de 2016. Como respuesta, el Parlamento Andino emitió una resolución destituyendo al presidente y cuatro miembros del Consejo Superior, decisiones que fueron atribuidas por las autoridades de la universidad a un intento de cooptación de la universidad, encabezado por personas cercanas al gobierno ecuatoriano. Asegurando que el Parlamento Andino no tiene ninguna atribución para tomar tales decisiones, la universidad adelantó que acudirá al Tribunal Andino de Justicia para que se expida y resuelva el conflicto que azota ahora a los organismos del bloque.

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac)

El 27 de enero tuvo lugar la IV Cumbre presidencial de la Celac, el organismo que congrega a los 33 países de la región. Aunque el tema principal de la reunión era el desarrollo y la reducción de la desigualdad, otras cuestiones de coyuntura irrumpieron en la agenda del encuentro. Entre ellas se destacó la preocupación por la expansión del virus zika, transmitido por el mosquito Aedes Aegypti. La presidenta de Brasil, Dilma Rouseff, propuso diseñar una estrategia regional para luchar contra el insecto, a la vez que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, llamó a una reunión de todos los ministros de Salud para poder compartir “experiencias e información”.

También ganaron su lugar, entre las principales repercusiones de la cumbre, los cruces entre Venezuela y el nuevo gobierno argentino, representado por la vicepresidenta Gabriela Michetti. Al igual que durante la cumbre del Mercosur (ver más adelante), el gobierno argentino expresó su preocupación por los presos políticos en Venezuela, a lo que el presidente Nicolás Maduro respondió enfáticamente exigiendo que no se involucrara en asuntos internos de su país. A cambio, durante la primera reunión de diputados progresistas de América Latina y el Caribe, que se desarrolló en paralelo a la cumbre, se aprobó un “manifiesto” que, entre otros temas, exigió “la liberación inmediata y la restitución plena de sus derechos” de la dirigente de la organización social Tupac Amaru, Milagro Sala, también diputada del Parlasur2.

Así, los temas previstos para la cumbre tuvieron menos repercusión, pero se asentaron en la declaración final y en el plan de acción aprobados en la reunión. Entre ellos, el cambio climático ocupó un lugar especial luego de la participación de los latinoamericanos en la Conferencia de los Estados Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (conocida como COP 21), que se realizó en noviembre en París3. Si bien los países de la Celac no negociaron conjuntamente durante la reunión internacional, hubo dos grupos que sí lo hicieron: por un lado, la alianza Alba (formada por Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador y Cuba) y, por otro lado, Ailac (Asociación Independiente de Latinoamérica y Caribe, integrada por Chile, Panamá, Colombia, Perú, Costa Rica, Guatemala, Paraguay y Honduras). Con este antecedente, el plan de acción aprobado por la Celac en enero prevé realizar la II Reunión de Ministros de Ambiente en Panamá durante el primer semestre de 2016, encuentro que deberá tomar como base los acuerdos y compromisos alcanzados en la COP 21.

Comunidad del Caribe (Caricom)

Con el cambio de la presidencia rotativa en el Caricom se renovó el optimismo por la reforma del proceso de integración caribeña. Encarado en 2013, el proceso de reforma apuntaba a mejorar la tan cuestionada eficacia de las instituciones del bloque a través del establecimiento de un plan estratégico común y de la transformación de la Secretaría del Caricom, de manera tal que tuviese funciones específicas y capacidad de implementación de dicho plan. Conocido como plan estratégico 2015-2019, el documento fue elaborado para consolidar el mercado común caribeño y lograr que éste se adapte a las necesidades de desarrollo económico, ambiental, social y tecnológico de la población regional. En este sentido, el primer mandatario de Belice, Dean Barrow, cuyo país asumió la presidencia rotativa el 1º de enero de manos de Barbados, se comprometió a continuar con el proceso de reforma y aseguró que los caribeños tenían “mucho de qué estar orgullosos y mucho que esperar” para el futuro de su región. Aunque no trascendieron detalles de sus prioridades, sí se conoció que Belice trabajará para que todos los países adopten la Corte de Justicia del Caribe como su última corte de apelación. Hasta el momento solo lo han hecho Belice, Barbados, Dominica y Guyana.

Mercado Común del Sur (Mercosur)

Como sucede cada seis meses, en diciembre se llevó a cabo la XLIX Cumbre de Mercosur, que reúne a los jefes de Estado y de gobierno de todos los socios del bloque. Esta vez, en la capital paraguaya de Asunción, el encuentro se hizo eco de los cambios a los que dieron lugar las recientes elecciones en dos de los países del bloque, Argentina y Venezuela. El nuevo presidente argentino, Mauricio Macri, que obtuvo el cargo como opositor a un oficialismo cercano ideológicamente a Venezuela, debutó en la cumbre regional solicitando la liberación de los presos políticos en el país caribeño. Macro señaló que en el Mercosur “no puede haber lugar para la persecución política por razones ideológicas ni para la privación ilegítima de la libertad de los que piensan distinto". El mensaje apuntaba a la situación del opositor Leopoldo López, quien fue encarcelado y enjuiciado en Venezuela. La canciller venezolana Delcy Rodríguez, que asistió en lugar del presidente Maduro tras el revés del oficialismo en las elecciones parlamentarias de principios de diciembre, respondió con dureza y calificó el pedido de Macri de “injerencismo”, al tiempo que acusó al presidente argentino, erróneamente, de haber liberado a responsables de torturas y asesinatos durante la dictadura en el país.

Así, las recientes elecciones prometen no pasar desapercibidas en las futuras discusiones sobre el devenir del bloque. El cambio de aires políticos en estos países puede dar nueva impulso a iniciativas de larga data, como el Acuerdo de Asociación Mercosur-Unión Europea, pero también puede provocar oposiciones sobre éste y otros temas conflictivos, como el nivel de apertura comercial del bloque, el acercamiento a la Alianza del Pacífico o las diferentes concepciones sobre la democracia y los derechos humanos. Gestionar estas tensiones durante los próximos seis meses será tarea de Uruguay, quien recibió en la cumbre la presidencia pro tempore del Mercosur, hasta ahora a cargo de Paraguay. En este sentido, el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, quien estrenó su cargo en marzo de 2015, aseguró que se dedicará a lidiar con la “fatiga” generada por las continuas disidencias y críticas al bloque.

Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)

El problema de la migración en Centroamérica volvió a sacudir, como lo hizo históricamente, los vulnerables cimientos de la integración en la región. En 1969, un problema de jornaleros salvadoreños instalados en Honduras derivó en un conflicto fronterizo que contribuyó con la interrupción del proceso del Mercado Común Centroamericano; a fines de 2015, la situación de unos 5.000 cubanos varados en Costa Rica hizo que este país se retirara de la mesa política de la XLVI Cumbre Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema, que comenzó el 18 de diciembre.

A esta situación se llegó porque, desde noviembre, Costa Rica otorgaba visas temporales a cubanos que tenían como destino Estados Unidos. Pero después de que una oleada de isleños intentara entrar en Nicaragua de forma ilegal desde Costa Rica, el gobierno nicaragüense acusó a este país de crear una crisis humanitaria y de “lanzar” a los inmigrantes hacia su territorio, por lo que les cerró su frontera. Desde entonces, Costa Rica ha pedido sin éxito ayuda a Belice y Guatemala para esquivar Nicaragua por medio de un puente aéreo y permitir a los cubanos continuar su recorrido hacia México y finalmente Estados Unidos. Guatemala, sin embargo, exige ciertas garantías antes de permitir tal paso, como que alguien asuma los gastos de transporte y que México ratifique por escrito que aceptaría a los cubanos.

El conflicto hizo que los cancilleres de los países centroamericanos se reunieran de manera extraordinaria ese mes; al no llegar a un acuerdo, éste se trasladó a la cumbre presidencial ordinaria de diciembre. Allí fue donde el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, decidió retirarse de la mesa política de la cumbre frente a la negativa de discutir el problema migratorio en su país. Las autoridades salvadoreñas, que en este encuentro pasaban la presidencia pro tempore a Honduras, morigeraron la versión, explicando que la retirada se había producido porque no todos los países habían ofrecido colaboración, aunque sí lo había hecho el país anfitrión, entre otros. La cumbre concluyó sin acuerdo alguno sobre la problemática, aunque el canciller salvadoreño, Hugo Martínez, adelantó que se conformará una comisión de técnicos centroamericana para revisar “cuerpos legales de cada país” con el objetivo de “encontrar la mejor manera de solucionar el tema de los migrantes”.

Unión de Naciones Suramericanas (Unasur)

Entre los ejes que guían las acciones de la Unión Sudamericana de Naciones desde su constitución en 2008, la defensa fue materia de anuncios en diciembre de 2015. Los ministros de esa cartera se encontraron por sexta vez en Montevideo, en el marco del Consejo de Defensa de Unasur y aprobaron un plan de acción para 2016 que pretende reforzar la cooperación militar en la región. El viceministro uruguayo de Defensa, Jorge Menéndez, cuyo país ejerció la presidencia temporal hasta enero, confirmó la aprobación del plan aunque hubiera varias ausencias, ya que de todos los países sudamericanos solo se sumaron al anfitrión los ministros de Brasil, Paraguay, Perú y Venezuela. El plan se organiza en base a cuatro ejes: entrenamiento, políticas nacionales de seguridad, intercambio de información, operaciones de paz, fabricación de artefactos militares y entrenamiento de tropas4.

En esa ocasión los ministros reunidos en Uruguay informaron acerca de un proyecto para fabricar aviones no tripulados con tecnología sudamericana. La idea es que estos aviones funcionen a modo de equipamiento de vigilancia y de empleo dual, tanto militar como civil para, entre otras cosas, vigilar las fronteras, las aguas territoriales y el espacio aéreo, así como para el combate al narcotráfico y a los delitos transfronterizos. Liderado por Brasil, el proyecto se estima en unos 180 millones de dólares y todavía se encuentra en fase de estudio desde el punto de vista financiero, aunque la etapa técnica ya estaría elaborada. De acuerdo a lo que trascendió, este plan tiene un horizonte de cinco años para su finalización y contempla, además de los vehículos aéreos no tripulados, bases en tierra y diferentes sistemas de comunicación.

Redacción: Luciana Gil, doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

Responsable editorial: Florencia Grieco.